Ley 7 le tumbó $157 millones a Retiro

Imprimir Más

Mientras el déficit de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR) crece y su fecha de posible colapso se acerca, nuevas medidas gubernamentales, como la llamada Ley 7, siguen desangrando las finanzas y contribuyendo a lo que podría convertirse en la mayor crisis fiscal de la historia de Puerto Rico.

El déficit de la caja de ahorro de generaciones enteras de puertorriqueños ya va por $17,100 millones. Para mantener esa cifra en perspectiva, el Fondo General que alimenta las operaciones del Gobierno por todo un año tiene actualmente $8,195 millones, o lo mismo que menos de la mitad del déficit de Retiro. Si Retiro se queda sin dinero, por obligación legal el Gobierno tiene que asumir el pago de pensiones. Ese dinero sólo estaría disponible si se recortan más servicios o si se aumentan las contribuciones.

La intensificación en la otorgación desmedida de préstamos, la alta morosidad de corporaciones y municipios, la disminución de la matrícula de participantes, las cesantías efectuadas bajo la Ley 7, y las malas decisiones de inversión, son algunas de las piezas arrasadoras en la falta de solvencia.

A un mes plazo de que la Comisión Especial para la reforma de los Sistemas de Retiro rinda su informe, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) hace una recopilación y análisis de los problemas identificados en los Sistemas y de algunas de las soluciones que han estado bajo consideración. Específicamente, el plan de reorganización propuesto para consolidar la operación de los distintos fondos de retiro, y el alcance de la implantación de la Reforma 2000 (Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro).

Debacle sin frenos

Tanto la ASR como el Sistema de Retiro para Maestros (SRM) enfrentan déficits multimillonarios desde hace más de 10 años, de hecho, la agencia Bloomberg informó en marzo de 2009 que desde el 1951 la ASR tenía un pobre financiamiento en sus fondos de pensión. En la propia ley que estableció la Reforma 2000, se indica que “de no viabilizarse el financiamiento requerido o reformarse la base estructural del Sistema, éste colapsaría antes del año 2030”. Esa reforma implicó que todos los empleados que entraron al Gobierno después del 1 de enero de 2000 no tendrán derecho a una pensión, sino a una cuenta de ahorro tipo IRA.

Pese a esta medida, los informes actuariales al 30 de junio del 2009 revelan una insolvencia de fondos que ya llega a $17,100 millones en la ASR, $6,600 millones en el SRM, y $273 millones en la Judicatura.  Además, dichos informes establecen que la capacidad de pago de sus obligaciones (“funding ratio”) es de un 9.8 por ciento, 24.7 por ciento y 15.6 por ciento, respectivamente. Expresado de otra forma, de cada dólar que tienen comprometido, la ASR sólo cuenta con 10 centavos para pago, el SRM con 25 centavos y la Judicatura con 16 centavos. Por tanto, estos tres organismos se convierten en los de peor cobertura comparado con los de otros estados de Estados Unidos.

Los fondos de pensión ya tienen fecha de expiración. Según minutas de la Junta de Síndicos de la ASR, ese sistema “se quedaría sin activos netos para el 2014”, el de la Judicatura sufriría un colapso para el 2015, y el de Maestros se agotaría para el 2017. La Reforma de 2000, entonces, aparentemente hizo poco para salvar a Retiro.

Durante años la administración de estos tres sistemas ha efectuado diversas acciones que resultaron en un problema de flujo de efectivo.

Aportaciones que aportan poco

Las aportaciones a los sistemas son menos de las que los estudios financieros dicen que necesitan y que no existe “un mecanismo para reajustar automáticamente la suma que tienen que aportar los participantes y el Gobierno según requieren los estudios actuariales correspondientes”. Ante este hecho, los informes actuariales al 30 de junio de 2009 sostienen que el Sistema de Retiro de los Empleados Gobierno debería recibir $1,460 millones anuales de aportación patronal, pero sólo cuenta con $591 millones. En el caso del SRM tiene una deficiencia de $307 millones de los $477 millones en aportación patronal requerida. De otro lado, la Judicatura obtiene $10 millones en aportación patronal anual, cuando los actuarios reflejan que necesita $28 millones. En el caso de los jueces, es ilustrativo que son los funcionarios que más reciben en pensión. De hecho, los jueces del Tribunal Supremo se retiran con una pensión que es igual a su salario, reciben los aumentos que reciben los jueces activos y, al morir, entonces la pensión pasa a sus cónyuges viudos.

