Nota de la dirección: El Centro de Periodismo Investigativo te trae la recopilación de la investigación periodística publicada en El Nuevo Día sobre el proyecto del gasoducto, bautizado Vía Verde, según apareció publicada del 6 al 12 de abril de 2011 en dicho diario. Agradecemos a la dirección de El Nuevo Día la autorización para que las historias aparezcan recopiladas en el CPI.
Flujo de millones por el gasoducto
Los contratos principales del proyecto se otorgaron antes de la declaración de emergencia energética
Por Gerardo E. Alvarado León / [email protected]
Tres meses antes de que el gobernador Luis Fortuño declarara una emergencia energética y anunciara la construcción del gasoducto para solucionarla, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya había otorgado contratos a cuatro compañías privadas por más de $12 millones, según se desprende de un análisis del registro de contratos de la Oficina del Contralor.
Al día de hoy, tiempo en que la AEE tenía previsto iniciar la construcción del gasoducto, los contratos sobrepasan los $27 millones, aun cuando no se ha movido una sola piedra para colocar un solo tubo.
Las compañías favorecidas antes de la declaración son Ray Engineers, PSC, que se encargaría del diseño del gasoducto; Asesores Ambientales y Educativos, Inc., responsable de la consultoría ambiental; New Star Acquisition, Corp., a cargo del proceso de expropiación forzosa; y Ballori &Farré, encargada de la publicidad.
Fortuño declaró la emergencia el 19 de julio de 2010, pero el primer contrato relacionado al gasoducto se firmó el 30 de abril de 2010. Fue por $8.8 millones con la empresa Ray Engineers, PSC. El director ejecutivo de la AEE, Miguel Cordero, estampó su firma junto a la de Pedro Ray Chacón.
El 14 de mayo de 2010 se firmó el segundo contrato, por $300,000, con Asesores Ambientales y Educativos, Inc., registrada en el Departamento de Estado como una corporación sin fines de lucro. Cordero y Yousev García fueron los firmantes.
El tercer contrato se firmó el 22 de junio de 2010 con New Star Acquisition, Corp. por $500,000. Cordero y Dennis Medina Rivera fueron los firmantes. Y el 2 de julio se firmó el cuarto contrato, por $2.7 millones, con Ballori & Farré. Cordero y Eduardo López Ballori, quien en el contrato aparece como Eduardo Ballori Ballori, fueron los firmantes.
En su declaración de emergencia, Fortuño describe como “antigua” la infraestructura de generación de la AEE, pintando así un cuadro de inestabilidad energética que dista mucho del que la propia corporación pública ha proyectado. De hecho, el último apagón en el sistema de la AEE fue en agosto de 2010, tras el paso cercano a la Isla del huracán Earl, y respondió a un asunto gerencial que, al final, le costó la degradación al entonces jefe de los directorados de generación, transmisión y distribución, Josué Colón.
Esa imagen crítica tampoco encaja con el hecho de que, un mes después de declarada la emergencia, la propia AEE reconoció que su reserva energética era de 1,417 megavatios aproximadamente. La reserva es el almacenamiento de megavatios con que cuenta la AEE para responder en casos de emergencia y evitar interrupciones selectivas o relevos de carga. La reserva debe ser igual o mayor a 600 megavatios, que es la capacidad de la unidad generatriz más grande de la AEE.
Estas interrupciones selectivas o relevos de carga fueron la orden del día en las décadas de 1970 y 1980. De hecho, esa situación redundó más tarde en el establecimiento en la Isla de las cogeneratrices privadas EcoEléctrica (gas natural) y AES (carbón), como parte de la estrategia gubernamental de diversificar sus fuentes de energía para no descansar únicamente en los derivados del petróleo y sus precios inestables.
Más contratos
Al firmar la orden ejecutiva, Fortuño ordenó la utilización de un “proceso expedito” para el desarrollo de nuevos proyectos energéticos, como el gasoducto.
En principio, según disponía la Ley 76 del 2000, la emergencia energética debió durar seis meses, del 19 de julio de 2010 al 19 de enero de 2011. Durante este período, la AEE concedió nuevos contratos a las compañías Asesores Ambientales y Educativos, Inc. (el 23 de agosto, por $2 millones) y New Star Acquisition, Corp. (el 1 de octubre, por $6.3 millones). El 28 de septiembre fue contratada, a un costo de $6 millones, la compañía UNIPRO Architects, Engineers & Planners, que tendría a cargo supervisar el proceso de construcción del gasoducto. Cordero y Guillermo Pérez Martínez fueron los firmantes.
Al expirar la emergencia, la Legislatura aprobó y el Ejecutivo firmó una enmienda que extiende su vigencia por el tiempo que Fortuño esté en Fortaleza.
La enmienda se aprobó retroactiva al 1 de julio de 2010. Esta movida permitió la autorización de una enmienda o cambio de orden al contrato otorgado a Ray Engineers, PSC, que se firmó el 24 de enero de 2011, cuando la emergencia había expirado. El cambio de orden fue por $698,553.
En el registro de corporaciones del Departamento de Estado, que recoge información desde el 2006, no están disponibles los nombres de los incorporadores de las compañías contratadas por la AEE. Los incorporadores no necesariamente tienen responsabilidad legal con las compañías, a menos que formen parte de la Junta de Directores.
Otras movidas
Veintiún días después de haber declarado la emergencia energética, Fortuño anunció oficialmente la construcción del gasoducto. Empero, el Gobernador pareció hacerse eco de las palabras del entonces presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Luis García Passalacqua, quien el 28 de mayo de 2010 -dos meses antes de declararse la emergencia- presentó el gasoducto ante la Asociación de Contratistas Generales.
En esa ocasión, García Passalacqua señaló que la tubería de 92 millas, que discurriría entre Peñuelas y San Juan, se construiría mediante una alianza público-privada a un costo de $300 millones. “Este es el plan que vamos a pelear hasta el fin”, dijo en aquel entonces.
La realidad del caso es que el costo del proyecto ya ronda los $447 millones, que provendrán de una emisión de bonos, es decir, que el gasto lo pagarán los abonados de la AEE.
Otra evidencia de que la AEE realizaba gestiones relacionadas al gasoducto antes de que se anunciara es una carta con fecha del 30 de junio de 2010 enviada por el Servicio federal de Pesca y Vida Silvestres (USFWS) a la firma Asesores Ambientales y Educativos, Inc. En la misiva, la agencia federal enumera más de 30 especies en peligro de extinción que habitan en la ruta propuesta para la obra y que podrían afectarse.
Similar al Supertubo
Por Gerardo E. Alvarado León / [email protected]
En más de una ocasión la Legislatura ha aprobado leyes de emergencia para impulsar obras de infraestructura.
