Golpe de Estado a las Estadísticas

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Mientras todos protegían la vida y la propiedad en medio del Huracán Earl, el Presidente de la Junta de Planificación (JP) y nuevo secretario general del Partido Nuevo Progresista, Héctor Morales, utilizaba los últimos dos días que le quedaban en el puesto público para destituir a toda prisa y de manera presuntamente ilegal al Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas (IE), Dr. Mario Marazzi.

El Instituto fue creado por ley debido al estado precario y de poca confiabilidad de las estadísticas gubernamental, y ha sido torpedeado históricamente por distintas administraciones de gobierno porque dificulta la manipulación de las estadísticas y provee amplio acceso a la información a la ciudadanía. La remoción de Marazzi responde a que bajo su dirección la agencia, cuya incomienda es velar por la pureza de data que produce el gobierno y promover su divulgación, ha demandado a otras agencias que incumplen con este mandato sin consultar con su Junta de Directores.

La determinación fue tomada el domingo 29 de agosto a las 7:10 de la noche, según copia de la Resolución de la Junta obtenida por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), donde no sé dice como quedó la votación de los siete miembros: el profesor Evaristo Sánchez, Morales, el profesor Ángel Ruíz, el profesor Félix Cué, la planificadora Nannete Ortiz, la Decana de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Sonia Ballet, y el estadístico de ventas de Axxesa, Marcos Matos. Cinco de estos siete miembros han sido nombrados por el Gobernador Luís Fortuño.

El Artículo 10 de la Ley del Instituto establece que el Director Ejecutivo, quien es nombrado por un término de 10 años, sólo puede ser destituido por justa causa, previa a la formulación de cargos y oportunidad de ser oído lo que no ocurrió.

El documento sostiene que la razón de la suspensión “sumaria”, “inmediata”  e “indefinida” de Marazzi es que éste actuó en forma “ultra vires” (sin autoridad legal) al demandar al gobierno y en particular al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para que publique el nuevo Índice de Precios al Consumidor que tras 15 años de inconsistencias fue revisado. El Departamento no ha publicado esta importante estadística desde enero.

Morales, en funciones plenamente políticas a partir de mañana 1 de septiembre, era al momento el representante del Gobierno en la Junta del Instituto y, según tres fuentes cercanas que pidieron no ser identificadas por temor a represalias, convenció a una mayoría de los miembros para que aprobasen la suspensión de Marazzi y una investigación de las demandas que ha incoado en contra de otras agencias porque presuntamente las ha radicado sin aprobación de la Junta.  El ahora ex presidente de la JP y ex miembro de la Junta del Instituto no devolvió llamadas ayer para ofrecer su versión de los hechos.

Inexplicablemente la acción fue informada a los medios en un comunicado que hace un sin número de imputaciones serias sin atribución, como que Marazzi quería publicar información “errónea”, y que salió directo de la JP, cuando Morales es un simple miembro de Junta del Instituto. De hecho, la persona contacto del comunicado es el secretario de prensa de la JP, Tulio Endi y ni él, quien tampoco estuvo disponible para dar explicaciones.

El parte también informa que el Director Ejecutivo interino del Instituto es el Director Ejecutivo de la JP, Manuel Cardona Martínez, y le atribuye la totalidad del anuncio al Presidente del organismo, Evaristo Medina.

En evidente asombro Marazzi –graduado de las prestigiosas universidades de Harvard, London School of Economics, y Cornell y ex economista de la Reserva Federal en Washington- desmintió la información.

“Me he comunicado con el Presidente de la Junta de Directores, el Prof. Evaristo Medina.  El Prof. Medina me ha indicado que el no ha participado en ninguna expresión pública relacionadas con el Instituto.  Por lo tanto, el comunicado de prensa que ha estado circulando en el día de hoy en el cual se le atribuyen expresiones al Prof. Medina no es correcto.  No conocemos la fuente del comunicado que ha estado circulando”, afirmó.

El Dr. Marazzi declinó hacer comentarios adicionales por lo que no precisó qué acciones legales, si alguna tomará.

No fue posible lograr comunicación con Medina y los demás miembros de la Junta.

La dimisión fue duramente criticada por el Presidente de la Cámara de Comercio, el ingeniero Raúl Gayá, quien defendió la gestión del economista, dijo que se ha ganado la confianza del sector privado, y sentenció que sacarlo del Instituto es “un error”. De paso, defendió el nuevo Índice de Precios al Consumidor que el Gobierno se rehúsa a publicar y que fue elaborado por el Instituto en colaboración con varias organizaciones

“Este índice es muy conocido entre los inversionistas ya que mide las presiones inflacionarias así como la actividad económica de la manufactura, resultados que son relevantes para los inversionistas”, afirmó sobre el índice censurado en un comunicado donde además dice que sus socios están reclamando esta información.

“No hemos podido ofrecerla pues en la Junta de Planificación no está disponible, y tampoco nos han podido ofrecer una respuesta convincente en torno a la razón por la cual la misma no está disponible”, agregó.

“Cualquier agencia o instrumentalidad que sea parte del gobierno carece, por
su propia naturaleza, de autonomía e independencia de criterio.  Cualquier
esfuerzo como el del Instituto de Estadísticas, para ser realmente
independiente, creíble y útil tiene que existir fuera del control fiscal y
gerencial del gobierno”, apuntó a su vez  Miguel Soto Class, Presidente del Centro para la Nueva Economía.

El Instituto, que ha sido planteado como una necesidad por gobiernos populares y penepés debido las serias deficiencias de y cuestionamientos de diversos sectores a las estadísticas gubernamentales, información que es indispensable para el establecimiento de la política pública y de soluciones a los problemas del país. Por su importancia el puesto se creó con una duración de 10 años al igual que otras posiciones de fiscalización del gobierno al propio gobierno tales como el Contralor y el Director Ejecutivo de Ética Gubernamental, entre otros.

Según el parte y la citada Resolución, la actual Junta decidió remover al funcionario por acudir a los tribunales para que se obligue a algunas agencias a corregir y publicar sus estadísticas en cumplimiento con el mandato de ley del Instituto.

“Esto es una excusa. Lo cierto es que quieren desmantelar el Instituto”, afirmó una de las fuentes indicando que les impide manipular las estadísticas.

Según la exposición de motivos de la Ley del Instituto, el mismo se crea precisamente para evitar el “conflicto de interés” que se crea cuando las agencias son a la vez las que consumen y producen la información sobre ellas mismas lo que las expone críticas de manipulación y ha causado “la crisis actual de credibilidad en la información que suple el Gobierno”.

Bajo el la dirección de Marazzi, quien lleva tres años a cargo y ha logrado un avance significativo en el acceso del público a las estadísticas de gobierno, el Intituto  ha tenido que demandar a varias agencias de gobierno por acceso a información para poder cumplir con su mandato de ley. Entre ellas figuran un interdicto para obligar al Departamento del Trabajo a publicar los nuevos índices de precios al consumidor y al Departamento de Salud para que ponga al día las estadísticas de causas de muerte del país de la última década por errores crasos.

El CPI también ha tenido que acudir a los tribunales en siete ocasiones en los pasados dos años debido a la renuencia frecuente del gobierno a entregar información pública, incluyendo las estadísticas de causas de muerte de Salud, y el tema de la dificultad del acceso a la información del Gobierno ha sido planteado también por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico.