La Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR), se encamina a desaparecer para 2018 y las tres alternativas para atajarlo, todas difíciles, podrían no ser suficientes, según una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Las opciones incluyen aumentos en las aportaciones que hacen patronos y empleados, modificar o reducir los beneficios que han sido otorgados a lo largo de los años, o que las pensiones se cubran con más impuestos.
Las entrevistas a los funcionarios, así como el análisis de documentos financieros y las minutas de la Junta de Directores revelan que las pensiones de nuestros empleados públicos han sido manejados temerariamente por administraciones rojas y azules, y arreglarlo podría costar dinero a todos, seamos o no empleados públicos. El golpe más reciente han sido los cesanteados bajo la llamada Ley 7 que le representa a la ASR más pensiones que desembolsar y menos aportaciones por recibir.
El Administrador de la ASR, Héctor M. Mayol Kauffmann, confirmo que el Sistema está al borde del colapso con un déficit que va por $15,000 millones producto de una combinación de malas decisiones de inversión, leyes de aumento de beneficios aprobadas sin importar los costos, y la morosidad criminal de municipios, corporaciones públicas y agencias del ejecutivo que simplemente han usado el dinero que retienen a los pensionados para sufragar sus propios gastos operacionales en vez de remitirlo a Retiro.
Además, la ASR incurrió en el pago de deudas del Sistema de la Judicatura y le tuvo que reembolsar de manera imprevista al Sistema de Retiro del Maestro (SRM) por aportaciones patronales que no le pagaron cuando transfirieron a ese sistema a miles de empleados del Departamento de Educación.
“(El Sistema) podría correr el riesgo de desaparecer para el 2018, pues no tendría forma de costear todos sus gastos”, sentenció Mayol.
De ocurrir un colapso, la Ley establece que el Gobierno debería responsabilizarse de los gastos de las obligaciones de la ASR. Por lo que son las contribuciones que pagamos todos las que tendrían que ser usadas para pagar las pensiones. Esto, además de los $215 millones que ya paga el fisco para cubrir los beneficios de leyes especiales, según aparece detallado en las minutas.
La ASR tiene un déficit total de $15,000 millones, de los cuales $5,000 millones entraron a los libros en tan sólo dos años debido, en parte, a la caída de la bolsa de valores. Tomando en cuenta el total de ingresos y gastos, Mayol sostuvo que la ASR enfrenta un déficit de 96 porciento.
A pesar de este panorama, el Gobernador Luis Fortuño, impactό negativamente a la ASR con el plan de cesantías de la Ley 7. Mayol declaró que dicha medida representa para el Sistema un aumento repentino de $180 millones anuales en el pago de las pensiones. Además, la ASR desembolsará entre $80 a $100 millones en las devoluciones de las aportaciones a los cesanteados y los que renunciaron voluntariamente.
Actualmente, el Sistema de Retiro en Puerto Rico es el de peor cobertura en Estados Unidos, según un análisis financiero que establece que la capacidad de ingresos (“funding ratio”) es de 19 por ciento, lo que indica que de cada dólar que sale de las arcas de la ASR sólo se reciben 19 centavos.
Ante la crisis en el estado financiero del Sistema, el CPI presenta una radiografía sobre las causas del déficit, del efecto de la ley 7 y las alternativas que evalúa la Junta de Síndicos y que, según Mayol, podrían no ser suficientes aún si se implantan todas.
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En el 2008 la ASR sometió su estrategia de inversiones a UBS Financial Services de Puerto Rico (UBS) y los consultores, con dinero ajeno, cobraron por recomendar una inversiones que no sólo eran principalmente en productos de alto riesgo sino que fueron manejadas en parte por otra división de UBS. ¿El resultado? La ARS emitió $2,900 millones en deuda, UBS cobró $288,000 por la asesoría, se ganó (según Bloomberg) $27 millones en tarifas por la parte del pote que mercadeó entre sus clientes, y los Sistemas se quedaron con una cartera perdidosa y un déficit más grande.
Por medio de la emisión de bonos, la ASR pretendía proveer más fondos al Sistema, permitiendo así subir el funding ratio a 35 por ciento, además de resolver el déficit que la tenía en riesgo de sufrir un colapso para el 2015. Con la inyección de fondos que dejarían las inversiones, se esperaba poder cubrir la obligación actuarial hasta el 2021. Esta emisión fue la más grande realizada por el Gobierno de Puerto Rico y la primera efectuada por el Sistema de Retiro, que a la vez se colocaba en los mercados europeos y asiáticos. Anteriormente, el Gobierno había realizado otras emisiones de bono a través del Banco Gubernamental del Fomento (BGF) e invirtió los fondos de las emisiones sólo en el mercado doméstico de Estados Unidos. El compromiso de pago de la emisión es de 50 años y el repago saldría de las aportaciones patronales.
