Lo que Fortuño no hizo para salvar pensiones

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La falta de dinero para cumplir con los pensionados del gobierno sigue siendo la crisis fiscal y social más grande que enfrenta Puerto Rico y, según un documento financiero del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), las medidas que implantó la Administración Fortuño no han sido suficientes para hacer una verdadera reforma de los sistemas de Retiro.

El propio documento, una oferta de bonos de $400 millones con los que la Administración Fortuño vuelve a tomar más dinero prestado, evidencia que se discutieron medidas de reforma más dramáticas y abarcadoras, pero que lo único que sometió el Gobernador a la Legislatura fue un aumento en la aportación del gobierno. Esto sólo aplacó la crisis por entre tres y cuatro años. Según las evaluaciones hechas antes del aumento de la aportación, los sistemas de Retiro comenzarían a defalcar en 2014.

Esta medida es probablemente la menos controversial de las discutidas, y, en su rendimiento financiero, es apenas una curita para que sea el próximo gobernador, o el mismo Luis Fortuño en un segundo cuatrienio, el que tenga que volver a buscar medidas para detener la catástrofe. El propio documento advierte que, además del aumento en la aportación del Gobierno, “mejorar la solvencia financiera de los sistemas de Retiro requerirá la adopción de las otras medidas discutidas y tomará varios años antes de que se consiga una mejoría significativa”.

Entre las alternativas estaba eliminar las pensiones por mérito (las que se adquieren cuando el empleado llega a 30 años de servicio), establecer límites en los beneficios que periódicamente se legislan para los pensionados, aumentar la edad de retiro, prohibir todas las ventanas de retiro incentivado a menos que de verdad beneficien a los sistemas (la Ley 7, por ejemplo, costó a los sistemas $157 millones), eliminar los préstamos que los pensionados toman contra sus ahorros, e incrementar las penalidades para los patronos que no pagan a tiempo sus remesas (o lo mismo a municipios morosos como Toa Baja, y corporaciones públicas como la Administración de Servicios Médicos).

La enumeración de alternativas que se le divulgó a los bonistas fue más extensa que la que hizo el secretario del Trabajo, Miguel Romero, el 21 de octubre de 2010 cuando presentó las recomendaciones de la Comisión para la Reforma de los Sistemas de Retiro.

Entre los miembros de la Comisión estaban: el licenciado Luis Felipe Navas y la licenciada Annie Rivera Vicentí por la Rama Legislativa; los actuarios Glenn D. Bowen y William B. Fornia; el economista Brian W. Klopp y Aída Díaz por el sector laboral; Roberto Aquino, presidente de la Asociados de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico; Ángel Febus director ejecutivo de la Comisión Especial Permanente para los Sistemas de Retiro; y la jueza Sonia Ivette Vélez Colón, directora Administrativa de los Tribunales.

Para ver el documento del BGF, pulse aquí.