La brutalidad policiaca, el abuso contra los derechos civiles y hasta muertes de ciudadanos por agentes de la Policía de Puerto Rico no son asuntos nuevos ni que tomen por sorpresa a la ciudadanía.
Fueron, de hecho, varios incidentes de brutalidad policiaca, violación de derechos civiles y asesinato de ciudadanos del país, los que jamaquearon los cimientos de la Policía de Puerto Rico en el año 2007.
Estos incidentes alimentaron la pérdida de confianza en la Policía, provocando que su entonces Superintendente, licenciado Pedro Toledo, designara un “Comité Evaluador Externo” de ciudadanos para analizar al cuerpo y presentarle recomendaciones de política pública, a raíz de los sucesos de brutalidad policiaca, violación de derechos civiles y corrupción reportada y documentada en el cuerpo policial. El Comité rindió dos informes, uno en diciembre de 2007 y el segundo, sobre la corrupción, en mayo del 2008.
El detonante de la crisis en la institución policiaca lo constituyó la difusión por la televisión del país, de un video aficionado de la muerte, por ejecución, de un ciudadano indefenso, que se encontraba en el piso y de espaldas, por un miembro de la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía, en presencia de otros miembros de la Uniformada, ocurrida el 11 de agosto de 2007, en el sector Punta Santiago de Humacao. De no haber sido por el famoso video, el asesinato del líder deportivo y comunitario de Humacao, Miguel A. Cáceres Cruz, quizás hubiera sufrido la misma suerte que tantos otros casos similares, antes y después del suyo, se hubiera enterrado en el olvido y su autor habría sido exonerado del crimen.
Ese año había comenzado el 25 de enero con un incidente que vino a llamarse La Masacre de Las Piedras. Dos policías nacionales, Javier Santiago Velázquez y su esposa Jesly Ann Márquez Ares, fueron acusados de dar muerte con sus revólveres de reglamento a los padres de la primera y a su cuñada Ruthie Velázquez, en el sector Miraflores del Municipio de Las Piedras. Se cree que el incidente fue generado por una disputa sobre unos reductores de velocidad. Los policías acusados fueron expulsados sumariamente de la Uniformada. Un teniente había sido removido de su puesto de jefe de Distrito por no ordenar antes que se desarmaran a los policías ante el peligro que existía por las discrepancias.
El jueves 16 de agosto de 2007, menos de una semana después del asesinato de Cáceres, la prensa informó de “otra agresión policial” en el municipio de Loíza, esta vez una golpiza a un hombre y apuntar con pistola a su esposa e hijo.
En Cabo Rojo ocurrió la muerte por un balazo por la espalda del joven Rodríguez Maya, por el policía Adrían Cardosa Cardosa. La Fiscalía de Ponce relevó de responsabilidad al policía.
El 12 de septiembre de 2007 ocurrió otra desgracia en Yabucoa. El sargento Carmelo Ramos Soto, luego de varios años de alegadas rencillas con su superior, el Teniente Jesús Fernández Hernández, le disparó a éste causándole la muerte en el mismo cuartel de la Policía. El sargento fue acusado de asesinato pero alegó defensa propia.
Por otro lado, el patrón de violación de derechos civiles se reflejó también en intervenciones de la Policía en la comunidad predominantemente negra de Villa Cañona, en Loíza, donde residentes se querellaron por actos que incluían abuso de poder, uso de epítetos raciales y palabras soeces de los policías hacia ellos. Igual ocurrió con la fabricación de casos criminales a residentes del Residencial Candelaria de Mayagüez, e intervenciones ilegales y uso de fuerza contra deambulantes y usuarios de drogas y los reclamos contra la Policía por el uso de fuerza contra quienes protestaban la construcción ilegal del proyecto Paseo Caribe en la entrada de la isleta de San Juan.
El 24 de septiembre se constituyó el Comité. Sus integrantes fueron Ileana Colón Carlo, Benny Frankie Cerezo, Manuel J. Fernós, Carlos Gallisá Bisbal, Pedro Malavet Vega, Dolores Miranda Gierbolini, Arturo Negrón García, Dora Neváres, Rafael Padró, José Jaime Rivera, Celina Romany Siaca, Lorelei Sandoval, Nora Vargas Acosta y Enrique Vélez.