Gobierno adeuda $254 millones a Retiro

Aunque la Ley 305 del 24 de septiembre del 1999 establece que es una obligación compulsoria del patrono remitir las retenciones al Sistema a más tardar los días 15 del mes siguiente que se hizo la retención, muchos municipios y corporaciones públicas no hacen las remesas y utilizan esos fondos para sufragar sus gastos operacionales. Esto podría configurar un esquema criminal de apropiación ilegal de fondos públicos.

Según, el Informe de Cuentas por Cobrar provisto por la ASR al 30 de junio de 2010, la deuda de los municipios, corporaciones y agencias es de $254 millones y en su mayoría son por Leyes Especiales (dentro de los que está los programas de Retiro Temprano) y las aportaciones (patronales y del empleado).

La deuda de los municipios es de $89 millones. Cerca del 68 por ciento de los 78 municipios que tiene la Isla tienen deudas con la ASR por concepto de Leyes Especiales. Los programas de Retiro Temprano suman una deuda de $47 millones y las Leyes Especiales entre el 2002 al 2010 suman $31 millones. Las aportaciones patronales, pagos de préstamos personales y los intereses por morosidad completan la lista en la deuda municipal por un total de $8 millones.

Por otra parte, 39 corporaciones del Gobierno igualmente tienen deudas con la ASR por $85 millones, en su mayoría por Leyes Especiales. Dentro de estas leyes especiales le adeudan al Sistema $62 millones por las ventanas de Retiro Temprano. Asimismo, de $148 millones en deuda global de las corporaciones, el otro 21 por ciento son por las aportaciones (tanto patronales como individuales de los participantes de la Ley 447 y Ley 1). La otra gran demanda de lo adeudado es por los intereses de morosidad que son $16 millones y representan el 11 por ciento de la deuda global.

En el caso de las agencias, estas deben $12 millones que en su mayoría también son por Leyes Especiales, específicamente las ventanas de Retiro Temprano.

Los municipios con las deudas más grandes son: Maricao, Naguabo, Patillas, Salinas, Santa Isabel, Florida, Maunabo, Ciales, Guayanilla, Vieques, Yauco y Toa Baja. En las corporaciones, las de mayor morosidad son: la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) y la Administración de Servicios Médicos (ASEM). Los patronos con un término mayor de vencimiento en sus pagos de la remesa son: ASEM, y los municipios de Maricao, Santa Isabel, Yauco, Salinas, Vieques, Toa Baja, Patillas y Naguabo.

Dentro de este grupo, ASEM representa el 77 por ciento de la deuda global de las corporaciones con un débito de $62 millones. Precisamente, el caso de ASEM es uno de los más trascendentales, no sólo porque su deuda con el Sistema lleva desde el 2005 y cada vez sigue en aumento, sino porque desde hace más de tres años la ASR intenta negociar un plan de pago, pero sus gestiones han sido infructuosas. Según establece una minuta, en el 2007 el contable de ASEM, Ángel Rivera García, aceptó que la corporación emitía “deducciones (aportaciones individuales) de papel que se registraban en los libros pero no en nómina o efectivo” y “que el efectivo que reciben lo utilizan para pagar las operaciones, medicamentos y servicios”.

De otro lado, según detalla una minuta de la Junta de Síndicos del SRM de enero de 2010, el Departamento de Educación dejó de emitirle a este sistema cerca de $15 millones de aportación patronal. Además, una minuta de febrero de 2010 expuso que hasta la propia Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) le debía al SRM unos $54 millones por concepto de Leyes Especiales y a la ASR otros $35 millones por el mismo concepto.