El primer problema fue que la ASR no contaba con el personal capacitado para atender este tipo de gestión. Se pudo constatar en las minutas que luego de iniciar el proceso de la emisión, la Junta de Síndicos se percató de las necesidades que tenían de personal preparado en esta área y decidieron crear un Comité de Inversiones.
Las minutas de la Junta de Síndicos también señalan que el entonces presidente de la Junta de Directores del BGF, Alfredo Salazar Conde, minimizó el riesgo de la inversión aunque las las minutas también consignan que UBS le recomendó a la ASR invertir el 35 por ciento de los fondos adquiridos de la emisión de bono en el “Beta Porfolio” (de menor riesgo) y el 65 por ciento en el “Alpha Portfolio” (de mayor riesgo). Un remanente de $222 millones se quedaría en el BGF para inversión posterior.
Con el rendimiento de la inversión, se suponía que el Sistema obtendría cerca de $10,800 millones en ingresos. Cuando se realizó la emisión de bono se logró que subiera el funding ratio a un 40 por ciento y se esperaba que aumentara a un 70 ό 80 por ciento al culminar la estrategia de inversión. Sin embargo, este aumento no se logró debido a la caída de la bolsa de valores en el 2008 que resultó en una reducción de un 29 por ciento en el valor de los fondos invertidos en las acciones. Solamente el dinero depositado en el BGF no sufrió pérdidas por la crisis del mercado.
De la misma forma, Mayol especificó que tras la caída de la bolsa de valores los participantes de la ASR acogidos al Sistema 2000 (que tienen cuentas de retiro en vez de pensiones fijas) enfrentaron pérdidas de un 10.9 por ciento en su cuenta. Los participantes de este Programa, según el Administrador, tienen un promedio de fondos de $14,000 a $15,000 en su cuenta, por lo que con la caída de la bolsa de valores perdieron entre $1,526 a $1,635 de este balance.
Durante el 2009 la Cámara de Representantes y la del Senado de Puerto Rico cuestionaron las actuaciones de UBS durante el proceso de la emisión de bono pero eso ha quedado en nada, aunque Mayol opinó que el doble rol de asesor y casa de corretaje que tenía UBS “los ponía en (un) conflicto de intereses”.
La cuenta que carga la ASR por repago a los bonistas es $167 millones anuales, que se espera aumenten a $217 millones para el 2021.
¿Y dónde quedó el dinero recaudado en la emisión? Mayol dijo que se está usando para satisfacer las obligaciones del Sistema, incluyendo flujo de efectivo y pago de intereses, en vez de invertirlo, por lo que sólo se han invertido $800 millones a fin de 2009.
Por otra parte, en abril de 2009 la ASR comenzó el proceso para selección de los nuevos consultores de inversiones. Al comienzo, la ASR invitó a 10 firmas a que presentaran propuestas y publicó un anuncio en The Wall Street Journal, pero tras varias evaluaciones, se seleccionό a NEPC, LLC, pues los servicios tenían un costo menor que la otra más cerca, Ennis Knupp & Associates. La tarifa de prestación de servicios de Ennis era de $625,000 mientras que la de NEPC era de $490,000.
Sin embargo, Ennis propuso una rebaja de $625,000 a $550,000 en sus tarifas e incluyó los servicios de preparación del “Asset Liability Model” (estudio sobre la proyección de flujo de efectivo) que tienen un costo regular para el Sistema de $80,000. Entre eso y la involucración de NEPC en un pleito en Connecticut por alegadas actuaciones negligentes en la recomendación para invertir los fondos de las pensiones municipales, la ASR decidió reevaluar. Finalmente, en septiembre 2009 se acordó contratar a Ennis, quienes también asesoran al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en lo relacionado al programa de rescate financiero conocido como TARP.
Tras el cambio en 1998 de los procesos mecanizados de la ASR, cerca de 28 mil préstamos fueron eliminados del Sistema por error, pues pensaron que estarían saldos para la fecha de la implantación del nuevo método. Debido a la falla, la ASR sufrió una pérdida de $24 millones. Ante la merma de los fondos, el Sistema optó por renovarlos mediante el refinanciamiento o consolidación de la deuda del participante.
