Las medidas de reforma en el manejo de crímenes violentos que la Administración Fortuño ha pasado como suyas y que han causado revuelo por la supuesta “federalización” que representan en el sistema de justicia criminal de Puerto Rico, estaban recetadas por la misma Casa Blanca desde su informe sobre Puerto Rico en marzo de 2011.
Desde su juramentación, el gobernador Luis Fortuño enfatizó públicamente su ánimo de “cooperación” con las autoridades federales, pero no fue sino hasta después del informe del Grupo de Trabajo de Casa Blanca sobre Puerto Rico, y después de una racha de asesinatos, que comenzó a hacerse operacional un plan para que las autoridades federales se “metan” en el sistema de justicia de la Isla bajo el nombre de Illegal Firearms and Violent Crimes Strike Force. Esto, principalmente mediante el adiestramiento de funcionarios en el Departamento de Justicia por parte de fiscalía federal y mediante la participación de los agentes federales en el procesamiento de los arrestados en crímenes violentos ocurridos en la Isla.
El informe de Casa Blanca no dicta estrategias específicas, pero la propia jefa de fiscales federales, Rosa Emilia Rodríguez, dijo en una conferencia reciente que la meta del plan de colaboración es clara: evitar que se activen los mecanismos que tiene el sistema de justicia puertorriqueño y que permitirían que el arrestado salga en libertad bajo fianza.
“El Grupo de Trabajo recomienda que las agencias federales de la ley aumenten significativamente su participación en el sistema de justicia penal de Puerto Rico, entre otras cosas, para proporcionar la capacitación y asistencia técnica necesarias… Como primer paso, el Grupo de Trabajo recomienda que el DOJ (Justicia federal) identifique protagonistas de alto nivel en Puerto Rico para asociarse con DOJ, DHS (Homeland Security) y otras agencias federales de la ley para iniciar el proceso de forjar consenso a fin de implementar reformas apropiadas al sistema de justicia en Puerto Rico”, dictó el informe.
“Al trabajar con las autoridades de las agencias de la ley de Puerto Rico, las agencias federales deben evaluar los programas del gobierno federal para deter minar las formas de aprovecharlos para beneficio del objetivo común de un Puerto Rico más seguro”, añade.
Rodríguez, por su parte, explicó que “lo que estamos buscando es que ese individuo que está ahora mismo en la calle con un arma de fuego sea detenido inmediatamente, y que no salga hasta que cumpla su sentencia”. “Al estar esperando por tanto tiempo por un juicio bajo fianza, esa misma persona es el culpable de muchos otros robos y asesinatos”, argumentó.
Cuando se le planteó que las estadísticas oficiales de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ) es que los que están bajo la jurisdicción de esa oficina prácticamente no delinquen mientras están bajo fianza, Rodríguez ripostó que “me gustaría ver esa estadística, la realidad es que todas las personas, o la mayoría de las personas (arrestadas) están acusados, o han sido convictos”.
“Resolver los problemas de seguridad pública en Puerto Rico requiere de coordinación interinstitucional más estrecha y formal… Al trabajar con las autoridades de las agencias de la ley de Puerto Rico, las agencias federales deben evaluar los programas del gobierno federal para deter minar las formas de aprovecharlos para beneficio del objetivo común de un Puerto Rico más seguro”, abundó el Grupo de Trabajo en su recomendación.
Al explicar cómo se diferencia el más reciente anuncio de “colaboración” con los que la Administración Fortuño ha estado haciendo desde que llegaron en 2009, Rodríguez aseguró que “la diferencia es la implementación, cómo lo vamos a llevar a cabo, estamos solicitando seis fiscales para ofrecer adiestramiento”. Una de las áreas de adiestramiento será cómo manejar el caso y la recopilación de evidencia para viabilizar que los casos puedan trasladarse a la esfera federal.
Se supone que, como parte del plan, se celebre una “Cumbre de Seguridad Pública” en algún momento de este año para escuchar a la comunidad y a otros grupos de interés.
Para ver la versión en español del informe del Grupo de Trabajo de Casa Blanca, pulse aquí.
