Documentos desmienten a ASUME

Imprimir Más

El administrador de la Administración de Sustento de Menores, Waddy Mercado Maldonado, solicitó y recibió, de dos economistas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), todo el material relacionado con un estudio exhaustivo que se realizó entre el 2002 y el 2004, para revisar las guías para determinar y modificar las pensiones alimentarias en Puerto Rico.

Documentos en poder de Pesquisa Boricua, una misiva con la firma en puño y letra del administrador de ASUME, Mercado, otra de las economistas y profesoras universitarias, Alicia Rodríguez y Eileen Segarra Alméstica y un recibo de entrega de documentos del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR, recinto de Río Piedras, desmienten las versiones de esa agencia de que, ni se hizo un estudio, ni se encontraron datos en la agencia que fundamentaran las guías vigentes.

El estudio fue más lejos, hizo recomendaciones de que se instituyera un mecanismo de ajuste automático por costo de vida, tres años después de implementarse las tasas básicas revisadas. Esto debió ocurrir en el 2009.

“Nuestra metodología se fundamenta en la utilizada por la United States Department of Agriculture (USDA) para determinar el costo de crianza en Estados Unidos y por regiones geográficas. Dicho estudio se adaptó para Puerto Rico luego de realizar los ajustes correspondientes por niveles de ingreso, gastos y fuentes de información; entre otros”, lee la página tres del informe final del estudio, entregado en noviembre del 2004.

Para hacer el estudio que redundó en las guías de pensiones vigentes, se utilizó por primera vez el Registro de Ingresos y Gastos del DTRH, que se realiza a base de una encuesta de 2,500 hogares en el área urbana.

La asesora legal de ASUME, Lourdes Gómez, indicó que las guías vigentes no estaban fundamentadas en un estudio económico.

Pero una búsqueda entre el archivo de la propia agencia donde labora la funcionaria, la desmiente con información documental y electrónica que incluye sobre ocho carpetas de información y cinco informes que presentan el estudio por fase y que fue revisado por un panel de expertos que incluyó a una juez, usuarios del sistema de ASUME, una socióloga, abogados, una trabajadora social y funcionarios de la agencia.

Sobre la ruta de información del estudio, a pocos meses del cambio al actual gobierno, los documentos establecen que el administrador de ASUME, Mercado, envió una carta a las mencionadas economistas el 26 de mayo del 2009, solicitándole documentos específicos del estudio que fue sufragado con fondos públicos en consorcio con la UPR y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). El gasto se estimó en $115,000.

Mercado solicitó, y se le entregó el 17 de junio, “el banco de datos digital con los casos de la encuesta de Ingresos y Gastos (EIG) y de la Tarjeta Control correspondiente al Registro de Gastos Diarios utilziados para el cálculo del costo por niño(a)”. Exigió que el mismo fuera compatible con los programas Excel o SPSS.

El 17 de junio, Mercado recibió en sus oficinas, copia de la información solicitada que ya le había sido entregada a ASUME, el siete de mayo del 2004, con un cuarto informe del estudio.

También solicitó las instrucciones para la entrada de datos de la EIG y la lista de los nombres asignados a las variables en el banco de datos de EIG.

Cinco informes, cino análisls para llegar al cálculo de pensión

Los informes del estudio que se tituló “Revisión de las guías para la determinación y la modificación de pensiones alimentarias”, detallan que se hizo una primera fase donde se hizo un análisis del marco conceptual, evaluación crítica de guías existentes y revisión de literatura; una segunda fase donde se diseñó un plan piloto con información de 60 casos administrativos sacados de los tribunales; una tercera fase donde se desarrolló el estudio piloto con casos judiciales de la región de Bayamón; una cuarta fase donde se analizaron los datos obtenidos y un quinto informe final, donde se hicieron las recomendaciones y conclusiones.

Cada fase constituyó un informe que se le entregó a ASUME y se le hicieron por lo menos siete presentaciones al Comité de Expertos.

Los documentos citan y establecen la utilización de un documento del gobierno de Estados Unidos en materia de asuntos de fijación de pensiones alimentarias: Evaluation of Child Support Guideliness.

El mencionado estudio, que dio paso a las guías vigentes, recomienda desde el inicio que “en lo que respecta a la pensión suplementaria esta debe mantener su estructura actual. Esta recomendación se fundamenta en los resultados obtenidos del cuestionario administrado a la Rama Judicial, los cuales se detallan en nuestro informe anterior. A pesar de que en las reuniones del panel de expertos se mencionó que en ocasiones la pensión suplementaria elevaba demasiado las pensiones, este efecto se neutraliza al reducir la pensión básica en la escala del ingreso más alta, donde se observan pensiones suplementarias más altas”.

Esa pensión suplementaria desaparece en las nuevas guías propuestas y se deja fuera de la pensión básica la vivienda y la educación del menor.


 

Historia relacionada

Asume, el bolsillo del alimentante es primero