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Tiempos de vacas flacas, hasta para los políticos

      El 2008 ha sido un año particularmente difícil para muchos por el recrudecimiento de la crisis económica, y la política no ha estado exenta. Sea la recesión, los casos federales por corrupción política, o ambos los que han ahuyentado a los donantes, lo cierto es que los recaudos reportados en los cuatro partidos políticos y de sus candidatos han sido escasos. A esta evidencia numérica fácilmente manipulable, hay que añadirle otros síntomas. Las vacas flacas han sido evidentes en la calle con las campañas sosas, bajas de tono, y de escasa publicidad en los medios a días de las elecciones, algo inusual en la política puertorriqueña.

 

      Sin embargo, la flojera en los recaudos no ha sido disuasiva para que el PPD, el PNP y sus respectivos candidatos se hayan botado incurriendo en violaciones e incumplimientos de ley y en reflejar patrones cuestionables de donativos en sus reportes de ingresos y gastos ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), según encontró una investigación del CPI.

      En los informes de ingresos y gastos radicados correspondientes a los meses de enero a septiembre, el CPI encontró que las cifras de recaudos palidecen ante las de las elecciones de 2004 en el caso de los tres candidatos a la gobernación y los partidos que participaron en ese entonces: el Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

      El gran perdedor es el gobernador Aníbal Acevedo Vilá quién a un mes de la pasada elección había recaudado $2.6 millones y al viernes pasado sólo tenía $413,016 reportados ante la CEE para una baja de un 84%. Acevedo Vilá está acusado de 24 cargos criminales federales por presunta venta de influencias, y por operar y encubrir un esquema de donativos ilegales durante su pasada eleccionaria. Durante el mismo periodo el PPD ha recogido alrededor de la mitad del $1.1 millón logrado en el 2004. Cabe señalar que, paralelamente, el Mandatario y el partido han estado recaudando dineros para su defensa legal en una cuenta cuyos balances y donantes que han mantenido oculta al público con el aval del Presidente de la CEE.

      Aún Luis Fortuño, a todas luces el rey de la recaudación y de las relaciones con los grandes donantes, cogió su cantazo. A nivel individual ha recogido $1 millón más que los $2.6 millones recaudados por su entonces abatido correligionario y antiguo jefe, el ex gobernador Pedro Rosselló González. Sin embargo, el PNP bajo su liderato ha recaudado poco menos de $750,000 comparados con los $2.2 millones del 2004 para una baja de 65% en los recaudos comparado con el 2004; Sumadas ambas cifras –los ingresos del candidato y del partido- Rosselló que era un candidato desgastado y que cargaba con el lastre de los casos de corrupción bajo su administración aventajaba a Fortuño por $300,000 al cierre de septiembre.

      Aún en el contexto de las bajas en los recaudos y de los casos federales, las violaciones a la Ley Electoral imperan en los informes del PPD, el PNP y de sus líderes máximos. Donativos en exceso a lo permitido por ley, informes inexistentes o tardíos por hasta más de dos meses, e información falsa y contradictoria, figuran entre las irregularidades detectadas. Además, se encontraron patrones de familias enteras, contratistas, gran volumen de extranjeros y numerosos empleados de gobierno donando lo que es a prima facie legal, pero muy similar a los patrones que este año culminaron en cargos criminales contra Acevedo Vilá y el senador Jorge De Castro Font.

      Las deficiencias encontradas en los informes del PIP, el PPR, y sus candidatos a la gobernación fueron mínimas. Por lo general éstos cumplieron con su responsabilidad radicando sus informes a tiempo, o solicitando prórroga para tardanzas que no excedieron los tres días. No obstante, también fueron afectados por la recesión. Los candidatos del PIP para el 2004 y este año, Rubén Berríos Martínez y Edwin Irizarry Mora, respectivamente, reportaron que no tuvieron ningún ingreso de campaña en ambos comicios, pero el PIP registró una baja de un 82% entre los $268,562 recogidos en el 2004 y los $50,000 en el mismo periodo del presente año. El Partido Puertorriqueños por Puerto Rico, que participa por primera vez en esta elección, ha recogido sólo $7,000.

¿El Presidente de la CEE y Justicia? Bien, gracias.

      La respuesta del Presidente de la CEE, Ramón E. Gómez Colón, ha sido una de dejadez total que ha impedido a los electores conocer las violaciones tanto de los candidatos a la Gobernación y de los partidos políticos aquí evaluados, como de los demás candidatos a puestos electivos, comités de acción política, y donantes previo a los comicios del próximo 4 de noviembre.

