Gobierno puertorriqueño entre los que menos facilita el acceso a la información

Imprimir Más

Una encuesta sobre el acceso a la información gubernamental en los estados refleja que Puerto Rico tiene un empate con el peor de los estados que salió en la encuesta, Mississippi, con sólo cuatro tipos de documentos gubernamentales disponibles por Internet de un total de 19 que están disponibles en otros estados.


El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) comparó la disponibilidad de documentos públicos en Puerto Rico con la encuesta de disponibilidad en los 50 estados que realizó la National Freedom of Information Consortium (NFIC) para llegar a la conclusión de que estamos empatados con Mississippi como la jurisdicción de los Estados Unidos que menos información pública tiene disponible en Internet para sus ciudadanos.

La NFIC midió el acceso a la información mediante 19 categorías de documentos públicos: resultados de pruebas de aprovechamiento académico, proyectos y contratos de infraestructura, contribuciones y gastos de campaña política, acciones disciplinarias contra médicos, informes de auditoría, acciones disciplinarias contra abogados, querellas o multas ambientales, certificaciones de maestros, nombres comerciales ficticios, informes de inspección de hogares de cuido, banco de datos de gastos gubernamentales, querellas de consumidores, informes de inspección de puentes, informes de inspección de cuidos de menores, estados financieros de funcionarios, informes de inspección de hospitales, inspecciones de guaguas escolares, inspecciones de seguridad escolar, récords de sobrecarga en las bombas de gasolina, y certificados de defunción.

De estas categorías, Puerto Rico sólo tiene disponible en Internet para sus ciudadanos los resultados de las pruebas de aprovechamiento académico, los contratos de infraestructura (pero no el listado o descripción de los proyectos), los informes de auditoría (pero sólo los del Contralor, no las auditorías internas de las agencias), y las acciones disciplinarias contra los abogados (pero no las querellas).

La experiencia del CPI y de otros periodistas y grupos que regularmente solicitan acceso a expedientes gubernamentales es que en Puerto Rico no sólo no hay documentos disponibles sino que en las agencias impera la práctica de dificultar el acceso o de cuestionar las solicitudes, a pesar de que el derecho que tienen los ciudadanos a tener acceso a información en poder del gobierno ha sido reconocido por los tribunales en varias ocasiones. Este clima ha permeado en administraciones de los dos partidos.

Más recientemente, el secretario de la Gobernación Juan Carlos Blanco, tildó de ataque “político” la solicitud que hizo el senador de la minoría popular Eduardo Bhatia para que La Fortaleza proveyera los salarios de todos los empleados y ayudantes de la Oficina del Gobernador. Este tipo de información está disponible en 28 estados y en algunos de ellos la búsqueda se puede hacer por el nombre específico del empleado público.

Además, en esos 28 estados hay disponible un programa que permite hacer una búsqueda de todos los gastos de gobierno mientras que en Puerto Rico la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ha enfrentado este año dos pleitos judiciales de legisladores de minoría para conseguir que publiquen datos del gasto gubernamental.

Por otro lado, el Secretario de Justicia, Antonio Sagardía, se negó a contestar preguntas de un legislador en vista pública sobre el trabajo realizado por un bufete contratado por su agencia con fondos públicos.

Estos pleitos y declaraciones se han dado a pesar de que el Gobernador Luis Fortuño aseguró el 26 de marzo pasado en su discurso durante la convención de Microsoft que en su estrategia de “Gobierno Total” el “proveer acceso rápido e ininterrumpido a la información y ayudar a manejar los fondos públicos para prevenir pérdidas y para aumentar los recaudos es vital… igual que lo es la transparencia total en lo concerniente a nuestra situación fiscal”.

En un informe de 2008, el Instituto Goldwater, de filosofía republicana y conservadora, subrayó que transparencia gubernamental significa “colocar toda pieza de infomación que sea logísticamente viable en internet”. “Eso incluye contratos, evaluaciones del trabajo hecho bajo esos contratos, pagos individuales, data de desempeño, evaluaciones de desempeño, valores de activos, misiones y planes de las agencias, y cualquier otra información pertinente que ayude a que los contribuyentes aprendan cómo y por qué se gasta su dinero”, añadió.

En Puerto Rico, los informes financieros que someten legisladores, funcionarios y jueces se consideran confidenciales bajo la Ley de Ética Gubernamental a pesar de que hay 22 estados, además del propio Congreso y gobierno federal, que tienen esta información disponible por Internet. El resultado práctico es que la Oficina de Ética recibe todos los años informes financieros e invierten decenas de millones de dólares públicos en procesarlos, pero los mismos no están disponibles para el ciudadano. En varias ocasiones el representante Jorge Colberg Toro ha introducido legislación para que estos informes sean públicos pero ninguna Asamblea Legislativa la ha atendido.

En un renglón similar, el CPI recientemente solicitó las solicitudes que someten a La Fortaleza los candidatos a jueces y la entrega no ha sido cumplimentada todavía porque la ley que creó la  Administración Hernández Colón para ese proceso apunta a que sería delito menos grave divulgar información relacionada con el mismo. Sin embargo, la Casa Blanca recientemente publicó el formulario de sobre 170 páginas, incluyendo datos financieros, que la jueza Sonia Sotomayor tuvo que llenar como candidata al Tribunal Supremo, un foro que tiene la potestad de revocar casi cualquier determinación que tomen los jueces locales cuyas finanzas y formularios se mantienen en secreto.

En cuanto a la salud, y con relación al desempeño de la Reforma de Salud, el representante a cargo de ese tema en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, dijo recientemente en una entrevista radial que tenía estadísticas de la Reforma, pero las describió como “un documento público que yo considero altamente privilegiado”.

Según la encuesta de la NFIC, sólo un estado (Texas) cumplió con las 19 categorías seguido de Nueva Jersey con 18. En total, nueve estados tenían disponibles entre 15 y 20 categorías de documentos; 27 estados tenían disponibles entre 10 y 14; mientras que 14 estados tenían disponibles entre cuatro y nueve.

Este año una de las categorías de los premios Pulitzer, los más prestigiosos en el área del periodismo, condecoraron al New York Post-Star por una serie de editoriales, precisamente, sobre la importancia que tiene el acceso a la información en una democracia.

 

Carta Abierta de la Junta de Directores