Luego de esto, y atado a las expectativas sobre la emisión de bonos de $3,000 millones, en 2007 la ASR aumentó los topes de los préstamos personales (de $5,000 a $15,000) y de viajes culturales (de $5,000 a $10,000), lo que movió a que se otorgaran 48,388 préstamos personales y 1,914 préstamos de viaje, para un total de $249.5 millones.
En abril 2008 el entonces presidente de la Junta de Síndicos de la ASR, Jorge Irrizary Herrans, mostró preocupación de que como consecuencia al aumento en los monto, en sólo siete meses el Sistema desembolsó $350 millones en préstamos, lo que equivale a como si se hubieran otorgado diariamente 750 préstamos.
Ya en febrero de 2009 había un total de 3,327 préstamos en atraso para una deuda en el Sistema de $39.5 millones. Los atrasos provenían en su mayoría de participantes del Departamento de Educación con casi 2,456 préstamos para $27 millones.
En mayo de 2009 Mayol recomendó reducir la cartera de préstamos mediante la reducción de los topes, debido al problema de flujo de efectivo que mantiene en déficit al Sistema. La propuesta fue reducir los préstamos personales de $15,000 a $12,000 y los culturales de $10,000 a $5,000, además de aumentar el término para las renovaciones de los préstamos de 12 a 18 meses. La otorgación continuó con 49,887 préstamos y $433 millones para septiembre de 2009.
Si se suma esta cantidad con lo que ya tenía acumulado la Administración antes de los aumentos de los topes en 2007, el total asciende a 177,583 préstamos con un valor de $1,500 millones. Una minuta de agosto 2009 informó que alrededor de $850 millones de los $1.5 billones del programa de préstamos pertenecían a los personales. Además, señaló que más del 60 por ciento de los préstamos son de $10,000 o más. Del mismo modo, indicó que casi el 90 por ciento de los préstamos personales son renovaciones, que totalizan en $550 millones. Como resultado, Mayol sugirió nuevamente extender el término para las renovaciones.
Municipios y agencias mala pagas
Para abril de 2009, más de la mitad de los municipios, así como 28 corporaciones públicas y agencias mantenían deudas con la ASR que, si se viera bajo la óptica criminal, constituirían casos de apropiación ilegal ya que se trata de dinero que los patronos públicos han retenido a sus empleados pero no han remitido a Retiro.
En mayo de 2007 los municipios y las corporaciones morosas mantenían una deuda con la ASR de $45.8 que, tras un plan de pago que implantó el ex administrador Juan Cancel Alegría, se redujo a $34.2 millones para octubre de ese mismo año.
Para abril 2009 habían 43 municipios morosos de los 78 que tiene la Isla, con una deuda total de $16.4 millones. Los deudores más grande son Toa Baja, Yauco, Maricao, Quebradillas, Ponce y Santa Isabel. Toa Baja se destaca con una deuda de $3.7 millones y Maricao con una de $1.2 millones a pesar de contar con sólo 6,282 habitantes. La deuda de Maricao es mayor que la del municipio de San Juan que le debía a la ASR $243,000 y cuenta con una población de 442,447 habitantes. A Toa Baja le aprobaron un plan de pago en mayo de 2009, para saldar en cinco plazos, uno a principio de mayo por $1.3 millones, tres de $1 millón (a finales de mayo, junio y julio) y un último pago a finales de agosto por $1.1 millón.
De igual forma, para abril 2009 cerca de 28 corporaciones públicas mantenían una deuda total en el Sistema de $73.9 millones. Resaltan la Administración de Servicios Médicos (ASEM), la Policía de Puerto Rico, la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y la Autoridad de Puertos, con una deuda total de $57 millones.
El caso de ASEM, que debe $42 millones, es ilustrativo de las magnitudes del problema. Según una minuta, cuando la ASR citó en el 2007 a la entonces directora de ASEM, la doctora Ana C. Rius Armendáriz, para que explicara el motivo de la deuda de la agencia con el Sistema, no compareció a la reunión. En su lugar, el contable Ángel Rivera García sostuvo que estaban en “una situación precaria, pues dependían de un 80 por ciento del Gobierno a través del Departamento de Salud”. Añadió que “tenían deudas ascendentes a $150 millones, un déficit de $60 millones y un sobregiro de $4 millones con el Banco Popular”. Además, señaló que los gastos de la nómina eran de $6 millones y que sólo recibían $4 millones para pagarla, por lo que el déficit aumentaba. Asimismo, sentenció que “se les hacía imposible satisfacer su deuda con la ASR con el dinero que les asignaba el Gobierno”.
