Fortuño protege a Superintendente, pero sindicatura es inminente

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“Nuestra investigación sigue abierta y pendiente. Nuestra investigación está enfocada en alegaciones de que agentes de la Policía de Puerto Rico se han enfrascado en actos de uso excesivo de la fuerza, allanamientos e incautaciones inconstitucionales, y acciones policíacas discriminatorias”, indicó la semana pasada Xochitl Hinojosa, portavoz de la SLE, mientras el país se estremecía con el arresto de un centenar de agentes por supuesta protección a transacciones de droga.

El reciente nombramiento del monitor policíaco, licenciado Efraín Rivera Pérez, no estuvo coordinado con la SLE y no detiene los planes de esa unidad de la División de Derechos Civiles de Justicia federal. De hecho, fuentes con conocimiento de las discusiones en la Mansión Ejecutiva indican que ese nombramiento fue la culminación de un tirijala durante el que se llegó a acordar que el Superintendente José Figueroa Sancha sería despedido. Los argumentos para “botar” al jerarca policíaco incluyeron que mantuvo a La Fortaleza a oscuras del desarrollo de la investigación de la SLE y que su inacción en la misma es la que tiene a la Policía de Puerto Rico a punto de unirse a Detroit, Los Angeles, y Miami, en la lista notoria de ciudades con cuerpos de seguridad sometidos a una sindicatura porque no son capaces de corregirse a sí mismas, o evitar la violación de derechos a los ciudadanos. Fortuño detuvo la acción que ya habían acordado todos los demás componentes de su equipo de trabajo.

Hinojosa también aclaró que las reuniones que Fortuño y Figueroa sostuvieron en Nueva York la semana pasada, y que se presentaron como sesiones de trabajo con Justicia federal sobre las fallas en la policía, no tienen nada que ver con la investigación pendiente de la SLE. “El Servicio de Relaciones con la Comunidad (con la que se reunieron los funcionarios en Nueva York) no tiene ninguna autoridad investigativa o judicial”, aclaró la portavoz.

La intervención de la SLE sería la tercera que hacen en Puerto Rico en los últimos 15 años. Durante la Administración Rosselló, formalizaron su intervención en el sistema de instituciones juveniles, y con las clínicas y hospitales de salud mental. En ambos casos, y como ocurriría en la Policía, la intervención es a través de una demanda civil en el Tribunal Federal que es similar a una demanda de clase.

La SLE notificó su pesquisa mediante carta a la Policía en julio de 2008 por eventos de violaciones a la comunidad dominicana, pero se ha ensanchado para incluir eventos posteriores como las recientes muertes de civiles a manos de agentes, y la respuesta policíaca a manifestaciones civiles como la del 30 de junio en el Capitolio.

A pesar de solicitudes repetidas, la Policía ni La Fortaleza entregaron copia de la carta, pero un escrito sometido al Primer Circuito de Apelaciones la semana pasada en la demanda civil por el asesinato de Miguel Cáceres ofrece una mirada amplia y actualizada a las fallas que tiene la Policía como agencia.

Para ese caso, los demandantes han constatado que el agente asesino, Javier Pagán, tenía querellas por uso excesivo de fuerza y específicamente dos por violencia doméstica y corrupción; que no atendió el tratamiento sicológico que se le ordenó; que se le restableció el uso de su arma sin cumplir con este tratamiento; que seis años después de las querellas se recomendó su expulsión; que a pesar de la orden de expulsión fue ascendido a la Unidad de Operaciones Tácticas de Humacao; que el ex Superintendente Pedro Toledo primero reafirmó la orden de expulsión y luego la redujo a una suspensión de 60 días; que recibió una evaluación positiva después de cumplir la suspensión; y que, tan solo una semana antes de asesinar a Cáceres, el agente presenció un incidente en Las Piedras en el que otro oficial mató a un joven.

Relacionado a esa muerte en Las Piedras, Pagán nunca fue entrevistado como parte de una investigación. De hecho, la policía no tiene protocolos sobre la actuación que deben tener los oficiales que presencian cuando otro agente aplica fuerza o mata a una persona.

Aunque La Fortaleza y la Policía se han negado a informar sobre el ámbito de la investigación federal, ese tipo de intervención, que usualmente dura por lo menos 18 meses, sería indicativo de que “la mala conducta policíaca es la forma de operación regular de la agencia, la práctica normal, en vez de la excepción”, según material institucional de la SLE.

Entre las medidas disponibles bajo una sindicatura están el procesamiento criminal de casos específicos de violación de derechos y la eliminación o congelamiento de los fondos federales.