Once años en cárcel y reclamando su inocencia

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Quien habla es José Julián Cruz Berríos, de 57 años, desde el otro lado de una mesa plegable en un cuarto frío y anónimo de la cárcel de máxima seguridad de Bayamón. Es lo mismo que ha dicho durante los últimos 11 años desde la prisión, donde cumple una pena de separación permanente de la sociedad por reincidencia habitual.

“En el tiempo que estuve confinado murieron mi hermano mayor, mi hermana mayor, mi mamá y mi papá. Los perdí a todos y no pude ver a ninguno de ellos antes de que se fueran”, relata.

También, cuenta que tiene una hija de 22 años, la cual tenía apenas 11 cuando él ingresó a la cárcel. “Ella viene una vez al año por dos semanas a verme, porque está viviendo afuera. Yo soy adoración con ella y ella conmigo, y siempre busca la forma de hacer sus ahorros para venir a visitarme. Así transcurre mi vida”.

El mes pasado José Julián cumplió 11 años preso por un crimen que alega, y siempre alegó, no haber cometido. Pero, más allá de su alegada inocencia, es el proceso legal que el Ministerio Público ha llevado en su contra – un proceso carente de prueba fehaciente, marcado por numerosas irregularidades y por conducta anti-constitucional de parte de representantes del Estado – lo que levanta serias dudas sobre la justicia de su proceso y encarcelamiento durante 11 años.

El 8 de noviembre de 2001, José Julián fue condenado a la pena de separación permanente de la sociedad por reincidencia habitual. El juez Aurelio Gracia Morales, lo sentenció aunque reconoció en corte que “hemos escuchado los testimonios y ciertamente tenemos que decir que no son testimonios claros, no son testimonios puros, ha habido contradicciones y en algunos casos, pues contradicciones grandes”. Sobre las contradicciones en las declaraciones de la víctima del robo el juez dijo: “Se puede decir que no se lo dijo a la policía a esa noche, pero qué diferencia hay entre que se lo haya dicho a la policía esa noche y que se lo haya dicho después”. Dijo que era un asunto de credibilidad, la cual le otorgaba al testigo.

La defensa de Cruz Berríos, a cargo de los abogados de la Sociedad de Asistencia Legal, presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando un nuevo juicio enumerando los errores cometidos en el caso llevado por el fiscal Francisco Sánchez Rodríguez, el mismo que ha sido señalado por irregularidades en el caso que llevó en contra de la ex directora de la Oficina de Comunidades Especiales, Linda Colón. No sería la primera vez que un tribunal reconoce fallas serias en el sistema judicial con este caso aunque el reo nunca ha logrado, hasta ahora, una nueva oportunidad en corte.

Ya en una ocasión el Tribunal de primera instancia de Aibonito ordenó un nuevo juicio, pero la decisión fue revertida en el Tribunal apelativo. La sentencia original, en el 2000, fue dictada por el juez Aurelio Gracia Morales aunque el magistrado reconoció en ese momento “las contradicciones” del caso que a su juicio no estaba “claro”. Posteriormente Gracia Morales presidió la Comisión Estatal de Elecciones.

Los hechos

A Cruz Berríos se le imputa haber participado de un robo domiciliario a mano armada el 26 de agosto de 1999, en la residencia de Ángel Antonio Ortiz Burgos, vecino de Barranquitas, igual que José Julián.

“Ese día yo me encontraba en mi casa y salí a una repostería y me quedé dialogando con el dueño como de costumbre, y luego regresé a mi casa, donde compartí con mi familia”, relató el hombre en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo.

