Crowley Maritime acordó colaborar con Justicia

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Crowley es una de tres compañías involucradas en el caso criminal federal del cual formó parte también una demanda de clase de las empresas perjudicadas por las tarifas pagadas a los acusados para el transporte marítimo de mercancías entre Puerto Rico y los Estados Unidos, desde mayo de 2002 a abril de 2008.

En el inciso 25, “Cooperation Agreement”, se estipuló que “los acusados, Crowley, cooperarán con los representantes de la clase demandante en relación al cabotaje puertorriqueño”, además de “producir persona(s) suficientemente cualificadas para autenticar documentos de la compañía, incluyendo datos electrónicos” y hacer “todos los esfuerzos razonables para que estén disponibles para entrevista a actuales y anteriores oficiales o empleados de Crowley Liner Services, Inc. involucrados en las decisiones de precio relacionadas al cabotaje puertorriqueño”.

Además, se estipuló que las empresas que utilizaron sus servicios durante el periodo de fijación ilegal de tarifas podían optar por recibir la compensación que le corresponda en efectivo o acogerse a la congelación de la tarifa básica marítima de Crowley por dos años a partir de la fecha de vigor del acuerdo.

El tribunal de distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, donde continúa el caso, estipuló que en conjunto, las tres principales compañías controlaban el 86% del mercado de cabotaje en el periodo bajo investigación (Horizon 35%, Crowley 30% y Sea Star 21%). Una cuarta empresa, Trailer Bridge (14%) fue sacada temprano del caso y después se fue a la quiebra, según fue reseñado por el Centro de Periodismo Investigativo en noviembre de 2011.

Crowley, antes de admitir culpa por su papel en el esquema ilegal monopolístico imputado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 15 de enero de 2010 suscribió a través de sus abogados – Patton Boggs LLP y Jiménez, Graffam & Lausell – un acuerdo de transacción en la demanda de clase (a nombre de Crowley Maritime Corp. y Crowley Liner Services, Inc.), en el cual afirmaba que no aceptaba culpa, pero se comprometió a pagar $13,750,000 y colaborar con la investigación federal.

Las demás compañías involucradas en este esquema también tuvieron que firmar sus respectivos acuerdos conforme a la participación que tuvieron y la colaboración que luego hicieron en la pesquisa, según consta en el expediente judicial del caso.

El juez Daniel Domínguez estimó que “el valor total real de los acuerdos es $65,850,000”, el cual se divide en dos partidas: $52,250,000 en acuerdos en efectivo y $13,600,000 por la opción de congelación de tarifa básica para los miembros de la clase demandante.

Una parte en la conclusión del largo proceso de la demanda de clase contra las navieras se fue en la determinación de los honorarios de los abogados. El tribunal tomó en cuenta, entre otras cosas, las aportación de peritaje sobre aspectos técnicos del cabotaje, indispensable para entender el esquema, y les asignó 23% del valor total de la partida de efectivo, o sea $12,017,500 al abogado(s) principal de la clase, más gastos por $1,004,631.

Puede leer el acuerdo completo aquí.
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