El cantazo de la Ley 7

A pesar de la precaria condición de los sistemas de retiro, el gobernador Luis Fortuño impactó negativamente estas dependencias al implantar en el 2009 la Ley 7. Este estatuto significó un aumento inesperado en las obligaciones de las pensiones y una reducción en los ingresos de las aportaciones por los empleados acogidos al retiro voluntario o que fueron cesanteados.

Una minuta de la Junta de Síndicos de la ASR de noviembre de 2009 detalla que a raíz de la Ley 7 el Sistema dejó de recibir $157 millones en aportaciones. Aunque al cierre de esta edición la ASR no pudo determinar de cuánto fue el aumento final en la nómina de las pensiones ni de la devoluciones de las aportaciones, sí detalló que a mayo de 2010 hubo 830 pensiones solicitadas de las cuáles ya 701 fueron incluidas en la nómina. Asimismo, se procesaron 2,507 reembolsos de las aportaciones. Todo esto pesa a la ASR porque, o son personas que comenzaron a recibir pensión antes de lo esperado, o son personas que decidieron retirar los miles de dólares que tenían depositados en los sistemas.

Si comparamos los censos de los actuarios del 2009 con los del 2007, el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno tuvo una reducción de 11,050 participantes activos. Además, la cantidad de pensionados tuvo un aumento de 6,125 miembros. Asimismo el SRM tuvo un recorte de 2,210 participantes activos y un alza de 3,548 en la plantilla de pensionados. En el caso de la Judicatura los estudios actuariales muestran una disminución de 7 participantes activos y un incremento de 179 pensionados comparado con el 2007.

“El Gobierno va a tener un ahorro en la nómina porque no tiene que pagar ya ese sueldo, pero nosotros si vamos a tener que pagar a ese empleado su pensión hasta que fallezca”, había comentado al CPI el administrador de la ASR, Héctor Mayol Kauffmann.

Préstamos a tutilimundi

Otro problema en el déficit es el incremento desmedido en la otorgación de préstamos sin tener unos parámetros saludables para el Sistema, y los atrasos en el pago de los préstamos.

En el 2007, la ASR aumentó los topes de los préstamos personales (de $5,000 a $15,000) y de viajes ($5,000 a $10,000), tras unas enmiendas realizadas a sus reglamentos. Durante el año 2007 a 2008 se aprobaron 84,797 préstamos por un total de $718 millones de los cuales el desembolso a los participantes fue de $448 millones. En sólo siete meses, luego del aumento de los montos,  el Sistema desembolsó $350 millones en préstamos, lo que equivale al otorgamiento de unos 750 préstamos diariamente. Esto siguió y para el año 2008 a 2009 fueron otorgados 72,610 préstamos por un total de $636 millones, de los cuales se desembolsó $265 millones.

Sin embargo, la ASR todavía no ha modificado los topes y durante el año 2009 al presente se ha aprobado 75,458 préstamos por un total de $698 millones, de los cuales se han desembolsado $248 millones. Actualmente, la cartera de préstamos de la ASR desde el 2006 al presente tiene un valor de $2,300 millones para un total de 294,251 préstamos aprobados.

En el caso del SRM el valor de su cartera de préstamos hasta junio 2010 es de $310 millones por un total de 36,323 préstamos. El 90 por ciento de la cartera son préstamos personales.

Inversiones perdidosas

Ante la deficiencia de efectivo y como solución para evitar un colapso en el 2015, la ASR realizó tres emisiones de bono en el 2008 por un total de $3,000 millones. En esta estrategia de inversión la firma UBS Financial Services de Puerto Rico (UBS) fungió como principal protagonista, donde no sólo asesoró a la ASR sino que mercadearon los bonos entre sus clientes. Pero, por eventos que son objeto de una demanda federal, dicha estrategia no obtuvo el rendimiento esperado. (Ver historia relacionada)

Por lo tanto, sin resolver el déficit, esta racha de inversiones lo que hizo fue añadir una deuda de $2,900 millones con un compromiso de pago por 50 años, que se sufraga de las precarias aportaciones patronales. De hecho, la cuenta de pago a los bonistas alcanza los $167 millones anuales y se espera aumente a $217 millones para el 2021. El último estado actuarial del 2009 especificó que la obligación del sistema en el pago de los intereses de los bonos fue de $187 millones.

