Triple S Management confirmó en su más reciente informe trimestral que el mes pasado recibió solicitudes de información de la fiscalía federal (subpoenas), y que también las han recibido “otras empresas miembros de la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE)”, según lo adelantó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
La divulgación de Triple S confirma también otras confidencias recibidas al efecto de que, no solo algunas sino todas las empresas miembros de ACODESE recibieron requerimientos como parte de la investigación en torno a los pagos de soborno que realizó a varios legisladores la ex vicepresidenta ejecutiva Betsy Barbosa con la supuesta aprobación de los presidentes de las aseguradoras que estaban en la Junta de Directores de ACODESE.
Además de las solicitudes de Justicia federal, la compañía consignó en su informe trimestral sometido el 5 de mayo que Justicia local, y la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) también les hicieron solicitudes. “La Compañía cree que solicitudes similares se sometieron a otras compañías miembros de ACODESE en conexión con los alegados pagos por parte de la ex Vicepresidenta Ejecutiva de ACODESE a miembros de la Legislatura de Puerto Rico desde 2005”, lee el informe a la vez que aseguran que a Triple-S “no se le ha informado de la naturaleza específica de las investigaciones”.
“En este momento la Compañía no puede sopesar razonablemente el resultado de estas investigaciones o su impacto en la Compañía”, concluyeron. No hubo ninguna mención del hecho de que, según fuentes del CPI, a la presidenta de Triple-S Salud, Socorro Rivas, se le comunicó verbalmente que es objeto de la investigación federal.
La empresa, recién estrenada en el mundo de las compañías públicas y que cuenta entre sus accionistas al suegro del Gobernador y a la familia del Juez Presidente del Tribunal Supremo, tiene la obligación de divulgar a sus accionistas todo aspecto que pueda afectar las operaciones, incluyendo procedimientos legales. A pesar de lo que dice el informe trimestral, y de que la ley impone al contratista el deber contínuo de divulgar si es objeto de investigación, la Administración de Servicios de Salud (ASES) no ha contestado una solicitud que el CPI le tiene sometida desde el 19 de abril para que confirme si alguna de las empresas con contrato ha hecho esa divulgación.
El secretario de Justicia emitió una opinión en la que no toca a los contratistas actuales y sólo se limita a que los licitadores tendrán que acreditar su status de convictos o investigados. La interpretación que el Gobierno haga de las leyes de ética de contratistas es crucial para la solvencia de cualquier compañía actualmente con contratos, particularmente Triple-S, que ha calificado en sus informes como un “riesgo” el que la mayoría de sus ingresos está atado a contratos gubernamentales. Una convicción por delitos graves o menos grave relacionados a corrupción significaría que quedan vedados de contratación pública y hasta que tendrían que devolver lo que les pagó el Gobierno.
Sujetar las sanciones gubernamentales solamente al momento en que ocurra una convicción por comisión de delito da tiempo también a que los directivos involucrados salgan de la compañía. En el caso de Triple-S, Rivas sería la tercera directiva que queda involucrada en actos ilegales. Ya el ex miembro de la Junta de Directores, y ex jefe de finanzas de la campaña del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, Miguel Nazario Franco, se declaró culpable a nivel federal por obstruir la investigación contra Acevedo Vilá. Además, y en el contexto de ese mismo caso, el ex presidente Miguel Vázquez Deynes confesó públicamente que, como presidente, entregó decenas de miles de dólares en donativos ilegales a candidatos de ambos partidos principales.
Justicia local tiene pendiente una solicitud para que a la empresa se le cancele su certificado corporativo a la luz de estos hechos.
Enlaces:
Informe Trimestral de Triple-S Management
Piden documentos y designan “sospechosos”
