CEE utilizaría listas fraudulentas de Guaynabo en las elecciones generales

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Las listas, señaladas como fraudulentas por un comité de la propia CEE, ya se utilizaron el referéndum del pasado 19 de agosto.

La CEE indicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que, en este momento, no tomará acción para corregir las listas o registro electoral. Una extensa investigación realizada por un Comité Ad Hoc nombrado por el presidente de la CEE, Héctor Conty Pérez, encontró que hubo transferencias ilegales y que se violo la Ley Electoral cuando personas se inscribieron fraudulentamente para votar en el precinto 6 de Guaynabo. La CEE indicó que espera por una investigación del asunto que realiza el Departamento de Justicia antes de tomar acción, si alguna.

“El caso está en manos de Justicia”, dijo al CPI José Enrique Alvarado, portavoz de prensa de la CEE, para explicar la inacción de la agencia.

“Dependerán de si hay caso, y de lo que diga un tribunal”, las acciones que tomaría la CEE sobre las listas a utilizarse para el 6 de noviembre en las elecciones generales.

Pero, según declaraciones de una funcionaria de Justicia, podría llegar el 6 de noviembre sin que haya un resultado de la investigación que realizan.

“Nos falta mucho trabajo”, advirtió la fiscal Arlín Gardón, quien junto a otros dos fiscales está a cargo de la investigación en Justicia.

La fiscal dijo que “el Comité hizo una investigación de índole administrativa buscando unas cosas. Es un informe muy útil para la investigación, pero necesitamos más”.

Explicó, que Justicia realiza entrevistas a funcionarios legislativos, municipales y policías de Guaynabo implicados en el fraude cometido previo al a celebración de las primarias de agosto 19. Las gestiones de Justicia incluyen visitas de campo a las residencias donde algunos electores dijeron que se habían mudado para poder votar de forma ilegal en las primarias del Partido Nuevo Progresista en Guaynabo.

El informe rendido tras la pesquisa, según la presidenta del Comité, la exjueza Carmen Ana Pesante, “tiene suficiente prueba y se le dijo a Justicia”. Y sostuvo que “estoy segura que no nos equivocamos”.

“Uno espera que examinen eso (el informe). Ya tienen declaraciones juradas, transcripciones, resumen de transcripciones. Estuvimos en una vorágine de entrevistas a un montón de gente, sumaban miles de páginas”, indicó la exjueza.

A juicio de la licenciada Pesante, en Justicia “tienen la prueba completa para someter caso”.

Pesante y el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Comité, Gilberto

Concepción Suárez, informaron por separado al CPI que desde que comenzó a publicarse sobre el fraude en el proceso de transferencias, algunos implicados volvieron a las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) para corregir sus direcciones y reinscribirse en su domicilio original.

“Eso también es fácil de corroborar”, aseguró Pesante, porque el tracto de las gestiones en las JIP se puede cotejar con documentos en papel y por computadora.

Alvarado, de la CEE, indicó que “no comentaremos más sobre el tema” cuando el CPI solicitó información sobre el estatus actual de los electores implicados.

Si los votantes señalados por participar en el fraude no corrigieron sus direcciones ya perdieron la oportunidad toda vez que el registro cerro el pasado 17 de septiembre.

Sus votos, en colegios que no le corresponden en Guaynabo, “tiene implicaciones horribles” parala democracia, según Concepción Suárez.

“Mientras eso ocurra (que se permitan, sin revisar, las transferencias ilegales) no habrá transparencia electoral… La CEE lo ha permitido porque no quiere o por descuido o por lo que sea… No existe democracia”, afirmó.

Y aunque existe el argumento de la CEE de que ahora se solicitan documentos que evidencien que un elector reside en la vivienda que alega, Concepción Suárez aseguró que no se hace en todos los casos.

Solo si los funcionarios de colegio de partidos opositores al Partido Nuevo Progresista conocen a los implicados en el fraude podrían recusarles el voto.

¿Cómo ocurrió?

El 19 de marzo de 2012 se realizaron primarias a nivel nacional del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD).

Desde el momento en que se dieron a conocer los resultados ese día en la tarde sobre el precinto 6 de Guaynabo para la primaria del PNP, se levantaron banderas de alerta por la supuesta transferencia ilegal de electores que no les correspondía votar en los colegios de esa región, y del llamado “vaciado de listas”, o electores que aparecieron ejerciendo su derecho al voto sin que lo hubieran hecho.

La CEE recibió querellas sobre este asunto por parte de los candidatos novoprogresistas Ángel Pérez y Antonio Soto, quienes se disputaban la candidatura a representante por ese distrito, así como denuncias del PIP y del PPD relacionadas a las irregularidades.

Conty Pérez, decidió que la agencia tomaría las riendas del escrutinio del proceso primarista que correspondía a las colectividades. Ante las denuncias y dudas surgidas durante el escrutinio el Presidente de la CEE nombró un Comité Ad Hoc para investigar los presuntos malos manejos del sufragio.

El Comité, presidido la licenciada Pesante, indagó el caso con entrevistas y visitas a las residencias donde los electores alegaron residir al momento de las transferencias. Fueron más de 100 las verificaciones que se hicieron sobre este asunto, así como entrevistas a policías municipales y funcionarios del municipio de Guaynabo que pudieron participar del esquema ilegal.

En su informe del 6 de junio de 2012, el Comité concluyó, entre otras cosas, que “hay evidencia circunstancial (testimonios, documentos, declaraciones juradas e informes) que permite inferir que las personas cercanas a los aspirantes Ángel Pérez Otero y Antonio Soto Torres y/o personas relacionadas a estos, participaron en esquemas separados dirigidos a que determinadas personas hicieran transferencias ilegales e infringieran el Artículo 12.007 del “Código Electoral para el Siglo XXI” y en el Artículo 219 del “Código Penal de 2004” que tipifica el delito de falsedad ideológica”.

“Por ello recomendamos a la CEE referir el asunto al Departamento de Justicia… para determinar si la ilegalidad alcanza a estos dos aspirantes”, añade el informe, entre otras recomendaciones.

El Comité Ad Hoc también recomendó a la CEE investigar qué ocurrió en la Junta de Inscripción Permanente donde se permitieron las transferencias aparentemente ilegales.

Tras el informe del Comité Ad Hoc, uno de los sargentos de la policía municipal de Guaynabo que testificó ante el cuerpo investigativo, Leonardo Santos Cruz, fue despedido de su empleo tras una investigación administrativa no relacionada con la imputación de fraude cometido por colegas suyos.

Santo Cruz mantiene una demanda contra el ayuntamiento alegando que su despido responde a represalias por ofrecer su testimonio sobre el esquema de transferencias ilegales.

Para ver el informe del Comité Ad Hoc, vaya aquí.