Discrimen contra indocumentados en programa federal de Inmigración en la Florida

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El programa federal Secure Communities, creado para identificar y deportar a inmigrantes indocumentados violentos, ha resultado en el aumento de la persecución y deportación de indocumentados sin antecedentes penales.

A nivel nacional, según un análisis del Florida Center for Investigative Reporting de información del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE), el 28% de los 75,461 inmigrantes deportados desde el comienzo de Secure Communities en el 2008, han sido indocumentados “sin antecedentes penales”, mientras que sólo el 23% de los detenidos y deportados habían sido hallados culpables de delitos violentos como asesinato o violación. Las autoridades federales clasifican de “no criminales” a los que han sido fichados por la policía por una acusación pero nunca fueron hallados culpables.

Secure Communities ha sido particularmente útil para detener y deportar a indocumentados sin antecedentes penales en la Florida, donde el 42% de los detenidos no habían sido declarados culpables de ningún delito. Sólo el 20% de esos detenidos en la Florida había sido hallado culpable de delitos violentos.

El FCIR analizó los datos de ICE condado por condado de casos registrados entre octubre de 2008 y noviembre del 2010.

En el Condado Orange, en la Florida, donde el programa funciona desde abril del 2010, el 63% de los deportados no habían sido hallados culpables de ningún delito.

Tres condados del sur de la Florida le siguieron los pasos de cerca. En el Condado Beach, los indocumentados sin antecedentes penales constituyeron el 62% de los detenidos a través de Secure Communities, mientras que en Broward fueron 57%  y 51% en Miami-Dade.

Esas cifras son significativamente mayores que el índice de deportación de indocumentados sin antecedentes penales en el Condado Maricopa, de Arizona, en el que manda el jefe de Policía Joe Arpaio. Allí  sólo el 26% de las deportaciones fueron indocumentados no delincuentes, a pesar de la reputación de ese condado de hacer cumplir estrictamente las leyes de inmigración.

Otros condados grandes de la Florida informaron cifras cercanas al promedio nacional. En el Condado Hillsborough, el 37%  de los deportados eran indocumentados no delincuentes. En el Condado Duval, la cifra fue de 21%. En el Condado Pinellas, el 19% de los inmigrantes deportados no habían sido hallados culpables de un delito.

Defensores de la comunidad de inmigrantes de la Florida afirman que los resultados del análisis del FCIR provocan preocupación sobre la práctica del llamado racial profiling en el estado, mediante el cual las autoridades policiales detienen a las personas a base de su apariencia racial o grupo étnico. Aunque Secure Communities se presenta como una forma de expulsar a los indocumentados delincuentes, en realidad éstos representan una minoría de los detenidos a través del programa en todo el estado, según la información del ICE. Los defensores de los inmigrantes temen que Secure Communities aliente a las entidades policiales locales a preguntar sin causa probable el estatus migratorio de las personas que detienen.

“Es claramente un aumento de un temor ya existente”, dijo Randy McGrorty, quien trabaja con inmigrantes como director ejecutivo de Catholic Legal Services en Miami. “En los lugares donde hay una gran comunidad de inmigrantes, a una persona la pueden parar por conducir sin licencia y enviarla a la cárcel, y esas cosas llegan a toda la comunidad’’, agregó.

Con Secure Communities, las autoridades policiales pueden usar las paradas de tráfico para identificar a inmigrantes indocumentados. Uno de esos casos, ocurrido en abril del 2009 en Palm Beach Gardens, muestra cómo una infracción de tránsito puede llevar a la deportación.

En el incidente, que el FCIR verificó en archivos públicos, el agente Thomas Gitto, de la Policía de Palm Beach Gardens, detuvo a un ciudadano estadounidense que hizo un viraje indebido hacia la derecha en un semáforo en la esquina de los bulevares Northlake y MacArthur. El chofer, un constructor de viviendas, se dirigía al trabajo y llevaba tres trabajadores indocumentados en su camión.

“Había dos conmigo en la cabina y uno detrás’’, dijo el chofer, quien habló con el FCIR a condición de no ser identificado porque admitió haber empleado a trabajadores indocumentados. “El policía me dijo que me bajara y me preguntó de dónde eran [los trabajadores] y si tenían licencia de conducir u otra identificación”.

Gitto notificó a la Patrulla Fronteriza al descubrir que los pasajeros eran inmigrantes indocumentados. Entonces, las autoridades de inmigración detuvieron a los trabajadores. Dos fueron deportados y un tercero está impugnando el arresto con ayuda de abogados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami.

La clave del caso es si el policía, en la parada de tráfico, tenía autoridad para exigir que los trabajadores le informaran sobre su estatus migratorio. “Esa no es una pregunta legítima’’, dijo Jill Hanson, abogado de Jupiter que representa gratis a inmigrantes en el Condado Palm Beach.

