Grupito de confianza de José Ortiz cobra sobre el máximo de escalas salariales de la AAA

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Diez empleados de confianza de José Ortiz Vázquez, presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), devengan sueldos anuales que sobrepasan por miles de dólares el máximo de las escalas salariales para los puestos que ocupan.

El Centro de Periodismo Investigativo analizó la lista de 165 empleados de confianza que entregó la AAA, con sus sueldos y bonos de productividad de 2011 (reseñada el 5 de mayo pasado), y la comparó con las escalas salariales de la AAA, aprobadas en el 8 de noviembre de 2007. Se encontraron diferencias de $1,795 a $28,749 entre el tope máximo de la escala y el salario real, siendo el mayor beneficiario Virgilio Vilomar Infante, asesor ejecutivo del presidente.

Vilomar Infante fue uno de dos empleados enviados por Ortiz Vázquez a la vista ejecutiva de la Comisión de Ética de la Cámara que estaba evaluando las denuncias contra el representante José L. Rivera Guerra y cuyos testimonios bajo juramento fueron cuestionados y todavía se desconoce el resultado de una pesquisa del Departamento de Justicia.

Dicho asesor ejecutivo devengó en el 2011 un salario de $109,999.70 que se pasa por 28,749.70 del tope de $81,250 de la escala de dicho puesto. También cobró un bono de productividad de $13,649.95, más $2,850 en bono de Navidad que le corresponde a los de confianza con salarios de $36,000 o más al año. Su compensación total para el 2011 sumaría $126,499.65, más un vehículo asignado las 24 horas del día.

Vilomar Infante, que fue ayudante del secretario Carlos Pesquera en el Departamento de Transportación y Obras Públicas durante la gobernación de Pedro Rosselló (1993-2000), se ha desempeñado como enlace para los alcaldes y legisladores y es reconocido dentro de la AAA, según fuentes, como el que vela por los intereses y empuja los nombramientos del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), incluyendo suplidores y servicios profesionales.

De los empleados de confianza el que tiene el salario más alto es uno que no trabaja en la AAA porque está desde que comenzó este cuatrienio (2009) en destaque en la oficina del presidente del Senado. Rafael Jaime Velázquez conserva el puesto de director auxiliar senior, cobrando por encima del máximo de la escala con un sueldo anual de $115,199.76 que sobrepasa por $15,199.76 el máximo de $100,000 de su escala y cobró $14,429.96 de bono de productividad en el 2011 sin realizar funciones en la AAA. Ha cobrado este bono todos los años, aunque no le corresponde, además del de Navidad. Cuando empezó en el Senado ganaba $95,000.

El destaque es un recurso temporero que presta personal a otra dependencia pública. Por ley estas personas conservan todos sus derechos como empleado de la agencia original.

La Ley para la Administración de los Recursos Humanos del Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley 184 del 3 de agosto de 2004) recomienda que el destaque sea por un término “razonable” no mayor de doce (12) meses, y requiere autorización del jefe de la agencia para su traslado y paga.

Por otra parte, los asesores ejecutivos Israel Hilerio Gago y Gerardo González Miranda, reciben sobre $18,749.90 del tope de sus escalas, aunque los sueldos actuales son $28,666.77 menos de lo que devengaban como directores ejecutivos regionales antes de su traslado (de $128,666.67 a $99,999.90 anual) en el 2011.

Las tres secretarias confidenciales de la oficina del presidente ejecutivo tienen el mismo salario, pero una cobra $1,795.09 por encima del máximo de su clasificación y las otras dos pasan por tan solo 9 centavos del tope.

La siguiente tabla enumera los referidos funcionarios(as). Las diferencias de 9 centavos se deben al cálculo matemático que hace la agencia sobre la jornada laboral.

TABLA 1 – CPI

Nombre – Puesto

Salario

Máx. Escala

Diferencia

Virgilio Vilomar Infante – Asesor Ejecutivo

109,999.70

81,250.00

28,749.70

#

99,999.90

81,250.00

18,749.90

Gerardo González Miranda – Asesor Ejecutivo

99,999.90

81,250.00

18,749.90

María de L. Marín Santos – Ayudante Especial

79,785.42

63,586.00

16,199.42

#

115,199.76

100,000.00

15,199.76

Juan Maysonet Galarza – Director  Auxiliar

92,500.01

81,250.00

11,250.01

Erik Delgado Ávila – Ayudante Especial

72,000.05

63,586.00

8,414.05

Eduardo J. Reyes Santiago – Secretario de Junta Subastas

67,999.82

63,586.00

4,413.82

Héctor Ortiz de Jesús – Chofer/Mensajero Ejecutivo

35,999.93

32,000.00

3,999.93

#. Ofic. Confidencial[3]

47,795.09

46,000.00

1,795.09

#

47,795.09

47,795.00

0.09

#. Confidencial Senior[5]

47,795.09

47,795.00

0.09

#Israel Hilerio Gago y Gerardo González Miranda tuvieron reducción salarial de $28,666.77 al ser trasladados de directores ejecutivos regionales a asesores ejecutivos a finales del 2011 (de 128,666.67 a 99,999.90).
#
#
#Trabaja en la oficina del presidente ejecutivo de la AAA, José Ortiz Vázquez.
#Idem.

