Madre de suicida aun espera justicia

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MarcosTras cuatro años de investigaciones y procesos judiciales, finalmente le llegó el día de juicio criminal a la privatizadora de salud mental APS Health Care por el suicidio del joven Marcos Rosario Meléndez, pero el Ministerio Publico no tenía claro ni quienes eran sus testigos.

Pese a los recursos dedicados a este caso por el Gobierno por ser un asunto de política pública y un precedente judicial para Puerto Rico, y al hecho de que hay una opinión el Tribunal Supremo de por medio, la Fiscalía cambió a la fiscal a cargo y la nueva fiscal no estaba preparada para el juicio.

Así lo reconoció en la sala 602 del Tribunal de Bayamón el pasado 11 de mayo, día en que estaba pautado el inicio de los trabajos, la fiscal Paulette Lartigau al explicarle al juez Nelson Canabal que le “acababan” de asignar el caso, que era uno muy técnico y complejo, y que contaba con tres cajas de evidencia. De hecho, la fiscal ni siquiera tenia claro quienes eran todos sus testigos.

Igualmente, el juez Canabal también admitió que tampoco había revisado con detenimiento el expediente.

Ante la evidente improvisación y peticiones de la defensa, encabezada por el licenciado Harry Anduze, el juicio fue reemplazado por una conferencia de estatus y los trabajos pospuestos hasta el 15 de julio, fecha en la que se celebrará otra conferencia y se pautará fecha de juicio. El juez advirtió que el juicio no podrá celebrarse entre el 10 de agosto y el 4 de septiembre porque está de vacaciones.

El penoso espectáculo, que estuvo acompañado de intercambio de risas entre el juez y la defensa durante el intento de cuadre de calendarios, ocurrió frente a la madre del difunto, Nancy Meléndez, quien se encontraba en sala. Esta dijo en un aparte que lleva cuatro años esperando a que se haga justicia en el caso de su hijo, y que no entendía por qué cambiaban todo a estas alturas del proceso.

“Esto ha sido un gran sufrimiento para mi”, manifestó.

Según supo el CPI, el caso fue trabajado e investigado desde sus inicios por la veterana fiscal Wilda Nin quien por ende era la letrada indicada para litigar el juicio. Sin embargo, en enero fue trasladada junto a otros 30 fiscales con la llegada de la nueva administración de gobierno. El motivo del repentino traslado no fue precisado por el Secretario de Justicia, pero en Puerto Rico estas movidas que coinciden con el cambio de gobierno normalmente responden a razones políticas.

Nin, quien fue asesora de la ex gobernadora Sila Calderón y llevó los casos contra del ex Secretario de Desarrollo Económico Xavier Romeu y el contratista José “Cheo” Madera, y New York Mortage, no pudo ser localizada para comentarios por encontrarse de vacaciones.

“No puedo emitir comentarios. Tengo que seguir instrucciones”, declaró la fiscal Lartigau a su salida de la corte a preguntas sobre la falta de preparación y el motivo del cambio de fiscal.

Por su parte, el Fiscal General, Obdulio Meléndez, confirmó que en enero Nin tuvo que pedir ser relevada del caso principalmente porque fue trasladada a la Fiscalía de Aibonito. Reconoció que “idealmente” el juicio debía ser llevado por la fiscal Nin, pero dado su traslado, el inicio de sus vacaciones, y el hecho de que tiene dos casos adicionales en San Juan, esto no es posible.

No obstante, rechazó vehementemente el argumento de sala de Lartigau e indicó que por la importancia del caso lo asignó con suficiente antelación y con instrucciones a la Fiscal de Distrito, Wanda Vazquez, de que el nuevo fiscal, designado en febrero, debía reunirse con Nin a repasar la prueba. Agregó que tres meses es suficiente tiempo para prepararse adecuadamente para un caso como este y que Lartigau es una fiscal con experiencia, capaz, y litigante.

A preguntas sobre la razón de la movida a meses del inicio del juicio dijo que no tiene participación en las decisiones de traslados que son del Secretario de Justicia, Antonio Sagardía.

“Eso se lo tiene que preguntar al señor Secretario”, indicó.

El Secretario no respondió llamadas para explicar el motivo del traslado.

El inicio del juicio contra APS, compañía que aún tiene un contrato con el gobierno por $45 millones para el trato de los pacientes la Reforma de Salud, fue ordenado en enero por el Tribunal Supremo en una contundente opinión de 40 páginas de la jueza asociada y ex secretaria de Justicia Anabelle Rodríguez. En su decisión la jueza rechazó los argumentos de la defensa de vaguedad y amplitud de la Ley 408 de Salud Mental, y ordenó el enjuiciamiento por negligencia en el tratamiento de Rosario Meléndez.

“En este caso se presentó prueba de que el joven Rosario Meléndez solicitó servicios de salud mental y que la evaluación requerida no se le proporcionó en un periodo no mayor de cinco días, o al menos la realizada por la Sra. Torres fue deficiente. Esto constituye prueba suficiente en esta etapa para configurar la segunda modalidad del delito”, sentenció.

Rosario Meléndez, de 22 años, se quitó la vida el pasado 18 de febrero de 2005, una semana después de acudir a la clínica de APS en Bayamón con una presunta emergencia psiquiátrica y no haber sido siquiera evaluado por un psicólogo o psiquiatra. La señora Sonia Torres, quien lo atendió durante su visita a la clínica ese 11 de febrero y quien fue coimputada, pero relevada en la vista de causa para arresto, es trabajadora social y ese día le dio cita con un psiquiatra para el siguiente 3 de marzo contrario al máximo de cinco días que dicta la Ley de Salud Mental. En el caso de una emergencia el servicio tiene que ser inmediato, pero el Supremo sostuvo que el Ministerio Publico no pasó prueba que sostuviera los síntomas clínicos del joven.

Esta es la primera vez que se procesa criminalmente a una empresa por violar la Ley 408 que obliga a los proveedores de servicios -públicos y privados- a cumplir con los estándares de la medicina moderna en el manejo de los pacientes mentales en el país. De hecho, a raíz de este caso la Legislatura revisó el estatuto porque las violaciones implicaban sólo la imposición de una multa de hasta $5,000. En la nueva versión, aprobada en el 2008, las sanciones son las del Código Penal para los delitos menos graves: hasta 90 días de cárcel, multa no mayor de $5,000, o ambas.