El PPD y el PNP están de acuerdo en muy pocas cosas. A esa cortísima lista ahora podemos añadir el que ninguno de los dos quiere que usted sepa quiénes le financian las campañas políticas.
A última hora, en la pasada sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, los legisladores de mayoría y minoría acordaron aprobar la Ley 135, que enmienda la Ley 222 de Fiscalización del financiamiento de las campañas políticas, para que tengamos que esperar 90 días antes de que los informes de donativos a los candidatos y partidos puedan hacerse públicos.
Así las cosas, en un año electoral como el que corre, desde agosto esta información no estará disponible hasta después de las elecciones de noviembre cuando ya los candidatos y los partidos hayan sido electos.
El secreteo no es nuevo
Esta práctica de falta de transparencia no es nueva. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tuvo que acudir a los tribunales para obtener copia de los informes radicados por los candidatos previo a la elección del 2008. No fue a hasta mediados de 2012, tres años después del reclamo ante las cortes, que la CEE hizo públicos tales informes.
Durante este periodo prelectoral, la excusa de la Oficina del Contralor Electoral, figura de reciente creación y ahora a cargo de estos documentos, ha sido la mudanza a sus nuevas oficinas fuera de la CEE.
Como otra forma de tratar de obstruir el flujo de la información el Contralor Electoral impidió al CPI la utilización de un escáner para sacar las copias de informes en su poder y evitar así el oneroso costo de las copias. La inexplicable, e inexplicada decisión, se basó un reglamento que nunca se mostró y en la decisión unilateral del Contralor Electoral, Manuel Torres.
La papa caliente
Tras los cuestionamientos del CPI todos parecen querer desvincularse del origen de la medida. El Contralor Electoral dice que fue una iniciativa legislativa y la presidenta cameral Jenniffer González, autora de la medida, dice que respondió a un pedido del Contralor Electoral.
El informe sobre la medida de la Comisión de Reforma Gubernamental del Senado dice que el Contralor Electoral y sus auditores la favorecieron.
“La Oficina del Contralor Electoral no presentó objeción a que los informes de ingresos y gastos que rinden las personas y los comités sean confidenciales por el término de 90 días, que es el tiempo que tiene para evaluar dichos informes. De igual forma, tampoco presentó objeción a que los documentos e informes que se utilizan para realizar las auditorías sean confidenciales hasta que se publique el informe final de la misma”, indica el informe.
Por su parte, el Contralor Electoral le aseguró al CPI que “en el proyecto original (los informes) eran públicos y tenía que publicarlos en Internet. En el proceso legislativo eso se ajustó y ahora los informes son públicos después de los primeros 90 días de haberse presentado”.
“En el proceso legislativo, por alguna razón, los representantes y senadores entendieron que no era lo que había que hacer…”, dijo Torres.
“Si fueran públicos, el ciudadano tiene una opción mayor para colaborar con nosotros en el cumplimiento, (pero) en lo que la ley no me da discreción, tengo que hacerla valer”, añadió Torres.
En declaraciones escritas la Presidenta cameral expresó que “como bien ha dicho el auditor electoral Manuel Torres, esta enmienda se incluye a petición de su oficina, de los propios auditores que hacen la recomendación y nosotros la presentamos. En ningún momento la medida establece que los informes dejarán de ser públicos”.
“Ocurre igual que con los informes de la Oficina del Contralor donde son finales cuando se auditan, no en el proceso de evaluación. La idea presentada establece que ese proceso ocurra en un periodo máximo de 90 días, de lo contrario tendría que estar disponible, en ningún lado dice que no serán públicos”, argumentó González.
“Esto se discutió en el momento de aprobar la reforma electoral a la luz de sol y en presencia de todos. En la Cámara votaron a favor de esta enmienda toda la delegación de mayoría y minoría. De igual forma, esto no amarra a ningún candidato a pedir que su informe sea público al momento de radicarlo, es una determinación individual”, dijo González.
Justificación del PPD
El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Luis Raúl Torres, dijo al CPI que el problema de la enmienda sobre la confidencialidad de los informes es que no podía votarse por separado porque era parte de un proyecto. Sin embargo, respaldó que la información se mantenga oculta por 90 días.
“Muchas veces, en ese periodo de revisión, se hacen señalamientos administrativos que los adversarios políticos los toman como si fueran faltas o actos indebidos, ilegales, aunque sea por falta de información. Por eso creo que se hizo (la enmienda). Quizás no deban ser 90 días, deban ser 30”, indicó al CPI aunque no hizo esa recomendación como enmienda cuando se consideró la medida en la legislatura.
