Desidia detrás de explosión en Puerto Rico

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yearsneglillence_294_220Por más de dos décadas la Caribbean Petroleum Corporation ha sido señalada y multada por $1.3 millones por las agencias reguladoras debido a serias violaciones ambientales, incluyendo descargas de desperdicios tóxicos al agua, aire y terrenos que han puesto en riesgo la salud y seguridad de residentes.

Sin embargo, estas mismas agencias federales y estatales han permitido que la empresa continúe operando de manera ininterrumpida por más de 50 años y han incumplido con su responsabilidad de fiscalizar la operación, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). La laxitud gubernamental incluye el hecho de que no se realizaron inspecciones federales de seguridad ocupacional por casi una década y el no haber establecido el plan de respuesta a desastres que exige la ley federal para proteger a la comunidad.

Las facilidades, ubicadas en el Parque Industrial Luchetti de Bayamón que explotaron hace 12 días provocando un fuego que duró dos días y medio y que causó descargas de contaminantes a las aguas cercanas, no había sido inspeccionada por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional federal desde el 2000. Esta es la segunda ocasión en la que las operaciones de CAPECO causan un fuego de grandes proporciones en el área.

“Eso era un desastre en espera de fecha”, aseguró una fuente interna que conoce de cerca la operación, pero que pidió permanecer en el anonimato debido a sus relaciones con la empresa. La fuente, quien visitó la instalación por última vez hace tres años, dijo que lucía deteriorada y que el mantenimiento era pobre.

La causa de la explosión que afectó a 21 de los 40 tanques de almacenaje de combustible aún está bajo investigación. La pesquisa está enfocada en determinar cómo CAPECO operaba sus tanques, cómo manejaba sus operaciones, y el marco regulatorio vigente en Puerto Rico, reveló Jeffrey Wanko, investigador que lidera el esfuerzo. El análisis, que está a cargo de la Junta de Seguridad y Peligrosidad Química de los Estados Unidos (CSB, por sus siglas en inglés), tiene como principales teorías causales negligencia y error humano ya que la posibilidad de terrorismo fue descartada la semana pasada.

Una revisión de las inspecciones de la Agencia Federal para la Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en ingles), del expediente de CAPECO en la Corte de Quiebras, y entrevistas tanto con expertos en seguridad química como con residentes pintan un cuadro de una empresa que ha estado bajo el escrutinio de la EPA por décadas, y que posteriormente buscó refugió en la protección del Capítulo 11 para aliviar presiones financieras.

Aún así el impacto ambiental de la reciente explosión, y de pasados derrames y violaciones ambientales, es incierto. Peor aún, funcionarios locales y federales han hecho poco por orientar a los residentes de las comunidades aledañas sobre los posibles riesgos y sobre el plan de emergencia para casos de desastre en violación de la ley federal aplicable.

Desde 1990, el Centro Nacional de Respuesta (NRC, por sus siglas en ingles) registró al menos 25 incidentes de derrames y emisiones de la compañía en las aguas, aire y terrenos del país. Otras empresas, como Bacardí, algunas farmacéuticas, Shell, y Texaco –la mayoría de las cuales ubica cerca de CAPECO- también fueron reportadas por derrames de sustancias tóxicas en docenas de ocasiones.

Pese a este historial, las citadas violaciones y multas, y la quiebra, CAPECO ha podido seguir operando con el aval de las agencias federales y locales, al punto de que en 1999 el Departamento de Hacienda le condonó una deuda contributiva de $154 millones. Este acuerdo fue negociado de parte de CAPECO por McConell Valdés, el bufete de abogados más grande de Puerto Rico que además sirve de fideicomisario al actual Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. En la actualidad este bufete también tiene entre sus filas a la Secretaria de Hacienda que en ese entonces negoció la concesión, Xenia Vélez, y quien formó parte del bufete antes de estar en Hacienda.
A preguntas sobre por qué se le ha permitido continuar operaciones pese a las repetidas violaciones ambientales, José Font, subdirector de la

EPA en el Caribe, dijo que la prioridad de la agencia es asegurar que las operaciones sean conducidas según las leyes aplicables.

“Nosotros lo que tenemos es que buscar cumplimiento con la ley”, insistió.
Otros hallazgos del CPI incluyen:
1993-1997: una de las gasolineras de la empresa en Utuado contamina el río Grande de Arecibo con una descarga de entre 5,000 y 20,000 galones de combustible afectando la salud física y mental de 263 residentes del área, según una sentencia judicial.

1996: la compañía llega a un acuerdo con la EPA para mitigar la contaminación de tierra y agua en la instalación de Bayamón.