En 1996, antes de que iniciara la construcción del Superacueducto, el grupo Misión Industrial radicó un recurso para que el proyecto fuera paralizado por el Circuito de Apelaciones de Boston. Pero a petición del entonces gobernador Pedro Rosselló, la Legislatura aprobó una nueva ley que reanudó la obra bajo la premisa de que era un proyecto de emergencia que garantizaba la seguridad pública. Recién llegado a Fortaleza en 1993, Rosselló declaró a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en estado de emergencia para delinear estrategias encaminadas a mejorar la infraestructura de agua. En el 2000, un día después de inaugurado el Superacueducto, Rosselló canceló la emergencia.
Ajustan la ruta en cuatro tramos
Los cambios son a petición de las agencias federales
Por Gerardo E. Alvarado León / [email protected]
El consultor externo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Daniel Pagán, indicó ayer que la alineación de 92 millas del gasoducto fue alterada a mediados de marzo en cuatro tramos y a petición de las agencias federales reguladoras.
Afirmó, además, que “en los próximos días” la AEE entregará al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y al Servicio federal de Pesca y Vida Silvestre el Estudio Fase I-B de arqueología y la “evaluación biológica” del gasoducto. Esta información se le requirió a la AEE dentro del proceso de otorgamiento de los permisos federales del gasoducto.
Pagán detalló que dos de las alteraciones son en Vega Baja, donde la nueva ruta esquivaría dos yacimientos arqueológicos: Paso del Indio y las antiguas vías del ferrocarril.
El tercer cambio es en Arecibo, donde se relocalizaría una estación de muestreo de gas natural fuera de un humedal; y el cuarto es en Adjuntas, donde se evitaría impactar una servidumbre de conservación a perpetuidad custodiada por el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico.
Emergencia energética
El gasoducto, la obra de infraestructura más importante en estos tiempos, se desarrolla vía expedita, luego de que el gobernador Luis Fortuño firmara el pasado 19 de julio una orden ejecutiva que activó las disposiciones de la Ley 76 del 5 de mayo de 2000.
Para continuar el desarrollo acelerado del gasoducto, la Legislatura aprobó una emienda a la Ley 76, que extendió la emergencia energética hasta el tiempo que Fortuño sea gobernador. La enmienda se aprobó el pasado 15 de febrero, casi un mes después que expiró la vigencia original de la emergencia (seis meses).
La pieza legislativa establece claramente que el gasoducto “es parte de un plan comprensivo para atender con mayor celeridad la emergencia energética declarada por el Gobernador”.
“El Gobernador podrá, mediante orden ejecutiva, extender el estado de emergencia por el tiempo que estime necesario, sin exceder el término de su incumbencia”, reza la enmienda aprobada a la Ley 76.
El estatuto, sin embargo, no establece que la emergencia elimina los requisitos regulares a la hora de suscribir contratos, más bien los mantiene: “Se dispone que para la otorgación (sic) de contratos al amparo de esta ley se deberá cumplir con todos los requisitos que se exigen para la contratación con el Gobierno de Puerto Rico”. La orden ejecutiva firmada por Fortuño tampoco abunda al respecto, solo especifica que las “agencias afectadas” deberán seguir un “proceso expedito” al momento de otorgar los pertinentes permisos, consultas, endosos, comentarios, recomendaciones y certificaciones para los proyectos de energía.
La enmienda a la Ley 76 se presentó ya expirada la emergencia energética.
Faltan permisos
El gasoducto aún no cuenta con los permisos necesarios para que inicie su construcción. En el ámbito estatal el proceso está completado, pero no en el federal.
Junta de Calidad Ambiental
Aprobó la Declaración de Impacto Ambiental en noviembre de 2010
Junta de Planificación
Aprobó la Consulta de Ubicación en diciembre de 2010
Cuerpo de Ingenieros
Solicitó información adicional a la AEE para la obtención del “Joint Permit Application” (solicitud de permiso). Aún la evalúa.
Pesca y Vida Silvestre
Aún espera porque la AEE someta la “evaluación biológica” del gasoducto. Luego emitiría una opinión al Cuerpo de Ingenieros.
EPA
Aprobó de forma condicional la construcción del gasoducto ante el Cuerpo de Ingenieros.
Vía a los verdes la tubería de gas
Mientras Fortaleza defiende el gasoducto, algunos grupos levantan su voz de protesta
Por Gerardo E. Alvarado León / [email protected]
Pese a que el gasoducto aún no tiene permisos y su construcción está atrasada, La Fortaleza defendió ayer el gasto de $27 millones en contratos asociados al proyecto e insistió en que el País atraviesa una crisis energética.
El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Miguel Cordero, y la administradora regional de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), Judith Enck, hicieron lo propio al señalar que obras como el gasoducto -de gran envergadura- requieren consultoría ambiental, trabajos de ingeniería y estudios técnicos con miras a obtener los permisos.
El gobernador Luis Fortuño eludió comentar sobre el asunto en la aparición pública que tuvo en Vieques. Prometió reaccionar luego, pero en su lugar habló el secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema.
“Cualquier proyecto de infraestructura necesita preparación de planos, estudios ambientales y de otro tipo, además del proceso de permisos. Todo esto, en un proyecto tan extenso como este, puede ser costoso. Sin embargo, desde el punto de vista porcentual, está dentro de los parámetros normales de la industria de la construcción”, dijo Rodríguez Ema vía electrónica.
Agregó que las facturas mensuales de luz y los costos actuales de la gasolina son la evidencia de que Puerto Rico atraviesa una crisis energética.
Cordero, entretanto, afirmó que no todos los $27 millones otorgados en contratos se han gastado. Empero, no dio detalles para sustentarse.
“Una obra como esta conlleva un montón de estudios técnicos que valen bastante dinero… Después de todo, cuando (el gasoducto) esté en funcionamiento, la inversión se va a recuperar en dos años”, aseguró.
Enck se abstuvo de opinar sobre la cantidad de los contratos. En su lugar, dijo que la EPA ni endosa ni rechaza el gasoducto, pero que las preocupaciones de la agencia han sido atendidas.
“Desde la perspectiva de aire limpio, (el gasoducto) es bueno, pero entonces están todos los asuntos relacionados a las tuberías. Expresamos nuestras preocupaciones sobre el impacto en humedales y ríos”, expuso.
Enck indicó que la posición definitiva de la EPA sobre el gasoducto se conocerá cuando tengan la respuesta a una carta que le enviaron hace seis días a la AEE con sus preocupaciones.
Costo millonario
Para el líder de la organización ambientalista Misión Industrial, Juan Rosario, los contratos otorgados antes del anuncio del gasoducto reflejan que la obra le costará millones al País.
“Debería llamarse ‘Vía a los verdes’ por el montón de billetes que van a recibir varios contratistas, que son los que verdaderamente gobiernan al País, pero nadie vota por ellos”, dijo.
Rosario señaló que, desde que Fortuño anunció el gasoducto en agosto pasado, lo proyectó de forma impositiva, despertando la oposición comunitaria e impidiendo el diálogo.