(Ver Tabla 1 )

Aparte de lo anterior, Ortiz Vázquez autorizó a 16 de los 25 empleados de confianza de mayor jerarquía, o que devengan mayores salarios, la asignación de vehículos 24 horas del día, los cuales no llevan rotulación oficial y son nuevos en su mayoría, mientras mucha de la flota de servicio de las brigadas de trabajadores sufre del maltrato del uso y el tiempo, según supo el CPI.

La información toma relevancia ante el proceso de confirmación de Ortiz Vázquez como presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que irá a vista pública senatorial en los próximos días con la objeción manifiesta de líderes del Partido Popular Democrático, sindicales y del propio Senado.

Ortiz Vázquez ha sido presidente ejecutivo de la AAA desde el 2007 y lleva otros sombreros como la persona de confianza del gobernador Luis Fortuño para los grandes proyectos del País ya que preside las juntas de directores de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, así como el Comité de los Fondos ARRA, el cual maneja los $6.9 mil millones en asignaciones originales del Plan de Estímulo Federal a Puerto Rico.

Empleados eléctricos a la carga en el Senado

Una alianza de empleados y jubilados de la AEE repartió una carta entre los senadores objetando la confirmación de Ortiz Vázquez a la Junta de dicha corporación pública y algunos legisladores accedieron a reunirse con ellos, incluyendo el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz.

José Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), explicó al CPI que le presentaron al líder senatorial “una radiografía de la gestión de Ortiz en Acueductos. Con eso nada más es más que suficiente para no nombrar al ingeniero”.

“El país necesita saber lo que ha hecho como presidente de la AAA. El país necesita que saquen las cucarachas”, manifestó.

El líder sindical indicó que llevaron documentos e hicieron observaciones como el incremento en la pérdida de agua (agua no contabilizada), “que es la orden del día” y se estima en un 64%; el aumento en el hurto del servicio, y que “Acueductos está sumergido en un déficit operacional de $180 millones que se ha venido subsanando con dinero del Fondo General del Gobierno”.

En vista de que el gobernador dijo que los $180 millones de la AAA no van este año, a esta alianza le preocupa cómo eliminarán el déficit cuando se están otorgando millonarios contratos por servicios.

La alianza de empleados activos y jubilados está integrada por la UTIER, la Asociación de Empleados Gerenciales, la Unión de Empleados Profesionales Independientes, la Unión de Pilotos de la AEE y la Asociación de Empleados Jubilados de la AEE), que en conjunto representan 15,000 trabajadores.

“A pesar de que privatizó el cuadro telefónico con El Día Directo, (la detección de) el hurto con TrueNorth, los servicios nuevos y parte de la lectura con TrueNorth, y obviamente la facturación con Evertec; a pesar de esas medidas, el resultado es un déficit de 180 millones”, dijo Figueroa Jaramillo, “sin contar que desde el punto de vista laboral incumplen el convenio colectivo diariamente” en la AAA.

“Cuando José Ortiz llega a Junta de Gobierno de la AEE, en vez de fortalecer comienza a desmantelar activos, pasando a la AAA los embalses, sistemas de riego y las centrales hidroeléctricas. Esa transacción – que el Banco Gubernamental de Fomento la tiene detenida porque los números no cuadran – los lleva a perder ingresos de aproximadamente $300 millones anuales: $170 millones que le paga a la AAA en energía y que la AEE pierde como cliente; lo que generan esas plantas anualmente en venta de energía, los $10 o 15 millones que la AEE genera por la venta de agua cruda a la AAA, y los agricultores por el sistema de riego”.

Por ello les preocupa que “las mismas medidas que se han demostrado ya que han fracasado” y no han sacado a la AAA del déficit presupuestario se adopten en la AEE.

“No hay duda alguna que la agenda de José Ortiz junto a otros dos ingenieros – José Pérez Canabal, el empresario y contratista que ha vivido de contratos dentro de la AEE por 12-13 años; y el inversionista Gerome Garffer…Estas tres personas se han confabulado para desmantelar a la Autoridad (de Energía Eléctrica) para sus amigos empresarios”.

