Protesta social: Síntoma del fallo de las instituciones

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La criminalización de la protesta no es un fenómeno aislado sino común. A esta conclusión llegó un grupo de latinoamericanos  expertos en el tema reclutados para documentar la situación en sus respectivos países.

Las conclusiones están contenidas en el libro “¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho Penal y libertad de expresión en América Latina”, editado por Eduardo Bertoni, director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, de Buenos Aires Argentina.

“Cuando las vías institucionales fallan, hay que hacer reclamos por vías no institucionales, tales como la protesta” dijo Bertoni, invitado especial del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico en un foro sobre el tema celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana el pasado 24 de febrero.

En la actividad participaron además, el cineasta estadounidense Stanley Nelson, el profesor de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Benítez y el licenciado Edgardo Burgos, que actuó como moderador.

Según Bertoni, el libro citado demostró que en los distintos países de América Latina se utilizan varias leyes del Derecho Penal para criminalizar la protesta. Dio el ejemplo de Chile y Colombia, donde se aplica una ley antiterrorista para apaciguar manifestaciones.

“Cuando todos los controles sociales del estado fallaron, debe entrar el derecho penal. Pero cuando la última opción termina siendo la primera razón de control social, empezamos a navegar en un estado de derecho que cruza la raya hacia el autoritarismo, y eso es muy peligroso para nuestras sociedades”, dijo Bertoni.

Nelson, creador del documental “Freedom Riders”, sobre las lucha por los derechos civiles en la década de los años 60 en EE.UU, destacó la importancia de los medios de comunicación en los movimientos sociales y de protesta indicando que en la era actual, con una tecnología tan avanzada, el “control” de los medios por parte del Estado o de otros interesados es cada día más difícil.

Nelson advirtió sobre la importancia de reconocer sobre qué y cuándo se debe protestar de manera que se logre un apoyo masivo y el objetivo de la protesta.

Por su parte, Benítez, también autor del libro Ciudadanía y Exclusión en Puerto rico, destacó que una protesta es criminalizada cuando se ve como una amenaza, cuando el Estado entiende que ésta puede conseguir su objetivo, pues “el Estado no va a invertir recursos en acallar una protesta que no vaya a cambiar el ‘status quo’ de su control”.

Hizo hincapié en la falta de un periodismo investigativo que profundice el acontecer actual, pues sólo vemos el evento y no las razones ni las consecuencias. Otro aspecto que el profesor señaló fue la intolerancia, y cómo es utilizada por el Estado para estigmatizar a grupos particulares como los ‘malos’.

Burgos inició el concurrido conversatorio haciendo un recuento de la criminalización de la protesta en el País, comenzando por la Masacre de Ponce en el 1937, la confección de las llamadas “carpetas de subversivos”, hasta eventos recientes, como el cierre de las gradas del Capitolio en octubre de 2009 y el motín del 30 de junio de 2010 ocurrido también allí.

Destacó leyes creadas recientemente, como la conocida como “ley Tito Kayak” que criminaliza el interrumpir proyectos en construcción.

*El vídeo del foro organizado por el CPI está disponible aquí:

Watch live streaming video from prensacomunitaria at livestream.com

Foristas junto a Oscar J. Serrano y Omaya Sosa, codirectores del CPI

Prof. Juan Correa Luna y estudiantes del Trayecto Dignidad

Lcdo. Osvaldo Burgos, director de la clínica legal del CPI

Prof. Eduardo Bertoni, director del CELE

Stanley Nelson, realizador del documental Freedom Riders

Lcda. Judith Berkan, presidenta de la Junta de Directores del CPI

Prof. Jorge Benítez de la UPR