Más impactante aún, Rivera García reconoció que la Agencia emitía “deducciones (aportaciones individuales) de papel que se registraban en los libros pero no en nómina o efectivo” y aceptó que era ilegal “pero que no cuentan con fondos para realizar otra acción, pues el efectivo que recibe lo utilizan para pagar las operaciones, medicamentos y servicios”.
Por consiguiente, en octubre 2007 la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se comprometió a emitir un pago de $8 millones para la deuda de ASEM, pero nunca realizaron la transacción. De hecho, para agosto 2009 OGP le debía además al Sistema $34.7 millones. Para esta misma fecha, la ASR comenzó a enviar cartas de interpelación a los municipios y corporaciones púbicas para exigir el pago de sus deudas. La carta advertía que, de no recibir el pago, la ASR presentaría cargos criminales y suspenderían al patrono del Sistema. Ahí se comenzaron a negociar planes de pago pero para noviembre 2009 la deuda de estos patrones era de $224 millones.
El más moroso de los municipios, Toa Baja, incumplió su plan de pago y no ha negociado uno nuevo. La más morosa de las agencias, ASEM, todavía no negocia su deuda de $54 millones.
La Junta tiene pendiente una recomendación del administrador para referir al Departamento de Justicia a los funcionarios públicos que incumplen con su responsabilidad de enviar las remesas al Sistema de Retiro.
Para ver el efecto real de esta morosidad, basta considerar que, entre 2007 y 2009, la ASR sufrió un aumento de $167.6 millones en el pago de beneficios para empleados gubernamentales y de la Judicatura pero sólo obtuvo ingresos de aportaciones por $62.7 millones. Se suponía que recibiera $254.4 millones en aportaciones.
Mientras todo esto ocurría, la Legislatura y los Ejecutivos de ambos colores siguen aprobando leyes para aumentar beneficios a los pensionados.
Entre los incrementos más recientes están los de bonos de navidad y el bono de verano. De igual forma, en el 2007 se aumentaron las pensiones mínimas de $300 a $400, y se incrementaron hasta un 3 por cierto las pensiones menores de $1,250 mensuales. Tan solo en 2009, la Asamblea Legislativa actual sometió 134 proyectos relativos a aspectos sobre retiro.
Además, durante décadas la Legislatura y los gobernadores han establecido unas clases especiales de retirados cuyos beneficios están desproporcionados a sus aportaciones en comparación con el empleado gubernamental promedio. Por ejemplo, los legisladores y los alcaldes pueden ganar acceso al sistema de retiro público no por haber servido toda una vida al público sino por hacerlo en un par de cuatrienios. Por otro lado, los jueces del Supremo se retiran con su salario completo, con los aumentos de salario garantizados y con el compromiso de que sus viudos o viudas seguirán recibiendo la pensión cuando ellos mueran.
Entonces, también están los errores administrativos. En el 2004 unos 300 empleados del Programa Reforma 2000 fueron transferidos al SRM, pues aunque estaban acogidos a la ASR eran empleados del Departamento de Educación. Con la transferencia, estos empleados ganaron el derecho a una pensión (en vez de sólo cuentas individuales indeterminadas), pero en el trámite no le acreditaron los pagos que hizo el SRM como aportación patronal. Ante esto, la SRM pidió a los empleados que pagaran las aportaciones y, a su vez, 62 de los empleados le reclamaron ese error a la ASR. Retiro acabó pagando $600,000.
De otro lado, para febrero de 2008 la ASR había desembolsado $12 millones para sufragar los gastos del Sistema de Retiro de la Judicatura, incluyendo un sobregiro en el Departamento de Hacienda por $6.2 millones.
A la lista de calamidades particulares que aqueja a la ASR, hay que añadir las que también se han visto en otras agencias.
Por ejemplo, en 2008 renuncia Cancel Alegría para participar como candidato por un escaño en la Legislatura y la Junta de Síndicos le otorgó una bonificación de $35,000, que equivalía a cuatro meses de sueldo, como muestra de ‘agradecimiento’.
Después, en febrero 2008 se llevó a cabo el nombramiento de la licenciada Minia González Álvarez, en aparente violación a la veda. Ésta culminó funciones y llegó en junio de 2008 Harold González Rosado, quien era el administrador de la SRM. Su contrato fue por $160,000 anuales.
La Ley 7 ha significado un aumento inesperado de gastos en la ASR por el desembolso de las pensiones y aportaciones de los empleados que se acogieron al retiro voluntario o fueron cesanteado. El efecto millonario no es sólo este año sino perpetuo. Además, los empleados que esperaban contar con el dinero de retiro para paliar los efectos de su cesantía, se las verán difícil.