La Cuarta Enmienda exige que la Policía demuestre causa probable de un delito antes de confiscar las pruebas. La Policía de Palm Beach Gardens, citando una norma de no comentar sobre casos pendientes de litigio, declinaron una solicitud de entrevista para discutir qué causa probable, si hubo alguna, era pertinente en el caso.

El programa
Secure Communities comenzó en calidad de programa piloto en Houston en octubre del 2008, cuando George W. Bush era presidente. Bajo la presidencia de Barack Obama el programa se ha ampliado a comunidades de todo el país, incluida la Florida.

Un total de 16 condados de la Florida firmaron acuerdos en el 2009 para compartir información con el ICE. Pero la Policía Estatal de la Florida, que mantiene una base de datos estatal de antecedentes penales, no llegó a un acuerdo con el ICE hasta junio del 2010.

“Secure Communities ofrece a nuestros aliados locales una herramienta efectiva para identificar y deportar a indocumentados criminales y peligrosos’’, dijo Janet Napolitano, secretaria del Departamento de Seguridad Interna, en una conferencia de prensa en noviembre del 2009 en Washington, D.C., cuando anunció la deportación de 111,000 indocumentados delincuentes a través del programa.

Con recursos limitados, el ICE dedica una cantidad desproporcionada de tiempo y dinero a perseguir a los inmigrantes indocumentados conocidos como infractores “Clase 1”, aquellos que han sido hallados culpables de delitos graves como homicidio, violación, narcotráfico y amenazas a la seguridad nacional.

La segunda prioridad del ICE son los infractores “Clase 2”, los que han sido hallados culpables de un delito grave menos serio o por lo menos tres delitos menores. Como tercera prioridad, el ICE persigue a los infractores de “Clase 3’’, que tienen un máximo de dos delitos menos graves, como conducta desordenada e infracciones menores de drogas.

Los inmigrantes sin antecedentes penales son la cuarta prioridad del ICE. Pero la información de la propia entidad muestra que, de hecho, esta categoría ha generado la mayoría de las deportaciones en la Florida y el resto del país.

Danielle Bennett, portavoz del ICE en Tampa, declinó una solicitud del FCIR para explicar por qué Secure Communities ha llevado al arresto y deportación de personas sin antecedentes penales, pero dijo que todos los casos son diferentes.

Sin embargo, Bennett ofreció una posible explicación al asunto del alto número de deportaciones de personas sin antecedentes penales: en casos en que un inmigrante indocumentado es acusado de un delito pero nunca se le encontró culpable, el ICE puede detener o deportar al individuo.

“El ICE tiene la autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración [contra] cualquier ciudadano extranjero que esté sujeto a la deportación”, dijo Bennett.

Así es cómo, para un inmigrante indocumentado, una parada de tráfico puede conducir al arresto por no tener licencia de conducir, lo que a su vez puede llevarlo a un centro de detención, donde los mantienen un promedio de 26 días antes de que les entreguen un boleto de ida hacia su país de origen.

En estos casos, estos indocumentados son deportados antes de tener la oportunidad de confrontar al agente de policía que los arrestó y que inició el proceso de deportación.
“¿Qué sucedió con aquello de que alguien es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad?”, dijo Susana Barciela, directora de Política del Florida Immigration and Advocacy Center (FIAC), con sede en Miami, que ofrece asistencia legal a los acusados de infracciones a las leyes de inmigración.

Charu Newhouse al-Sahli, director estatal del FIAC, visita rutinariamente centros de detención de inmigración para entrevistar a los detenidos. En el Broward Transitional Center en Pompano Beach — el mayor centro de su tipo en la Florida, con 700 camas — Newhouse al-Sahli calcula que unas dos terceras partes de los detenidos no tienen antecedentes penales en Estados Unidos. Esos indocumentados fueron detenidos por delitos menores, como infracciones de tránsito.

Estadísticas engañosas
Si de hecho dos terceras partes de los indocumentados detenidos no tienen antecedentes penales, como calculó Newhouse al-Sahli, el porcentaje de personas sin antecedentes arrestadas y deportadas de la Florida a través de Secure Communities pudiera sobrepasar el 42%. Sin embargo, funcionarios del ICE sostienen que la mayoría de los indocumentados detenidos a través del programa sí tienen antecedentes penales.

Conciliar esas alegaciones contradictorias exige un análisis detallado de cómo Secure Communities opera y cómo desglosa las cifras.

En su descripción más común, Secure Communities ayuda a los agentes del ICE a identificar y localizar inmigrantes ilegales comparando información biométrica, como huellas dactilares de las entidades policiales locales, con las compiladas en la base de datos de visitantes extranjeros del Departamento de Seguridad Interna. Secure Communities también compara la información con los antecedentes penales contenidos en la base de datos nacional del FBI.