A marzo de 2010, una minuta de la Junta de Síndicos del SRM concluye que “el Sistema no cuenta con una cartera de inversiones balanceada”, por lo que ahora la Junta intenta reestructurar las inversiones.

Aumentos de beneficios como si el dinero no faltara

Desde el 1958 se han aprobado más de 26 estatutos especiales ligados a la otorgación de beneficios para pensionados. Entres éstas, hay aumentos en las pensiones, los beneficios de participantes de alto riesgo, los pagos de defunción, los bonos de verano, los bonos de medicamentos, los bonos de navidad, los planes médicos, las pensiones de viudas y beneficiarios de los policías y las pensiones de las viudas de ex gobernadores o de presidentes de la Cámara de Representantes y Senado. Este incremento de beneficios se han efectuados no sólo por el Partido Nuevo Progresista (PNP) sino también por el Partido Popular Democrático (PPD).

Por ejemplo, entre el 2007 y 2008 se aumentaron las pensiones mínimas de $300 a $400 y se incrementaron hasta un 3 por ciento las pensiones menores de $1,250 mensuales. Asimismo, recientemente se efectuaron alzas en los bonos de navidad y verano. Por otra parte, durante el 2009 la Asamblea Legislativa sometió 134 proyectos relativos a aspectos sobre retiro. Mayol Kauffmann abundó que actualmente existen 40 leyes especiales vigentes.

El gran problema de estos aumentos es que se han establecido sin estudiar claramente la viabilidad de costearlo, lo que trae consigo la deficiencia en el presupuesto de este renglón debido a los atrasos de las entidades pertinentes en el pago de los fondos a los sistemas.

Al momento, según los actuarios del 2009 la obligación del Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno en este renglón es de $999 millones, del SRM unos $411 millones y la Judicatura $16 millones. Lo que resulta en un alza de $364 millones, $190 millones y $5 millones, respectivamente, al comparar con los análisis financieros del 2004-2005, que fueron antes de los recientes aumentos.

Costeo de gastos de otros sistemas

Finalmente, está el desembolso de fondos de un sistema para resolver las deficiencias de otro. Por ejemplo, para febrero del 2008 el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno le había desembolsado $12 millones al Sistema de Retiro de la Judicatura para el pago de sus gastos operacionales, entre los que estaba un sobregiro al Departamento de Hacienda por $6.2 millones. En otro caso, durante el 2004 la ASR le pagó al SRM $600,000 por las aportaciones patronales de 300 empleados del Departamento de Educación acogidos a la Reforma 2000 que este sistema había desembolsado. Durante la transferencia al SRM, estos empleados ganaron el derecho a una pensión en vez de sólo cuentas individuales indeterminadas.

Alternativas cuestionables

Buscando la manera de salvaguardar los sistemas, su administración y el Gobierno Central han presentado una serie de medidas, pero todavía no se ha aprobado ninguna y no es seguro que realmente resuelvan en vez de empeorar.

La Junta de Síndicos de la ASR estudia un aumento de las aportaciones patronales y del empleado en un 35 por ciento, la reducción o eliminación de beneficios y el cobro a todos los ciudadanos, sea o no empleados del Gobierno, a través de un incremento en las contribuciones sobre ingresos.

El alza en las aportaciones es sugerido desde hace más de 35 años, incluso en el 1990 fue establecido los parámetros actuales. Una minuta de agosto de 2009 apunta que la Judicatura debe aumentar su aportación patronal en un 33 por ciento. Mientras, los informe financieros recomiendan un alza en la aportación patronal a un 30.34 por ciento.

Actualmente, las contribuciones suman a un total de 17.5 por ciento (9.275 por ciento de aportación patronal y 8.275 por ciento de aportación de los empleados).