Pérez Canabal es vicepresidente de la Junta de la AEE y Garffer, miembro de la junta, se especializa en inversiones.

El líder sindical dijo que encontró a Rivera Schatz “muy receptivo” y que accedió a que presenten sus planteamientos en la vista pública. “Mi impresión es que está más inclinado a no confirmarlo que a confirmarlo”, dijo después de la reunión de casi una hora.

La Junta tiene la última palabra

El CPI calculó que el promedio de los bonos de productividad para los primeros 25 empleados de confianza de la AAA en el 2011 fue de 12.14% y el de Ortiz Vázquez ascendió a 17.7% de su salario anual. El promedio para los restantes 140 empleados de confianza fue 9.6%. (Ver Tabla 2)

La Junta de Directores de la AAA es la que autoriza los nombramientos, previa recomendación del presidente ejecutivo, así como “la remoción y determinación de compensación de cualquier oficial y empleado ejecutivo de la Autoridad…” dentro de parámetros establecidos, según su ley orgánica, “siguiendo principios de sana administración pública y prudencia en el gasto público”.

La AAA alegó a las cámaras legislativas en el 2009, cuando se consideró el proyecto del Senado 32 para establecer un supuesto tope a los bonos de productividad, que las bonificaciones concedidas al personal de confianza eran solo “un .005% de su prepuesto anual de nómina”.

La Cámara de Representantes, al aprobar el proyecto (que recibió el veto de bolsillo del gobernador en diciembre de 2010), enfatizó la importancia del Plan de Clasificación y Retribución del 2007 para el personal de confianza y de carrera gerencial de la AAA. El informe de la Comisión de Gobierno señaló que el Plan contiene unas escalas salariales basadas en las responsabilidades y complejidades de los puestos y fue el producto de un estudio de mercado que analizó los salarios de posiciones con iguales responsabilidades y complejidades en el sector público y privado. Sobre esta base la Junta aprobó los bonos de Navidad y de productividad que en conjunto tenían “un tope porcentual que en promedio no sobrepasa el 16%”.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) desglosó los déficits proyectados para el año fiscal 2008-2009 de la AAA en $245, 000,000 y $408, 000,000 de la AEE.

La Oficina del Contralor expresó a las cámaras que el uso de fondos públicos para pagar bonificaciones a empleados gubernamentales debe estar directamente relacionado con la gestión administrativa y el buen desempeño, y estar enmarcadas dentro de la situación fiscal de cada entidad y bajo unos criterios de austeridad.

¿Qué dicen las leyes sobre todo esto?

La Ley de Personal reconoce una “compensación especial, no recurrente y separada del sueldo” que puede concederse como mecanismo para reclutar, retener o premiar a empleados o grupos de empleados que cumplan con los “requisitos que se establezcan previo a su concesión”, conforme a la capacidad presupuestaria de la agencia.

La bonificación por productividad puede representar el 20% de una quincena en las agencias del gobierno central.

Dicho estatuto (Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público o Ley 184 de 2004) define Empleados de Confianza como aquellos que intervienen o colaboran sustancialmente en la formulación de la política pública, asesoran directamente o prestan servicios directos al jefe de la agencia. Esta clasificación incluye los jefes de agencias, sus secretarias personales, conductores de vehículos, así como ayudantes ejecutivos y administrativos que les respondan directamente. También; los subjefes de agencias, sus secretarias personales y conductores de vehículos, directores regionales de agencias y miembros de juntas o comisiones permanentes.

Cada administrador individual tiene la autoridad de aprobar los puestos de confianza (Sección 9.3), pero deberá tener un plan que contenga un número de puestos de confianza que no exceda de 30, aunque cuando la estructura organizativa, complejidad funcional o tamaño de la agencia requiera un número mayor, se requiere la aprobación previa de OGP.

Además, cualquier empleado que realice funciones de naturaleza administrativa, ejecutiva o profesional, como las define la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo, está excluido del pago en exceso de la jornada regular de trabajo (Sección 11.2).

La paga extra no es un “diferencial”, que se define como “compensación temporera especial”, adicional y separada del sueldo regular, para mitigar circunstancias extraordinarias que de otro modo podrían considerarse onerosas para el empleado y que se concede en 1) condiciones extraordinarias – situación de trabajo temporera que requiere un mayor esfuerzo o riesgo para el empleado, mientras lleva a cabo las funciones de su puesto; o 2) interinato – situación de trabajo temporera en la que el empleado desempeña todas las funciones esenciales de un puesto superior al que ocupa en propiedad. Ambas tienen requisitos. Al regresar al puesto anterior  recibirá el sueldo que devengaba antes del interinato, excepto cuando el empleado haya desempeñado funciones interinas de supervisión por 12 meses o más.