Referido en Caso De Castro implica a ejecutivos de seguros

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(Actualizada)

Tres ejecutivos poderosos de la industria de seguros pudieron haber cometido soborno y lavado de dinero en el mercado de influencias que controló desde su silla pública el ex senador Jorge de Castro Font, según se desprende del referido del Fiscal Especial Independiente (FEI) que el Departamento de Justicia tiene pendiente desde enero.

La presidenta de Triple S, Socorro Rivas, el ex presidente de MCS, Carlos Muñoz Bravo, y el presidente de Chartis Insurance (antes American International Insurance Company), Francisco Díaz, habrían cometido los delitos de soborno, lavado de dinero, y aportaciones electorales ilegales al autorizar a la ex directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE), Betsy Barbosa, a pagar unos $50,000 para cubrir la deuda publicitaria de De Castro en la agencia Sajo, García & Partners. Los ejecutivos eran los dirigentes al momento de los hechos en el sistema de presidencias sectoriales que tiene ACODESE.

Barbosa es testigo en las investigaciones que las jurisdicciones federales y puertorriqueñas mantienen sobre la trama De Castro. Su testimonio, el del publicista de Sajo, Carlos E. García Anglada, y unos recibos de cajero automático ascendentes a $20,000 son las bases del referido contra los ejecutivos.

En juego no sólo está la responsabilidad penal de los ejecutivos, sino también cientos de millones de dólares en contratos de la Reforma de Salud de Triple S.

El referido también incluye una encomienda para que el Departamento de Hacienda determine la responsabilidad contributiva, y criminal, que tendría De Castro por los al menos $600,000 de ingresos ilegales que recibió entre 2005 y 2008 como parte del esquema.

El ex senador Carlos Díaz Sánchez, el convicto ex estratega de comunicaciones del ex Gobernador Pedro Rosselló, Alberto Goachet, y ACODESE como entidad jurídica también son objeto de las recomendaciones de radicación de cargos que refirieron los fiscales Ernie Cabán Santiago y Guillermo Garau Díaz antes de que Cabán fuera removido abruptamente de la investigación.

En un reacción escueta, ACODESE se limitó a decir que suspendieron a Barbosa en octubre de 2008 tras conocerse que estaba involucrada en la acusación federal contra De Castro, y que, en diciembre de 2008, “Barbosa renunció al cargo que ocupaba”.

Como parte de la vista preliminar contra De Castro, Barbosa dijo a preguntas de Garau que $30,000 del total pagado fue en cheques cofirmados por los ex directivos de ACODESE, y el resto en efectivo obtenido con la tarjeta de débito de la entidad. Precisó que las discusiones en la Junta de Directores sobre las exigencias de De Castro se hacían con la grabadora apagada y que a otros políticos se les pagó dinero mediante compra de taquillas a actividades.

Díaz Sánchez rebotado al FEI

Ya se conocía de la inclusión de Díaz Sánchez y Goachet en el referido pero hasta ahora no se conocían los detalles de los empresarios privados que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) constató tras obtener copia del referido que los fiscales hicieron el 19 de enero, después de esperar dos meses porque el panel que los controla tomara una postura sobre el documento.

Las seis personas referidas habrían tenido una “participación activa” en los delitos, según el documento. En mayo de 2009, el Colegio de Cirujanos Dentistas denunció los actos de Barbosa, y ACODESE, como “actos de corrupción (que) no deben quedar impunes, y los responsables -individuos y entidades- deben ser procesadas” por Justicia.

En el caso de Díaz Sánchez, Justicia lo refirió otra vez al FEI el jueves 25 de marzo para la correspondiente radicación de cargos. Para los demás, el único límite es el término prescriptivo de los delitos alegados. El secretario de Justicia, Guillermo Somoza, confirmó que el resto está sometido a la División de Integridad Pública el 22 de enero.

Triple S en precario

La disposición del Código de Ética para Contratistas sobre la cancelación de contratos gubernamentales por convicción criminal de los ejecutivos está sobre la mesa en el caso de Triple S, pero no en los de Chartis (que no refleja contrataciones públicas vigentes), ni MCS (porque Muñoz ya no es oficial suyo).

Triple S participa de la Reforma de Salud desde 1995 y han sido la empresa líder en ese plan gubernamental. Actualmente maneja tres de las ocho regiones de ese plan, dos bajo el esquema regular de primas y una adicional como administrador del proyecto piloto de contratación directa. De hecho, sus ganancias en el negocio público son tales que su informe a accionistas reconoce como un riesgo el que “dependemos de un pequeño número de contratos gubernamentales para generar una cantidad significativa de las ganancias de nuestro negocio de cuidado dirigido”.

Los contratos de Triple S y MCS en la Reforma ya se extinguieron pero el Gobierno ha extendido su vigencia mediante enmiendas, las más reciente de las cuales cubren hasta junio de 2010. En total, MCS aparece con negocios públicos vigentes valorados en unos $120 millones, mientras que Triple S tiene negocios públicos vigentes por unos $40 millones.

No es la primera vez que se ha mencionado a Triple S o MCS en trámites gubernamentales indebidos. Durante la controversia por el caso federal contra el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, el ex presidente de Triple S, Miguel Vázquez Deynes, admitió ante fiscales de Justicia y en foros públicos que donó ilegalmente cientos de miles de dólares a candidatos de ambos partidos principales mediante el esquema de que su empresa le cubriera gastos de publicidad a éstos.

Por su parte, MCS surgió como la empresa que aparentemente querían favorecer los ex ayudantes de La Fortaleza, Alejandro Figueroa y Diego Loinaz, en intercambios con la Administración de Seguros de Salud que les costó los puestos a ambos.

Díaz Sánchez y Goachet

Como ha quedado claro en la vista preliminar que se sigue contra De Castro, el empresario de vallas de publicidad, Ramón Mac-Crohon Blanco, es la base del referido contra Díaz Sánchez, quien también fue director de campaña de De Castro. Díaz Sánchez le pidió dinero al empresario para descarrilar el Proyecto de la Cámara 1574 que afectaría sus negocios. Conspiración, soborno, violaciones a la Ley de Ética, y petición ilegal de contribuciones serían los delitos cometidos por el ex senador. Las declaraciones juradas del también empresario Ramón Cabral Veras y del ex ayudante de De Castro, Carlos M. Díaz de Hostos, son parte de los fundamentos para proceder contra Díaz Sánchez.

En el caso de Goachet, quien tiene hasta el 24 de abril para ingresar a la cárcel federal y comenzar a extinguir su pena de tres meses, la recomendación es que sea procesado por soborno, lavado de dinero, y petición ilegal de contribuciones. Esto por el esquema de facturas falsas que desarrolló como ayudante legislativo de De Castro para recoger por lo menos $30,000 de empresarios. Las declaraciones del publicista García Anglada, del ex asesor Díaz de Hostos, y del presidente de la aseguradora National Insurance, Carlos Benítez Rivera, son la base del referido contra Goachet.


Omaya Sosa Pascual participó en la redacción de esta historia.