Por su parte, Arturo Massol, de Casa Pueblo de Adjuntas, le pidió a la AEE que cancele los contratos otorgados y deje de impulsar el gasoducto.
“Estos contratos ya han causado daños, sobre todo a los vecinos y comerciantes que viven hace meses bajo amenaza de expropiación y atemorizados por la tubería”, subrayó.
Joel Ortiz colaboró en esta historia.
Prueba de la AEE
A partir de este domingo, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) comenzará a hacer las pruebas para la quema combinada de petróleo y gas natural en su central Costa Sur.
Así lo informó ayer el presidente de la Comisión de Servicio Público, José Banuchi, al anunciar que esa agencia le otorgó un permiso provisional a la AEE que la autoriza a despachar y servir gas natural solo mientras se realicen las pruebas.
Por tanto, una vez la AEE acabe las pruebas, que podrían durar hasta 35 días, deberá detener el despacho o servido de gas natural. Luego, la Comisión se expresará en torno a la concesión de una franquicia para el despacho de gas natural.
Banuchi detalló que las pruebas contemplan cinco escenarios: quema 100% de gas natural, 25% de gas natural y 75% de petróleo, 50% de gas natural y 50% de petróleo, 75% de gas natural y 25% de petróleo y 100% de petróleo.
Los hombres del gasoducto
Las disputas públicas y las acusaciones rodean a los protagonistas del proyecto
Por Gerardo E. Alvarado León / [email protected]
Los consultores, contratistas y demás personajes que rodean el gasoducto son figuras que no han estado ajenas a la controversia durante las pasadas décadas, ya sea porque ocuparon puestos públicos, se les imputaron violaciones éticas o fueron acusados a nivel federal por realizar donativos ilícitos a campañas políticas, según lo confirman reportes de prensa de esas fechas.
Los nombres de estos personajes aparecen junto al del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Miguel Cordero, quien hace dos años regresó a ese puesto tras ocuparlo bajo la administración del ex gobernador Pedro Rosselló (1993-2000).
En ese período -hace 18 años- Cordero propuso un gasoducto como parte del plan gubernamental de diversificar las fuentes energéticas. Sin embargo, el proyecto nunca se materializó.
En el 2001, el Partido Popular Democrático (PPD) subió al poder y el entonces director ejecutivo de la AEE, Héctor Rosario, engavetó el gasoducto concebido por Cordero. Luego, en el 2004, cuando Aníbal Acevedo Vilá asumió la gobernación, comenzó a erigirse el Gasoducto del Sur. Tras el regreso del Partido Nuevo Progresista (PNP) a La Fortaleza y de Cordero a la silla de la AEE, ese proyecto -que ya estaba completado en un 25%- quedó cancelado y comenzó a planificarse el gasoducto actual.
El 2 de julio de 2010, tres semanas antes de que el gobernador Luis Fortuño declarara la emergencia energética que permite el desarrollo acelerado del gasoducto, Cordero firmó un contrato por $2.7 millones con Eduardo Ballori Ballori, socio principal de la agencia de publicidad Ballori & Farré, a quien se le encargó desarrollar el plan de comunicación del proyecto.
A Ballori Ballori, cuyo nombre de pila es Eduardo López Ballori, no le son extraños los temas energéticos, ya que fue comisionado de Energía de 1978 a 1984 bajo la gobernación de Carlos Romero Barceló. En ese tiempo, además, fue miembro de la Junta de Directores de la AEE y de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS).
En 1984 fundó su agencia de publicidad, que en un principio se llamó Agora & Associates. Bajo la gobernación de Rosselló obtuvo contratos con el Ejecutivo por $19.1 millones, siendo el de la Telefónica uno de los principales. En 1994, fue contratado por Professional Services Group y Montenay Power Corporation para correr la publicidad de la construcción de una planta de recuperación de energía en Guaynabo.
El 11 de junio de 1991, López Ballori fue acusado por un gran jurado federal, en Nueva York, de haber hecho contribuciones políticas ilegales, a nombre de 17 personas, al comité de campaña del ex senador republicano Alphonse D’Amato. Tras dos juicios celebrados en la Isla, fue absuelto por insuficiencia de pruebas. Este caso lo cubrió hasta el diario The New York Times.
López Ballori está ligado al Partido Republicano. Fue director de finanzas de esa colectividad en la Isla. Contribuyó y dirigió las campañas locales de los candidatos George Bush, Ronald Reagan y Fred Thompson. Curiosamente, en el 2008, le donó $2,300 al comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, quien es demócrata.
Violaciones éticas
El consultor externo de la AEE, Daniel Pagán, quien trabaja para la firma Asesores Ambientales y Educativos, Inc., ocupó puestos públicos bajo la gobernación de Rosselló: director ejecutivo de la ADS entre 1992 y 1997, y secretario de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) entre 1997 y 2000.
En 1996, la Oficina de Ética Gubernamental le imputó haber incurrido en conflicto de intereses al otorgar más de $350,000 en contratos a la firma UNIPRO Architects. Pagán laboró en UNIPRO a mediados de 1992. La Ley de Ética establece que ningún funcionario puede otorgar contratos a empresas en las que haya estado vinculado durante los últimos cuatro años antes de ocupar el cargo. Pagán se defendió alegando que laboró en UNIPRO en calidad de consultor ambiental y no le aplicaban las disposiciones de la referida ley. Simultáneamente, las ejecutorias de Pagán como gerente de Safety Kleen Envirosystemas eran investigadas por la Junta de Calidad Ambiental (JCA), ya que supuestamente permitió que la empresa excediera los límites de almacenamiento de desechos tóxicos y los destinara en tanques no autorizados. La JCA multó a la empresa por $1.5 millones.
Bajo su incumbencia en el DRNA, una investigación de El Nuevo Día reveló la controversia sobre el posible uso de equipos de tecnología satelital para rastrear empleados.
En el 2003, Pagán enfrentó un pleito judicial por violar la Ley de Ética y ocultar o destruir de documentos. Los hechos se remontan a 1999 y estaban relacionados con una subasta para la construcción de una planta de recuperación de materiales reciclables en Toa Baja. La Oficina del Fiscal Especial Independiente le imputó intervenir en la subasta para favorecer a terceros. El Tribunal Apelativo desestimó el caso en el 2005 por falta de pruebas.
En el 2004, la Oficina del Contralor encontró que entre septiembre de 1998 y diciembre de 1999, tiempo en que Pagán dirigió el DRNA, la agencia compró un avión por $277,500, nueve vehículos y 31 fotocopiadoras sin realizar subastas. En una auditoría previa, realizada en el 2002, el contralor halló que Pagán incurrió en una falla administrativa al manejar como una “situación de emergencia” el otorgamiento de un contrato para la operación de una planta de composta en Aibonito.
Asesores Ambientales y Educativos, Inc., registrada en el Departamento de Estado como una corporación sin fines de lucro, es dirigida por Yousev García. La firma tiene dos contratos por $2.3 millones con la AEE para realizar los estudios ambientales del gasoducto.