Sin embargo, al tomar en consideración dichos incrementos, la interrogante es que estos fondos lleguen a las arcas de los sistemas debido a la morosidad de los patronos en el pago de las remesas. Otro punto que habría que evaluar es si el aumento de las aportaciones de los empleados debe ser todos los sistemas al mismo por ciento. Por ejemplo, el promedio del salario anual de un empleado acogido al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno es de $26,820 (alrededor de $2,235 mensuales). Sin embargo, el promedio de salario anual de un empleado de la Judicatura es de $88,657 (alrededor de $7,388.10 mensuales).

La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, favorecería que el aumento en aportaciones sea escalonado, pero se opuso a la reducción de beneficios porque “ya más no podemos reducirle los beneficios, porque tú tienes más de 5,000 maestros que viven con pensiones de menos de $700 y que no tienen Medicare, que tiene que sacar de su bolsillo para los medicamentos, que la Asociación sólo le cubre hasta $1,500”.

En el caso del Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno, los documentos afirman que el promedio mensual de beneficios por pensionado es de $1,088, por incapacitado $543 y beneficiarios $288. En contraste, los beneficios para los empleados de la Judicatura casi triplican los de los otros dos sistemas. El promedio mensual de pago a los pensionados de la Judicatura es de $4,263 y  de $1,479 para sus beneficiarios.

Otras opciones en la mesa de la ASR y el SRM son la disminución en los topes de los préstamos, el aumento en el tiempo renovación y la venta de la cartera, para lo cual hay dos proyectos sometidos en el Senado. Igualmente, proponen mecanismos legales con el apoyo de otras dependencias para resolver la morosidad de los patronos. Para esto se iniciaron conversaciones con el Departamento de Justicia en vías de formalizar referidos por morosidad pero esto, ni tampoco otras medidas de deducción de fondos para municipios y corporaciones públicas, han tenido resultado todavía.

Sin embargo, a la vez que se empuja para obtener medidas punitivas contra los morosos, la ASR está considerando condonar la deuda de su deudor mayor, ASEM, confirmó Mayol Kauffmann.

Reforma y Reorganización

La más trascendental y criticada propuesta del Gobierno es volver a reformar los sistemas mediante fusionarlos, según propone el Plan de Reorganización que el Gobernador presentó a la Legislatura en abril de 2010. Con la creación de la Administración de los Sistemas Públicos de Retiro, se establecería una sola Junta de Síndicos para los tres sistemas compuesta por 11 miembros y un Comité de Inversiones.

Actualmente, los gastos administrativos de los sistemas son: $46 millones del Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno, $25 millones del SRM y $986,000 de la Judicatura. El plan asegura que los fideicomisos, que se nutren principalmente de las aportaciones y del rendimientos de las inversiones, mantendrían su independencia, identidad e integridad al quedar separado sus fondos y obligaciones.

Desde su develación, las tres organizaciones que representa a los maestros (AMPR, la Federación de Maestros de Puerto Rico y Educadores Puertorriqueños en Acción) expresaron su repudio al Plan. Entre los planteamientos expuestos están que se produciría un desmantelamiento y privatización de los sistemas, que los empleados no tendrían influencia en la Junta de Síndicos, y que le concedía poderes absolutos al Administrador. De hecho, sustenta sus posiciones aludiendo que las estructuras del ASR y del SRM son distintas, pues los maestros aún mantienen el derecho a una pensión, mientras los demás empleados públicos sólo tienen una cuenta de retiro individual.

Díaz declaró que “estando nuestro Sistema de Retiro todavía en una condición que podría mejorarse con unas medidas donde tanto el Gobierno como los maestros pongan de su parte, no hay necesidad de fusionarlo con otro sistema que está en una condición que ya es insalvable”. Añadió que la fusión administrativa ya se está realizando, que el SRM está sufragando servicios en la ASR, y que Mayol Kauffmann “lo que hizo fue consolidar de la manera más sutil posible y después legislar para validar lo que había hecho”. Igualmente, según informó El Nuevo Día, el presidente de la Asociación de Pensionados, Roberto Aquino García, no endosa el Plan.

