La acción del secretario de Justicia que provocó la excarcelación de un convicto de asesinato representado por un licenciado amigo y ex compañero de oficina suyo se dió cuando ese abogado era, a la vez, contratista del Departamento de Justicia.
El dato quedó claro el miércoles durante la vista de presupuesto en la que el secretario Antonio M. Sagardía y el representante de la minoría cameral Luis Vega Ramos se enfrascaron en un intercambio de gritos e insultos. El detonante fue que Sagardía alegó que no tenía que dar explicaciones por la contratación del bufete Aldarondo & López Bras, que, al igual que el contrato de su amigo Víctor A. Ramos Rodríguez, se paga con fondos públicos.
Antes del intercambio, el legislador había establecido que Ramos tenía un contrato de $25,000 suscrito el 20 de febrero de 2009 con duración hasta el 30 de junio. En entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Ramos confirmó la contratación y detalló que hace trabajo de oficial examinador en materias de recursos humanos y personal.
Esa contratación pone a Ramos en la posición de litigar contra Justicia en casos criminales, como el del convicto por asesinato José Marrero Figueroa, a la vez que es contratista de Justicia en una función que lo llevaría a evalúar las querellas que empleados de la agencia llevan contra Sagardía por disputas laborales. Se supone que la labor de un oficial examinador es parecida a la de un juez imparcial que evalúa las controversias internas de las agencias, en este caso disputas de índole laboral.
Ramos es amigo personal de Sagardía y fue su compañero de oficinas hasta diciembre pasado. A pesar de que el contrato de Ramos sólo lleva vigente menos de tres meses, Sagardía aseguró ayer en entrevista radial que “lo voy a seguir contratando mientras sea secretario de Justicia”.
La revelación del contrato de Ramos añade cuestionamientos a la forma en que Sagardía manejó la evaluación del caso de Marrero. Según reveló el CPI, Marrero no había podido convencer ni a un juez superior ni a un panel de jueces apelativos de que lo dejaran en libertad y le dieran un nuevo juicio. Pero, tras Ramos unirse al equipo de abogados por insistencia del propio convicto, Sagardía accedió a que se le celebrara un nuevo juicio.
La cronología, con el nuevo dato del contrato, es:
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El Gobernador Luis Fortuño anuncia la designación de Sagardía el 15 de diciembre de 2008.
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El Tribunal de Apelaciones deniega la solicitud de nuevo juicio el 19 de diciembre.
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Sagardía comienza a laborar en Justicia en enero de 2009.
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Ramos suscribe la solicitud de reconsideración al apelativo el 23 de enero de 2009.
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Sagardía suscribe el contrato con Ramos el 20 de febrero.
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Sagardía juramenta, con Ramos en el público, el 21 de febrero.
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Sagardía se allana al nuevo juicio, en una moción firmada por él, el 13 de marzo.
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Apelaciones, basándose exclusivamente en la postura de Sagardía, concede la excarcelación y el nuevo juicio el 25 de marzo.
La solicitud de nuevo juicio de Marrero, que no había encontrado receptividad en el sistema judicial hasta que Sagardía se allanó, se basa en que el testigo en su contra le dijo a las autoridades federales que había mentido. Los fiscales federales notificaron esto pero también dijeron que ellos habían podido corroborar los detalles de la declaración del testigo sobre el asesinato por el cual se condenó a Marrero. En una vista, el testigo dijo que había mentido porque estaba molesto con los fiscales federales pero que, de volver a declarar, declararía lo mismo que declaró en el juicio original de Marrero.
