Mientras la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) reporta que ha reducido su personal, el Centro de Periodismo Investigativo confirmó que se mantienen emitiendo convocatorias a puestos, y que hasta abril de este año tenían 845 empleados transitorios.
Los puestos del servicio de carrera en la AAA bajaron en 1,062, de 5,148 en enero 2008 a 4,086 en abril 2012. La cantidad de personal de confianza se mantuvo igual, 165.
Según los datos oficiales del Registro de Puestos que mantiene la Oficina del Contralor, la reducción neta en puestos de trabajo regulares y transitorios de los pasados cuatro años y primeros cuatro meses de este año ha sido de 824.
Fuentes del CPI advirtieron un alto número de transitorios en la AAA, además de que seguían emitiendo convocatorias a plazas. Recientemente, en tan solo dos semanas, se hicieron 40 nombramientos que, según una fuente, son parte de un ritmo acelerado para terminar con los nombramientos antes de que entre en vigor la veda a las transacciones de personal y de presupuesto del año electoral.
En los primeros cuatro meses de este año, la AAA aumentó en 158 el número de transitorios, según las cifras oficiales.
En junio de 2007, la AAA tenía 5,413 empleados, de acuerdo a un informe oficial a bonistas del Sistema de Retiro del gobierno. Un año después, en junio de 2008, la agencia reportó al Contralor un total de 5,821 puestos ocupados, de los cuales 695 eran transitorios y 4,961 de carrera.
El efecto neto ha sido degradar la calidad de los empleos, conforme a los principios del servicio público, sustituyendo numéricamente puestos de carrera por transitorios, que tienen menos remuneración y beneficios marginales, carecen de permanencia y no cumplen con el principio de mérito.
La dependencia en nombramientos de término fijo, como son los transitorios, no debe utilizarse para evitar los puestos de carrera y no sólo es una práctica inaceptable en la administración de recursos humanos en el gobierno, también se legisló para evitar su abuso.
Los puestos transitorios, según la Ley para la Administración de los Recursos Humanos del Servicio Público (Ley 184 de 2004), por lo general duran tres meses, y pueden ser renovados.
AAA dice que economiza $30 millones por reducción de personal
El director de Finanzas de la AAA, Efraín A. Acosta, dijo al CPI que “los ahorros por la reducción de empleados del 2007 al 2011 generó economías de $32 millones anuales”.
La tabla suministrada por la oficina de Acosta, dice que bajaron de 5,841 en 2007 a 4,919 empleados en 2011, una diferencia de 922 al total, o un 15.78%. A esa reducción le atribuyó Acosta los $32 millones en economías anuales.
Al cuestionársele si no le parecía poco reducir solo unos mil, Acosta lo rechazó, apuntando que no conoce empresa privada que haga una reducción de personal de ese tamaño sin haber cerrado operaciones.
En las cifras provistas por la oficina de Finanzas, sin embargo, no aparecen los puestos transitorios, sino “temporeros”, que es una clasificación diferente. Varias solicitudes hechas a la oficina de Comunicaciones de la AAA para una clarificación o informe de los transitorios nunca fueron respondidas.
La tabla suministrada desglosa el personal gerencial, unionado y de confianza, no de acuerdo a las clasificaciones del servicio público. Al 27 de abril de este año, tenía 1,324 gerenciales, 175 puestos de oficina representados por la Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la AAA (HIEPAAA) y 3,571 de la Unión Independiente Auténtica (UIA), para un total de 5,070.
Una comparación de los informes mensuales del Registro de Puestos del Contralor, de enero de 2008 hasta abril de 2012, reveló los totales resumidos en la siguiente tabla:
Los informes mensuales de enero de 2008 y el último de abril de 2012 del Registro de Puestos del Contralor pueden ser comparados en un documento que confeccionó el CPI.
La nómina anual de la AAA, asciende a $281.6 millones, un 40.39% del presupuesto total anual de $697.2 millones de la agencia. El gasto de nómina proyectado hasta abril de 2012 era $236, 729,892.15 y representa un 35% de lo presupuestado (40%) para el año. La Autoridad proyectó que gastaría un 103% de lo planeado, pasándose por $7.6 millones.
El lío de la veda electoral y los transitorios
En septiembre entra en vigor la veda a nombramientos, ascensos, traslados, descensos, reclasificaciones, cambios de sueldos y de categorías de empleados, antes de las elecciones generales de noviembre.
Previo a las elecciones del 2008, la veda se extendió del 5 de septiembre al 3 de enero de 2009. Al comenzar el nuevo gobierno de Luis Fortuño en enero de 2009, los legisladores de la mayoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) denunciaron e iniciaron investigaciones sobre nombramientos que supuestamente violaron la veda, pero ninguna resultó en legislación.
Hubo cuatro resoluciones (RC161, RC826, RS17 y RS19) aprobadas en el 2009 para investigar transacciones de personal en el 2008 y aunque se hizo mucho ruido con el tema y hubo vistas públicas, las comisiones no rindieron informes finales.
La minoría del Partido Popular Democrático (PPD) pretendió en marzo de este año que se adelantara por dos meses la veda, para el 1 de julio. Reclamaron que los legisladores del PNP hicieran lo mismo que hicieron hace cuatro años, cuando el PPD gobernaba, pero la resolución no prosperó.
El representante popular Jaime Perelló denunció en marzo que el gobierno estaba de nuevo aumentando la cifra de empleados – 9,800 más entre diciembre 2010 y el mismo mes de 2011 –citando cifras del Departamento del Trabajo.
Aunque de marzo a abril de 2012 bajó en 7,000 el número de empleos en el sector público, según el Departamento del Trabajo, el total de empleados del gobierno aumentó en 13,000 respecto a abril de 2011. Ahora son 235,000. La tasa de desempleo para este grupo es de 11%.
Poco después que el PPD pidió adelantar la veda, la presidenta de la Cámara, Jenniffer González, radicó el proyecto 3889 para crear la “Ley de Justicia a los Empleados Transitorios de 2012”, a fin de reconocer como empleados de carrera aquellos que tuvieran dicho status al 30 de junio. La medida fue criticada públicamente como un intento de “atornillar” simpatizantes del PNP en el gobierno, el gobernador Fortuño no la favoreció y se quedó en la Comisión de Trabajo.
Algo parecido propuso en 2004 el senador popular Antonio Fas Alzamora con el proyecto del Senado 2557, argumentando que “a través de los años, las agencias continúan utilizando este sistema alterno para emplear personas con status transitorio en puestos de duración permanente, obviando completamente el sistema de mérito”. Este proyecto no se aprobó.
Durante el gobierno de Sila Calderón pasaron las leyes 172 y 412 de 2004, incluyendo la asignación de $15 millones para sufragar el costo de reconocer en puestos permanentes a los que estuvieran en servicio de carrera hasta el 30 de junio de 2004 y por tres años más para que pudieran competir para una plaza permanente.
Estas leyes, y la 56 de 1989, tuvieron la intención de erradicar la mala práctica de reclutar personal transitorio de forma paralela al servicio de carrera, creando una doble estructura que traiciona el principio de mérito y no le hace justicia al servidor que seguía trabajando por años sin los derechos que confieren los puestos regulares. La misma Ley 56 había sido enmendada varias veces para los mismos efectos y para terminar con eso se pasó la Ley 172.
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