1998: la EPA impone $52,000 en multas y penalidades después de que la empresa fuese señalada por violaciones a la Ley de Agua Limpia poco después del Huracán Georges.

1999: la EPA impone $1.3 millones en multas y penalidades por variadas violaciones. El caso es referido al Departamento de Justicia federal.

2001: La empresa y sus subsidiarias buscan refugio a sus problemas financieros en el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.

1990-2009: el Centro Nacional de Respuesta de la EPA (NRC, por sus siglas en inglés) registra al menos 25  reportes de “incidentes” , 19 de ellos registrados a partir del 2000 cuando la empresa se dirigía a la quiebra.

Derrames. La mayoría fueron registrados entre el 2000 y el 2009.

2008-2009: la Corte de Quiebras ordena el pago de $1.3 millones en compensación a 30 de los residentes de afectados en el derrame de Utuado.

2009: 21 tanques de almacenaje explotan provocando un fuego de mayores proporciones que duró 60 horas y que resultó en contaminación de aire y las aguas. El incidente está bajo investigación.

Expertos entrevistados señalaron que una empresa con repetidas violaciones ambientales, asediada por problemas financieros y una gerencia que no apoya el mejoramiento de los procedimientos de seguridad crea un sistema frágil, propenso a accidentes que ponen en riesgo la vida de trabajadores y residentes que viven en las comunidades adyacentes.

“En mi opinión son delincuentes que no han sido rehabilitados. Yo no tengo ninguna evidencia que pruebe que hayan cambiado su historial, que están siendo cuidadosos con la salud y seguridad de los residentes, que están siendo buenos vecinos”, afirmó Rosa Hilda Ramos, líder ambiental y comunitaria de Cataño por más de 20 años, sobre el caso de CAPECO.

Agregó que hace años radicó una querella en OSHA a nombre de un grupo de trabajadores que acudió a ella alegando condiciones inseguras de trabajo y temor a que explotara una caldera, que temían enfrentarse al patrono. Según dijo, a largo de los años las agencias locales y federales concernidas no han inspeccionado diligentemente la instalación.

“Lo que quiero es que las agencias locales y federales hagan su trabajo. ¿Por qué la gente tiene que hacer de detectives, de policías y de biólogos? Ellos deben cumplir con su deber que es proteger a la gente y su salud, no añoñar a industrias peligrosas”, sostuvo al destacar que la presión de los grupos comunitarios ha tenido que ser constante.

Al cierre de esta edición Frances Ríos, portavoz de CAPECO, no había respondido preguntas acerca de los hallazgos de la investigación sobre el historial de la compañía, ni ofreció una reacción.


Llueven las deficiencias a lo largo de los años

Pese a que los daños a la propiedad de la explosión el pasado 23 de octubre han sido estimados en $6.4, el daño ambiental aún no ha sido determinado y cuantificado. Residentes de las comunidades cercanas a la instalación de 179 cuerdas de CAPECO han temido durante mucho tiempo el desenlace de un posible desastre y el impacto en la salud, seguridad y ambiente de dichas operaciones.

“Lo denunciamos hace décadas, y decían que estábamos locos”, aseguró el activista comunitario Pedro Carrión.

Por años las agencias federales han encontrado deficiencias en la refinería queen el 2000 se convirtió en una facilidad puramente de almacenaje.

En 1996, lo que entonces era la Caribbean Petroleum Refining LP, llegó a un acuerdo con la EPA para atender la contaminación de las aguas y terrenos de la instalación des pues de que inspectores descubrieran que la refinería había arrojado 82,000 galones de combustible al ambiente, violando la Ley Federal de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA, por sus siglas en inglés), explicó Bonnie Bellow, portavoz de la EPA.

Dijo que hasta ahora la empresa estaba cumpliendo con su plan de mitigación bajo el acuerdo.

La instalación también fue señalada poco después del huracán Georges en 1998 por violaciones bajo la Ley de Agua Limpia. La empresa pagó $52,000 en multas y penalidades en esta ocasión, agregó la funcionaria.

No obstante, los expedientes muestran que algunas violaciones no fueron resueltas por lo que la agencia refirió el caso al Departamento de Justicia federal para acción y para el cobro de multas y penalidades por $1.3 millones.

En el 2000, la compañía cerró la refinería alegando problemas financieros por el alto precio del crudo, según el expediente de quiebra. Al presente la instalación sirve de almacenaje para combustible de aviación, aceite, y gasolina.