Según los informes originales de la Policía, Cruz Berríos no fue identificado por la víctima como uno de los asaltantes sino hasta varios días después de ocurridos los hechos. Cuando la Policía entrevistó a la víctima al día siguiente de los hechos, éste indicó que no reconocía a ninguno de los asaltantes. Sin embargo, varios días después cuando otro policía, el agente José Vega López, visitó su casa, Ortiz Burgos sí identificó a José Julián como uno de los asaltantes

A partir de esa identificación la fiscalía acusó a José Julián alegando reincidencia habitual, ya que el imputado tenía antecedentes penales, el último de los cuales databa de 1992. En cuanto al robo domiciliario, la única evidencia en contra de José Julián era el testimonio del perjudicado, Ortiz Burgos.

La cadena de errores

Desde el inicio del caso, la defensa de Cruz Berríos solicitó la supresión de la identificación impugnando la credibilidad del testimonio del perjudicado. En esa ocasión tuvo suerte. El Tribunal de primera instancia de Aibonito suprimió la identificación de Cruz Berríos como participante del robo. El juez determinó, basándose en el testimonio del perjudicado y en los informes de la Policía, que la víctima tuvo muy poco tiempo para observar a los asaltantes, quienes además tenían sus caras cubiertas con medias de nylon, lo cual restaba credibilidad a su identificación. Además, se tomó en cuenta que no fue hasta varios días después de los hechos que se le identificó al imputado como uno de los asaltantes.

El fiscal Francisco Sánchez Rodríguez acudió ante el Tribunal de apelaciones que revocó la decisión del Tribunal de primera instancia. Para tomar esta decisión, el Tribunal apelativo no escuchó, como se había acordado, la grabación de la vista de supresión de evidencia.

Posteriormente, en el juicio, se dieron lo que la defensa de José Julián cataloga de “serias irregularidades y violaciones del debido proceso” que quebrantaron, en múltiples ocasiones, los derechos constitucionales del imputado.

Alega la defensa que varios de los testigos del Estado, incluyendo a la víctima, mintieron bajo juramento al contradecir en sus declaraciones la información que originalmente dieron a la Policía sobre el robo.

Por ejemplo, el perjudicado declaró en sala que había reconocido a José Julián desde el momento del robo, a pesar de que al día siguiente del robo había dicho que no reconoció a nadie. También dijo que conocía a José Julián porque habían estudiado juntos en la misma escuela, lo cual resultó ser falso al cotejarse los récords escolares del acusado. José Julián mantiene que Ortíz Burgos y él no se conocían.

En otra ocasión, Ortiz Burgos habló fuera de sala con el abogado de José Julián, y supuestamente le dijo que no estaba seguro de que éste hubiera sido unos de los asaltantes, y le expresó su deseo de retirar los cargos. Ortiz Burgos le dijo lo mismo al fiscal, quien alegadamente le indicó que “eso ya estaba en manos del Estado” y que no había nada que él pudiera hacer. Sin embargo, cuando fue interrogado en sala sobre estas declaraciones, Ortiz Burgos las negó.

Por otra parte, el agente Vega López, quien redactó el segundo informe de delito cuatro días después de los hechos, declaró en corte y bajo juramento que había sido él quien entrevistó a Ortiz Burgos al día siguiente de los hechos y que ese mismo día el perjudicado había acusado a José Julián del crimen. Esta declaración, la cual fue crucial para establecer la conexión entre el acusado y los delitos cometidos, resultó ser perjura, puesto que en los informes la Policía aparece que Vega López entrevistó a la víctima varios días después del robo.

El agente que entrevistó a Ortiz Burgos al día siguiente de los hechos y redactó el primer informe nunca fue citado como testigo por el fiscal.

A pesar de conocer las contradicciones en las declaraciones de sus testigos por conocer el contenido de los informes de la Policía, el fiscal Sánchez Rodríguez nunca se lo informó al juez, lo que la defensa de José Julián cataloga como un incumplimiento de su deber ministerial.

