Quedan dos opciones para resucitar el escrutinio electrónico de votos en las próximas elecciones. Y es que dos de las cuatro compañías que compitieron para dar ese servicio, Smartmatic y Dominion Voting Systems, están dispuestas a crear el software que lea papeletas boricuas en la consulta del próximo seis de noviembre, a pesar del poco tiempo disponible.
El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Héctor Conty, informó que los comisionados electorales de todos los partidos habían pedido una dispensa a la Legislatura para no cumplir con el mandato de ley que ordena que el escrutinio de los votos este año sea electrónico.
Entienden los funcionarios que no hay tiempo, luego de que la compañía Unisyn Voting Solutions, escogida para dar ese servicio, anunciara que no tenía la capacidad de desarrollar a tiempo un software que pasare las pruebas de aceptación de fábrica; es decir, los requisitos que había determinado la CEE que debía cumplir para leer correctamente las papeletas boricuas.
El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, a media tarde del miércoles dio por muerto el proceso al aprobar una resolución conjunta que asignaba los $20 millones de dólares del escrutinio a instituciones médicas y hospitalarias.
Smartmatic y Dominion Voting Systems, no obstante, mantienen casos en corte contra la CEE. Impugnan la subasta que seleccionaría la compañía que iba llevar a cabo el escrutinio, y que fue declarada desierta el año pasado, lo que abrió el proceso para negociar de tú a tú con Unisyn. Esta era la única que cumplía con el requisito de certificación otorgada directamente por la reguladora Election Assistance Commission (EAC).
“No entendemos cómo nos dejaron fuera”, dijo Héctor Collazo, abogado que representa a Smartmatic en la Isla. “Contamos con la experiencia y somos la que más solidez económica tenemos”. La empresa holandesa-venezolana hizo una cotización de $19.9 millones y obtuvo un 80% de capacidad económica durante el análisis financiero de subasta. Tiene una certificación pero no fue otorgada directamente por la EAC, sino por un laboratorio independiente.
Dominion reitera su postura. “Nosotros le informamos a todos los comisionados electorales, antes de la reunión de hoy (miércoles), que mi cliente quiere continuar con el proyecto y tiene tiempo para cumplir con los requisito de subasta y de tener a tiempo el equipo”, añadió el abogado Antonio Arias, del bufete Mc Connell Valdés, que representa a esta empresa, y a su vez mantiene lazos con Luis Fortuño. El socio director de la firma, Arturo García, administra los bienes del gobernador a través de una estructura legal denominada fideicomiso ciego.
“Además, le dijimos a los comisionados que no solo cumplíamos con el requisito de una certificación de laboratorio, sino que hoy le dieron a Dominion una certificación directa de la EAC”, añadió Arias. Esta compañía hizo una cotización de servicios por $17 millones y tuvo una puntuación de 72% durante el análisis de capacidad económica.
La estadounidense Hart propuso dar el servicio por $25.5 millones, y tenía una puntuación de solidez financiera de 75%. Eso quiere decir que todas eran más sólidas económicamente y habían hecho mejores ofertas que Unisyn, la elegida que no pudo cumplir.
Esta había ofrecido dar el servicio por $26.6 millones, y había ocupado el último lugar (51.44%) en el análisis económico, aunque luego entregó más documentos que supuestamente demostraban que tenía flujo de efectivo. Esta era la que menos experiencia tenía en escrutinio electrónico, puesto que se dedica principalmente a implantar equipos para loterías y carreras de caballos en Estados Unidos.
“Unisyn se confió de que era la única que cumplía con el requisito de certificación, y de que no había competencia, y por eso exigió el dinero que quiso”, explicó Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño. “Es lamentable que después de tanto tiempo de trabajo que se le haya dedicado al escrutinio electrónico ahora no se vaya a llevar a cabo”.
Gran parte del problema fue entonces, como lo adelantó una investigación del Centro de Periodismo Investigativo en enero pasado, la imposición del requisito de certificación federal, que ordenó la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 983, presentada por el representante Johhny Méndez y luego modificada por la senadora Margarita Nolasco.
Ese requisito de la certificación federal, sin embargo, se aparta de la realidad del sistema electoral de la Isla, porque certifica a empresas con máquinas programadas para leer papeletas de Estados Unidos, y no reconocen las de la Isla, que están diseñadas de forma cuadriculada, para votar íntegro, mixto o candidatura.
Por eso el equipo de Unisyn tenía que pasar las pruebas de aceptación administradas por la CEE a finales de marzo. Y eso no se logró, según Conty, debido a que del 15 de marzo al 27 de abril los trabajos del escrutinio electrónico se detuvieron mientras la CEE litigaba en los tribunales.
La Comisión, alegadamente, no había cumplido a cabalidad el requisito legal de informar a la ciudadanía, con 12 meses de anticipación a las elecciones, todo lo relacionado el escrutinio y publicarlo en las juntas de inscripción permanente, las alcaldías y las colecturías.
El Tribunal Supremo, no obstante, revocó el 27 de abril pasado la sentencia que había ordenado a la Comisión desistir de implementar el escrutinio electrónico, por entender que sí había cumplido con la ley. Ahí se reinició la puesta en marcha del proceso con la única que cumplía con la certificación, Unisyn.
“Los comisionados y el presidente de la Comisión le habíamos dicho a la Legislatura de, si se imponía ese requisito, se iba a limitar la competencia”, concluyó Aponte. “La certificación federal afectó mucho”.
Conty dijo al CPI que, como parte de la revisión del proyecto de escrutinio electrónico, los comisionados electorales podrían pedir a la Legislatura cambiar la ley para aclarar el punto de la certificación.
