Bajas en la Junta de la AEE no traen estabilidad

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Denuncias de corrupción y malos manejos provocaron la salida forzada de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de la presidenta y el vicepresidente, ambos nombrados por el gobernador Luis Fortuño. Sin embargo, esas bajas no parecen ser el fin de la inestabilidad en ese cuerpo rector.

La primera en irse por la puerta de atrás fue la presidenta, Marimar Pérez Riera, quien reconoció haberse hospedado en un hotel de 800 dólares la noche en Nueva York pagado con fondos públicos. Y esta semana, el vicepresidente, el ingeniero José Pérez Canabal, salió luego de que el gobernador pidiera su renuncia y lo refiriera al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental al trascender que es beneficiario de un millonario contrato con la AEE para generar energía renovable.

La salida de Pérez Canabal se dio tras la denuncia de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) sobre un contrato otorgado por la Junta en 2011 por $189 millones a Tropical Solar Farm para la producción de energía en Guayanilla. La empresa tiene como incorporador al vecino de Pérez Canabal, Roberto Torres Torres, pero la dirección, el teléfono y correo electrónico de dicha corporación son los mismos de la compañía Galexda Development, cuyo presidente es Pérez Canabal.

La Junta de la AEE, la preside José Ortiz, que lidera también la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Los demás miembros de la Junta son Jerome Garffer Croly, a cargo de Manejo de Inversiones y cuyo término vence en junio de 2014, Andrés Salas Soler, ex juez y abogado, que fue reconfirmado esta semana, y el CPA Eugenio Torres Oyola, uno de los incorporadores del comité de campaña Fortuño 2012, cuyo término vence en febrero de 2015. También están, Roberto Volckers Estéves, que no ha sido confirmado, y Rubén Hernández Gregorat, quien como secretario de Transportación y Obras Públicas, es miembro permanente. Recientemente se incorporaron Juan Rosario y Agustín Irizarry en representación del interés público luego que salvar varios obstáculos para su confirmación. Ya han participado de dos reuniones, confirmó Rosario.

Pero el temporal no ha pasado, independientemente de lo que ha dicho el gobernador sobre el asunto. Garffer Croly parece que también tiene esqueletos en el clóset y claras intenciones de favorecer empresas por su vinculación al Partido Nuevo Progresista.

Según un correo electrónico revelado por NotiCel, Garffer Croly pidió beneficiar a un empresario de First Medical que identificó como “Dr. Méndez”, porque el mismo es leal al PNP. El funcionario se desvinculó del documento.

“A menos que hubiese una razón para poder actuar, cosa que no hemos encontrado al presente, no actuaremos. (Actuaremos) solamente cuando haya una razón”, dijo el gobernador sobre el asunto Garffer.

Sin embargo, Rosario insiste en que hay tela para cortar. “Cualquiera puede negar cualquier cosa, y eso tiene que investigarse… no se pueden quedar sin discutir los contratos de Pérez Canabal y la acusación de Jerome Garffer, y vamos a solicitar que se investigue”.

¿Quién es Jerome Garffer Croly?

Garffer Croly es donante y recaudador del PNP y del Partido Republicano, aunque sus lealtades políticas las comparte con demócratas como el Comisionado Residente Pedro Pierluisi, a quien donó $2,000 y el representante congresional Steny Hoyer, al que le donó $1,000 más. Figura además, como donante del ex gobernador Carlos Romero Barceló, del ex presidente George W. Bush, a quien aportó $1,000, y del republicano Jim Pawlenty, a quien donó $2,500.

Fuentes indican que el licenciado Andrés Nevares, director de finanzas de la campaña Fortuño 2012, recomendó el nombramiento de Garffer Croly, quien organizó un evento de recaudación de fondos para Fortuño el pasado 25 de febrero en Nueva York, según informó El Nuevo Día, en el que se levantaron casi 57 mil dólares en unas horas. Garffer también es miembro del Comité Evaluador de Candidatos del PNP, según reveló el Centro de Periodismo Investigativo.

Por su parte, el Partido Popular Democrático llamó la atención a que el récord judicial de Garffer Croly incluye un caso en el tribunal regional de Carolina en el 2002, por delitos contra la propiedad, y otro en el 2007, en el cual fue convicto por Ley 54 y maltrato agravado. Garffer Croly negó las imputaciones alegando que “no hubo violencia física, contrario al caso del representante Luis Raúl Torres. Fui a un programa de desvío y luego se archivó el caso y es como si no hubiese sucedido. Mi récord está limpio”.

Además, el PPD reveló una sentencia del Tribunal de Apelaciones que deniega una solicitud de Garffer Croly para que se deje sin efecto la orden de protección que emitió un tribunal a favor de Yazmín Loubriel Correa, quien reclamó que Garffer Croly le asechaba. Según dijo Garffer a Noticel, su esposa “estuvo en un proceso de custodia de sus hijos y este caso se dio en ese entorno. El caso fue visto por Carlos Vizcarrondo. Tan frívola fue la demanda que el padre de los niños la incluyó en sus argumentos para obtener la patria potestad. Pero el juez no le dio mérito y le dio la custodia a mi esposa”.

Héctor Pesquera Sevillanos, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano denunció también que “Garffer, a pesar de haber sido sentenciado en octubre del 2007 por violación a la Ley 54 de maltrato agravado, cuatro años más tarde llena una solicitud para ser autorizado a manejar fondos municipales y en dicha solicitud pone que nunca ha sido convicto, sentenciado o involucrado en casos legales. En el mismo documento, en su última página, dice que mentir u omitir información constituye un delito federal que puede conllevar hasta 5 años de cárcel”.

Garffer nació en San Juan en 1973. Obtuvo en 1996 un Bachillerato en Artes con concentración en Ciencias Políticas de la Universidad de Michigan y estudió su Juris Doctor en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Siempre ha estado en posiciones de alta jerarquía, según refleja el informe del Senado relacionado a su confirmación.

En 2009, Garffer fue nominado por Fortuño a tres juntas de corporaciones públicas: la AEE, la Compañía de Fomento Industrial y la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico. Además, fue nombrado representante y presidente del Comité de Inversiones para el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos de Puerto Rico.