ACLU: abusiva y corrupta la Policía de Puerto Rico

Imprimir Más

Foto Ricardo Alcaraz

English version

La Policía de Puerto Rico quedó retratada como un organismo “disfuncional” y “recalcitrante”, que lleva años en descontrol y donde “prevalece una cultura de abuso irrestricto e impunidad”, según la American Civil Liberties Union (ACLU) en un informe tras una investigación exhaustiva.

La reconocida organización defensora de derechos civiles retrató al cuerpo policiaco de forma contundente en su informe de 182 páginas, describiendo años de abusos rampantes y rutinarios contra la población de la Isla, tras lo cual anunció que demandarán a la Policía para que la agencia tome acción sobre sus recomendaciones.

“La (Policía) ejerce esencialmente una función de seguridad pública y, sin embargo, la fuerza policial está plagada por una cultura de violencia y corrupción. Este departamento de policía disfuncional y recalcitrante lleva años causando estragos. El uso de la fuerza excesiva o mortal es habitual, y proliferan las violaciones de los derechos civiles y humanos. Los años de abusos incontrolados han provocado pérdidas injustificables de vidas de civiles que se pudieron evitar, y daños graves y duraderos para otras incontables víctimas. Aunque, históricamente, el abuso policial ha afectado principalmente a los puertorriqueños de bajos ingresos, los puertorriqueños afro descendientes y los inmigrantes dominicanos, y en los últimos tres años los participantes de manifestaciones pacíficas, también han sufrido el maltrato”.

La ACLU presentó el informe “Island of Impunity. Puerto Rico’s Outlaw Police Force” o “Isla de impunidad. Policía de Puerto Rico al margen de la ley” en conferencias de prensa simultáneas en Washington y San Juan. La Policía de Puerto Rico es el segundo cuerpo policial más numeroso bajo la jurisdicción de los Estados Unidos.

William Ramírez, director ejecutivo del capítulo de Puerto Rico de la ACLU, dijo que la entidad esperó por una acción legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el Gobierno de Puerto Rico a raíz del informe que produjo hace un año, pero ya se les acabó el tiempo y la decisión estaba tomada.

El abogado anticipó que “antes de que termine este mes” presentarán una demanda de envergadura, que no pretende buscar resarcir daños sino atacar el problema directamente.

El superintendente Héctor Pesquera reaccionó atribuyendo los señalamientos a una “agenda política” y catalogó el informe de “incorrecto e irresponsable”.

“¿Que ha habido casos? Sí. ¿Pero en dónde no? Eso ocurre. Pero eso no quiere decir que la Policía se dedica a violar los derechos de los ciudadanos. Es incorrecto. Hay casos, pero no es distinto a las policías de otros lugares del mundo”, dijo Pesquera en una entrevista radial.

Según la ACLU, en la Isla ocurren tres veces más muertes de civiles a manos de la Policía que en la ciudad de Nueva York, que tiene el doble de población. Entre 2007 y 2011 la Policía mató 36 ciudadanos, señala el informe.

La ACLU instó al gobernador Luis Fortuño y a Pesquera “a abordar el grave problema de brutalidad policiaca que afecta a Puerto Rico”.

Entre las violaciones de derechos civiles señaladas, la Policía “ha asesinado a civiles que no opusieron resistencia ni portaban armas, incluso después de haber sido reducidos por los agentes”. Además, personas de las comunidades de bajos ingresos o afro descendiente y dominicana han sufrido parálisis o traumatismo craneoencefálico por golpizas y otros maltratos, hasta la muerte; y se ha reprimido con gas pimienta, gases lacrimógenos, macanas y balas de goma a manifestantes pacíficos en el Capitolio, la Universidad de Puerto Rico y otros sitios públicos”.

“También es habitual que la PPR no actúe ante delitos de violencia doméstica y violaciones sexuales, ni proteja a las mujeres que son víctimas de actos de violencia por parte de sus parejas”.

La Policía “permite” que sus agentes evadan cualquier sanción o consecuencias por sus abusos, según el informe, y les permite que continúen portando sus armas y se reincorporen al trabajo policial.

“La PPR avala el uso de la fuerza, encubre la actuación abusiva de sus miembros y fomenta que no se quebrante el código de silencio”, señala la organización.

Más sombras sobre Pesquera

Pesquera, que es un oficial de carrera del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), ha sido objeto en el pasado de varias investigaciones periodísticas, incluyendo El Nuevo Herald de Miami, que publicó en el 2005 sobre su liderato en un espectáculo mediático relacionado con el arresto de cinco cubanos ahora presos por espionaje.

Dicho reportaje atribuyó a Giovani José Vásquez de Armas, “un testigo del gobierno de Venezuela en la investigación de la muerte del fiscal Danilo Anderson”, el relato de que Pesquera, siendo jefe del FBI en Miami, participó en una reunión en Panamá en el 2003 con un funcionario de la CIA donde se planeó el asesinato del funcionario venezolano.

Anderson murió víctima de un explosivo en Caracas, el 18 de noviembre del 2004. El tipo de bomba utilizada ha sido vinculada a atentados de cubanoamericanos.

El Miami New Times publicó otro reportaje sobre un comerciante cubano con antecedentes criminales que se refiere a Pesquera como “un buen amigo”, al que regaló un reloj Rolex y lo visitaba en su oficina federal en la ciudad.

También se ha publicado que en el 2003 presuntamente destruyó el expediente del terrorista cubano Luis Posada Carriles, responsable de la explosión del vuelo 455 de la aerolínea Cubana de Aviación en el que murieron 73 personas, en 1976.

A Pesquera se le vincula con el operativo que llevó a la cárcel a los cinco cubanos – Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González –, pero ignoró los entrenamientos de operativos de la red terrorista Al-Qaeda que culminaron en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Enlaces de interés:
Isla de impunidad. Policía de Puerto Rico al margen de la ley (Resumen Ejecutivo en español)
Island of Impunity: Puerto Rico’s Outlaw Police Force (Informe completo en inglés)
Police Brutality and Suppression of First Amendment Rights in Puerto Rico. Informe de ACLU 10/junio/2011


English version