Secretario de Justicia excarcela a asesino representado por ex socio

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En contra del Tribunal de Apelaciones, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de sus propios fiscales, el secretario de Justicia Antonio M. Sagardía apoyó que se le hiciera un nuevo juicio a un convicto de asesinato cuyo abogado es su amigo personal y fue su compañero de oficina en la práctica privada.

La intervención personal del secretario en este caso tuvo el resultado de que se excarcelara y otorgara fianza con grillete a un convicto de asesinato, justo en momentos en que él y el Superintendente José Figueroa Sancha apuntan a que el auge en la criminalidad supuestamente tiene que ver con trucos legales de los abogados. Se conoce también en momentos en que se reanuda una discusión pública sobre si los acusados de asesinato deben o no estar en la calle libres bajo fianza.

En 1996 un jurado condenó a José Marrero Figueroa por violación a la Ley de Armas y asesinato en primer grado por la muerte de Ángel Luis “Cutilo” Rivera Pagán. El convicto comenzó a extinguir una condena de más de 200 años en la institución penal de máxima seguridad ubicada en Ponce. y en el 2008 solicitó un juicio nuevo porque supuestamente el principal testigo en su contra había mentido. Los fiscales de Justicia argumentaron que la solicitud no procedía. Un juez superior les dio la razón, luego un panel del Tribunal de Apelaciones también les dio la razón.

Pero en el 2009 ocurrieron dos cambios que alteraron la historia. Sagardía se convirtió en Secretario de Justicia y su hasta diciembre compañero de oficina, Víctor A. Ramos Rodríguez, se unió al grupo de abogados de defensa de Marrero.

Todavía el número telefónico de contacto que aparece para Sagardía en el directorio del Colegio de Abogados es el de la oficina de Ramos que ubica en el edificio del bufete Dávila, Pesquera & Murray. Sagardía tenía un espacio alquilado allí y Ramos todavía lo tiene.

El Gobernador anunció la designación de Sagardía el 15 de diciembre y Ramos entró al caso oficialmente poco más de un mes después, el 23 de enero de 2009, con la moción de reconsideración. El Secretario juramentó al cargo, con Ramos presente, el 21 de febrero, y menos de un mes después, el 13 de marzo, se allanó al nuevo juicio.

Marrero fue excarcelado en abril de este año y, con el beneficio del derecho constitucional a la fianza, actualmente espera en la casa de su compañera consensual por el inicio del nuevo juicio.

La alegación de nuevo juicio de Marrero está fundamentada en que el testigo en su contra, Juan “Tony el Bebo” Rodríguez López, le dijo a agentes federales en otra investigación que había mentido en el caso de Marrero.

El ex jefe de fiscales federales, Guillermo Gil, notificó de esto mediante una carta en la que aclaró que “de acuerdo a toda la otra información, la declaración de Rodríguez López que estuvo disponible en ese entonces sobre el asesinato fue correcta, es decir, Rodríguez López proveyó información correcta con relación a dónde se llevó a cabo el asesinato, cuándo, cómo, y quién más estuvo presente en la escena”.

La postura de Sagardía no sólo fue notable porque contradice totalmente la posición que sus fiscales habían asumido en el caso sino también porque la firmó él mismo, en vez de la Procuradora General. Por ley, la oficina del Procurador General es la que canaliza los procedimientos apelativos del Ministerio Público.

El propio panel de jueces apelativos compuesto por Aleida Varona Méndez, y Carlos Cabán García subrayó la intervención directa del Secretario y que la razón por la que concedía la petición del convicto por asesinato es “ante el allanamiento de éste (Sagardía) a la solicitud de nuevo juicio”. La tercera jueza, Emmalind García García, consignó que no estaba de acuerdo con la concesión del remedio.

En su resolución otorgando el nuevo juicio, el tribunal citó extensamente la moción en la que Sagardía dice que “aún cuando estamos plenamente convencidos de que el Ministerio Fiscal presentó un caso contundente contra el apelante (Marrero) durante el juicio ventilado en el 1996, hechos posteriores a su convicción que ponen en tela de juicio la credibilidad del único testigo que vinculó al peticionario con la comisión de delitos, podrían socavar la confianza depositada en el resultado del juicio”. “Por tal razón”, añade, “entendemos procedente que un juzgador de hechos reevalúe la prueba originalmente vertida con una adecuada apreciación de la prueba de impugnación ahora ofrecida la cual no estaba disponible en el 1996”.

“Nuestra recomendación a estos efectos es hecha plenamente conscientes de que, como depositarios de la confianza pública y oficiales de este tribunal de justicia la búsqueda de la verdad constituye el norte de todo proceso particularmente en lo que concierne a los derechos libertarios que asisten a nuestros ciudadanos. Por tal razón, no podemos responsablemente oponernos a la celebración de un nuevo juicio, en la que estos asuntos puedan ser dilucidados a plenitud”, concluye la cita de la moción.

Antes de engancharle el teléfono a este reportero porque “no te voy a permitir que estés cuestionando mi trabajo”, Sagardía alegó que actuó por recomendación de la Oficina del Procurador General y no dijo a cuántas otras solicitudes de nuevo juicio se había allanado. Tanto el Secretario como Ramos negaron que entre ellos existiera un contrato de sociedad, pero consignaron que en ocasiones compartían gastos de oficina, y representaban a clientes en el mismo caso sin compartir honorarios. (Ver historia complementaria)

Previo a que Sagardía entregara el caso con su aceptación de un nuevo juicio, se llevó a cabo una vista el 5 de junio de 2008 en la que testificaron Rodríguez López y agentes del Negociado Federal de Investigaciones. Allí el testigo dijo que lo correcto fue lo que declaró en el juicio de Marrero sobre que estuvo presente en el asesinato y que lo segundo, lo de que había mentido, se lo dijo a los federales porque estaba molesto con ellos ya que no le gustó el resultado de su acuerdo de cooperación en ese otro caso federal.

Tras la vista, el juez de instancia Kalil Bacó Viera concluyó que no procedía el nuevo juicio porque “una mera retractación del testigo […] en conjunto con toda la prueba presentada por el peticionario no es suficiente para hacer una determinación correcta en derecho y ordenar un nuevo juicio, de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo”.

En su primer turno al bate en el Apelativo, el foro no aceptó la solicitud de Marrero porque “no se presentó prueba nueva que propiciara la celebración de un nuevo juicio ni que permitiera declarar la inocencia del peticionario”.

En su segundo turno, y tras el cambio del ‘pitcher’ y el ‘catcher’, Marrero obtuvo un nuevo juicio y la libertad bajo fianza.