Los legisladores de mayoría Johnny Méndez y Margarita Nolasco exigieron que la empresa que dé el servicio del escrutinio electrónico tuviera una certificación federal para un equipo que no funciona en la Isla, lo que resultó en la selección de la empresa Unisyn, el postor más caro y con menos experiencia en procesos electorales, aunque sabe mucho de juegos de azar electrónicos.
El objetivo de los legisladores era dar “lo mejor a Puerto Rico”, indicaron. Pero, ese supuesto afán de excelencia creó obstáculos legales innecesarios a uno de los procesos más importantes en la historia electoral del país: escoger la mejor empresa que dé el servicio para el conteo electrónico de votos para las elecciones generales del próximo 6 de noviembre. Esta es la primera vez que el conteo de los votos será electrónico.
El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Héctor Conty, decidió negociar de tú a tú con Unisyn Voting Solutions para que dé el servicio luego de que se declarara desierta la subasta porque es la única empresa, de entre las cuatro participantes, que posee la certificación más reciente de una agencia federal. Así lo manda la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 983, que presentó el representante Méndez y luego modificó la senadora Nolasco.
Pero ese requisito de la certificación federal está ajeno a la realidad del sistema electoral de la Isla. El software de Unisyn se certificó leyendo papeletas en Estados Unidos, y no reconocen las de la Isla, que tienen un diseño cuadriculado, y en éstas se marca la x para votar íntegro, mixto y por candidatura.
Por eso, si finalmente se selecciona a Unisyn, tendrá que crear todo el software para contar la papeleta boricua y entonces certificarse en la Isla. ¿Estamos ante otro error legislativo?
El resultado: el proceso favorece a la compañía de con sede en Malasia y EEUU, Unisyn, la empresa que más caro cotizó por dar el servicio, $26.6 millones, denunció Eder Ortiz, Comisionado Electoral designado del Partido Popular Democrático (PPD), principal de oposición.
Además, es la que menos experiencia tiene de entre todas, pues se dedica principalmente a implantar equipos electrónicos para loterías y carreras de caballos en Estados Unidos. Se trata además, de la que menos capacidad económica posee. En el último análisis financiero de las cuatro empresas, ocupó el ultimo lugar, 51.44%, por debajo del requisito de 70%, que sobrepasaron las otras interesadas, según informes de la CEE. Conty sostiene ahora que Unisyn tiene capacidad financiera porque entregó documentos que demuestran proyecciones positivas de flujo de efectivo.
Las otras participantes son la canadiense Dominion (que cotizó $17 millones por dar el servicio y tuvo una puntuación de capacidad económica de 72%), la holandesa-venezolana Smartmatic (que cotizó $19.9 millones y 80% de capacidad económica) y la estadounidense Hart ($25.5 millones y 75%).
Las ventas de Unisyn en 2010 y 2011, además, no sobrepasaron el medio millón de dólares anuales, según documentos ofrecidos por Ortiz. Éste radicó el pasado 10 de enero un escrito de reconsideración sobre la determinación de Conty de negociar con Unisyn, por “irregularidades” en el proceso, que pudiera desembocar en una “potencial crisis” durante las próximas elecciones.
“El PPD está de acuerdo con el escrutinio electrónico, pero tiene que ser con una empresa que tenga la capacidad de operar un proceso que garantice transparencia en el resultado”, declaró. “Lo que no estamos dispuestos es a poner en riesgo el prestigio de nuestro sistema electoral”.
Debido a su falta de capacidad financiera, Unisyn había solicitado un adelanto de $5 millones para poder llevar a cabo el escrutinio, pero luego retiró esa petición, confirmó el Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte.
Sólo 13 estados piden que los equipos de las empresas que den este tipo de servicio tengan certificación de las reguladoras federales. El resto acepta que las empresas se certifiquen por un laboratorio independiente o no pide certificación.
La empresa Election Systems & Software, una de las más experimentadas en procesos electorales electrónicos, escribió una carta al Departamento de Estado de Puerto Rico, sosteniendo que no iba a participar de la subasta porque entendía que el requisito de ley, limitado a la certificación de las reguladoras federales, dejando afuera la certificación por laboratorios independientes, ponía el proceso en bandeja de oro a Unisyn, aseguró Liza García, comisionada electoral alterna del PPD.
El requisito de certificación entró en el proceso por medio de la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 983, presentada en noviembre de 2010 por el representante Méndez. El texto indicaba que el escrutinio electrónico debía estar previamente certificado por la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos.
La única que contaba con esa certificación era Unisyn, de modo que no podía haber una verdadera subasta en la CEE para escoger el mejor postor, porque no había posibilidad de que participaran las otras empresas interesadas. La Comisión de Gobierno del Senado, dirigida por Nolasco, modificó el texto, de modo que la empresa estuviera previamente certificada “en cumplimiento con los estándares más recientes”, según adoptados por la reguladora Comisión Federal de Elecciones o la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, lo que iba a abrir el proceso a que participaran más empresas. Los estándares más recientes, sin embargo, son los que implantó en 2005 la misma Comisión de Asistencia Electoral de Estados. Unisyn seguía entonces siendo la favorecida por causa del requisito de la ley.
A la senadora Nolasco no le gustó que el Centro de Periodismo Investigativo le cuestionara que el requisito de certificación por una reguladora estadounidense limitaba el proceso en la Isla. “No me digas eso”, dijo airada. “Se hizo así porque el Pueblo de Puerto Rico se merece lo mejor. Queremos asegurarnos de que su voto este seguro”.
“Si hay problemas se puede considerar una enmienda. Y fíjese que no tiene que ser que se cambie la ley, puede ser un permiso especial… Nunca me han llamado para decir que la ley tenía dificultad… las leyes no están escritas en piedras”, dijo Nolasco.
Sin embargo, el presidente de la CEE le había escrito a Nolasco el 23 de febrero de 2011, expresando su posición ante la Resolución Conjunta de la Cámara 983, y pidió que en la parte de certificación se aclarara que ésta podía ser emitida por las reguladores federales o por un laboratorio independiente, lo que permitiría que más empresas participaran.
“Como se va a usar fondos federales para comprar las máquinas, y como hay una elección federal del comisionado residente envuelta, las empresas que compitan tienen que tener alguna certificación”, argumentó Méndez. “Queríamos poner requisitos adicionales. Mi recuerdo es que el escrutinio electrónico no se van a utilizar solamente en el evento electoral, sino en futuras primarias presidenciales y aspiro a que podamos usarlas en un futuro para votar por el presidente”, dijo.
“Ese requisito de certificación limitó el proceso”, reconoció Aponte. “Puerto Rico, en todos los casos, es distinto. El plan es que, cuando la empresa haga el software entonces se certifican aquí para saber que cumplen. Es como sucedió con Smartmatic, que hicieron elecciones en Filipinas, y una vez que fabricaron las máquinas se certificaron allí”.
La CEE declaró desierta la subasta en septiembre pasado, al concluir que ninguna de las empresas cumplía con todos los requisitos de elegibilidad. Comenzó así una negociación entre el presidente de la CEE, los comisionados electorales y las cuatro compañías.
Según una resolución que emitió Conty el 14 de noviembre pasado, el PPD se retiró del consenso del comité porque entendía que no había tiempo para implantar adecuadamente el escrutinio electrónico, y porque la selección de las empresas no se debían limitar a las que están participando ahora.