      Desde julio de 2007, Gómez viene recibiendo mensualmente cientos de referidos de incumplimientos y tardanzas en la radicación de los citados informes, requerimiento de ley a todos los candidatos, y no ha impuesto una sola multa o sanción. El CPI supo que al momento, el Presidente tiene sobre 8,000 referidos del Auditor Electoral sobre su escritorio que implican cientos de miles de dólares en multas, de acuerdo al Reglamento de Multas Administrativas de la CEE, y que incluyen a decenas de candidatos que han fallado repetidamente. Por ende, decenas de candidatos han violado la ley y están impunes en las papeletas que los electores recibirán el próximo 4 de noviembre. Los referidos los hace el Auditor Electoral, según dicta el reglamento.

      Durante más de siete meses Gómez se ha negado a explicar el por qué de su inacción y a proveer información sobre los nombres y tipos de incumplimientos contenidos en los citados referidos. En una carta al CPI, el pasado 10 de octubre, dijo que no hará pública la información hasta que tome una determinación en los casos, determinación que le ha tomado más de un año en algunas instancias. Estos referidos sólo incluyen la no radicación o tardanzas ya que el nuevo reglamento, aprobado en abril de 2007, no contempla sanciones específicas, ni multas para las demás posibles violaciones, como proveer información incorrecta o reportar donativos ilegales. Esta ha sido la norma en la CEE: los partidos políticos se pelean en público pero se ponen de acuerdo para cubrirse mutuamente las espaldas en detrimento de la ciudadanía. El resultado neto de la inacción de Gómez es que el próximo 4 de noviembre usted recibirá tres papeletas repletas de candidatos que, antes de ser electos, ya han violentado impunemente las leyes del Estado Libre Asociado.

      En el 2006 otros 140 candidatos de las elecciones de 2004 también habían sido referidos por violaciones al Departamento de Justicia sin que se investigara ninguno de los casos ni se tomara acción porque el asunto “no es prioridad” para la agencia, explicó el fiscal a cargo de la División de Integridad Pública, Miguel Colón. Según supo el CPI, Fiscalía hizo múltiples requerimientos de información al Auditor, para decir dos años después, y sólo cuando se le cuestionó a Colón sobre el tema, que los referidos no fueron tomados en cuenta porque los hallazgos no habían sido producto de una auditoría sino de una revisión.

      En el sistema de justicia de Puerto Rico se ha procesado sólo un puñado de políticos por delitos electorales pese a que están contenidos en la ley, y los referidos duermen el sueño de los justos. La fiscalización de los candidatos y los partidos, cuya importancia se ha hecho patente en estos días de acusaciones federales es mínima y tardía. Antes del 2004 era porque la Oficina del Auditor Electoral estaba politizada, y luego de que el organismo obtuvo autonomía, entonces la excusa era que la CEE no le asigna recursos. Al presente la oficina cuenta con 17 auditores cuando necesita 75, según ha estimado el auditor electoral Luis F. Mendoza.

      El resultado práctico es que todavía están auditando las elecciones del 2004, y esto sólo incluye a los partidos y candidatos a la gobernación. Los electores no tendrán esta información antes de emitir su voto y la mayoría de los candidatos tanto de 2004 como de ésta elección nunca serán auditados.

Apaga’o el fuego popular

      Aunque la piña ha estado agria para las arcas del PPD, la colectividad ha celebrado gran cantidad de Actos Políticos Colectivos (APC) con mucha concurrencia. El problema ha sido que los donativos reportados han sido mínimos, incluso en ocasiones patéticos como sucedió en el pasadía familiar del 16 de marzo en el Parque Kofresí de Gurabo donde acudieron 4,500 personas y sólo se recaudó $380. O sea, un promedio de $0.84 por participante.

      Por otro lado, el gobernador Acevedo Vilá y el PPD han incurrido en múltiples violaciones merecedoras de más de un referido de multa de esos que permanecen en el escritorio del Presidente de la CEE. El Mandatario ni siquiera ha entregado sus últimos dos informes -agosto y septiembre- y cinco de los seis que ha radicado este año han estado tarde. Uno de ellos, el de febrero, fue entregado más de dos meses después de su fecha de vencimiento. El PPD tampoco entregó el informe de septiembre y también radicó siete de los ocho informes de ingresos y gastos tarde. En total, incluyendo los informes de los actos políticos colectivos que por ley deben ser radicados ante la CEE a cinco días del evento, la colectividad ha entregado 35 informes tardíamente.