En 2003, en una carta al Inspector general de Justicia, Sánchez Rodríguez se jactaba de su récord de mayor número de convicciones con sentencias de cadena perpetua. “(laboré) en la región judicial de Aibonito por cinco años y hasta donde tenemos conocimiento, somos nosotros el fiscal con mayor número de convicciones en casos de cadena perpetua en dicha región judicial. ¿Cómo es posible que se nos acuse de incompetencia o inhabilidad manifiesta en nuestras funciones?”.

José Julián desconoce “qué los llevo a ellos a incurrir en esa conducta para conseguir mi convicción. Esa pregunta yo me la hago todos los días, y no le encuentro respuesta”, dice.

El 8 de noviembre de 2001, José Julián fue condenado a la pena de separación permanente de la sociedad por reincidencia habitual. El juez Gracia Morales, quien dictó la sentencia, tomo esa decisión aunque reconoció que “hemos escuchado los testimonios y ciertamente tenemos que decir que no son testimonios claros, no son testimonios puros, ha habido contradicciones y en algunos casos, pues contradicciones grandes”. Sobre las contradicciones en las declaraciones de la víctima del robo el juez dijo: “Se puede decir que no se lo dijo a la policía a esa noche, pero qué diferencia hay entre que se lo haya dicho a la policía esa noche y que se lo haya dicho después”. Dijo que era un asunto de credibilidad, la cual le otorgaba al testigo.

La larga lucha por su libertad

A partir de ese día, sin abogado y sin consejero legal, José Julián comenzó una ardua lucha, que aún continúa, para probar su inocencia. El Centro de Periodismo Investigativo, revisó cinco voluminosos tomos del expediente apelativo de Cruz Berríos, que consisten casi exclusivamente de las mociones que, durante nueve años, éste sometió ante diversos foros judiciales pidiendo representación legal y exigiendo un nuevo juicio. Todas las mociones fueron enviadas con copia a la jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, y al entonces director del FBI en San Juan, Luis Fraticelli. Un gran número de estas peticiones nunca fueron contestadas, y las que sí lo fueron, replicaron con un mero “No ha lugar”.

A falta de un abogado, José Julián, quien solo estudió hasta sexto grado por tener que abandonar la escuela para aportar a su familia, ha utilizado su tiempo en la cárcel para auto-instruirse en derecho penal con el objetivo de conseguir un nuevo juicio donde poder probar su inocencia.

“Vivíamos en el campo: por las necesidades económicas había que ayudar en la casa. Yo salía de la escuela y me iba a limpiar zapatos con un limpiabotas que había. Llegaba por la tarde a la casa con las manos brown y con un bolsito lleno de pesetas,” dice José Julián, su sonrisa arrugándole la piel que enmarca una mirada perdida en el tiempo.

Sobre su experiencia autodidácta relata: “Yo compraba mis propios libros y les pedía a mis familiares que me los trajeran. Primero la cárcel me negó la entrada de los libros, pero llevé el caso al Tribunal de Ponce en el 2005, y después de eso me permitieron acceso a la biblioteca”, relató. Cuando, en el 2010, finalmente logró conseguir representación legal a través de la División de asuntos especiales de la Sociedad de Asistencia Legal, ya tenía una gran cantidad de información recopilada sobre su caso.

José Julián también se dedica a procurar justicia para otros confinados, ayudándolos a someter mociones de nuevo juicio, entre otros recursos. “Ahora mismo tengo como 20 expedientes en mi celda de otros confinados cuyos casos estoy llevando a los tribunales”, dijo José Julián, quien, de tanto escribir a mano, padece del síndrome de túnel carpiano. “A veces estoy hasta a las tres o cuatro de la mañana escribiendo y leyendo”, nos contó quien confiesa creer en la inocencia de varios otros confinados.

Entre el 2003 y el 2009, José Julián sometió en reiteradas ocasiones y ante diversos foros judiciales mociones solicitando representación legal y un nuevo juicio alegando que el Estado le violó sus derechos constitucionales y su derecho a un debido proceso de ley. Todos estos recursos fueron contestados con un “No ha lugar”. También radicó querellas por conducta anti-ética contra el fiscal Sánchez Rodríguez.

