Piden documentos y designan ‘sospechosos’

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La fiscalía federal ya notificó a al menos dos ejecutivos de seguros que son considerados como sospechosos de delito en la pesquisa sobre ACODESE, y sometió requerimiento de documentos a por lo menos tres aseguradoras para que entreguen todo lo que tengan sobre sus vínculos con la Legislatura.

A Socorro Rivas, presidenta de Triple-S Salud, y al Dr. Carlos Muñoz, ex presidente de MCS, igual que a otros directivos cuyos nombres no han sido confirmados, se le notificó sobre su status de objetivo (target) cuando la fiscalía federal los invitó a contestar preguntas sobre las alegaciones de que, como directivos de la Asociación de Compañías de Seguro de Puerto Rico (ACODESE), autorizaron el pago de sobornos a legisladores.

Esa alegación, por parte de la ex directora ejecutiva de ACODESE Betsy Barbosa, fue la base para un referido que el ex Fiscal Especial Independiente (FEI) Ernie Cabán sometió al Departamento de Justicia en enero.

En el caso de los requerimientos, los han recibido al menos las tres empresas involucradas en el referido del FEI (SSS, Chartis, y MCS), así como Universal Insurance. A todas se les pide, para el período entre 2005 y 2008, cualquier documento que tengan en sus expedientes relacionados con ACODESE, incluyendo correos electrónicos, calendarios, agendas, o acuerdos de membresía. Las minutas de las reuniones serían crucial en este esfuerzo de recopilación de evidencia.

Pidieron también cualquier cosa relacionada con “reuniones con los miembros de la Legislatura de Puerto Rico, incluyendo ayudantes legislativos y asistentes” que tuvieran relación con la industria de seguros, y cualquier expediente sobre “esfuerzos de cabildeo a favor de ACODESE”. El período abarcado no incluiría los esfuerzos de cabildeo relacionados a la Reforma de Salud federal pero sí a las elecciones generales de 2008.

El uso del término “Legislatura” sugiere que el foco no son sólo los movimientos del ex senador Jorge de Castro Font, sino también los movimientos que se pudieron registrar en la Cámara de Representantes. Durante la vista preliminar contra De Castro, Barbosa indicó que habían dado dinero también al representante Antonio “Toñito” Silva pero lo calificó como dentro de los límites de la ley. Silva introdujo una resolución de felicitación cuando ACODESE celebró su 30 aniversario.

Las confirmaciones sobre el status de los investigados, los requirimientos de información a las aseguradoras, y el allanamiento a la sede de ACODESE el 7 de abril pasado, son indicativos de que los fiscales federales se preparan para abrir un Gran Jurado en este caso, probablemente después de que en los próximos días emitan acusaciones en el caso del senador novoprogresista Héctor Martínez.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) confirmó los datos mediante la inspección de los requerimientos así como el testimonio de personas allegadas a la pesquisa que pidieron anonimato precisamente por sus vínculos con la investigación.

Las implicaciones de la acusación o la inmunidad

Las implicaciones de una acusación criminal contra algún directivo tienen distinta magnitud dependiendo de si la empresa tiene o no tiene contratación pública vigente, o si el acusado sigue en su cuadro directivo o no, según la ley de Puerto Rico.

A pesar de que los contratos gubernamentales pueden tener disposiciones para cancelación en distintos escenarios, el Gobierno ha interpretado que, en lo referente a los contratos con las aseguradoras, la cancelación del contrato se activaría con la convicción en una serie de delitos, incluyendo soborno.

Bajo esta interpretación, la sola acusación no es suficiente para cancelar. Por lo que se conoce hasta ahora, la empresa que más estragos sufriría sería Triple S, quien ya ha advertido a sus accionistas que cualquier cambio adverso en sus contratos públicos amenaza su valor porque su negocio está muy atado a ellos.

Mientras que se conocen estos movimientos a nivel federal, en la jurisdicción local no hay indicios de cuán desarrollada pueda estar la pesquisa. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz ha dicho que ese cuerpo realiza una pesquisa sobre ACODESE para la cual extenderían acuerdos de inmunidad. Si las personas que reciben inmunidad legislativa coinciden con los que serían objeto de la pesquisa local, esos ‘sospechosos’ quedan protegidos de consecuencias personales y para sus compañías.

Bajo la ley de Puerto Rico, los contratistas tienen una obligación de notificar a las agencias cuando se enteren de que están siendo investigados pero ayer el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud, Domingo Nevárez, no estuvo disponible para confirmar si había recibido notificaciones a esos efectos.