Botiquín expirado para pacientes de sida

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Un informe del gobierno federal señaló que el Departamento de Salud puede haber afectado el tratamiento de cientos de pacientes de sida al dispensarle medicamentos expirados, en algunos casos por más de ocho años, en sus Centros de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles en San Juan, Arecibo, y Caguas.

La pérdida de miles de dólares por no devolver esos medicamentos expirados a los manufactureros, la violación a la Ley de Farmacia por permitir que funcionarios que no eran farmacéuticos dispensaran las recetas, y atrasos de hasta dos años en el inventario de medicinas son algunos de los otros hallazgos que contiene el informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal.

“[A]lgunos de los medicamentos seguían en las clínicas de tratamiento bastante tiempo después de sus respectivas fechas de expiración”, indica el informe al tiempo que añade que “dispensar medicamentos expirados a los pacientes con sida o VIH positivos podría causar resistencia a los medicamentos y podría hacer que el tratamiento sea menos efectivo o que se convierta en mortal”.

Mantener las medicinas expiradas en el inventario de las clínicas puede haber amenazado la salud de los pacientes, pero fue bueno para las finanzas de los manfactureros de las medicinas porque, según el propio informe, Salud perdió miles de dólares en crédito que los manufactureros le hubieran tenido que honrar si los medicamentos expirados hubieran sido devueltos.

El problema de los medicamentos expirados tiene ejemplos tan graves como que los inspectores encontraron medicinas con entre seis y ocho años de expiradas guardadas en un almacén en espera de que llegara alguna receta para despacharlas. En respuesta al informe, el Departamento no disputó este hallazgo.

El período de auditoría que cubre el informe es de 2004 a 2006, años durante los que Salud reclamó al gobierno federal el pago de $75.3 millones por concepto de medicinas para pacientes de sida.

Justo después del período de auditoría, organizaciones como Pacientes Pro Política Sana acusaron a Salud de controlar el expendio de medicamentos mediante listas de espera. Además, el Negociado Federal de Investigaciones realizó un allanamiento de alto perfil en las oficinas del Municipio de San Juan que manejan fondos de sida y solicitó información a otros destinatarios de estos fondos tales como el Municipio de Bayamón y organizaciones comunitarias. Hasta ahora, la Fiscalía Federal no ha generado resultados notables con relación a esos movimientos.

“Venimos denunciando esto desde el 2004. El programa todavía sigue en crisis. Ése (de los subsidios a las medicinas) y el de vivienda están en crisis. Ahora mismo en Caguas la semana pasada denunciamos que había 250 pacientes sin medicamentos. Todo eso está ocurriendo”, reaccionó el activista pro pacientes de sida, José Fernando Colón.

Los pacientes habían denunciado también que Salud estaba comprando medicinas “por comprarlas” y también que estaban adquiriendo medicamentos más caros de lo necesario. En noviembre de 2006, la Oficina del Contralor publicó una auditoría adelantando el problema de los inventarios y los créditos sin tramitar.

Sobre el personal, los inspectores encontraron que uno de los centros no tuvo farmacéutico licenciado en todo el período de tres años que duró la auditoría y que, en otros dos centros, los técnicos de farmacia eran los que despachaban cuando el farmacéutico no estaba. Esto, además de violar la Ley de Farmacia, “expuso a los pacientes a los riesgos de salud asociados con el expendio de medicamentos por parte de personal que no está licenciado”.

Además, y mientras que las reglas federales requieren una verificación mensual del inventario de medicamentos, en Salud no tienen un inventario actualizado porque la integración de datos en su inventario, no computarizado, está atrasada dos años. De hecho, no se realizó un solo inventario en ninguna de las tres clínicas durante el período de auditoría.

Salud resuelve con contratos privados

En respuesta al informe, el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano no peleó ninguno de los señalamientos relativos al despacho de medicamentos expirados y se limitó a prometer que se reforzarían las medidas de monitoreo para asegurar la decomisación de las medicinas vencidas.

Añadió que las farmacias Arleen (Caguas), Central (Humacao), y García (Arecibo) fueron contratadas para suplantar el servicio de despacho de medicinas que realizan los centros. Salud mantuvo el servicio directo en Río Piedras, Ponce y Mayagüez, pero, aseguró el secretario, con farmacéuticos licenciados.

Sobre el inventario, aseguró que se habían identificado y asignado fondos para automatizarlo, pero no precisó fecha de cuándo estaría funcionando el nuevo sistema.