Gobernador extiende su influencia en el Poder Judicial

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A la vez que consolida una mayoría en el Tribunal Supremo, la Administración Fortuño se aseguró una nueva arma para extender su influencia en el Poder Judicial con una ley que aumenta los nombramientos de los jueces municipales a 12 años.

En lo que queda de cuatrienio, el Gobernador tendrá la oportunidad de nombrar a 26 de estos jueces quienes se destacan por ser los que usualmente presiden las vistas de causa para arresto. Esta vista es la primera etapa de los procesos criminales, se realiza sin jurado, y usualmente sólo con el testimonio de los agentes del Estado, o incluso sólo con declaraciones juradas. Además, los magistrados municipales manejan las recusaciones y controversias electorales, así como disputas sobre propiedades. Generalmente son la única, y por ende más poderosa, presencia judicial en sus municipios.


Todos estos nombramientos tienen que ser aprobados por el Senado, cuyo Presidente es un abogado criminalista, quien regularmente ha dicho que tiene planes de volver a la práctica privada. El Presidente y el senador Héctor Martínez, acusado a nivel federal por corrupción, fueron los autores de la medida que, según el tracto legislativo, fue tramitada sin vistas públicas.

La ley 87 del 26 de julio de 2010 dispone también una reducción en la cantidad de años de experiencia que se le va a requerir a los y las candidatos a jueces apelativos. Antes eran 10 años, ahora serán nueve. Las fuentes consultadas indicaron que la reducción viene como anillo al dedo a por lo menos nueve asesores legales actuales del Senado, la Fortaleza y la Cámara de Representantes. La Administración tendrá oportunidad de nombrar a tres jueces apelativos en lo que queda de cuatrienio.

“El elemento partidista está presente, en exceso, en el proceso de selección, nombramiento, y renominación de los jueces(zas) del sistema. También el amiguismo y las relaciones con personas en posiciones de poder se utiliza para obtener nombramientos y renominaciones en la judicatura”, indicó en una de sus conclusiones el abarcador estudio sobre la independencia judicial que publicó la Comisión de Derechos Civiles (CDC) en 2004.

“Esto se salió de lo jurídico hace rato”, indicó una fuente académica que prefirió no ser identificada, a la vez que resaltó que las justificaciones de la ley no cuadran con el resultado. Esto porque se habla de la necesidad de que los distintos tipos de jueces reciban un tratamiento escalonado, pero entonces le da a los municipales los mismos 12 años que tienen los superiores. Los apelativos sirven por 16 años y los del Supremo hasta los 70 años.

Una fuente en el Poder Judicial indicó que la ley fue notificada a los jueces hace apenas dos semanas y que, irónicamente, algunos de los jueces municipales de más reciente nombramiento reaccionaron molestos porque entraron al servicio cuando el término era de ocho años y ahora les aumentaron cuatro.

“Debe haber un primer término que no sea tan extenso, y que luego el juez se evalúe y entonces que los términos sean escalonados una vez usted pasa esa primera etapa. Vas a tener a una persona que lo que tiene son tres años de experiencia haciendo una función de juez por 12 años”, reaccionó sobre los jueces municipales la ex jueza Crisanta González, autora del estudio de la CDC, al conocer de la aprobación de la ley.

La exposición de motivos alega que la ampliación del término es necesaria porque el actual término de ocho años crea en los jueces “un sentimiento de incertidumbre e inestabilidad y a la vez atenta contra la independencia judicial”. Pero González ripostó que “nadie debe pensar que porque un juez va a estar 12 años, en vez de ocho, eso va a determinar que el juez va a decidir sin influencias externas, eso no lo va a determinar el período de tiempo”.

En una ponencia escrita, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) dijo de manera bastante pasiva que aumentar el término a los municipales atrasaba también la oportunidad de evaluar el desempeño con miras a una renominación, y que el requisito actual de experiencia para los jueces apelativos le parecía apropiado.

El otro ponente que aparece en récord es el Departamento de Justicia, que apoyó la medida. No surge que se haya consultado al Colegio de Abogados, la Asociación de la Judicatura, las escuelas de Derecho, o a ex jueces.