El Departamento de Educación (DE) desembolsó $18 millones en fondos federales a tres contratistas sin verificar que las facturas que sometieron estuvieran debidamente fundamentadas, según un informe federal reciente.
Los contratos que la auditoría examinó corresponden a las tres compañías que heredaron parte de los trabajos que monopolizó el ex contratista del DE, Jesús Emilio Rivera Class, involucrado en el caso de fraude del ex secretario de Educación, Víctor Fajardo Vélez.
El informe representa un retroceso en la trayectoria de uso de fondos federales en el DE que llegó a su punto más bajo con Fajardo, cuando la agencia quedó prácticamente en sindicatura federal. Luego de eso se liberalizaron las asignaciones, pero, en lo que va de este cuatrienio, el DE ha enfrentado cinco auditorías federales con señalamientos de mala administración de fondos.
De la muestra de transacciones que escogieron los inspectores de Educación federal, surgió que el DE pagó al menos $821,714 a las compañías Braxton School of Puerto Rico, National Educational and Technological Services (NETS), y Corporación de Servicios Educativos de Yabucoa (COSEY) sin verificar las facturas que, en algunos casos, incluían gastos no procesables bajo el programa federal de Título I.
Pero la responsabilidad que los inspectores están pidiendo que se le impute al DE no se queda en la devolución de esos $821,714, también están pidiendo que se haga un cómputo de los fondos federales que se pudieron haber asignado equívocadamente desde 2001.
Según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, y tan solo desde el año 2003, COSEY tuvo unos $100 millones en contratos, principalmente con el DE y el municipio de Humacao; Braxton tuvo unos $55 millones con el DE, la Administración de Familias y Niños, los municipios de San Juan, Bayamón, y Guayama, y con la Corporación del Centro de Bellas Artes; mientras que NETS refleja $16 millones con el DE.
“El (DE) carecía de controles internos adecuados y el equipo de trabajo necesario para monitorear apropiadamente a los contratistas y no revisó apropiadamente los documentos de apoyo antes de pagarle a los contratistas $17,998,543”, indicaron los inspectores en su informe del 9 de octubre.
Los servicios cubiertos en estos contratos consistían en servicios de tutoría en las materias básicas a estudiantes de escuelas privadas, no públicas, y a sus padres. Parte del señalamiento es que el DE no siguió correctamente una formula federal para proveer estos servicios a los usuarios privados de una manera proporcional a los que recibían los usuarios del sistema público.
La verificación de facturas que el DE hizo para estos contratos se limitó a cotejar si los gastos estaban sometidos bajo una de las cuatro categorías aceptables, y más nada, según los inspectores. Nómina y compra de equipo fueron dos de los renglones en donde los inspectores encontraron irregularidades cuando hicieron lo que no hizo el DE, verificar lo que los contratistas estaban cobrando.
Los contratos de COSEY ya habían sido envíados al Departamento de Justicia federal por la delegación novoprogresista en la Cámara de Representantes porque uno aparecía firmado por el ex secretario de Educación, César Rey, en una fecha para la cual había dejado de ser secretario. El actual secretario, Rafael Aragunde, los refrendó.
Al recibir los contratos en 2002 tras la cancelación a Quality Educational, el presidente de Braxton, Charles Scholer, admitió que había dado donativos políticos pero que fueron “normales, nada de pagos indebidos”. En tanto, COSEY había enfrentado protestas de parte de sus maestros en 2006 porque no les habían pagado por los servicios prestados.
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