“Va a ver más desembolso porque hay más personas pensionadas, pero menos ingresos porque estas personas van a dejar de emitir sus aportaciones y los patrones dejan de emitir las aportaciones por ese empleado”, explicó Mayol. “El Gobierno va a tener un ahorro en la nomina porque no tiene que pagar ya ese sueldo, pero nosotros si vamos a tener que pagar a ese empleado su pensión hasta que fallezca”, resumió.
Del mismo modo, el dirigente de la Administración manifestó que el mayor efecto surge ante los pagos que se les desembolsan a los miembros del Sistema acogidos bajo la Ley 447 y la Ley 1, empleados que tienen derecho a una pensión mensual. Actualmente, la Administración cuenta con 89,847 pensionados y 11,646 beneficiarios de los cuales sus pensiones fluctúa entre un mínimo de $400 y un máximo de $6,444 , a los que se les añadirán los 745 participantes del Sistema que se acogieron al retiro voluntario.
Para el 2009 la ASR contaba con 173,784 participantes que, debido al retiro voluntario de la Ley 7, disminuiría a 172,725. Igualmente, para noviembre 2009 había cerca de 215 participantes del Sistema 2000 que aceptaron la renuncia voluntaria. La ASR no sabe todavía la cantidad de cesanteados a los que tendría que devolverle sus aportaciones.
En el documento de la Resolución establece que según las leyes (de los pensionados), si el participante tenía acumulado $10,000 ό más en la cuenta, sólo podían solicitar al Administrador la transferencia del balance total a un plan de retiro cualificado o a una cuenta de retiro individual (IRA, por sus siglas en inglés), o a una cuenta de retiro individual no deducible, que cumpliera con los registros del Código de Rentas Internas, pero no tenían derecho de recibir los fondos en un sólo pago global. Ante esta situación, Mayol Kauffmann le solicitó a la Junta de Síndicos su aprobación para emitir el pago del total de la cuenta del participante sin límite de cantidad a desembolsar y sin requisito de que se transfiriera a una Cuenta de Retiro Individual.
En esa resolución la Junta autorizó al Administrador a desembolsar el balance global de la cuenta (IRA), a cada uno de estos participantes que fueron cesanteados o se retiraron voluntariamente bajo la Ley 7, si lo solicitaban. La única limitación era que si la persona al momento de ser cesanteado estaba casada, debía tener autorización por escrito del cónyuge frente a un notario público u representante del Administrador. Además, que del balance a desembolsar le deducirían toda la deuda que tuviera el participante con el Sistema de Retiro del Gobierno y con otras entidades gubernamentales. De igual forma, se le cobrarían unas contribuciones que era determinada por el Departamento de Hacienda. Esta resolución le otorgaba este derecho al Administrador desde el 30 de septiembre 2009 al 30 de marzo 2010.
Para noviembre 2009 sólo se habían emitido dos pagos globales, del reembolso de las aportaciones de los participantes del Sistema 2000 se procesaron 213 y sólo se transfirieron los fondos a siete participantes. Estos datos corresponden a los que acogieron a la renuncia voluntaria. La Administración no pudo precisar lo relativo a los cesanteados.
En entrevista con el CPI, Mayol detalló que las alternativas ante el cuadro fiscal del Sistema son: aumentar la aportación patronal y del empleado, el desembolso a los ciudadanos a través de las contribuciones sobre ingreso, o efectuar cambios y reducciones en los beneficios que reciben los pensionados.
“Habría que aumentar la aportación patronal y del empleado en un 35 por ciento, pero entiendo que sería imposible. Sino, tendría que ser el pueblo de Puerto Rico el que corra con los gastos, porque el Gobierno no puede a través del Fondo General. Entiendo que habría que implantar las tres alternativas para realmente solucionar el problema”, declaró Mayol.
En la alternativa de aumentar la aportación hay que recordar el nivel de morosidad que municipios y agencias reflejan en ese trámite. En cuanto a la alternativa de las contribuciones, sería un peso tributario adicional al que enfrentan los asalariados por la implantación del IVU y los estragos de los 25,000 cesanteados del Gobierno. Igualmente, el reducir o eliminar los beneficios que reciben los pensionados significaría la pérdida de derechos adquiridos que de alguna forma aportan a solucionar la crisis económica.
Aunque cada empleado del Gobierno espera por una recompensa tras arduos años de trabajo, el estado económico actual de la ASR pone en riesgo la anhelada pensión, y las alternativas no son fáciles.