      De otra parte, el PPD incurrió en violaciones a la Ley Electoral con muchos donantes que se excedieron del límite de anual de $1,000. Entre ellos aparecen reportados con $2,000 cada uno Eduardo E. Ortiz Rivera, Kermit Ortiz Morales, Lady Anna M. Aponte Valiente, Solagne Morales Morales, y Víctor E. Portugués García, y con $1,500 Ángel L. Rodríguez.

      Asimismo, el partido incurrió en violaciones al radicar informes sin detallar donantes. Ejemplo de ello es el reporte enmendado correspondiente a mayo, donde se estipula que en una cena celebrada en el restaurante del exclusivo hotel Horned Dorset en Rincón se recaudaron $17,000, pero en la Declaración Jurada de la actividad sólo se da cuenta de donantes por los primeros $6,000. No se sabe quién o quienes dieron los $11,000 adicionales. Otro caso cuestionable es la Declaración Jurada de un cena-baile celebrada el 16 de febrero, en el Mayagüez Resort & Casino, donde dicen que recaudaron $50,000 en donativos “no anónimos” de menos de $50, pero luego sólo desglosan $90.

      Finalmente, Acevedo Vilá cuenta con una buena lista de funcionarios y ex funcionarios de alto rango del gobierno entre sus donantes, aunque las aportaciones han sido modestas, en promedio $150 comparadas con la gran cantidad de donativos de $1,000 recibidos por su contrincante Fortuño. Entre los funcionarios-donantes, el secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras, el ayudante general de la Guardia Nacional, David Carrión, Javier Quintana, presidente de la Administración de Desperdicios Sólidos, Ana Rius, jefa del Centro Médico, Alejandro Riera, director del Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos, Armando Valdés, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Frank Zorrilla, ex secretario del Trabajo, así como los secretarios de prensa de varias agencias. El CPI supo que a funcionarios de este nivel y del servicio de confianza se les ha impuesto cuota de donación para la campaña y para el fondo de representación legal del Gobernador.

Meriendas y mentiras juramentadas

      En los informes de Fortuño y del PNP destacan serias contradicciones declaradas bajo juramento, donativos en exceso, la ausencia frecuente de la identidad de los donantes en violación de la ley, y patrones interesantes de donativos que incluyen contribuciones de familias influyentes, de personas vinculadas a casos federales, y de grandes cantidades de donantes del exterior.

      El candidato PNP y su partido han incurrido en numerosos atrasos en la radicación de sus informes por lo que debían ser multados, según la Ley Electoral. Fortuño y el PNP entregaron seis de sus nueve informes tarde al igual que gran parte de las declaraciones jurada de sus actos políticos colectivos.

      La veracidad de la información contenida en todos los informes de Fortuño al igual que los del PNP fue declarada bajo juramento por la tesorera del candidato y ex secretaria de Recreación y Deportes Marimer Olazagasti y los mismos fueron notarizados por el candidato a la Comisaría Residente en Washington Pedro Pierluisi, en calidad de abogado.

      Una de las inconsistencias más fuertes está contenida en el informe de ingresos y gastos de junio en el que Olazagasti asegura que la colectividad no recibió ingreso alguno por actos políticos colectivos ese mes, pero a la vez radicó nueve declaraciones juradas de actos políticos colectivos con fecha de junio que generaron $104,600. En agosto también declaró en un informe que se celebraron siete actividades, y en el contenido incluyó cinco actividades distintas.

      En las últimas tres semanas el equipo de finanzas de Fortuño se ha dedicado a hacer jugosas “meriendas” en residencias privadas donde se generaron decenas de miles de dólares sin que los donantes hayan sido identificados. Según los informes radicados, entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre celebraron un total de nueve meriendas en residencias no identificadas en Arecibo, Caparra, Condado, Ponce, Manatí, Bayamón, Coamo y Aguadilla en las que de 20 a 100 asistentes “no anónimos” recaudaron mas de $28,000. Sin embargo, no detalla los nombres de estas personas por lo que los informes no tienen ningún detalle que permita corroborar la veracidad de las actividades.

      Al igual que el Comité Fortuño 2008, el PNP incurrió en diversas violaciones a la Ley Electoral durante los pasados ocho meses. Entre los donativos dudosos que recibió el PNP, se encuentran $14,602, procedentes de un comité llamado Amigos Minilla que la colectividad recibió el 8 de agosto en la Hacienda Country Club.

      Ante el hallazgo del CPI, que constituye una seria violación a la ley, el Auditor Supervisor de la CEE, Héctor Rodríguez, confirmó que la dependencia no tiene conocimiento de que un comité con ese nombre haya sido registrado como requiere el estatuto, y corroboró que en efecto figura donando en la lista de ingresos del PNP.