En la reunión celebrada en esa fecha, el Superintendente Toledo planteó recibir la evaluación del comité externo, a raíz de los sucesos de brutalidad policiaca, violación de derechos civiles y corrupción reportada y documentada en el cuerpo policial. Consideraron, según el informe que rindieron, que en toda organización era de esperarse “que surjan situaciones y eventos en los cuales sus miembros incurren en actos contrarios a sus propósitos, en perjuicio de las personas servidas. No obstante, actos de violencia, agresión, abuso de poder, violación de derechos civiles y corrupción entre los miembros de la Policía del país son intolerables por tratarse de atentados a la vida y libertad de la ciudadanía. Además, son los legitimados protagonistas de la ley y orden. La frecuencia de dichos incidentes aparenta incrementarse y su frecuencia va más allá a lo esperado al azar. Estas acciones provocan la desconfianza por parte de quienes la Policía tiene como deber ministerial proteger y asistir. Además, sugiere que el problema trasciende los personajes particulares, para tratarse de factores situacionales e institucionales. Visto así, se justifica una evaluación externa de la agencia.”
Interesantemente, se anotó que “Es importante esclarecer el marco conceptual de la Policía de Puerto Rico. Según su Ley, se parte de una perspectiva de Mano Dura Contra el Crimen, cuya significación merece esclarecer. Tal política pública nos sugiere una acción afirmativa con connotación agresiva a como dé lugar. Esta visión contribuye a la construcción del imaginario social del miedo en la cual los ciudadanos se interpretan mutuamente como sospechosos y amenazantes. A ello hay que añadirle la expectativa ciudadana sobre lo que interpreta como entre los primeros problemas de país: la violencia y criminalidad. La respuesta agresiva es parte de una cultura de violencia que se ha institucionalizado en las diversas instituciones sociales, por lo que miembros de la policía son atravesados por la misma, tanto en el piano privado como público y su escenario laboral. Políticas de este tipo, que responde al contexto socio-histórico, privilegia el asunto del crimen poniendo en un segundo plano derechos civiles, prevención y convivencia pacífica. La Policía de Puerto Rico tiene la obligación de ‘proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes y ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme a éstas se promulguen’. Estos propósitos de la agencia hacen explícito lo que se acaba de interpretar. En una sociedad mediatizada por un imaginario social del miedo, estos propósitos se interpretan desde una perspectiva de desconfianza y sospecha entre policía-ciudadano y ciudadanos entre sí.”
El Comité expresó que su trabajo “supone un acto de analizar las ejecutorias de la agencia y sus actores para determinar si está cumpliendo con sus objetivos y si produce acciones contrarias a sus propósitos”. También, que para hacer aquello, “…es imperativo, una mirada a las personas o variable persona, las variables institucionales y situacionales” y en sentido, si eran “los actos de violencia, brutalidad, violación de derechos civiles y corrupción el resultado de cualidades de la persona policía, o el resultado de la formación y entendidos institucionales.
El Comité se dividió en tres grupos de trabajo:
Grupo I – Para documentar los problemas de violencia, abuso del poder, brutalidad, violación de derechos civiles y corrupción.
Grupo II – Para examinar el proceso de reclutamiento y selección de los policías; conocer procedimientos y si ejercen los criterios adecuados; el adiestramiento y formación en la Academia de la Policía; y si se provee una educación a través de la carrera.
Grupo III – Para examinar las condiciones del reclutamiento para establecer los vínculos con el proceso de hacerse policía; perfil y demografía del policía; condiciones de trabajo; medidas disciplinarias; atención psico –social.
El Comité identificó tres tipos de problemas serios en el trabajo de la Policía: la tensión (stress) que genera su trabajo ordinario; el uso indebido o excesivo de la fuerza, y la corrupción. Además, tomó nota de la sugerencia de “que se estudie, además, los efectos del uso de esteroides por miembros de la fuerza.
