Ambientalistas advierten sobre cambios en la política pública ambiental

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Los argumentos de varias instituciones al comparecer como “amigos de la corte” ante el Tribunal Supremo en el caso del Corredor Ecológico del Noreste se centran en el impacto de la nueva designación de reserva natural del área en la política pública y las implicaciones que tendrá eso en los procesos para la otorgación de permisos de construcción.

En el meollo de la controversia legal está la ausencia de una Declaración de Impacto Ambiental que debió hacerse antes de cambiar la configuración de la reserva natural que había hecho la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vila y si sienta un precedente que afecte los permisos para proyectos de construcción.

 

El Supremo tiene ante su consideración la apelación del caso de Iniciativa Para un Desarrollo Sustentable y otros grupos contra la Junta de Planificación (JP) para la impugnación de la aprobación del “Plan y Reglamento de Calificación Especial” del “Área de Planificación Especial de la Gran Reserva del Noreste (APEGRN)”.

En el proceso, la administración del gobernador Luis Fortuño logró que el Tribunal revocara preliminarmente una moratoria a los permisos de construcción dentro del área mientras se dilucida el pleito, lo que objetan los grupos ambientalistas y las diferentes organizaciones que sometieron las mociones de amicus curiae.

LaSociedad Puertorriqueña de Planificación(SPP) coincidió con el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR)en su análisis y aplicación de las leyes ambientales y de política pública a este caso, inclusive varios párrafos de sus mociones son los mismos. La Sociedad entiende que para la aprobación de un área de planificación especial a fin de denominar una reserva natural “es exigible por ley el requisito de una Declaración de Impacto Ambiental Estratégica, según lo ordena la Ley de Política Pública Ambiental”.

“La redesignación (de Fortuño) …. resulta ser significativamente distinta a los terrenos que fueron designados como la Reserva Natural Corredor Ecológico del Noreste en el año 2008”, dijeron los planificadores. Destacaron que se eliminaron más de 450 cuerdas, previamente protegidas como reserva natural, al clasificarlas como “turismo sostenible (TS)” y “Usos Mixtos (UM)”.

La Sociedad se hizo eco del planteamiento de la Coalición pro Corredor Ecológico del Noreste, compuesta por diversos grupos ambientalistas nacionales e internacionales, de que las tierras designadas para turismo sostenible y usos mixtos coinciden con las que se proponían para desarrollos turísticos y residenciales de alta densidad. También apoya la paralización temporera de los permisos de construcción en lo que se dilucida este caso.

ElColegio de Arquitectosbasó su intervención como “amigos de la corte” en el impacto de la decisión judicial en el “ambiente construido” y el trámite para permisos de construcción.

El monseñor Eusebio Ramos Morales, obispo de laDiócesis de Fajardo-Humacao de la Iglesia Católica, y el reverendo Edward Rivera Santiago, de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, acudieron también como amigos de la corte solicitando la restitución de la moratoria a los permisos de construcción. Ambos expresaron preocupación por los efectos de la derogación de la moratoria en la confianza ciudadana en el sistema judicial porque convertiría en académica la presente apelación, dejando sin remedio a los que buscan su opinión.

Cuestionan sustentabilidad del turismo
La Coalición denunció la nueva designación de “turismo sostenible” fuera de la reserva, interpretándolo como una apertura para permitir los controvertibles proyectos hoteleros que dieron origen a la lucha de grupos ambientalistas y comunitarios por la protección del corredor.

Al grupo le alarmó la explicación del presidente de la JP, Rubén Flores Marzán, de que 199 cuerdas o un 2% del total del corredor fueron clasificados como terrenos para “turismo sostenible” y encontró que coinciden en ubicación con las tierras donde originalmente se pretendía construir el San Miguel Four Seasons Resort y Dos Mares Marriott Resort, y que ahora se propone el Tinglar Bay Resort & Spa.

Otro punto en controversia es el anuncio de Fortuño de que triplicaron las cuerdas protegidas, de 3,045 a 9,932, lo cual la Coalición niega alegando que incluyeron 400 ya protegidas desde 1986 con la reserva de Las Cabezas de San Juan, en Fajardo, y otras 110 de Seven Seas, desde 1999, segúnLuis Jorge Rivera Herrera, uno de los portavoces ambientalistas, el verano pasado.

Todo lo anterior (las 199, 400 y 110 cuerdas) suma apenas 709 y la matemática sigue favoreciendo una cifra sustancial de terrenos protegidos, incluyendo humedales y lagunas.
Los documentos de la JPincluyen una tabla que señala la diferencia entre antes y después de la designación del APEGRN.

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán Kercadó, ha rechazado las denuncias de la Coalición en reiteradas ocasiones, señalando que se utilizó el insumo de científicos y planificadores de su agencia y la JP, tomando en consideración“la mejor información técnica y científica disponible”.

En los anejos del plan, bajo la sección de “estrategias de manejo”, se dispuso la coordinación del manejo del Bosque Nacional El Yunque y la Reserva Natural Las Cabezas de San Juan. Y señala algo parecido con la Compañía de Parques Nacionales, que administra el Balneario Seven Seas, para manejar una vereda entre esa instalación y Playa Escondida/Playa Colorá y Playa El Convento.

La designación de corredores biológicos a lo largo de los ríos Sabana y Pitahaya, según el Secretario, garantiza la protección de la conectividad entre las seis zonas de vida silvestre reconocidas para Puerto Rico, además de los siete kilómetros de las playas San Miguel, La Selva, Las Paulinas, El Convento y Colorá o Escondida, consideradas de gran importancia para el anidaje del tinglar en el Caribe.

El anejo 5, titulado “Aspectos a ser considerados en el Plan de Manejo”, tiene una lista de estrategias entre las que indica “limitar cualquier tipo de construcción de estructuras y/o facilidades dentro de la APEGRN (por ejemplo, el Centro de Visitantes) a las áreas que ya se usaron para ganado. En términos muy generales, estas estrategias incluyen fomentar la creación de “eco hospederías” de forma limitada y “vía excepción y a través de una evaluación del lugar y sus atributos naturales”.

Recursos y referencias adicionales
– Mociones completas de amigos de la corte las puede leer aquí.
Documentos oficiales de la Junta de Planificación sobre el CEN y los del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales aquí.
– Otros corredores ecológicos reconocidos en Puerto Rico, en el portal del DRNA sobre el de San Juan, el Plan de Conservación de Áreas Sensitivas para Adjuntas y Municipios Adyacentes, así como de la Reserva Puertorriqueña de la Bioesfera en las Tierras Adjuntas.