Yousev es hijo del conocido científico ambiental Neftalí García. Entre abril y mayo de 2010, ambos asesoraron a la AEE sobre el proyecto, pero un mes después Neftalí se retiró por “varias contradicciones” con la corporación pública. Entre esas diferencias, el propio Neftalí mencionó que con el gasoducto, en vez de diversificar las fuentes de energía, la AEE sustituye el petróleo por el gas natural, exponiéndose a quedar a la merced de los precios de ese combustible si en un futuro las reservas escasean o son controladas por un grupo, como pasa con el crudo.
Yousev ha sido asesor de otros polémicos proyectos, como el complejo turístico Dos Mares Marriott Resort, que estaría ubicado en el Corredor Ecológico del Noreste, área a la que Luis Fortuño, a su llegada a La Fortaleza, le quitó la designación de reserva natural.
Miguel Cordero, Director ejecutivo de la AEE
Dirigió al AEE entre 1993 al 2000 (Administración Rosselló).
En este período propuso la construcción de un gasoducto, proyecto que fue cancelado cuando la administración popular de Sila Calderón asumió la dirección de la AEE.
Fue director ejecutivo del municipio de San Juan del 2005 al 2008 (administración Santini).
En el 2009 regresa a la AEE como director ejecutivo (administración Fortuño).
Paralizó el Gasoducto del Sur, proyecto que había iniciado el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
En el 2010 propone un nuevo gasoducto de 92 millas desde Peñuelas hasta Arecibo y de ahí a San Juan.
Eduardo López Ballori
Socio principal de la Agencia de publicidad Ballori & Farré
Fue comisionado de Energía entre 1978 y 1984 e integró la Junta de Directores de la AEE y la ADS (administración Romero Barceló). En 1984 fundó su agencia de publicidad, que entonces se llamaba Agora & Associates.
Bajo la administración Rosselló (1993-2000) obtuvo contratos de publicidad ascendentes a $19.1 millones.
En 1991 fue acusado por un gran jurado federal en Nueva York por hacer contribuciones ilícitas por $32,000 a la campaña del ex senador republicano Alphonse D’Amato. Fue absuelto por insuficiencia de pruebas.
Dirigió la campaña en la Isla y fue contribuyente de los candidatos republicanos George Bush, Ronald Reagan y Fred Thompson, entre otros.
Actualmente tiene contratos con el Gobierno que superan los $29 millones.
Daniel Pagán
Asesor de la AEE
Dirigió la Autoridad de Desperdicios Sólidos entre 1992 y 1997.
En 1996, Ética Gubernamental le imputó incurrir en conflicto de intereses, pues otorgó $350,000 en contratos a UNIPRO, empresa donde había laborado. Actualmente, UNIPRO tiene un contrato por $6 millones para supervisar la construcción del gasoducto, aun cuando los trabajos no han iniciado.
Fue secretario del Departamento de Recursos Naturales entre 1997 y 2000.
Bajo su incumbencia trascendió la controversia sobre el supuesto uso de equipos de tecnología satelital para rastrear el paso de sus empleados.
En el 2003 enfrentó un pleito judicial por cargos de violación a la Ley de Ética Gubernamental y ocultación y destrucción de documentos. Se le acusó de intervenir en un proceso de subastas para favorecer a terceros. El Apelativo desestimó los cargos en el 2005.
Yousev García
Director ejecutivo de la firma de consultoría Asesores Ambientales y Educativos, Inc.
Registró su compañía como una sin fines de lucro en 1995.
Obtuvo dos contratos por $2.3 millones para realizar los estudios ambientales del gasoducto.
Es hijo del reconocido científico ambiental Neftalí García, quien entre abril y mayo de 2010 asesoró a la AEE (junto a Yousev) sobre el gasoducto. Al mes, renunció tras diferencias con la AEE.
Fue asesor de los proponentes turísticos Dos Mares Marriott Resort, proyecto que estaría ubicado en el Corredor Ecológico del Noreste.
El rostro azul del gasoducto
El PNP luce como el hilo conductor entre contratistas y consultores del proyecto
Por Gerardo E. Alvarado León / [email protected]
No solo los conecta una tubería de 92 millas. Los contratistas y consultores del gasoducto tienen otro denominador común: el Partido Nuevo Progresista (PNP).
Un análisis de varios reportes de prensa confirma que Dennis Medina Rivera, presidente de la compañía New Star Acquisition, Corp., ejemplifica la relación de la Palma con los personajes del gasoducto.
Medina Rivera fue comisionado electoral del PNP en San Juan desde principios de la década del 2000, cuando Jorge Santini se convirtió en alcalde. Su fecha de salida del puesto no está muy clara. Portavoces del Municipio alegan que se dio hace 6 o 7 años, pero reportes de prensa de agosto pasado lo ubican, como comisionado electoral de la Palma en la Capital, en una juramentación de un alcalde en la República Dominicana. En esta actividad estuvo acompañado de Santini, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, y otros políticos.
Además, entre el 2008 y 2010, Medina Rivera hizo donativos políticos por $3,400 a Pierluisi.
Su empresa obtuvo dos contratos por $6.8 millones con la AEE para realizar las obras de expropiación relacionados al gasoducto.
El primer contrato, por $500,000 se firmó el 22 de junio de 2010, antes de que se declarara la emergencia energética que permite el desarrollo acelerado del proyecto. El segundo, por $6.3 millones, se adjudicó el 10 de octubre de 2010. La emergencia se declaró el 19 de julio.
La empresa de Medina Rivera tiene, además, contratos con el municipio de San Juan desde julio de 2002, según los registros del Contralor.
En total, hasta julio de 2006, New Star Acquisition, Corp. le había facturado al Municipio más de $1.5 millones por “servicios de consultoría administrativa” y “servicios técnicos”. También fue seleccionada para realizar el proceso de expropiación relacionado a Río 2010, proyecto para revitalizar el casco antiguo de Río Piedras.
Socio de Rivera Schatz
También Medina Rivera comparte tarjeta de presentación con el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, ya que ambos incorporaron juntos la compañía Blue Experts el 28 de enero de 2005.
El certificado de incorporación no detalla los propósitos de la empresa, pero en aquel entonces Rivera Schatz dijo a El Nuevo Día que realizarían “todo negocio lícito” en la Isla.
Medina Rivera contó que trabajaría con los bancos en lo relacionado a la compraventa de propiedades y que Rivera Schatz, quien entonces fungía como comisionado electoral y secretario del PNP, se dedicaría a “la parte legal”.
A mediados del 2006, el convicto ex senador penepé Jorge de Castro Font denunció que Rivera Schatz y el entonces comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, cabildeaban a dúo para que New Star Acquisition y Blue Experts obtuvieran contratos con municipios y el Ejecutivo.
En aquel entonces, Rivera Schatz y Cruz negaron tener vínculos de negocios, pero aceptaron ser amigos porque estudiaron juntos. Cruz también aceptó ser amigo de Medina Rivera, razón por la cual lo visitaba en su oficina, en Puerto Nuevo.
