El juicio federal en contra de Aníbal Acevedo Vilá dejó atrás una estela de confesiones bajo juramento de posibles delitos locales, entre los que figuran la evasión contributiva.
Sin embargo, el Departamento de Hacienda no revelará si investigará y procesará a los implicados.
El secretario Juan Carlos Puig reconoció en entrevista con el CPI que “no reportar ingresos en las planillas constituye una violación de ley” y “que la inmunidad federal es federal, y no local”, pero declinó decir si iniciará pesquisas en base a las declaraciones hechas en el citado caso federal. Afirmó que no comentará sobre asuntos relativos a contribuyentes por la privacidad que les asiste e indicó que las investigaciones de delitos contributivos son confidenciales.
“Definitivamente todo ingreso tiene que ser incluido en la planilla de ingresos de quien no lo reportó y no reportarlo constituye una violacion de ley y dependiendo del tipo de actividad a la que se dedique el contribuyente será la sección de la ley (del Código de Rentas Internas) que va a aplicar”, afirmó.
No obstante, dijo que en la toma de decisión de iniciar una investigación de esta naturaleza la cuantía presuntamente dejada de pagar al tesoro “es importante” y debe ser “material”.
“Hay que hacer una decisión de negocios de cuántos recursos yo voy a gastar en una investigación versus cuánto va a dejar al erario”, puntualizó a preguntas sobre qué cantidad de dinero es considerada “material”.
La postura de Puig, quien indicó que oficiales de Hacienda colaboraron con el caso federal, es contraria a la del Servicio de Rentas Internas federal (IRS) según fue planteada durante el juicio al ex Mandatario por su representante Marjorie Kercadó. La testigo sostuvo que para el IRS la cuantía del incumplimiento no era importante en la determinación de comenzar una investigación criminal sino la intención del contribuyente de interferir con la función recaudadora de la agencia.
Puig indicó que para Hacienda también es importante considerar el factor de si existió un patrón o intención de defraudar al fisco por parte del contribuyente, pero lo planteó como un factor secundario al monto de las contribuciones adeudadas y la costo eficiencia del proceso.
El funcionario dijo que independientemente de las declaraciones vertidas en el foro federal, si se determina investigar estos casos tiene que seguir el mismo proceso que con cualquier contribuyente, protegiendo su presunción de inocencia y privacidad. Añadió que se trata de un proceso que toma tiempo ya que hay que probar el delito más allá de cualquier duda razonable.
“La división de delitos contributivos se dedica a investigar esos casos y determinaría si cumple o no cumple con la ley, y si la información que se recopila es suficiente para sostener una acusación criminal’, explicó.
Durante el juicio a Acevedo Vilá y su ayudante Luisa Inclán Bird, que culminó el 20 de marzo con un veredicto de no culpabilidad para ambos acusados, por lo menos uno de los testigos reconoció en corte abierta que había dejado de reportar $70,000 en sus planillas y que eso constituía un delito. Se trata del ex administrador de la Tiendita Popular y ex miembro del equipo de finanzas de campana de Acevedo Vilá, Fulgencio Correa, quien habia devengado los dineros de las ventas de la Tiendita.
Asimismo la principal oficial financiero de Lopito, Ileana, y Howie (LIH), Noemí Díaz, declaró bajo juramento que recibio tres pagos de $50,000 en efectivo de parte del comité de campaña de Acevedo Vilá y que los dineros fueron repartidos entre los socios de la firma como dividendos. Reconoció que desconocía si habían reportado dichos ingresos en sus planillas. Durante el juicio no se reveló la fuente primaria de dichos dineros.
De otra parte, la Fiscalia desfiló gran cantidad de evidencia de pagos de empresarios de entre $6,000 y $250,000, hechos en efectivo, giros y cheques corporativos, que alegadamente eran para gastos de publicidad y relaciones públicas de sus compañías, pero que en realidad eran aportaciones políticas. Estos pagos fueron justificados con facturas falsas de LIH por servicios nunca prestados.
Durante el proceso judicial quedó probado que entre 2001 y 2004 existió un esquema de financiamiento ilegal de las campañas de Acevedo Vila a través de “colaboradores”, sobre una veintena de empresarios y desarrolladores entregaron fuertes sumas de dinero en exceso a lo permitido por ley a miembros del equipo de finanzas del candidato o a LIH en cheques, giros postales y efectivo para pagar por gastos de campaña que no serían reportados a la Comisión Federal de Elecciones, ni a la Comisión Estatal de Elecciones. Entre ellos, el esposo de Victoria “Melo” Muñoz, el desarrollador Minas Papadakis; el desarrollador Arturo Díaz, dueño de Empresas Díaz, del complejo hotelero Coco Beach, y de Better Roads Asphalt; el ejecutivo Miguel Vázquez Deynes, entonces presidente de Triple S; Joaquín Viso, dueño de MC21; Tomy Habibe de Habibe Computers; el desarrollador Rubén Vélez; el hotelero Hugo Andrews; y Edwin Santana, director del conglomerado Empresas Santana.
Tambien se reveló un esquema mediante el cual la agencia de publicidad preparaba facturas falsas, a petición del comité político de AAV, para pagar a cuatro suplidores de campaña: Ausubo Comunicadores, Echovant, El Josco, y Consultech.
Los cargos por evasión contributiva no prescriben si se trata de fraude y la ley permite a Hacienda entrar a auditar a empresas e individuos hasta seis años después de la fecha en que venció la planilla en la que el ingreso en cuestión debió de ser reportado.
Otros posibles delitos locales que no prescriben salieron a relucir durante el juicio que duró cerca de un mes son las contribuciones políticas en exceso a los $1,000 anuales por candidato permitidos por la Ley Electoral. En este caso la penalidad aplica tanto al que da la contribución ilegal como al que la recibe. También queda pendiente el proceso de evaluación que realizarán la Junta de Contabilidad de Puerto Rico y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de las violaciones éticas confesadas por la principal oficial financiero de LIH, y que podrían culminar en la revocación de su licencia de CPA.