Torres propuso que los informes se publiquen en Internet para el acceso de todos los ciudadanos, pero esto fue eliminado de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas cuando el proyecto de administración llegó al Capitolio en marzo de 2011 como explicó el Contralor Electoral.
Sila Mari sola
El tracto legislativo de este cambio duró 30 días, del 31 de mayo a la madrugada del primero de julio que se aprobó en la extraordinaria convocada por el gobernador Luis Fortuño, y luego de discusiones en conferencia entre Senado y Cámara, la medida sometida por la Presidenta cameral y el representante novoprogresista José Chico Vega, se aprobó con aval bipartita. Siete representantes, cinco del Partido Nuevo Progresista (PNP) y dos del PPD, estuvieron ausentes durante la votación.
En el Senado contó con el voto en contra de Sila Mari González Calderón, una abstención y un legislador no votó por estar ausente.
El presidente del PPD, el también senador Alejandro García Padilla, votó a favor de la restricción.
González Calderón dijo al CPI que el período de confidencialidad se presta “para esconder posibles irregularidades… estoy totalmente en desacuerdo. Se presta para más chachullos”.
“El que no tiene preocupación alguna no tiene por qué esconderlo. Si siempre ha sido así (público) ¿por qué cambiarlo ahora? Estamos hablando de dinero de campañas, sería otro caso si fueran los informes financieros que se someten a Ética que pueden tener cosas personales que sean confidenciales. Pero esto es dinero de campaña, no veo razón alguna para que no sea público. Lo que quieren es esconder… no permite la fiscalización”, añadió.
La senadora sostuvo, además, que con los cambios en la nueva ley los legisladores, alcaldes y otros candidatos que no sean a la gobernación o partidos políticos están por la libre porque no tienen que someter informes antes de julio del año electoral.
Para corregirlo, sometió el proyecto del Senado 2449 que se detuvo en la comisión de Reforma Gubernamental.
El 26 de enero de 2012, González Calderón expresó por escrito que “han querido hacerle creer al país que esta nueva legislación es más rigurosa, pero la realidad es que esta supuesta ‘Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico’ no permite la efectiva fiscalización del financiamiento de las campañas de los legisladores. Es otra hipocresía y engaño más porque deja al descubierto más de 10 meses sin un término fijo en la Ley para fiscalizar las finanzas de los legisladores y otros candidatos, que no sean el gobernador”.
Justificación PNP
Según Chico Vega, el cambio se da porque “en años electorales todo el mundo está viendo los informes (que) si aquél dio, aquél no dio, y está el problemas de excesos (en donativos). Nos puede pasar a cualquiera porque no sabes a quiénes le están dando. Todos tuvimos que devolver dinero”.
A pesar de que votó a favor de la medida, ahora Chico Vega dice que los 90 días de secretividad de los informes es mucho tiempo y dejó la puerta abierta a una enmienda futura. “Son leyes bastante complicadas, difíciles, casi siempre vienen enmiendas” posteriores para corregir. Tampoco recomendó menos tiempo cuando se consideró la medida.
La nueva legislación llega en momentos en que la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas se atempera a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos con el caso Citizens United vs. Federal Election Commission y que amplía a cualquier ciudadano o grupo, el poder hacer campaña a favor o en contra de un candidato solo sometiendo informes de gastos al Contralor Electoral, sin mayores problemas.
Aportaciones como la del Partido Republicano a favor de la campaña a la relección de Fortuño, o de cualquier Comité de Acción Política o ciudadano por su cuenta, no se conocerán hasta después de las elecciones.
Pro Publica, una publicación independiente de EEUU plantea los problemas que ya presenta este asunto.
Obstáculo a la fiscalización
Para el presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Rafael Lenín López, mantener en secreto por 90 días estos informes “enajenará al pueblo de importante información sobre los aspirantes a ocupar cargos públicos. El pueblo debe tener toda la información disponible al momento de decidir”.
Por su parte, la presidenta del Overseas Press Club, Milly Méndez, advirtió que el cambio en la ley impide la fiscalización efectiva.
“La importancia de que estos informes estén accesibles para la prensa es el hecho de que podemos indagar quiénes son los donantes de los partidos políticos y cuáles fueron las actividades de recaudos que realizaron. Cabe destacar que los partidos políticos reciben un pareo de fondos públicos y el pueblo tiene derecho a saber cómo los candidatos y funcionarios del Estado gastan el dinero de los constituyentes”, dijo Méndez.
Vea aquí el enlace a la ley.