Caribbean Petroleum L.P., Caribbean Oil L.P., Caribbean Petroleum Refining L.P., Gulf Petroleum (Puerto Rico) Corporation and Caribbean Petroleum Corporation (CAPECO), propietaria mayoritaria de las demás empresas, radicaron quiebra diciembre 13 de 2001.

Según los records radicados en la Corte de Quiebras del Distrito de Delaware, donde están incorporadas las empresas, al momento el grupo tenía deudas acumuladas estimadas en $100 millones.

Los expedientes también revelan que en 2003 CAPECO llegó a un acuerdo de plan de pago con el Departamento de Justicia federal para liquidar los citados $1.3 millones en multas y penalidades de la EPA.

Inspectores estatales también han visitado la facilidad en numerosas ocasiones durante los pasados años, y la señalaron por violaciones en enero y marzo de 2007. La empresa corrigió las deficiencias.

A principios de este año, en marzo y junio, CAPECO fue citada por violaciones, pero esta vez por la EPA. Los inspectores locales nuevamente le llamaron la atención en marzo pasado, esta vez con una reprimenda informal, según los récords electrónicos de la EPA. La compañía corrigió y volvió a estar en cumplimiento en septiembre, un mes antes de la explosión.

Un negocio peligroso
Las refinerías son una de las industrias más peligrosas de los Estados Unidos.

Según la OSHA, ningún otro sector industrial ha tenido tantos incidentes catastróficos y mortales relacionados a emanaciones de químicos peligrosos como la industria del petróleo.

Sin embargo, esa misma agencia no ha inspeccionado a CAPECO desde el 2000, año en que sus inspectores encontraron violaciones relacionadas al manejo de químicos altamente peligrosos y en el mantenimiento de los registros que deben demostrar el entrenamiento adecuado de sus empleados.

Desde mayo de 1992 al presente, derrames y emanaciones de químicos peligrosos en refinerías han causado 52 muertes y 250 heridos en Estados Unidos, según los récords de la OSHA.

En lo que está considerado como uno de los peores desastres de la industria petrolera, en 2005 15 trabajadores murieron y 170 resultaron heridos en una explosión y fuego en la BP de la Ciudad de Texas. Otro incidente en Nuevo México afectó a seis trabajadores tras un escape químico durante el mantenimiento de una bomba.

En 2007 OSHA lanzó el un Programa Nacional de Énfasis para fiscalizar a las refinerías a lo largo de los Estados Unidos realizando inspecciones de todas las facilidades para asegurar que estén en cumplimiento con las regulaciones de manejo de seguridad en sus procesos.

Hasta entonces, la agencia, que está a cargo de regular la fuerza trabajadora de los Estados Unidos para prevenir lesiones, enfermedades y muertes relacionadas al trabajo, tenía pocos inspectores que se especializaran en seguridad de refinerías.

OSHA no pudo determinar si las refinerías de Puerto Rico han sido inspeccionadas bajo este programa.

En la actualidad, muchas refinerías han reducido sus costos debido a las bajas en ganancias por los altos precios del crudo y la inestabilidad del mercado. Estas reducciones han afectado los renglones de mantenimiento y de seguridad.

“La mayoría de las refinerías tienen los mismos problemas”, sostuvo Kin Nibarger, especialista en salud y seguridad de la United Steelworkers, unión que representa a gran parte de los trabajadores de la industria en Estados Unidos. “Puedes cambiarle el nombre arriba, pero al final son todas lo mismo”, agregó.

Otro factor es que gran parte de las instalaciones son viejas y no han sido puestas al día en mucho tiempo.

“Nos enorgullecemos de que los trabajadores son muy cuidadosos”, dijo Nibarger, quien testifico hace dos años en las vistas congresionales sobre el tema.

“Sin embargo, ellos no están cambiando los equipos, no están dando mantenimiento, y no están entrenando. Eso es una mala señal”, apuntó en relación a las compañías propietarias.

Viven en pánico
Por décadas, los residentes de las comunidades pobres aledañas a CAPECO en Puerto Rico tales como Puente Blanco, Cucharillas, Villa Paraíso, Las Palmas, Las Vegas y Juana Matos, han temido un desastre. En el área inmediata, donde casitas de madera y cemento se apiñan entre callejuelas y caños contaminados, y Cataño, el pueblo más afectado, viven unas 30,000 personas, pero el estimado de personas impactadas por las distintas descargas de CAPECO ronda las 400,000 personas e incluye residentes de las áreas pudientes de Guaynabo y Bayamón, según la líder comunitaria y ambiental Rosa Hilda Ramos. Pero históricamente y durante la reciente explosión estas últimas se han mantenido silencio para no afectar el valor de sus propiedades, aseguró Ramos.