La Dirección Federal de Prisiones calcula que el 27%  de los confinados no son ciudadanos estadounidenses. Pero los inmigrantes no cometen tantos delitos violentos al año como sugiere la información del ICE. Por ejemplo, la información del ICE analizada por el FCIR muestra que el gobierno federal deportó a decenas de miles de delincuentes “Clase 1” el año pasado, lo que sugiere que los inmigrantes fueron responsables de una ola nacional de delitos violentos durante noviembre del 2010. Pero muchos de esos delincuentes “Clase 1” cometieron esos delitos en Estados Unidos hace años.

El ICE ahora puede detenerlos porque Secure Communities otorgó a los agentes de inmigración acceso a los archivos de probatoria de delincuentes de años pasados, muchos de los cuales tienen que registrarse con el estado después de cumplir su pena de prisión. El ICE ahora puede encontrar a esos indocumentados, arrestarlos y contarlos como parte de los “delincuentes’’ identificados y deportados ese año a través del programa.

Por ejemplo, una redada estatal realizada en diciembre del 2010 resultó en el arresto de 93 inmigrantes ilegales con antecedentes penales. Entre los destacados por el ICE estaba un mexicano de 25 años que vivía en Apopka a quien habían condenado en el 2005 por posesión de cocaína en el Condado Orange.

Debido a la falta de colaboración en el pasado entre las entidades policiales y las autoridades de inmigración, existe un atraso de delincuentes convictos con estatus inmigratorio cuestionable, como el mexicano que había vivido ilegalmente en Apopka desde el 2005. Ahora que el ICE tiene acceso a los archivos del FBI y las entidades policiales locales a través de Secure Communities, el ICE sabrá de inmigrantes ilegales que han sido condenados por delitos y que sus agentes podrán arrestar y deportar con facilidad.

Desde octubre del 2008, en este grupo ha habido hasta 55,000 delincuentes convictos por delitos graves y menores, que también eran indocumentados. Su arresto ayudó al ICE a fijar un récord en el 2010 al deportar 392,000 indocumentados de comunidades en todo el país.

Arrestos raciales
John De Leon, abogado de inmigración de Miami y miembro de la junta directiva del Florida Immigrant Advocacy Center, alega que Secure Communities permite que la policía haga arrestos sobre la base de la raza de las personas.

“Lo que realmente sucede es que la ley de Arizona (SB 1040), a la que mucha gente se opuso, se está implementando a nivel federal”, dijo De Leon. “[Esa ley] alienta a las entidades policiales locales a detener personas sobre la base de su raza, y como resultado se están deportando personas sin causa justa”.

Bennett, el portavoz del ICE, insiste en lo contrario. “Secure Communities reduce el riesgo de la discriminación racial o de la detención de personas sobre la base de su raza porque se verifican las huellas dactilares de todos los arrestados’’, dijo Bennett, quien agregó: “Secure Communities se implementó en la cárcel. Los arrestan por un delito, no por ser inmigrantes ilegales”.

Pero si ese fuera el caso, dijo De Leon, Secure Communities se habría concentrado más específicamente en identificar a los delincuentes convictos.

“Sólo hace falta el contacto en la cárcel [un funcionario federal] cuando alguien es hallado culpable de un delito grave”, dijo De Leon, “y entonces le notifican a Inmigración después que el inmigrante delincuente cumple su sentencia, y entonces lo deportan”.
En su lugar, según Secure Communities, el ICE se reserva el derecho de detener y deportar a los inmigrantes ilegales acusados de delitos menores.

Defensores de los inmigrantes citan el caso de una detención por violación de leyes de tránsito ocurrida el 10 de diciembre del 2010 como ejemplo de la vinculación entre el racial profiling y Secure Communities. En ese caso, Timothy García, policía de Palm Beach, detuvo a un mexicano que conducía un Nissan de 1995 en Hepburn Avenue en Jupiter.

“[García] me dijo que me detuvo porque yo parecía hispano y la mayoría de los hispanos no tienen licencia de conducir”, dijo el conductor en español durante una entrevista con el FCIR.

El FCIR no revela la identidad del hombre porque es un inmigrante indocumentado, pero confirmó su historia a través de documentos públicos. Su multa indica sólo una infracción –conducir sin licencia — pero no ofrece una justificación legal para haberlo detenido.
“El delito es ser hispano”, dijo el hombre de 28 años.

A solicitud del FCIR, la Policía de Palm Beach investigó el caso pero declinó comentar citando preocupación por futuras demandas. Una portavoz entregó al FCIR una copia de las guías de la Policía de Palm Beach que prohíben a los agentes detener a sospechosos de ser delincuentes “sobre la base de sus características raciales o étnicas”.

Si Secure Communities lidera a la Policía en la persecución de inmigrantes para su arresto, entonces sería una amenaza para los inmigrantes de todos los grupos étnicos. Pero McGrorty, de Catholic Legal Services en Miami, opina que el gobierno designó Secure Communities específicamente contra los inmigrantes hispanos.

“Si se tratara de canadienses no estaríamos hablando del tema”, dijo McGrorty.


Mc Nelly Torres, directora adjunta del FCIR, contribuyó a este reportaje.