Regaño federal a los elaboradores de carne de res boricua, ordenan “comercio justo”

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Investigadores de la Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) visitaron la Isla en marzo y cambiaron las reglas de juego para una industria que vende alrededor de 2.5 millones de libras de carne de res cada año a los comedores escolares, lo que representa aproximadamente unos $9 millones anuales, según el Departamento de Agricultura local.

Los federales ordenaron a los tres mataderos del país que cumplan estrictamente con los reglamentos y, como dice el reglamento, paguen en 48 horas o menos por la res que compran a los 500 productores, que cesen de descontar un 3% automático al precio de este producto, y que las balanzas que usan para pesar los animales sean certificadas y emitan recibos del peso.

El secretario de Agricultura, Javier Rivera Aquino, confirmó la investigación y sostuvo que la agencia federal no aplicó sanciones contra las empresas de mataderos, que a su vez procesan la carne para la venta. Se trata de una intervención estrictamente de índole comercial; el Departamento de Salud, y los departamentos de agricultura federal y local sí vigilan que el producto mantenga altos niveles de calidad. No existen inspectores locales para las transacciones comerciales porque no lo ordena ninguna ley, según Rivera Aquino.

El sector ganadero está representado en gran parte en el Fondo para el Fomento de la Industria de la Carne de Res, una organización cuasi gubernamental, compuesta por distintos sectores que trabajan por el desarrollo de la ganadería de carne. En el Fondo hay un representante de los mataderos y un representante del gobierno. Los ganaderos habían acudido a la agencia federal con las denuncias porque entendían que violentaban la ley federal Packers and Stockyards Act, que protege el comercio justo de los mercados de ese producto agrícola.

Su petición ante las autoridades federales ocurre en momentos en que advierten sobre la posible desaparición de la carne local por causa de problemas como el trato que reciben de los mataderos y la falta de apoyo gubernamental, según el director ejecutivo del Fondo, Rafael Rosado. En el último año han producido unos 37,000 animales, lo que representa un 10% del consumo total de la carne de res local (en el 1950 aquí se producía el 74%). Un 40% de la producción actual se sirve en los comedores escolares y el resto se vende en los supermercados. El contexto adverso que viven los productores, según Rosado, empeora la seguridad alimentaria de Puerto Rico, que sólo produce un 15% de los alimentos que se consumen en la Isla.
¿Tuvo que venir una agencia federal para resolver este problema entre productores y mataderos?

“Así mismo lo veo yo”, sostuvo Myrna Comas, profesora del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural de la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez.

“Esta ley federal garantiza unos beneficios que ayudan a aumentar la producción de carne, y aquí urge producir más comida para la seguridad del país. No podemos seguir dependiendo de productos extranjeros. Y en términos del consumidor, le trae como beneficio más opciones de carne fresca, que es la que se produce en la Isla”, agregó.

Rivera Aquino indicó que Agricultura local no interviene en el aspecto comercial porque son transacciones privadas.
“Aún en los dos renglones más reglamentados en la agricultura de Puerto Rico, que son el café y la leche, lo que se reglamente a nivel comercial son los precios mínimos”, apuntó. “Si esta política va a cambiar o no con la carne de res, es algo que se le debe llevar a la Legislatura. Es una cuestión de costumbre que se deja al propio sector privado que lo atienda”, añadió el funcionario.

Así las cosas, tuvo que venir una agencia federal para resolver el problema. “Tú, como Departamento de Agricultura debes velar porque la parte elaboradora no aplaste a la productora”, añadió Rosado, representante de los ganaderos. “Lo que falta es voluntad para establecer una política pública correcta”, dijo.

Las empresas intervenidas por los federales son las que compran ganado directamente a los productores y tienen mataderos y procesadoras, como Ganadería Santiago, en Yauco; Ganaderos Alvarado, en Arecibo; y Ganaderos Borges, en Naguabo, confirmó el agrónomo y abogado Fernando Machado, subordenador del Fondo para el Fomento de la Industria de la Carne de Res (el representante del gobierno ante esa organización).

“Nos investigaron a todos los mataderos. Miraron los estados de cuenta, nuestros gastos”, aceptó Noris M. Arroyo, una de las dueñas de Ganaderos Borges, la empresa matadero y empacadora más grande de Puerto Rico. “Encontraron que no hemos sido orientados sobre la existencia de la ley. Pero estamos encaminados a cumplirla”, reconoció.

Como resultado de la intervención federal, las empresas de mataderos y empacadoras han dejado de descontar el 3% (que se cobraba por una supuesta pérdida de peso de la carne durante el proceso, un alegato que carece de fundamento científico). Están además en el proceso de modernizar el sistema de balanzas, según Machado, y algunas han comenzando a pedir por escrito a los ganaderos que los releven de la responsabilidad de pagarles en 48 horas o menos, una disposición de la misma ley.

En cierta medida los mataderos tienen problemas para pagar en 48 horas o menos porque estos a su vez cobran tarde el cheque que les debe la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, la agencia local encargada de pagarle la carne que estos venden a los comedores escolares.

“Tengo que ser justo con los mataderos”, apuntó Rivera Aquino. “Y es que los comedores escolares no son los mejores pagándoles. Creo que todos tenemos que entender hasta cierto punto esa realidad de negocio”, concluyó.