Aún con unas enmiendas del Ejecutivo dirigidas a que cada sistema mantenga su propia Junta, en junio de 2010, la presidenta de la Comisión Cameral de Sistemas de Retiro de Servicio Público, Lourdes Ramos, mostró objeciones al Plan porque no le han demostrado que en efecto se producirán eficiencias económicas y administrativas por $12 millones anuales que alega el Gobierno.

Mientras tanto, Mayol Kauffmann aseveró que “no voy a despedir un montón de gente, no voy hacer cambios drásticos, pero yo aseguró que (con el Plan) puedo bajar estos gastos”. Además, dijo que cada sistema pagaría por la administración consolidada proporcionalmente de acuerdo a su matrícula. Por ejemplo, planteó que si se logra bajar los gastos operacionales a $50 millones en total, pues el SRM tendría que desembolsar el 25 por ciento, el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno el 65 por ciento y el otro 10 por ciento la Judicatura, lo que implicaría ahorros significativos para cada uno.

El Plan también trae la duda de si los fondos de Retiro se usarían para sufragar otros gastos gubernamentales, a lo que se opone la representante de los maestros, quien adelantó que el devenir de este Plan puede provocar una huelga en el magisterio. Mayol Kauffmann advirtió que “si no se hace nada, pues sabes que de aquí a unos años OGP va a tener que presupuestar el pago de las pensiones”.

Paralelo al Plan, en marzo de 2010 el Gobernador estableció la Comisión para la Reforma de los Sistemas de Retiro, que causó suspicacia porque, según Díaz, “no hay casi representación de los empleados públicos”.

Los miembros de la Comisión son: Aquino, el Presidente de la Asociación de Pensionados del Gobierno; Ángel Febus, el Director Ejecutivo de la Comisión Especial Permanente de los Sistemas de Retiro; Brian Kloop, economista laboral del American Federation of State, Country and Municipal Employees; Stephen Abrecht, el Director de Investigación y Administración Capital del Service Employees International Union; Luis Felipe Navas, este ex juez es el representante del Senado; la licenciada Ana Rivera Vicenti, como representante de la Cámara; Glenn D. Bowen, del actuario principal y consultor de Milliman, Inc.; William B. Fornia, Vicepresidente Senior de Aon Consulting y la presidenta del AMPR. Esta Comisión es presidida por el secretario del Departamento del Trabajo, Miguel Romero.

Tras dos reuniones, las recomendaciones de los miembros quedaron sometidas a principios de agosto con miras a un informe final el 30 de septiembre después de una evaluación técnica de viabilidad.

¿Se puede evitar el colapso?

El economista Gustavo Vélez, quién fungió como asesor del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá durante el 2005 al 2006, opinó que el principal problema para el deterioro de los sistemas es que no ha habido políticas públicas claras para su manejo y las malas decisiones de inversión acabaron con agudizarlo y ponerlos al borde de un colapso. Añadió que “había una práctica de utilizar el dinero del Sistema de Retiro Central para financiar el déficit operacional del Gobierno”.

En cuanto a las alternativas propuestas para solucionar el problema de flujo de efectivo en los sistemas, Vélez destacó que con respecto al aumento de las contribuciones siempre se concentra en el mismo sector que es la clase asalariada. Además, aseguró que el País no aguantaría otro impuesto. No obstante, apoyó una combinación híbrida entre el aumento de la aportación patronal y los recortes en los beneficios.

En el caso del plan de reorganización, Vélez resumió que el esfuerzo consiste en lograr una economía en la administración para obtener unos beneficios a la vez que se centraliza la gerencia que ahora mismo está fragmentada. “Yo creo que va ayudar, pero no va a resolver el problema, adelanta parte de la solución pero no es la solución en sí”, señaló a la vez que alertó que “no se puede hacer un merge (fusión) de todos los sistemas porque son diferente fondos y diferentes estructura operacionales”.

Finalmente, reiteró que hay que evitar que los sistemas colapsen, que todavía están a tiempo y que el costo debe distribuirse entre varios sectores.

Vea también:

La bomba de Retiro explota en 8 años y no hay quién la desarme 

*Esta investigación fue desarrollada y publicada gracias al apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).