Entre otros contratos, Blue Experts logró uno por $125,000 con el Municipio de Toa Baja, pero fue cancelado pues los servicios nunca se rindieron, dijo hace cuatro años el alcalde de ese pueblo, Aníbal Vega Borges.
Relación de 30 años
Los vínculos de estos personajes con la Palma datan desde 1978, cuando Eduardo López Ballori, socio principal de la agencia de publicidad Ballori & Farré, fungió como Comisionado de Energía durante la gobernación de Carlos Romero Barceló. Actualmente, según datos de la Oficina del Contralor, López Ballori tiene un contrato de $2.7 millones con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para la publicidad del gasoducto. La agencia mantiene contratos con el Gobierno por más de $29 millones.
De la misma forma, Daniel Pagán, consultor externo de la AEE y que labora para la firma Asesores Ambientales y Educativos, Inc., ocupó puestos públicos bajo la incumbencia de Pedro Rosselló: director ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (1992-1997) y secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (1997-2000).
Actualmente, Asesores Ambientales y Educativos, Inc. tiene dos contratos por $2.3 millones con la AEE para los estudios ambientales del gasoducto.
Construcción fantasma
La compañía UNIPRO Architects, Engineers & Planeers, cuyo socio-dueño es Guillermo Pérez Martínez, consiguió un contrato con la AEE por $6 millones para manejar y supervisar la construcción del gasoducto. Empero, la construcción aún no ha empezado porque el proyecto no cuenta con todos los permisos requeridos. La AEE tenía planes de iniciar la construcción durante este mes, pero ahora se abstiene de dar una nueva fecha, según expresó anteayer Pagán.
En 1996, UNIPRO recibió más de $350,000 en contratos, que le fueron otorgados por Pagán, quien entonces se desempeñaba como director ejecutivo de la Administración de Desperdicios Sólidos. Cuatro años antes, a mediados de 1992, Pagán había laborado como consultor en UNIPRO.
Actualmente, UNIPRO tiene varios contratos importantes, como es el diseño y construcción de la nueva sede del Negociado de Investigaciones Federales (FBI) en San Juan. También fueron consultores de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) para el diseño esquemático de los primeros 28 planteles públicos que serían modernizados a través del programa “Escuelas Siglo XXI”. El contrato fue por $1.9 millones.
En millones
$27
Millones otorgados en contratos hasta la fecha
$9.6
Total en contratos para Ray Engineers
$6.3
Contratos para los procesos de expropiación dados a New Star Acquisition
$6
Contrato para el manejo y supervisión de la construcción del gasoducto con Unipro
$2.7
Contrato de publicidad con Ballori & Farré
$2.3
Total en contratos para Asesores Ambientales
Contratos del gasoducto sin subasta
La AEE se apoya en una ley de 1941 para no realizarlas
Por Gerardo E. Alvarado León / [email protected]
ninguno de los siete contratos adjudicados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para la realización de trabajos relacionados al gasoducto pasó por un proceso de subasta pública o solicitud de propuesta (“request for proposal”), confirmó ayer el asesor legal de esa corporación pública, el licenciado Samuel Nales Pérez.
Cuatro de los contratos se otorgaron antes del pasado 19 de julio, cuando el gobernador Luis Fortuño declaró una emergencia energética. Fortuño anunció la construcción del gasoducto el 9 de agosto de 2010. Los demás contratos se dieron después de esa fecha.
De inmediato, el abogado ambiental Pedro Saadé indicó que, más allá de evidenciar preferencia por unas compañías sobre otras, la decisión de la AEE de no realizar subastas demuestra que la celebración de vistas públicas sobre el gasoducto fue “una tomadura de pelo”.
Además, denota “un gran cinismo” de parte de la corporación pública, que evidentemente descartó las alternativas al gasoducto al firmar contratos para su diseño, estudios ambientales y publicidad, entre otros.
Según explicó Nales Pérez, la ley orgánica de la AEE -que data de 1941- dispone que para la contratación de servicios profesionales o de expertos no hace falta realizar subastas públicas o abrir una solicitud de propuesta. Se trata de la sección 205, inciso 2D, que estipula que “en interés de una buena administración”, la AEE puede obviar los mencionados procesos.
El licenciado afirmó que esta prerrogativa de la AEE fue validada por el tribunal federal en 1996.
Nales Pérez informó que los contratos de diseño, expropiación, publicidad y supervisión de la construcción del gasoducto “también encajan en la excepción” por considerarse temas especializados. Tampoco se subastaron.
“No estamos atados para contratar sin subasta. No necesitamos que haya una declaración de emergencia. Estamos hablando de un proyecto de envergadura y no podemos contratar a cualquiera”, dijo el abogado.
Aclaró que los únicos contratos que van a subasta son los relacionados a la compra de materiales de construcción. Carlos Monroig, portavoz de la AEE, indicó que estos contratos no se adjudicarán hasta tanto el gasoducto cuente con todos los permisos.
Metodología anticuada
Saadé censuró que la AEE se base en una ley de 70 años -más antigua que la Constitución- para defender el otorgamiento deliberado y apresurado de los contratos del gasoducto.
Sentenció, asimismo, que son este tipo de proyectos de tanta envergadura los que deben ir a subastas dado el interés público que despiertan.
“Todo el programa energético del Gobierno está caracterizado por una imposición que nace de un estado de emergencia en el que la opinión de los sectores no cuenta. Es una burla al proceso de vistas públicas y a la buena fe que la gente pudo haber puesto en el proceso. Se supone que la evaluación ambiental sea anterior al otorgamiento de contratos y a la decisión sobre las alternativas”, puntualizó Saadé.
LO QUE SE VE
La actitud del Ejecutivo en cuanto al gasoducto refleja:
Falta de transparencia
Desinterés en la participación ciudadana
Incapacidad para gobernar
Las consecuencias son:
Pérdida de confianza en las instituciones
Incredibilidad en los procesos públicos
Fuente: Leonardo Santana Rabell
Levantan bandera de alerta
Falta transparencia en los procesos en torno al gasoducto
Por Gerardo E. Alvarado León / [email protected]
La falta de transparencia en los procesos en torno al gasoducto levanta una bandera de alerta sobre los personas cercanas al proyecto, quienes estarían incurriendo en conflictos de intereses.
Esa es la opinión de Leonardo Santana Rabell, catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, quien destacó ayer que la falta de transparencia se refleja, por ejemplo, en el otorgamiento de contratos relacionados al gasoducto tres meses antes de que el gobernador Luis Fortuño anunciara del proyecto.
“Eso sí que asusta. La opinión pública necesita aclarar esa información para que tenga legitimidad lo que hace el Gobierno”, expresó.
Santana Rabell destacó que desde que se anunció el gasoducto ha habido poca participación ciudadana en torno al proyecto, razón por la que enfrenta tanta oposición.
