El impuesto secreto del alcalde Santini

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Con el auspicio de The Fund for Investigative Journalism

Primera parte de la serie


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Rina Landrau, vecina de Santurce que pagó el tax Santini / Foto por Carla Cavina

Hasta Rina Landrau, del humilde vecindario del Caño Martín Peña, pagó el impuesto ilegítimo del alcalde Jorge Santini. La Oficina de Permisos del Municipio de San Juan le cobró $2,050 por una autorización para remodelar su casa de dos niveles, en el sector Buena Vista-Santurce, en el corazón de la capital. Se trataba de una transferencia de derechos de desarrollo que, según la Alcaldía, estaba obligada a pagar aparte de las patentes municipales.

Para Landrau, ese cobro se convertiría en un misterio. Ella no intentaba desarrollar nada. Simplemente necesitaba cambiar con urgencia el destartalado techo de madera del segundo piso por uno de cemento. Luego tendría que remozar paredes interiores de panel podrido a causa de las continuas inundaciones del área, así como remplazar tuberías y conexiones eléctricas.

La Oficina de Permisos del Municipio determinó arbitrariamente que las obras de la casa equivalían a construir una unidad básica de vivienda. Y Landrau efectuó los pagos correspondientes, que se sumaban al préstamo que había pedido al banco para  costear la remodelación.

En la avenida Ponce de León, en Santurce, el desarrollador de los grandes edificios de apartamentos y de comercio llamados Ciudadela corrió la misma suerte. Tuvo que pagar al Municipio unos $365,780 de derechos de desarrollo, tan solo por la fase II del proyecto. Y Luis Álvarez, en el barrio de Sabana Llana, pagó $5,800 por ese mismo concepto. Necesitaba agregar dos niveles a cada lado de LAP Compressors, su tienda de piezas de aire acondicionado.

El Municipio de San Juan ha cobrado de este modo más de $20 millones desde 2003, con el Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD). Lo han pagado cientos de ciudadanos que han pedido permisos de construcción. Se trata de un impuesto que, según investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), es ilegítimo.  Este programa ya expiró en 2007, y la protección del ambiente que persigue en realidad no está ocurriendo, según testimonios de los afectados, visitas de campo, entrevistas de fuentes anónimas y análisis de documentos municipales.

Quienes pagaron tienen 20 días para impugnarlo, pero muchos no lo hacen porque es una figura urbanística compleja, o no cuentan con dinero para pleitos legales en vistas administrativas o quieren evitar que les paralicen las obras en construcción.

El cobro municipal se hace bajo el alegato falso de que el dinero recaudado se usa para proteger 3,000 cuerdas de bosque en el sur de San Juan. Pero esos terrenos en los barrios de Cupey, Caimito, Quebrada Arenas y Tortugo no se conservan, según reveló la  investigación del CPI.

¿Qué sucede entonces con el dinero? Una fuente del mismo Partido Nuevo Progresista del Alcalde aseguró que el Municipio usa el dinero para alimentar las arcas municipales, en lugar de depositarlo en una cuenta especial para compensar a los propietarios que debían conservar las tierras del sur de San Juan. “Los empleados de Finanzas no sabían que tenían que poner el dinero en una cuenta especial de reserva, y empezaron a ponerlo en el fondo general, porque los TDD se pagan al mismo tiempo que los arbitrios. Y se quedó así. Si todos los dueños de las fincas que se destinaron a la conservación vinieran a reclamar el dinero se formaría una crisis en el Municipio”.

La oficina de comunicaciones de San Juan se negó a suministrar prueba del balance de la cuenta especial #030402719 en la que alegadamente se deposita el dinero para “conservar” los terrenos. El CPI comprobó que los fondos no se están depositando en esa cuenta del Banco Popular. Al momento del cierre de esta edición, aparece inactiva.

A Santini se le preguntó en conferencia de prensa si el dinero se estaba depositando en las arcas municipales, y respondió: “Se supone que lo que diga la ley es lo que se esté haciendo y aquí se hace lo que dice la ley”.

Bijan Ashrafi, director de la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial del Municipio de San Juan, había aceptado en entrevista separada que la Alcaldía no le está dando su dinero a los dueños de los terrenos a menos que vayan a pedirlo.

El descuido con que se administra este dinero, que no se deposita a la cuenta especial y alegadamente se convierte en fondos públicos, podría implicar un potencial de referido al Departamento de Justicia, según el análisis legal de abogados consultados para esta investigación. Tomando en cuenta la información disponible, esas actuaciones alejadas de los reglamentos y del debido proceso de ley podrían levantar cuestionamientos de violaciones al nuevo Código Penal, en los artículos 262 (omisión en el cumplimiento del deber), 263 (negligencia en el cumplimiento del deber) y 264 (malversación de fondos).

