Después de obtener una decisión favorable de parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la compañía desarrolladora del proyecto Paseo Caribe contraatacó con una demanda federal en la que solicitan $38 millones en compensación por los daños que tres funcionarios supuestamente le provocaron durante el controvertible proceso administrativo que incluyó la paralización temporera de la obra.
San Gerónimo Caribe Project (SGCP) radicó su demanda el 24 de octubre pasado, en contra del Gobernador Aníbal Acevedo Vilá, el secretario de Justicia Roberto Sánchez Ramos, y el jefe de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) Luis Vélez Roche por supuesta violación a los derechos de debido proceso de ley e igual protección de las leyes contenidos en la Constitución de los Estados Unidos y por daños.
La reclamación de $38 millones se hace en el carácter personal de los funcionarios y se desglosa de la siguiente manera: $1,023,419 millón en intereses de los préstamos de construcción; $86,000 en costos de “movilización y desmovilización de los contratistas”; $753,900 por aumento en la proyección original de costos de los contratistas; $407,400 por aumento en la proyección original de costos de SGCP; $89,750 en costos de mantenimiento a las estructuras; $139,949 en gastos de seguridad; $1.5 millones en costos por atraso; $3,037,405 por concepto de renta perdida; $11,055,000 en pérdida de ventas por el atraso; y $20 millones en pérdida de reputación y buena voluntad comercial. Además de estos $38 millones, SGCP se reservó determinar una cantidad adicional en aumento de costos de construcción.
Según SGCP, el Gobierno de Puerto Rico obstaculizó por 70 días su derecho legal de construir el proyecto luego de las decisiones que tomó ARPE de paralizar la construcción para realizar investigaciones sobre la naturaleza de los permisos concedidos y su legitimidad. SGCP argumentó que el Gobernador y el Secretario de Justicia prácticamente decretaron esa paralización con la opinión de Sánchez Ramos de diciembre de 2007 de que el proyecto se edificó parcialmente sobre terreno público.
“A mediados del año 2007 el gobierno de Puerto Rico paralizó de forma ilícita e imprudente por espacio de 70 días el proyecto Paseo Caribe luego de haberse invertido aproximadamente $200 millones en la construcción”, reza la demanda.
El 12 de enero de 2000, la Junta de Planificación aprobó el desarrollo del complejo turístico, residencial y comercial conocido como el Proyecto Paseo Caribe bajo los fuertes señalamientos de la arqueóloga contratada y despedida por el desarrollador Arturo Madero para realizar las primeras fases de arqueología en la zona en aquel entonces sin construir.
La arqueóloga Virginia Rivera concluyó en su etapa inicial de investigación que la zona en la que hoy se encuentra edificado el proyecto era sumamente sensitiva para la construcción pues debajo de esta pasaba una muralla que conformaba la primera línea de defensa española de la isla.
Luego de posteriores análisis realizados por arqueólogos que cobraron millones de dólares y declaraciones de impacto ambiental que fueron sustituidas por evaluaciones ambientales, el proyecto terminó por construirse y la controversia legal continúa hasta hoy. El 20 de agosto, el Supremo dictó dos opiniones en las que disponía que SGCP podía seguir construyendo Paseo Caribe. El Máximo Foro Judicial de Puerto Rico tomó esa decisión sin esperar a que se realizara la mensura de tierras que comprobaría si el proyecto se erige o no sobre terreno público.
El proyecto Paseo Caribe se ha convertido en campo de batalla entre ambientalistas que han estado dispuestos a abandonar sus casas para mudarse a un pequeño islote de protesta y los trabajadores que laboran en el proyecto y de igual forma defienden su interés de seguir trabajando en la obra. En la demanda, SGCP caracteriza a los protestantes como “un segmento de la comunidad muy pequeño, pero muy vocal”.