Hizo referencia a la última encuesta de El Nuevo Día, donde el 61% de los participantes afirmó estar más preocupados que confiados por la seguridad de la tubería.
“No hay un esfuerzo del Estado, más allá de los medios de publicidad, de explicar el proyecto para que la gente lo entienda”, dijo.
En consecuencia, el pueblo pierde la confianza en las instituciones públicas y se crea un “problema de ingobernabilidad”, concluyó.
Azules niegan vínculos con el gasoducto
Fortuño defiende los contratos de $27 millones
Por Gerardo E. Alvarado León / [email protected]
El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, negaron ayer cualquier intervención suya en el otorgamiento de los contratos relacionados al gasoducto.
Asimismo, el gobernador Luis Fortuño defendió la adjudicación de $27 millones asociados al proyecto, pese a que aún su construcción no ha iniciado por falta de permisos.
“Yo no tomo ese tipo de decisiones. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tiene su propia autonomía”, dijo Perluisi en declaraciones radiales. El nombre del comisionado residente se mencionó junto al del contratista Dennis Medina, presidente de New Star Acquisition, Corp., firma encargada de las expropiaciones del gasoducto. Entre el 2008 y 2010, Medina donó $3,400 a Perluisi. “Todos tienen derecho a aportar, incluyendo a Dennis Medina, a quien conozco hace años”, dijo.
Rivera Schatz también negó en una emisora radial, algún vínculo con alguna compañía o corporación. En el 2005, el legislador incorporó junto a Medina la compañía Blue Experts.
“Soy legislador a tiempo completo. Esa corporación (Blue Experts) se incorporó en el 2005, pero no hizo negocios porque fui designado comisionado electoral (del Partido Nuevo Progresista) y se canceló… Tuve que dejar mi práctica privada de abogado”, expresó el presidente senatorial.
En tanto, Fortuño indicó que el gasoducto, por ser un “proyecto tan importante”, requería una inversión previa para “estar en una posición como la que estamos hoy, a ley de un permiso para comenzar (a construir)”. “Por supuesto que tiene que haber transparencia, como lo hemos hecho en todo lo que hacemos en nuestro gobierno. La Junta (de la AEE) pasa juicio sobre estas cosas”, sostuvo Fortuño.
Reacciona UNIPRO
El ingeniero José Mangual, socio-gerente de UNIPRO, la compañía contratada para supervisar la construcción del gasoducto, explicó que su intervención en el proyecto se da desde antes que se coloque la tubería.
“Comenzamos en septiembre, cuando ya el proyecto estaba diseñado. Recibimos los planos de los diseñadores para ver si cumplían con los requisitos de la AEE y poder sacarlos a subasta. Ayudamos a la AEE con los documentos de construcción para dárselos a los contratistas y que vengan con un precio. Cuando la AEE decida a quién le da el contrato, nosotros seguimos como inspectores y observadores de la obra”, puntualizó Mangual.
Aclaró que UNIPRO no tiene contratos con el gobierno federal. Su contrato con la AEE es por $6 millones y se adjudicó en septiembre pasado.
Justicia previó un conflicto de interés
Avisó sobre contratos con Ray Chacón
Por Gerardo E. Alvarado León / [email protected]
El secretario de Justicia, Guillermo Somoza, y su antecesor, Antonio Sagardía, expresaron -en 2009 y 2010, respectivamente- que el otorgamiento de contratos a favor de Pedro Ray Chacón podría representar un conflicto de intereses ya que el contratista era miembro de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Ray Chacón también integraba la Junta de Directores de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).
En dos cartas en poder de El Nuevo Día, Somoza y Sagardía afirman que habría conflicto de intereses, ya que la Ley de Ética Gubernamental dispone que ningún funcionario o empleado público (incluyendo miembros de juntas de gobierno) podrá obtener ganancias o beneficios producto de un contrato con otra agencia gubernamental a menos que el Gobernador, previa recomendación de los secretarios de Hacienda y Justicia, expresamente lo autorice.
Somoza y Sagardía agregan que el conflicto de intereses podría darse, toda vez que el BGF está designado para actuar como “agente fiscal” de las dependencias gubernamentales, como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), además de ser el depositario de fondos y/o reservas para certificados u otras evidencias de deudas. En otras palabras, porque Ray Chacón integraba una agencia gubernamental que maneja detalles sobre finanzas, contratos y proyectos de infraestructura.
La bandera de alerta que levantó Justicia en ambas cartas está contenida en los comentarios que hacen luego que Ray Chacón sometiera ante el Departamento de Estado dos peticiones de dispensa para conseguir contratos con la AEE.
El primer contrato, de un costo de $500,000, sería para realizar trabajos de ingeniería, arquitectura, ambientales y otros servicios asociados al diseño de líneas de transmisión, distribución, subestaciones y otras instalaciones. El segundo contrato, de un costo de $8.8 millones, sería para el diseño e ingeniería del gasoducto.
En las cartas, Somoza y Sagardía le recomendaron al secretario de Estado, Kenneth McClintock, consultar el caso con la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) previo a conceder la dispensa. La primera carta, firmada por Sagardía, tiene fecha del 8 de septiembre de 2009. Tres meses después, Ray Chacón obtuvo el contrato de $500,000 con la AEE. La segunda carta, firmada por Somoza, tiene fecha del 24 de marzo de 2010. Un mes después, Ray Chacón obtuvo el contrato de $8.8 millones con la AEE. Este contrato fue enmendado para añadirle $698,553. El cambio de orden se adjudicó el 24 de enero de 2011, cuando había expirado la emergencia energética declarada por el gobernador Luis Fortuño para acelerar el desarrollo del gasoducto.
Ayer, McClintock confirmó que se concedieron las dispensas con la condición de que Ray Chacón se abstuviera de atender asuntos relacionados a la AEE en el BGF. Ray Chacón salió de la Junta de Directores del BGF y la AFI en octubre de 2010.
El gasoducto le salvó el bolsillo
Pedro Ray Chacón enfrentaba una seria crisis económica hasta que se convirtió en el contratista principal del gasoducto
Por Gerardo E. Alvarado León / [email protected]
Antes de recibir un contrato por $9.6 millones para diseñar el gasoducto, Pedro Ray Chacón, presidente de la compañía Ray Engineers, PSC, encaraba una crisis económica a tal grado que una veintena de empleados lo demandó por falta de pago.
Documentos bancarios, legales, gubernamentales, correos electrónicos internos y reportes de prensa en poder de El Nuevo Día demuestran cómo Ray Chacón pasó de estar casi al borde de la quiebra a convertirse en el principal contratista del polémico proyecto. Su contrato representa el 30% de los $27 millones adjudicados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para adelantar obras el gasoducto.
Al cierre de esta edición, Ray Chacón no había atendido las varias peticiones de entrevista de este diario.
