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Los nuevos nombramientos  al Tribunal Supremo que se agenció la Administración Fotuño como una “ñapa” de su copo electoral recayeron sobre abogados de bajo perfil que se conocen en el gremio legal por ser laboriosos y decentes, pero cada uno tiene circunstancias públicas que definen las expectativas de cómo se desempeñarán.

Luis F. Estrella y Roberto Feliberti Cintrón tienen un tracto poco claro de escritos que permitan conocer su razonamiento jurídico, y sus vistas de confirmación aportaron poco, por lo que ese vacío se llena con otras circunstancias.

En el caso de Estrella, se trata del litigante electoral más constante que ha tenido el Partido Nuevo Progresista (PNP) en los últimos 10 años. Ejecutar esa función política ha resultado buena inversión para Estrella quien, bajo Legal Advisors PSC, aparece con casi $3 millones en contratos con municipios y agencias públicas desde 2004. Estrella asesoró en la Legislatura a, entre otros, Melinda Romero, Albita Rivera y Edison Misla Aldarondo. De hecho, el expediente del contrato de Estrella con Misla fue uno de los que las autoridades federales incautaron como parte de su investigación contra el convicto líder cameral novoprogresista. Estrella, sin embargo, no fue involucrado formalmente en el proceso judicial de Misla.

La mayoría de las menciones recientes de Feliberti, por otro lado, se quedan en decir que fue socio del bufete Cancio, Nadal, Rivera y Díaz. El ahora juez de apelaciones fue socio del bufete en los años en que éste protagonizó el escándalo de Puerto Rico Infrastructure Management Group, Inc. (PRIME). En 1997, el bufete recomendó la creación de un plan central para manejar desperdicios sólidos. El Gobernador Pedro Rosselló adoptó el plan y le ordenó a la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) implantarlo. Un socio del bufete, Carlos Rivera Vicente, incorporó PRIME y ADS le otorgó a PRIME el contrato de $36.4 millones para ejecutar el plan que el mismo bufete había recomendado.

El episodio resultó en investigaciones de la Comisión “Blue Ribbon” bajo la Administración Calderón, en referidos criminales contra el director ejecutivo de la ADS, Daniel Pagán Rosa, y en referidos éticos contra abogados, pero no hubo convicciones. Pagán Rosa es actualmente asesor principal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para el gasoducto.

Feliberti aparece también con un donativo de $1,000 en 2005 al grupo Fortuño in Congress.

Estrella y Feliberti llegan al Alto Foro seis meses después de que la mayoría de jueces del Supremo nombrada por el Gobernador Luis Fortuño decretara la emergencia de casos atrasados que justificaba la solicitud de los dos nuevos jueces.

Esos seis meses dieron espacio para que se confirmaran algunas dinámicas: el Presidente del Senado Thomas Rivera Schatz utiliza el secuestro de los nombramientos para negociar por sus candidatos; la jueza Mildred Pabón Charneco es la líder política de la nueva mayoría, con un junte que incluye a su hijo, quien funge como asesor legislativo de La Fortaleza, y quien toma parte en las entrevistas de los candidatos a oficiales jurídicos de su madre; y el Gobernador ha permitido que la nueva mayoría del Supremo tenga poder de veto sobre los nuevos nombramientos.

Fortuño habrá elogiado al comité de selección que conformaban “don Baltasar (Corrada del Río), don Héctor (Laffitte) y don Juan (Melecio)”, pero los, respectivamente, ex Comisionado Residente, ex juez federal, y ex presidente de la Comisión Estatal de Elecciones son sólo las figuras simbólicas. Más preciso hubiera sido agradecer a doña Mildred, don Rafael, y don Erick, los jueces actuales del Supremo.

Una vez lleguen los dos nuevos jueces, la configuración final serán seis jueces nombrados en los últimos dos años por Fortuño, una concentración de nombramientos sin par en la historia de Puerto Rico, y tres nombrados por distintos gobernadores estadolibristas.

Según ha podido precisar el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), uno de los primeros puntos en agenda para el grupo de mayoría es cambiar los reglamentos del tribunal para que la designación de los jueces administradores recaiga en el pleno del tribunal en vez de, como hasta ahora, en el Juez Presidente. De la misma forma se buscaría cambiar la relación con la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) para que su administradora responda al pleno en vez de al Juez Presidente. La movida atenta contra el principio constitucional de que el Juez Presidente es el administrador del Poder Judicial, pero cualquier reto acabaría sometido al mismo Supremo.

Un segundo beneficio de que los jueces administradores respondan al pleno es que, bajo los cambios propuestos a la Ley Electoral, son estos jueces administradores los que designarían a los jueces que manejarían los casos electorales en cada región. Por tanto, el control de los casos electorales cambia del Juez Presidente al pleno.

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