No fue hasta diciembre del 2009 que la Oficinal del Inspector General comenzó a una investigación en torno a una querella administrativa que José Julián radicó en contra del fiscal Sánchez Rodríguez.

El 27 de octubre de 2010, el Departamento de Justicia solicitó una reunión con carácter de urgencia con los abogados de la SAL que acababan de asumir la representación legal Cruz Berríos. En esa reunión, Justicia les entregó a los abogados seis declaraciones juradas y una entrevista certificada y documentos que el propio Fiscal General, “tras un ponderado análisis de la evidencia” certificó como “prueba exculpatoria”.

Ante este giro de circunstancias, los abogados de José Julián solicitaron un nuevo juicio al amparo de regla 192 de Procedimiento Criminal, el 9 de noviembre ante el Tribunal de primera instancia de Aibonito. Inexplicablemente, y en contradicción a su reciente entrega de “prueba exculpatoria”, el primero de diciembre, Justicia presentó un escrito oponiéndose a un nuevo juicio negando el carácter exculpatorio de las declaraciones juradas entregadas solo unos meses antes.

El 17 de mayo de 2011 Justicia le anunció a la defensa de José Julián que el Inspector General Interino que había estado a cargo de la investigación en su caso había sido relevado de su cargo. En ese mismo comunicado, el nuevo Inspector General señalaba que no había ninguna otra prueba de carácter favorable o exculpatoria.

El 5 de agosto de ese año, el Tribunal de primera instancia declaró sin lugar la petición de nuevo juicio, y con respecto a las alegaciones de Cruz Berríos de que el fiscal sabía que sus testigos estaban mintiendo, el tribunal de Aibonito simplemente aseveró: “ya hemos señalado anteriormente que el fiscal incumplió con su deber al no alertar al tribunal en cuanto a este hecho. Sabía que, en cuanto a eso, el testigo estaba mintiendo”.

El 11 de diciembre, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, anunció que el fiscal Sánchez Rodríguez, quien para ese entonces se desempeñaba como fiscal en Ponce, estaría a cargo de la investigación administrativa contra la profesora Colón y el alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo.

La querella administrativa contra el fiscal Sánchez Rodríguez se cerró en Justicia.

El 7 de marzo de 2012, mediante carta, el Secretario de Justicia le informó a Cruz Berríos que tras una investigación de la Oficina del Inspector General, el fiscal Sánchez Rodríguez, no incurrió en violación al Reglamento de Procedimientos Disciplinarios contra Fiscales y Procuradores del Departamento de Justicia, ni violó los cánones de ética profesional, y que, por el contrario, actúo conforme a los procedimientos y normas establecidas como representante del pueblo de Puerto Rico.

Actualmente, el fiscal Sánchez Rodríguez trabaja en la División de integridad pública, delitos económicos y asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, donde recomendó la asignación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar la alegada malversación de fondos por parte de Colón y Trujillo, a pesar de conocer los resultados de un informe de auditoría que no descubrió actos delictivos. Esta investigación fue archivada, con un devastador informe, luego de que el FEI no hallara prueba de actos delictivos.

Entre otras cosas, el informe de la Oficina del FEI sobre la investigación realizada por Sánchez Rodríguez indica: “luego de haber examinado en forma objetiva la evidencia recopilada, entendemos que la redacción del informe del Departamento de Justicia puede tener el efecto de tratar de inducir a error al lector, al exponer conclusiones incorrectas”.

En palabras de José Julián, “resulta contradictorio que una persona con historial de conducta anti-ética esté escalando posiciones en Justicia”.

Pero ante las injusticias del sistema, José Julián prevalece en su lucha: “A mi me han dividido mi vida… pero yo no pierdo la esperanza de que algún día se haga justicia conmigo, y ahora la siento más cerca que nunca”.