La Oficina del Contralor informó que no está llevando a cabo ninguna auditoría sobre el Programa de TDD de San Juan, porque nadie ha radicado una querella al respecto.

En su origen, este programa cumpliría con un propósito loable: conservar áreas verdes a cambio de dar dinero a sus dueños para que las mantuvieran vírgenes.

Vea la infográfica

La base del programa son unos 684 terrenos privados, en 3,000 cuerdas, para la conservación en el área sur de San Juan.  La idea era que esa modesta zona verde, que había sobrevivido a la fiebre de la construcción desordenada, sirviera como corredor ecológico, protegiera la cuenca del río Piedras y evitara las inundaciones cada vez más frecuentes en la ciudad, a causa del desparrame urbano.

Los propietarios de esas 3,000 cuerdas tenían la opción de vender los derechos de desarrollar las estructuras que, en teoría, cupieran en sus respectivas fincas. Estas se conocen como ‘remitentes’ de derechos de desarrollo. Equivalían a 6,411 unidades básicas de vivienda que se podían vender.

El dinero para pagarles provendría de la cuenta especial en la Alcaldía, que se nutriría de los derechos de desarrollo cobrados a los ciudadanos en los corredores urbanos que quisieran construir más pisos de lo que se permite en la zona en que se encuentran. Estos son los ‘receptores’, los que compran los derechos para  la supuesta conservación del sur de San Juan.

El Municipio cumplía así el doble fin de desarrollar áreas estratégicas de la ciudad mientras conservaba zonas verdes sin tener que expropiarlas. Hasta que se agotaran los derechos de desarrollo transferibles.

El Municipio cobra por un programa extinto

La Alcaldía, sin embargo, comenzó a vender los derechos de desarrollo de las parcelas remitentes sin el consentimiento de los propietarios. Ya en 2007 había agotado todas las 6,411 unidades básicas de vivienda que se podían transferir dentro del plan. Ese mismo año, el Municipio fue más allá: había cobrado $11.06 millones equivalentes a los derechos de desarrollo de 10,120 unidades básicas de vivienda. Eso es 3,709 más de las 6,411 que tenía el plan, según documentos municipales a los que tuvo acceso el CPI.

Eso quiere decir que, aunque el Municipio sigue cobrando $1,000 por cada unidad básica de vivienda que cualquiera quiera construir en San Juan, éste programa ya está extinto, pero sigue siendo una fuente de ingreso municipal.

El Municipio se negó a suministrar la información pública de cuánto ha cobrado a los ciudadanos ni cuántas unidades básicas de vivienda ha vendido en estos diez años.

A pesar de que el Programa de TDD se ha implantado contrario a la ley, este modelo podría extenderse a todo Puerto Rico.  La Junta de Planificación (JP) lo propondrá para todos los municipios en el Plan de Uso de Terrenos que está en redacción, aseguró María Gordillo, subdirectora de la entidad.  La agencia también revisa el Plan de Ordenación Territorial de San Juan, por lo que la Alcaldía llevará a cabo una vista pública el próximo 14 de noviembre.

Creyeron que era un impuesto legal

Un gestor de permisos, que quiso permanecer en el anonimato, se resigna ante la situación. “A mí me sorprendió que me cobraran esa transferencia de derechos de desarrollo. Yo nunca había visto eso. Cuando pregunté, me dijeron que es una ordenanza municipal nueva, y te refieren a un reglamento de 2008. Te dicen que para darte el permiso tienes que pagar derechos de desarrollo, con los arbitrios y con las patentes. Tienes que pagar todo antes de poner el primer clavo. Esas son las condiciones. Si el proyecto se va a pillar por yo no pagar unos miles de dólares, prefiero hacerlo. Yo le pasé la factura a mi cliente y él me reembolsó”.

Landrau creyó que el cobro por $2,050 se trataba de unas patentes municipales. “A nosotros los ciudadanos nos dicen una cosa y obedecemos, sin saber que esto puede ser un error del gobierno”, cuenta Landrau. “Puede ser que haya muchas personas en la misma situación mía.  Y somos pobres, no somos ricos, pasamos trabajo para conseguir dinero a base de préstamos y a base de guardaditos y de dejar de comer algunas cosas para poder pagar”.

Álvarez no tenía idea de qué era eso llamado transferencias de derechos de desarrollo. “A mi ingeniero le dijeron que tenía que hacer ese pago, si no, no le daban el permiso”, explica. “Se supone que es ley lo que te estén cobrando. Si no es así, a cualquiera le gustaría recuperar su dinero”.

En esta historia colaboró la periodista Dalila Rodríguez Saavedra

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