En medio de la “Bernier manía” que rodeó la reciente elección en el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), un detalle ha pasado inadvertido: David Bernier se convirtió en presidente de una entidad a la que, hasta prácticamente el día anterior, le asignaba dinero como secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD). Dinero público cuyo uso van a tener que auditar los oficiales del DRD que, hasta hace poco, eran los subalternos de Bernier.
Durante el período eleccionario en el comité olímpico, el derrotado ex presidente, Héctor Cardona, quien a su vez enfrentó señalamientos por manejo de fondos, promovió una queja sobre esto en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) pero esa entidad pasó con fichas y, en vez del proceso más rápido de emitir una opinión, lo sometió al proceso más lento de una investigación. De hecho, ya Bernier asumió la presidencia del COPUR y todavía la OEG no ha asumido una posición sobre su brinco de secretario del DRD a presidente del comité.
Según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, bajo la secretaría de Bernier, el DRD le pasó al COPUR al menos $417,000.
El caso Bernier le presenta a la OEG una controversia espinosa. No porque la ley no sea clara en que un ex funcionario tiene que esperar un año antes de entrar a una entidad con la que haya contratado como funcionario, sino porque recientemente los tribunales le dieron un cantazo a la OEG en una situación similar.
Como director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación, Ricardo Rivera Cardona firmó con la Cooperativa de Seguros de Vida (Cosvi) un contrato para el seguro de los empleados de la agencia. Luego, Rivera dejó el Gobierno para asumir la presidencia de Cosvi. La OEG pidió su renuncia por violentar las disposiciones de la ley que indican que un ex funcionario tiene que esperar un año antes de tener relaciones contractuales con una entidad con la que intervino como funcionario. Rivera dijo que eso no le aplicaba porque fueron los empleados los que escogieron a Cosvi, y que él sólo formalizó esa elección con un contrato. El Tribunal de Apelaciones le dió la razón y el Tribunal Supremo se lavó las manos dejando a la OEG colgando en el aire.
El movimiento de Bernier adquiere gravedad cuando se observa que el más reciente informe de la Contraloría sobre los fondos asignados al COPUR destacó que Bernier, al igual que sus antecesores en la secretaría del DRD, incumplieron su obligación de auditar los fondos públicos que le pasaban al comité mediante contrato.
“La situación comentada le impide al DRD saber y concluir si los fondos públicos administrados por el COPUR se están utilizando para los propósitos para los cuales fueron otorgados y en cumplimiento con la ley y la reglamentación aplicable. Además, propicia el ambiente para la comisión de errores o irregularidades y dificulta que se puedan detectar a tiempo y así tomar las acciones que correspondan… los funcionarios que se desempeñaron como Secretario de Recreación y Deportes… no velaron por el cumplimiento de la ley ni protegieron adecuadamente los mejores intereses del Gobierno”, señaló la Contraloría.
En esta historia colaboró Oscar J. Serrano