Los residentes de los barrios son los que están más cercanos al peligro ya que además están cercados por las tuberías que transportan el combustible desde los tanqueros hasta la CAPECO y las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Viven con miedo a que esta enorme tubería explote y se convierta en un “aro de fuego” a su alrededor.

“Vivimos asustados. Aquí vivimos en una bomba de tiempo”, afirmó Bárbara Concepción, residente de Cucharillas por más de 20 años.

“Siempre hemos hablado de eso, siempre hemos dicho que va a explotar algún día”, agregó Frankie Olivo, residente de Puente Blanco sobre la antigua refinería y quien ha ahora ha sido subcontratado para limpiar la contaminación producto de la explosión en el caño que pasa frente a su casa, La Malaria.

De hecho, la mayoría de los residentes tiene problemas insomnio desde la explosión del pasado 23 de octubre, según dijeron una decena de entrevistados.

Esta no es la primera vez que las operaciones de CAPECO causan un fuego de grandes proporciones en el área que además contamina el aire y los cuerpos de agua. Hace unos 30 años el caño La Malaria se prendió en fuego luego de que un residente quemara un panal de abejas y una chispa cayera en el Caño la Malaria que estaba contaminado y que ubica a unos 10 pies de las casas de la calle Principal, relató el residente Samuel Sánchez Coreano. Según dijo, para la época el cuerpo de agua expedía fuerte olor a petróleo.

Pese a esto y a que desde 1986 existe una ley federal que exige el establecimiento y la divulgación de un plan de respuesta a emergencias que informe al público sobre descargas tóxicas y explosiones, la mayoría de los residentes de estas comunidades no tiene conocimiento sobre el mismo, ni sabe qué hacer en caso de desastre.

Bajo el estatuto, la denominada Ley de Planificación de Emergencia y de Derecho a saber de la Comunidad  (Emergency Planning and Community Right-to-Know Act) las agencias locales y estatales tienen que desarrollar un plan de emergencias y proveer al público con un cuadro del posible peor escenario para que los residentes puedan preparase en la eventualidad de una catástrofe.

Ramos sostuvo que ni siquiera ella, quien ha estado al frente de la lucha ambiental en contra de CAPECO por dos décadas y quien formó parte de uno de los comités locales de emergencia, ha visto la versión final del plan. Señalo que el gobierno estatal está violando la citada ley federal porque no ha nombrado el comité central supuesto a revisar y a aprobar el plan para su distribución a los residentes y porque estos comités locales han estado inactivos por años.

“La gente no tiene idea”, apuntó y denunció que durante la reciente explosión el plan, que incluye el aviso inmediato a los líderes comunitarios durante emergencias, no fue activado.

Expertos entrevistados puntualizaron que el caso de Puerto Rico no es inusual. Según dijeron, han encontrado que por todo Estados Unidos los residentes regularmente desconocen los peligros de las instalaciones y el plan de emergencias a seguir hasta que ocurren los desastres.

“Apuesto a que los ciudadanos allá (en Puerto Rico) están totalmente ignorantes, y son mantenidos en la oscuridad en cuanto a los posibles riesgos”, señalo Fred Millar, un experto en desastres en plantas químicas y en la prevención de accidentes.
Millar es consultor de Amigos de la Tierra, una organización ambiental sin fines de lucro con base en Washington D.C.
“En muchos casos, las comunidades locales no están preparadas para desastres como estos. Esto ocurre mucho más de lo que la gente se imagina’, dijo Miller. “Nos gusta pensar que estamos seguros”, agregó.

La investigación continúa
Al momento, las prácticas de mantenimiento, la cultura gerencial y los enredos financieros de CAPECO –referidos al Negociado Federal de Investigaciones hace más de una década por el entonces Principal Oficial Financiero y ex Secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, Ramón Cantero Frau- serán el foco de la pesquisa federal en la que la Junta de Seguridad y Peligrosidad Química de los Estados Unidos (CSB, por sus siglas en inglés) que determina las causas de la explosión. Cantero dijo que las denuncias no progresaron, según le indicó el FBI, porque las transacciones eran a través de bancos internacionales.

La investigación de la explosión, liderada por la CSB, una agencia independiente del Gobierno federal, podría durar 18 meses, afirmó Jeffrey Wanko, el principal investigador de la CSB.

“No nos detendremos en el derrame. Queremos saber por qué y entender cómo ellos manejan los tanques, cómo entrenan sus operaciones y el marco regulatorio en Puerto Rico”, concluyó Wanko.


Co-publicación especial con El Nuevo Herald y The Miami Herald