Una empleada de su oficina, quien se identificó Charlene Ramírez, indicó el jueves y viernes de la semana pasada que el empresario estaba fuera del País y que regresaría entre hoy y el miércoles. Ray Chacón tampoco respondió los correos electrónicos enviados a su dirección.
La situación económica en Ray Engineers, PSC se complicó en agosto de 2008, según lo confirma un correo electrónico de la compañía. En esa fecha fue la primera ocasión que los empleados no recibieron su salario.
“Tomando en cuenta las proyecciones financieras de la semana y el flujo de efectivo que ha entrado a la oficina hasta el momento y lo que queda de semana, no va ser posible pagar la nómina la semana que viene. De igual manera, hay otros gastos como lo son las cuotas de los ingenieros que tampoco se podrán cubrir esta semana”, reza la comunicación fechada el 28 de agosto de 2008 y firmada por Giancarlo Picorelli, quien se identifica como director de Recursos Humanos de la empresa.
Justamente, en agosto de 2008 Ray Chacón le celebró el quinceañero a su hija a un costo de más de $300,000. La fiesta se celebró en el San Juan Hotel & Casino y fue amenizada por los Gipsy Kings, según relató uno de los empleados que demandó a Ray Chacón, quien pidió el anonimato por temor a represalias en su contra.
Un reporte de prensa, publicado cuatro meses más tarde (diciembre de 2008) da cuenta de que Ray Engineers, PSC figuraba en la lista del Negociado de Normas del Trabajo, del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, como una de las compañías que no pagaría el bono navideño ese año.
En el BGF y AFI
Una vez Luis Fortuño llegó a La Fortaleza, tras ganar las elecciones generales de noviembre de 2008, Ray Chacón fue nombrado a la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y posteriormente a la de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). Todos los miembros de la Junta de Directores de la AFI son de la del BGF.
Ray Chacón dejó su puesto en la Junta de Directores del BGF en octubre de 2010. Empero, su contrato de $8.8 millones con la AEE para hacerse cargo del diseño del gasoducto se firmó seis meses antes, el 4 de abril de ese año. Ese mismo contrato fue enmendado el 24 de enero de 2011, cuando la emergencia energética que declaró Fortuño para impulsar el desarrollo acelerado del gasoducto había expirado. El cambio de orden fue por $698,553 adicionales.
El 5 de noviembre de 2010, un mes después de salir del BGF, Ray Chacón firmó un contrato por $595,000 con la AFI por “servicios técnicos” prestados durante dos meses. Según datos de la Oficina del Contralor, desde el 2004 al presente Ray Engineers, PSC logró 46 contratos con otras cinco dependencias gubernamentales para un total de $16.7 millones. Sus tres clientes principales son la AEE, la Autoridad de Carreteras y el Municipio de San Juan.
Reportes de prensa publicados entre el 2005 y 2008, demuestran que Ray Chacón tuvo a su cargo importantes proyectos en la Capital, tales como el campo de golf de 18 hoyos ubicado en el antiguo vertedero, la instalación de adoquines del Viejo San Juan, el Museo de Vida Silvestre y el Hotel Sheraton aledaño al Centro de Convenciones. Durante esos años, el director ejecutivo de la AEE, Miguel Cordero, fue administrador del municipio.
Emplazado y demandado
El 6 de marzo de 2009, Ray Chacón y su esposa, Nilsa Santiago, le cursaron una carta a los directivos del Western Bank enumerando varios esfuerzos para “asegurar la salud financiera” de su empresa.
Una fuente cercana a este proceso, quien pidió no ser identificada, indicó que el 15 de abril de 2010, Western Bank ordenó emplazar a la pareja “por cobro de dinero, ejecución de hipoteca por la vía ordinaria y de garantías mobiliarias”. La cantidad adeudada sobrepasaba los $8 millones.
El 23 de agosto de 2010, agregó la fuente, un tribunal ordenó dar acceso a la urbanización donde reside el matrimonio, en Guaynabo, para que se llevara a cabo el emplazamiento. Sin embargo, nunca se realizó porque el personal de seguridad de la urbanización no autorizó la entrada del emplazador. Ocurrió lo mismo cuando visitó las oficinas de la compañía en el Viejo San Juan.
Según la fuente, cuando Western Bank fue adquirido por Banco Popular entre abril y mayo de 2010, Ray Chacón llegó a un acuerdo con la institución y el caso se archivó.
“El caso está inactivo por transacción. Eso coincidió con el otorgamiento a Ray Chacón del millonario contrato para diseñar el gasoducto”, sostuvo.
El 29 de junio de 2009, 19 empleados de Ray Chacón lo demandaron en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por incumplimiento de contrato, alegando que se les debían diez meses de salario, así como el pago de bonos y sus colegiaciones. La licenciada Aurimir Arocho Torres es la representante legal de los demandantes.
El 14 de julio de 2009, los demandantes radicaron ante el mismo tribunal una moción de embargo preventivo dirigida a Ray Engineers, PSC. “No hay controversia sobre la probabilidad de que las reclamaciones permanezcan y la parte querellada alegó circunstancias económicas apremiantes”, reza el recurso.
Pese a que los querellantes solicitan más de $1 millón, la moción de embargo es por $570,222.29. Arocho Torres explicó que este tipo de embargo, como se solicitó de forma urgente, no permite reclamar la cantidad por daños y penalidades.
Sostuvo que sus representados fueron despedidos “injustificadamente” luego que presentaron la demanda, lo que representó una reducción drástica en la plantilla de empleados de la empresa. El citado empleado demandante afirmó que Ray Engineers, PSC se quedó con menos de 10 personas laborando.
“El patrono los despide alegando que había circunstancias económicas apremiantes, pero esas circunstancias existían desde antes. ¿Por qué espero a que se radicara la demanda?”, cuestionó Arocho Torres.
“Todo ha sido un proceso manipulado. Es inconsistente que con su realidad económica, sea la firma de ingenieros escogida por el Gobierno para darle el contrato millonario del gasoducto. Eso se agrava con la situación de que empezó a subcontratar ingenieros tan pronto despidió a mis representados”, puntualizó la abogada en referencia a que si el patrono no podía pagarle a sus empleados, es de esperarse que tampoco hiciera subcontrataciones.
El pasado jueves, el asesor legal de la AEE, Samuel Nales Pérez, admitió que ninguno de los contratos otorgados para hacer trabajos del gasoducto pasó por un proceso de subasta. Defendió que la AEE tiene potestad en ley para escoger a las compañías que entiendan necesario, siempre y cuando tengan experiencia en la obra propuesta, capacidad técnica y solvencia económica.
A juicio de Arocho Torres, Ray Engineers, PSC no cumple con dichos requisitos. “Cómo es posible que se les otorgue un contrato si hay documentos que dan la apariencia de que la compañía está mal?
Además, cuando se otorga un contrato, se considera que la compañía no tenga pleitos pendientes en los tribunales”, dijo.
El miércoles, 27 de abril se llevará a cabo una vista de seguimiento de este caso en el Tribunal de San Juan.