¿Qué busca Fortuño en el exterior?

      En una muestra de 440 donativos reportados por el candidato entre julio y agosto resultó que casi la mitad de los $170,000 recaudados vinieron de Estados Unidos de estados como California, Georgia, Maryland, Virginia, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Pensilvania, Conecticut, Texas, y principalmente Florida.

      La norma en las actividades de recaudación del bando azul es distinta a la del bando rojo. En el caso de Fortuño destacan cócteles, cenas, y almuerzos en lugares exclusivo de Miami, Nueva York, y San Juan con asistencia de 10 a 50 personas que por lo general aportaron de $500 a $1,000, algunas incluso en exceso de los límites legales. De hecho, en el PNP y el Comité de Fortuño se detectaron más donativos en exceso que en la oposición.

      Fortuño ha sido particularmente esmerado en la búsqueda de donativos en el exterior. En los últimos ocho meses su comité ha recaudado $179,664, de los cuales $79,478 provienen de donantes en los Estados Unidos. Aunque los políticos locales acostumbran buscar donativos en el Norte, en este caso Fortuño ha dicho que tiene el compromiso de “100 patriotas” no identificados que residen en el continente a los que le va a pedir que inviertan en la Isla tan pronto él gane las elecciones. Queda por verse si esos 100 patriotas son algunos de estos donantes del extranjero. 

      Al posible “inversionismo” político se añaden irregularidades detectadas en los informes del candidato que impiden la corroboración de la identidad y veracidad de buena parte de sus donantes. Por ejemplo, en el reporte de un cóctel realizado en Coral Gables, el 10 de junio, se dice que asistieron sólo 10 personas, pero se adjunta una lista de 89 personas que dieron $77,000. Entre ellos, su comité aceptó unos $12,500 de personas que no suministraron dirección, número de licencia de conducir o tarjeta electoral, lo que dificulta la corroboración de su identidad y veracidad.  

      Asimismo un patrón cuestionable de donativos en el que se estila la repetición continúa de las mismas personas donando varias veces en un mismo informe. La práctica, una violación de ley porque culmina en donativos en exceso del límite, permite encubrir la falta porque a grandes rasgos parecen contribuciones por legales de $1,000 cuando en realidad es la misma persona haciendo varias aportaciones individuales. Tal es el caso del contribuyente Carlos Colón quien el 6 de marzo de este año donó cinco veces $1,000 y de Sandra Fernández, quien donó dos veces $1,000 el 6 de febrero. En total 24 personas hicieron varios donativos en exceso a Fortuño en una misma fecha que sumaron $45,200.

      De otra parte, Efrain Kier y sus allegados se unieron a la causa y en una actividad celebrada en Phillips Club, en Nueva York el 15 de julio, aportaron la cantidad de $8,000, y el desarrollador David Efrón y su núcleo familiar hicieron lo propio con la $3,000 en un acto político colectivo realizado el 9 de agosto en el hotel Biltmore de Miami. Igualmente figuran en la lista siete miembros de la familia Rubí, seis de la Marxuach (emparentada con la Rubí), seis de la Fonalledas, y cinco más del clan Vela que comparten apellido con la esposa del licenciado Fortuño, Luce Vela. El patrón pasaría desapercibido si no fuera porque, precisamente, una de las acusaciones federales que pesan contra Acevedo Vilá es que presuntamente estructuró donativos fantasmas a través de familiares.

      En ese orden, el empresario y desarrollador Nelson Famadas, presidente de Gables Holding Company y vicepresidente de SunAmerican Bank, también se unió en apoyo a Fortuño con $2,000 en contribuciones lo que dobla el exceso permitido por ley. Gables Holdings acaba de firmar un negocio multimillonario con el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera para la revitalización del casco urbano de ese municipio.

      Asimismo, entre los donantes de Fortuño figuran algunos de los mismos que han sido vinculados a los casos federales del Gobernador y de De Castro Font como el desarrollador Carlos López de Azúa, y el empresario Alberto de la Cruz y el cabildero Guillermo Zúñiga, respectivamente. De hecho, el PPD alega que tiene una declaración jurada que sostiene que De La Cruz también incurrió un esquema de pagos ilegales por $90,000 a favor de Fortuño. López de Azúa obtuvo la subasta del megaproyecto Ciudadela, ancla del redesarrollo de Santurce, en un proceso plagado de irregularidades y mientras estuvo asociado a fuertes donantes americanos del Gobernador que hoy son testigos del caso.


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