El impacto ambiental de Monsanto

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Maíz transgénico de Monsanto

Maíz transgénico de Monsanto

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Tercera parte de la serie El experimento caribeño de Monsanto


Maíz transgénico de Monsanto

El estadounidense John Francis Queeny se inspiró en una mujer boricua para nombrar, en 1901 en Misuri, a la empresa Monsanto, que inició como una farmacéutica. Queeny bautizó la empresa en honor a su esposa Olga, hija de Emmanuel Mendes de Monsanto, quien a su vez financió los primeros pasos de la corporación. Ésta iba a convertirse en fabricante de agente naranja, el defoliante y herbicida que se probó en las granjas de Aguadilla en los años 50, y que se usó a gran escala para pelar la selva bajo la que se escondía el enemigo de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam.

monsantoboton300Hoy, Monsanto es la primera productora de semillas transgénicas del mundo, y usa a Puerto Rico como un inmenso laboratorio para desarrollar maíz, soya, sorgo y algodón transgénico. Como corporación agrícola, ocupa más de los 500 acres que permite la Constitución, cuyo artículo VI pretendía evitar el monopolio y el desplazamiento de los pequeños agricultores locales, como sucedía a principios del siglo pasado, cuando reinaba el imperio de la caña de azúcar, que don Emmanuel Mendes de Monsanto por otro lado, financiaba en Vieques y en las Islas Vírgenes, en San Thomas.

Monsanto. Transgénicos. Entre la comunidad científica y los grupos de defensa de los consumidores, esas dos palabras levantan pasiones. Algunos sostienen que las semillas modificadas genéticamente pueden aumentar las producciones de alimentos en lugares donde hay plagas y sequías,  lo que podría aliviar hambrunas de países del tercer mundo.

Sin embargo, una organización científica independiente de Estados Unidos, Union of Concerned Scientists, dedicada a la protección ambiental, sostiene que los transgénicos no resultan en un aumento de producción confiable y que requieren más pesticidas que los cultivos convencionales. Grupos de consumidores denuncian que no se ha estudiado en profundidad las consecuencias de los transgénicos en la salud humana y advierten que las leyes federales no obligan a los fabricantes de alimentos a indicar en las etiquetas que tienen transgénicos.

En la práctica, se sabe que el polen de las semillas “mejoradas” puede llegar, por accidente o a propósito, a cultivos que no están modificados genéticamente. Eso significa que, si los puertorriqueños se ponen las pilas para producir alimentos y empiezan a sembrar en sus mejores tierras del sur, donde hay semilleras,  los potenciales cultivos de maíz, por ejemplo, estarían en riesgo de contaminarse.

Las corporaciones, además, pueden alegar que el agricultor le “robó” el material genético patentado. Así sucedió con el famoso caso del cultivador de canola canadiense Percy Schmeiser, cuyos sembrados resultaron contaminados en 1997 en su finca en la provincia de Saskatchewan, y la Corte Suprema de Canadá decidió que constituía un “uso” de la invención patentada por Monsanto.

La empresa hace que los agricultores firmen un contrato en el que renuncian a la milenaria práctica de guardar semillas para el año siguiente, de modo que tengan que volver a comprar más. No hay muchas opciones: el 90% del maíz que se vende en Estados Unidos tiene material genético producido por Monsanto.

Gran parte de los ingresos de la empresa se debe además a que fabrica el “herbicida total” Roundup, uno de los más populares del mundo, que se vende hasta en las secciones de jardinería de las tiendas por departamento.  La corporación produce las semillas “Round up Ready”, ingeniadas genéticamente para resistir el herbicida, de modo que los agricultores puedan aplicarlo para matar todas las plantas excepto el cultivo transgénico. O sea, que Monsanto modifica una planta genéticamente no para aumentar producción de comida ni para que sobreviva a plagas, sino para que resista a otro producto agrícola que ellos venden.

La organización internacional Earth Open Source,  que agrupa a agricultores, corporaciones e instituciones académicas, sostiene en un informe de junio pasado que el herbicida, cuyo ingrediente activo es el glifosato,  aun usado en concentraciones menores a las que se aplican en la agricultura, causa defectos de nacimiento en animales de laboratorio. Pero la información se ha ocultado desde los 80 por reguladoras europeas, sostiene la entidad.

El glifosato es un herbicida desarrollado para la eliminación de hierbas y de arbustos. Las hojas de las plantas lo absorben, y éstas mueren debido a que se suprime su capacidad de generar aminoácidos necesarios para su vida.

Una excepción fueron las cortes de Francia. Hallaron culpable a Monsanto, entre 2007 y 2009, por mercadear falsamente como “biodegradable” a este herbicida

Y este es parte del perfil de la empresa que representa el tipo de inversión que el Gobierno de Puerto Rico fomenta para consolidar a la Isla como destino de las biociencias, según el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, José Pérez-Riera. La ley de  Promoción y Desarrollo de Empresas de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico, firmada en 2009, establece como política pública convertir a la Isla en una meca de este sector agrícola

“Ciertamente, una industria que experimenta en suelo puertorriqueño está sujeta a la obligación de preparar una declaración de impacto ambiental que exige La Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico”, sostiene la abogada Jessica Rodríguez, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. “La experimentación transgénica repercute sobre la salud de los suelos y las aguas subterráneas, y los químicos utilizados pueden además presentar riesgos de salud sobre la población. Por lo tanto, previo a que se diese cualquier autorización gubernamental, la declaración de impacto ambiental tenía que prepararse y tenía que hacerse pública para que los ciudadanos pudieran enterarse y participar en el procedimiento”. La Junta de Calidad Ambiental no pudo precisar al Centro de Periodismo Investigativo si estas empresas cumplen con ese requisito.

La misma Monsanto, mientras tanto, reconoce en su contrato de arrendamiento de una finca de la Autoridad de Tierras en Juana Díaz que, durante sus actividades, “se pueden generar material y sustancias tóxicas, tanto para seres humanos y para el ambiente en general, si las prácticas adecuadas para su manejo no se llevan a cabo”.