La demanda incoada recientemente por los incidentes del 30 de junio pasado en el Capitolio va más allá de reclamar compensación por ese incidente de agresión y acusa a la cultura de impunidad que se ha desarrollado en la Policía desde la primera mitad del siglo pasado sin que ningún Superintendente haya hecho lo suficiente para atajarla.
“Por todo lo que hicieron y no hicieron (el 30 de junio en el Capitolio) los coacusados (supervisores de la Policía) le dejaron saber a los miembros de la Uniformada que sus agresiones violentas contra los manifestantes no sólo estaban siendo toleradas por ellos sino alentadas por la alta jerarquía de la Policía”, dice la demanda.
La historia de la brutalidad policíaca en Puerto Rico es larga. Podría señalarse su inicio en 1935 cuando ocurrió la Masacre de Río Piedras, en donde cinco personas murieron cerca de la Universidad de Puerto Rico durante un acto de protesta. Luego, en 1937, ocurrió la Masacre de Ponce, con 19 muertos y más de 100 heridos, también entre personas que protestaban. Ambos incidentes incluyeron muertes de inocentes que sólo estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada.
En la historia más reciente, el crimen más conocido quizás es el ocurrido en el Cerro Maravilla, en 1978, en donde dos jóvenes independentistas fueron asesinados por la Policía mientras uno de ellos, por lo menos, de rodillas clamaba por su vida.
Ya en 1967, la Comisión de Derechos Civiles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, publicó un informe especial que advertía de las crasas violaciones de derechos perpetrados por la Policía contra los ciudadanos.
Esa historia de abuso policíaco viene acompañada de cierta impunidad que aparentemente ha resultado en que los hechos de este tipo sean cada vez más comunes.
Las agresiones de la Policía contra un grupo de manifestantes _en su mayoría estudiantes universitarios_ el pasado 30 de junio frente al Capitolio, han dado pie a una demanda en el tribunal federal del distrito de San Juan, entablada por dos ciudadanos: Omar Silva Meléndez, músico del grupo Cultura Profética y Rachel Hiskes, una ex estudiante graduada que se desempeñaba ese día como periodista de medios independientes.
La demanda alega que “sus derechos civiles fueron brutalmente violentados”.
No es la primera vez que la Policía es demandada por excesos en su desempeño.
Desde su fundación en 1973, la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT) de la Policía, conocida comúnmente como la Fuerza de Choque, ha incurrido en un sinnúmero de violaciones de derechos que han sido probadas en corte.
Algunos de los hechos
1973 – El asesinato a golpes de Rembert Zambrana Rodríguez a manos de dos agentes de la UOT. (Zambrana-Marrero v. Suárez-Cruz 172 F.3d 122 1st. Cir., 1999)
1998 – Ataques violentos contra los trabajadores en huelga de la Puerto Rico Telephone Company, durante los cuales, por lo menos dos periodistas resultaron heridos. (Andréu v.Comas-Valle, Civ. No. 99-1669)
Marzo de 2007 – La incursión de forma violenta de la UOT en un vecindario en donde iban a hacer un arresto y en donde la emprendieron contra los vecinos rociándolos indiscriminadamente con gas pimienta. Durante el operativo tiraron a una niña contra el suelo y le fracturaron la pierna con una macana a su madre que trató de intervenir. (Cruz-Santiago v. Alvarez-Boneta, Civ. No. 1311)
Agosto de 2007 – La agresión contra un abogado que estaba como observador del Colegio de Abogados durante una protesta en un estacionamiento en San Juan. (Brenes-Laroche v. Toledo Dávila, Civ. No. 08-1815)
Agosto de 2007 – El asesinato a plena luz del día del ciudadano Miguel A. Cáceres Cruz. Este crimen fue captado en vídeo por un transeúnte y fue ampliamente difundido por los medios locales e internacionales. Un ex Superintendente de la Policía calificó el acto como “un asesinato”.
Octubre de 1996 – Uno de múltiples operativos en residenciales públicos en donde la Policía ha entrado a golpear y utilizar de forma excesiva su fuerza. En el residencial Jardines de Berwind, además de golpear a los vecinos, les negaron atención médica. (Gualdarrama v. Rivera-Ortiz, Civ. No. 97-2481)
Agosto de 2009 – Incursión de más de 100 agentes a un área de la Avenida Universidad armados de macanas, gas pimienta y pistolas “Tasers”. Las agresiones de los agentes no se limitaron a la calle. Una estudiante que estaba en el patio de la Residencia Norte de la Universidad de Puerto Rico fue seriamente herida en una pierna por un proyectil de un arma de gases lacrimógenos.
Impunidad
A raíz de varios incidentes en los cuales murieron ciudadanos a manos de la Policía, el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá creó, en septiembre de 2007, una Comisión Evaluadora Externa para investigar las actuaciones que se le imputaban a la Uniformada.
Entre sus conclusiones, la Comisión indicó que existe un patrón de violación de derechos civiles por parte de la Policía lo que ha resultado en una pérdida de la confianza de parte de los ciudadanos.
Que se sepa, y por lo ocurrido tras haberse rendido el informe, los encargados en jerarquía en la Policía no ha ejecutado las recomendaciones de la Comisión, las cuales estaban encaminadas a prevenir la violencia policíaca y mejorar el sistema disciplinario interno del Cuerpo.
La aparente desidia por parte de los directivos de la Policía crea un sentido de impunidad entre el Cuerpo que parecería fomentar el comportamiento violento e ilegal de los uniformados.
“(El superintendente de la Policía, José) Figueroa Sancha reconoce las fallas y la lentitud del sistema disciplinario en la Policía, sin embargo, no ha tomado ninguna acción para mejorar ese sistema, de manera que se le ofrezca a los ciudadanos la confianza necesaria y la seguridad de que los policías responsables serán sancionados”, dice la demanda incoada el pasado 20 de diciembre.
“Sin haber realizado ninguna investigación, y aun cuando las fotografías y vídeos del incidente (en el Capitolio el 30 de junio de 2010) demostraban que los miembros de la Policía, incluyendo al co demandado (el Coronel José) Rosa Carrasquillo, habían incurrido en uso excesivo de la fuerza, el co demandado (el superintendente de la Policía, José) Figueroa Sancha los declaró héroes”.
El calificativo de “héroes” hace recordar al ex gobernador, Carlos Romero Barceló, quien lo utilizó también para, a su manera, exonerar a los policías que participaron en el asesinato del Cerro Maravilla.
El mundo entero pudo ver por medio de vídeos colocados en YouTube y en las páginas cibernéticas de los diarios locales a Rosa Carraquillo pateando en los genitales a un estudiante universitario que estaba en el piso inmovilizado por la fuerza de varios policías durante una protesta en un hotel en mayo de 2010.
A raíz de eso, Figueroa Sancha reiteró que Rosa Carrasquillo era su hombre de confianza y éste se mantuvo en su puesto de segundo en la Uniformada hasta su renuncia reciente por alegadas razones personales.
