El gobierno de Puerto Rico tiene asegurado un desembolso de $65 millones en fondos bajo la Ley de Reinversión y Recuperación (ARRA) para atender el Programa de Asistencia para la Climatización (WAP, por sus siglas en inglés) en lo que parece ser la herramienta con el que se intenta llevar un electrodoméstico a las familias puertorriqueñas de bajos recursos económicos, una actividad típica de los partidos políticos de cara a las elecciones generales.
WAP, el programa del gobierno de Estados Unidos que promueve que en los hogares haya hasta un 30 porciento de ahorro en energía mediante la adquisición de electrodomésticos de bajo consumo, le ha generado en 16 meses unos $4.1 millones a CSA, la firma que administra los fondos ARRA por disposición de la actual administración de gobierno, según la contabilidad de WAP que se establece en la página www.recovery.org.
El programa WAP identifica las familias de bajos ingresos con necesidad de neveras, acondicionadores de aire y calentadores solares, entre otros. Según la descripción del programa tienen prioridad las familias con niños y niñas, envejecientes y personas con impedimentos.
WAP es uno de los cerca de diez programas que se administran en la Isla bajo la ley de estímulo federal y está contenido en el pote de $6,400 millones que autorizó la administración del presidente Barack Obama para Puerto Rico, y que la administración del gobierno de Luis Fortuño, colocó su manejo y operación en manos de la mencionada firma privada de arquitectos e ingenieros.
En CSA trabajó el ingeniero José Ortiz Vázquez, actual presidente de la Junta de la Administración para el Financiamiento e Infraestructura (AFI), entidad que a su vez le paga a los administradores privados por el trabajo de operar los programas financiados con los fondos ARRA. Ortiz Vázquez, también presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarilladlos (AAA), además mantiene a CSA bajo contrato con esa corporación pública.
AFI es una agencia con 23 empleados y un presupuesto de sobre $180 millones en el 2009. Desde el 2008, también está la Administración de Asuntos Energéticos, entidad a la que se le asignaron los fondos de WAP y que tiene 16 empleados y unos $31.9 millones de presupuesto de los cuales $30 provienen del Estímulo Federal.
“AFI no funciona como entidad pública. Para todos los efectos la agencia es CSA. Los empleados de AFI fueron casi todos una vez empleados de CSA…”, dijo una fuente de entero crédito sobre la operación que se da entre la agencia pública y la firma de CSA que tiene sobre 200 empleados en la Isla y una ganancia anual de $33.1 millones, según la información de negocios que publica en la Internet.
A pesar de que AFI es la agencia que reúne todos los fondos ARRA que reciben las agencias, CSA es la entidad que los administra y en el caso del programa WAP, se establece que “implementa, administra y opera” el mismo. La firma tiene oficinas a todo lujo que ocupan el cuarto piso del edificio de las tiendas Marshalls en la avenida Ponce de León en Santurce.
Asimismo, un examen del Registro de la Oficina de la Contralora, da cuenta de que entre el 2008 y septiembre del 2011, CSA tiene unos $60 millones en contratos sólo con AFI, lo que compara con los que tiene asignado el programa WAP entre el 2009 y el 2012.
Entre el 2008 y el 2014, tiene contratos registrados de sobre $150 millones con agencias como la AAA, Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Departamento de la Vivienda, Autoridad de Carreteras, Banco Gubernamental de Fomento y unos tres municipios.
De las 143 transacciones de contrato que están registradas en la OC, entre el 2007 y el 2008, CSA tiene registrados unos 24 entre otras agencias gubernamentales y municipios.
En la firma, que tiene registrada una corporación de responsabilidad limitada desde el 2005 y otra entidad corporativa que no tiene información en la página electrónica del Departamento de Estado, se asegura que se sentó como socio hasta hace poco más de un año, el suegro de Ortiz Vázquez, Carlos García.
Los vínculos de CSA con Ortiz Vázquez datan desde la época de la administración del ex gobernador, Pedro Rosselló, cuando este salió de allí a laborar en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), en donde se convirtió en un recaudador de fondos del Partido Nuevo Progresista (PNP), aseguran fuentes de Pesquisa Boricua. Más tarde, el ex director de la AAA, Jorge Rodríguez, lo llevó a laborar a la AAA donde incluso mantuvo posiciones gerenciales y de dirección con las administraciones de Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá.
Otros que guisan con ARRA y el Fondo General
CSA no es la única firma que se repite en la administración de programas financiados con la Ley ARRA y en el manejo de cuentas del gobierno de Puerto Rico. La firma de contadores públicos y autorizados, Torres Llompart y Sánchez Ruiz, es otra favorita entre agencias de gobierno que también guisa con los fondos del estímulo federal en materia de consultoría de asuntos financieros al programa WAP.
Sólo entre abril del 2010 y marzo del 2011, Torres Llompart ha participado como contratista en la administración del programa WAP por lo que ha facturado unos $215,672, según la www.recovery.org. La mayor facturación fue en los últimos tres meses del 2010 – octubre a diciembre – cuando facturó unos $85,547 por la consultoría al proyecto.
Torres Llompart también tiene contratos con agencias de gobierno que no son AFI. De las 85 transacciones que figuran en la OC, sólo 18 datan de antes del 2008. Según el registro, la firma, registrada el 27 de enero del 2006, sirve a agencias tales como el Departamento de la Famillia, Administración de Sistemas de Energía, Departamento de Recreación y Deportes, Administración para el Manejo de Desperdicios Sólidos y la Policía de Puerto Rico. Tiene contratos de sobre $1.5 millones entre el 2009 y el 2012.
Otros contratistas del primer año del programa WAP son, Cocero y Cordero Arquitectos y en materia de suplir equipo, Union Properties Management, Intercontinental Marketing Group, Multi Consulting Group, Integra Design Group, Dunamis Construction Corp, entre otros.
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