Ocho dueños de 112 máquinas de entretenimiento para adultos confiscadas por el Gobierno entre junio de 2009 y mayo de 2010 sometieron una demanda federal contra el Departamento de Hacienda por violación de derechos civiles en la que reclaman compensación de $6 millones.
Además de la compensación, los demandantes solicitan un remedio interdictal para prohibir que Hacienda prosiga con la incautación de las máquinas, lo cual aparentemente es el plan en curso después de la muerte del proyecto de videolotería.
La demanda fue radicada el 11 de junio, poco más de una semana después de que el secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, y el senador novoprogresista Roberto Arango anunciaran la radicación del Proyecto del Senado 1658 dirigido a eliminar todas las máquinas de entretenimiento para adultos que no estén en hipódromos o casinos.
Ese proyecto fue la reacción que tuvo la Administración Fortuño después de que la oposición legislativa y religiosa tronchara su intención de introducir el concepto de videolotería legalizada para atajar a las máquinas actuales y allegar al fisco el dinero de sus apuestas. (Ver historia relacionada)
Los demandantes reclaman que Hacienda violentó sus derechos cuando confiscó las 112 máquinas porque las licencias de las máquinas estaban vigentes. Sostienen que la dependencia los tiene sometidos a una “práctica sistemática de violaciones de derechos”, y que ha ocurrido una incautación ilegal de propiedad sin un debido proceso de ley.
“El demandado Puig ha calificado en los medios noticiosos a los demandantes como ‘evasores contributivos criminales’ y ha dicho que las máquinas son ilegales ‘per se’. Esas declaraciones son falsas y fueron emitidas solamente para difamar a los demandantes”, indica una de las alegaciones.
Los demandantes son: Replay Inc., con los establecimientos Replay Rest. Sport en Río Piedras y Doble Seis Sport TV en Caguas; Doble Seis Sport TV, con máquinas en Don Carlos Taco en Caguas y Dolar y Algo Extra en Bayamón; El Roble Entertainment, con el establecimiento Pirates of The Sea en Río Piedras y Guaynabo; LJ Entertainment, con el negocio High Time en Toa Baja; Rafael Hernández Canete, con máquinas en el Hypermercado Pitusa de Bayamón; O.E.H. Inc., con máquinas en Frigorífico Almacén Pérez Hermanos de Cayey; y Shop & Play Corp., con máquinas en Supermercado Econo de Caguas.
En el pliego se sostiene que cada una de las 112 máquinas incautadas de manera supuestamente ilegal tienen un valor de $4,000 y que cada una también había pagado a Hacienda una licencia de operación por $2,250 que estaba vigente al momento de la incautación.
El caso quedó asignado al juez federal ‘senior’ Salvador E. Casellas quien, antes de ser juez, fue a su vez secretario de Hacienda con la Administración Hernández Colón.
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