Bufete del hermano de Sagardía negocia “regalo” para banquera

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Con el bufete del hermano del Secretario de por medio, el Departamento de Justicia redujo el caso de fraude hipotecario de la banquera Nancy Hernández Chávez a un solo cargo con probatoria a pesar de que implicaba originalmente al menos $3.5 millones en fraude, 23 perjudicados, 483 testigos, y 482 cargos.

Además de Hernández, el caso incluía al banco hipotecario New York Mortgage Bankers (NYMB), que presidía, y a su hija Noemí Pérez Hernández, también vicepresidenta. La negociación que timoneó el licenciado José Andreu Fuentes y que se anunciará hoy incluye que Pérez, quien reside en Argentina, queda sin cargo alguno, y que Hernández se queda sólo con un cargo grave relacionado a no pagar las hipotecas de sus clientes, un delito por el que podría recibir sólo probatoria.

SagardiaEl resto de los delitos, que no admiten probatoria por implicar fondos públicos, salieron de los hombros de Hernández para quedar achacados completamente a NYMB como corporación. NYMB no opera y está sometida al Tribunal de Quiebras desde el pasado 9 de abril con deudas por $19.6 millones y activos de sólo $3.5 millones.

El acuerdo está pautado para divulgarse en la sala de la jueza Isabel Llompart del Tribunal de San Juan, después de que se registrara una renuncia a la vista preliminar. Del expediente se desprende que el Departamento de Justicia estaba preparado para proseguir el caso, radicado en la pasada administración, e incluso habían logrado estipular declaraciones de testigos. Algunas de éstas apuntan a que Hernández y su hija usaron a NYMB como banco personal para pagar sus cuentas de American Express y vehículos lujosos mientras a los empleados los dejaban sin adiestramiento sobre la Ley de Instituciones Hipotecarias.

La transacción a la que se llegó luego de Sagardía asumió el puesto llama la atención porque está diseñada para que Hernández no enfrente ninguno de los cargos de apropiación ilegal de fondos públicos que le hubieran representado cárcel segura de ser encontrada culpable.

Andreu Fuentes es hijo del ex Juez Presidente del Tribunal Supremo José A. Andreu García y socio de Miguel Sagardía, hermano del secretario Antonio Sagardía, en el bufete Andreu & Sagardía. Andreu es también el abogado de Beneficial Mortgage, una entidad que refleja un patrón de fraude potencialmente mayor que el de NYMB. El secretario aparece oficialmente inhibido del caso. El Fiscal General, Obdulio Meléndez, no contestó llamadas.

Este es el segundo caso que el CPI ha identificado en el que un abogado allegado al Secretario consigue un tratamiento favorable en Justicia después de que Sagardía asumiera el cargo. El 13 de mayo pasado, revelamos cómo el Secretario personalmente se allanó a la solicitud de nuevo juicio que hizo un ex socio suyo en representación de un convicto por asesinato, a pesar de que ya el Tribunal de Apelaciones en una primera vuelta había sostenido la denegatoria del nuevo juicio. El ex socio, Víctor Ramos, era a la misma vez contratista de Justicia.

Las víctimas se oponen

“Las personas perjudicadas no podemos estar de acuerdo en que solamente se le vaya a dar una probatoria porque ella se declara culpable, se archiva el caso y nuestras propiedades se quedan sin saldar, sin una solución”, reaccionó Sonia Álvarez Martínez, una de las víctimas y quien adelantó que otros perjudicados se presentarán hoy para oponerse a que el tribunal acepte el acuerdo.

Álvarez todavía tiene una deuda de $83,135.94 por una transacción típica del esquema: su propiedad estaba hipotecada originalmente por el Citibank, fue a NYMB a conseguir un refinanciamiento y luego un tercer banco, el Santander, le “compra” la hipoteca a NYMB. Pero NYMB nunca canceló la hipoteca original así que Álvarez le debe a los dos, al Citibank y al Santander.

La mujer aseguró que lo principal para las víctimas es que Hernández acabe de saldar sus hipotecas, sin importar si cumple cárcel o no, por lo que se oponen a que el caso criminal sea transigido porque es el único mecanismo de presión que tienen para lograr ese saldo.

Sobre la intervención del socio del hermano del Secretario, Álvarez comentó que “como dice el refrán por ahí, que el que tiene padrino se bautiza, eso nos pone a pensar porque eso está todo a favor de ella (Hernández), pero no podemos cruzarnos de brazos, hay que seguir la lucha”.

Las 23 hipotecas que NYMB dejó en el aire, y que fueron incluidas en el caso, fluctúan entre $22,054.66 y $197,252.70, pero los $19.6 millones en deudas que NYMB reportó en su quiebra sugieren que el fraude implica más dinero y más perjudicados de los que fueron incluidos en el caso que comenzó con un referido de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) en 2007. Administrativamente, ya esa entidad había comenzado a investigar desde el 2003 y emitido una orden de cese y desista. De la deuda original de sobre $3 millones que se le identificó a NYMB en ese proceso, el banco debe todavía unos $1.5 millones y ha incumplido con varias órdenes de la OCIF al respecto.

Los implicados silentes

El fraude era ejecutado en distintas vías. No sólo se trataba de que la hipoteca no era pagada sino que también NYMB cobraba a los clientes por sellos, comprobantes, honorarios y otros aranceles, pero no remitía ese dinero al fisco. De hecho, por ahí vienen algunos de los cargos de apropiación de fondos públicos.

Los hechos dejan claro que NYMB ejecutó el fraude pero no era la única entidad que lo viabilizaba. Notarios y bancos compradores también lo facilitaron por incumplir las respectivas obligaciones que tienen de comprobar la cancelación de las hipotecas originales antes de autorizar una nueva hipoteca (el notario) o de adquirir una cartera de hipotecas (los bancos compradores).

“(Hernández) cogió el dinero y no le saldó al Citibank, pero le vendió al Santander. ¿Cómo eso se hace? No lo tenemos claro todavía. El Santander adquiere la propiedad pero no tiene ni una carta de cancelación ni un cheque cancelado. Si venimos a ver, el Santander tiene una propiedad ilegalmente y ese es el caso de la gran mayoría de estas personas”, expuso Álvarez.

El licenciado José Bernard Alicea, quien representa a otra víctima, opinó que el fraude “se pudo haber evitado si los demás bancos hubieran sido más diligentes, para mí, tienen igual responsabilidad”. De hecho, Bernard tiene una reclamación civil pendiente que enmendará para incluir a Hernández en su capacidad personal, al banco comprador y a la compañía de seguro de título.

De hecho, no sólo son víctimas individuales como Álvarez las que están pendientes del caso sino también bancos que compraron las hipotecas y compañías de título. Pero para estos el camino está más despejado porque obligan a que el cliente adquiera un seguro que precisamente les paga a ellos en caso de un caso como este. Usualmente, el cliente comprador no adquiere un seguro que lo cubra.

Típicamente, las personas se enteraban del fraude porque empezaban a recibir cartas de cobro de sus bancos originales, visitas de cobradores, o les denegaban créditos nuevos, o notaban que sus clasificaciones de crédito se habían deteriorado.

Sobre la intervención de Andreu, Bernard recordó que el Tribunal Supremo ha sido enfático en que éticamente el abogado debe “hasta evitar la apariencia de impropiedad”. “Eso es un regalo que le están haciendo (a Hernández), ese acuerdo no se debe dar por la oposición de las víctimas”, indicó.

Omaya Sosa Pascual colaboró con esta historia.

 

El “éxito” de New York Mortgage