Contratista del gasoducto delegó su tarea en otro
Ray Chacón nunca había diseñado una tubería de gas
Por Gerardo E. Alvarado León / [email protected]
Tras proclamar que duerme “tranquilito”, el contratista Pedro Ray Chacón, presidente de la empresa Ray Engineers, PSC, admitió ayer que delegó en una firma estadounidense con sede en Houston, Texas, el diseño del gasoducto.
Esta información contrasta con la ofrecida el jueves pasado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuando su consultor jurídico, Samuel Nales Pérez, indicó que las compañías contratadas por ellos para realizar tareas relacionadas al gasoducto fueron seleccionadas por su peritaje y experiencia en asuntos de gas natural.
Ray Chacón, quien tiene un contrato de $9.6 millones con la AEE, precisó que subcontrató a la empresa Gulf Interstate Engineering, una subsidiaria de Gulf International Corporation.
“Me busqué un asesor experto en tubos. Gulf Interstate ha hecho más de cien millas de tubos y nunca ha tenido un problema. Los subcontraté. Formé un equipo para atacar este proyecto (el gasoducto)”, dijo Ray Chacón al aclarar que también subcontrató varias compañías locales para estudios geotécnicos y tareas de agrimensura.
La AEE está al tanto de la subcontratación de Gulf Interstate, dijo.
¿La ruta del gasoducto se diseñó aquí o en Estados Unidos?
El trabajo se hace compartido, es lo más que te puedo decir. Ellos (Gulf Interstate) me dan asesoramiento.
¿Esta es su primera experiencia diseñando gasoductos?
Es la primera en proyectos de transmisión de gas en la Isla, pero trabajamos en la conversión de petróleo a gas natural de la central Costa Sur.
¿Cuánto de los $9.6 millones de su contrato se ha facturado?
Prácticamente todo. Lo que faltan son los comentarios del Cuerpo de Ingenieros y ver si hay que hacerle ajustes finales al diseño del proyecto.
Ray Chacón, un cubano que llegó a Puerto Rico en 1961 cuando tenía un año de edad, afirmó que es amigo del gobernador Luis Fortuño porque estudiaron juntos en el Colegio Marista de Guaynabo.
“Es mi amigo desde séptimo grado… También es correcto que hemos ido a esquiar juntos”, dijo al asegurar que Fortuño no influyó en el otorgamiento del contrato que firmó con la AEE.
“Tengo una relación de 16 años con la AEE. Le he dado un servicio excepcional a la corporación”, sostuvo.
El contratista negó ser amigo del director ejecutivo de la AEE, Miguel Cordero, a quien dijo conocer desde 1993 cuando dirigía la corporación bajo la gobernación de Pedro Rosselló. También coincidió con Cordero cuando este fungió como administrador del municipio de San Juan (2005-2008).
“Pero no soy amigo de salir con él, no como con el Gobernador. Nunca he salido socialmente con Cordero, pero lo aprecio mucho”, expresó.
Económicamente hablando, ¿cómo está su compañía?
Estamos ahí más o menos. No es noticia que en Puerto Rico hay una recesión, pero estamos bien.
En el 2008 usted no les pagó el bono navideño a sus empleados. ¿Cuándo las cosas empezaron a mejorar?
No me acuerdo.
¿Con el contrato del gasoducto?
Ese no es mi contrato más importante. Ya he liquidado varios contratos con el gobierno. Los más importantes son con el sector privado. Tengo tres hoteles sobre la mesa.
Ray Chacón descartó un conflicto de intereses en los contratos que consiguió con la AEE mientras integraba la Junta de Gobierno del Banco Gubernamental de Fomento. “Mi responsabilidad era someter los documentos para que me dieran las dispensas y me las dieron con la condición de que me inhibiera de cualquier discusión relacionada a la AEE”, sostuvo.
“Duermo tranquilito. No he hecho nada malo. Yo conseguí dispensas para todos mis contratos y actué de acuerdo a ellas. No entiendo por qué debo estar preocupado”, concluyó.
Resaltan un problema de seguridad en torno al gasoducto
Tras delegar en firma extranjera el diseño de la obra
Por Gerardo E. Alvarado León / [email protected]
La adjudicación del contrato del diseño del gasoducto a una firma sin experiencia en este tipo de proyectos crea un “problema de inseguridad” en torno a la polémica obra, opinó ayer el abogado ambiental Pedro Saadé.
Esa inseguridad, agregó Saadé, cobra fuerza ante el hecho de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AAE) contrató a Ray Engineers, PSC sin realizar una subasta ni abrir una solicitud de propuesta. La empresa, a su vez, subcontrató a Gulf Interstate Engineering para diseñar el gasoducto.
El contrato de $8.8 millones suscrito entre la AEE y Ray Engineers, PSC el 30 de abril de 2010 establece, entre otras cosas, que la compañía podrá hacer subcontrataciones con la autorización de la corporación pública. No obstante, la semana pasada, el consultor jurídico de la AEE, Samuel Nales Pérez, indicó que las compañías contratadas por ellos fueron escogidas por su experiencia y peritaje en asuntos de gas natural. Anteayer, Pedro Ray Chacón, presidente de Ray Engineers, PSC, admitió que nunca había diseñado una línea de transmisión de gas natural.
“Hay que preguntarse si cuando se contrató a Ray Chacón, la AEE sabía que él iba a subcontratar. También hay que preguntarse cuál es el ‘expertise’ mínimo de la compañía subcontratada para asegurar que el gasoducto se diseñó bien. No es que no se pueda subcontratar, pero la ausencia de estos elementos supone un riesgo de seguridad inaceptable”, expresó Saadé.
De otra parte, la abogada Jessica Rodríguez, quien también se especializa en temas ambientales, pidió a la AEE que conteste si cuando contrató a Ray Engineers, PSC hubo otras compañías en su lista de candidatas.
En la medida que se consideren otras compañías con experiencia y peritaje, explicó, se reducen las posibilidades de hacer subcontrataciones.
“Hasta tanto la AEE responda esas preguntas, no deja de sustentarse la impresión de que la motivación para la contratación fue la mera amistad (entre Ray Chacón y el gobernador Luis Fortuño)”, sentenció Rodríguez.
Por tercer día consecutivo, el director ejecutivo de la AEE, Miguel Cordero, no estuvo disponible para reaccionar.
¿Dañino el gas natural?
Pese a que sus defensores lo describen como un combustible limpio y de transición hacia las fuentes renovables de energía, la verdad sobre el gas natural podría ser otra.
Dos estudios próximos a publicarse sugieren que la prisa por desarrollar el uso del gas natural redundaría en el calentamiento del Planeta. Su uso desmedido contribuiría más que la minería y la quema de carbón.
Robert Howarth, profesor de ecología en Cornell University, dijo al diario The New York Times que el metano, componente principal del gas natural, se está escapando a la atmósfera en cantidades mucho más grandes de lo imaginad
