Pese a que presuntamente fue fundada para terminar con el discrimen, ha terminado siendo herramienta para ello.
Ese es el saldo de la Oficina de Iniciativas Comunitarias y de Base de Fe (OICBF), promovida desde La Fortaleza por el pastor Aníbal Heredia para resarcir la marginalización de dichos grupos por ser religiosos. La entidad ha logrado que estas agrupaciones sean favorecidas, pero a cuenta de que otras organizaciones del tercer sector sean discriminadas, según encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Las organizaciones “comunitarias y de base de fe”, incluidas en una lista provista por Heredia, recibieron más de $40 millones de dólares de donativos legislativos en tiempos de crisis entre 2008 y 2012. La falta de criterios claros y un reglamento que ordene el funcionamiento de la oficina se refleja en la selección de las organizaciones y en la asignación de fondos. Los fondos son asignados por un comité de la Asamblea Legislativa sin aparente vínculo con la Oficina de iniciativas comunitarias y de base de fe.
Por virtud de leyes y órdenes ejecutivas del gobernador Luis Fortuño, las organizaciones de base de fe disfrutan de ciertos privilegios y favores que no tienen otras también del tercer sector. Estos grupos escogidos reciben entrenamientos para su desarrollo económico coordinados desde La Fortaleza y desde hace un tiempo tienen enlaces oficiales provistos por el gobierno en 76 de los 78 municipios para facilitar su trabajo. Desde el 14 de septiembre cuentan con una ley que hace obligatoria una oficina local en cada municipio coordinada por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM). Todo esto ocurriendo en plena crisis económica.
Existen organizaciones de base comunitaria que hacen trabajo con las mujeres o para el medioambiente que no están en la lista de Heredia ni reciben fondos. Otras que sí están en la lista explícitamente se identifican en el Departamento de Estado como “organización religiosa”, lo que para algunos violenta la separación de Iglesia y Estado, y sí reciben fondos públicos. Algunas de la lista ni aparecen en el registro de corporaciones del Departamento de Estado pero sí reciben fondos públicos lo que violenta la ley de donativos legislativos.
Luis Roberto Rivera Cruz, comisionado de Asuntos Municipales, explicó que las oficinas municipales de reciente creación se regirán por las guías “que usa el gobierno federal” para estos fines. Aseguró también que se “garantizarán los principios de separación de Iglesia y Estado”. Pero no entró en detalles del costo de la organización ni del funcionamiento de estas nuevas oficinas. Tampoco de qué manera se garantiza la escisión. Pues, aunque el Estado les haya concedido un lugar en todas las de la ley a las OICBF, surge el problema de que el gobierno no podría fiscalizarlas porque se vería como una intromisión del Estado y también violaría la citada separación constitucional.
¿Cómo se manejan?
El CPI obtuvo copia de dos invitaciones enviadas por Heredia desde La Fortaleza para que “líderes comunitarios, enlaces de oficinas municipales de las OICBF y líderes religiosos” asistieran a entrenamientos de orientación y capacitación. Los talleres realizados en 2009 en Naguabo y Guánica trataban sobre temas de “Planificación estratégica, Cómo establecer una organización sin fines de lucro y Cómo establecer Ministerios de Función Social”. Se hacía hincapié en que “Es muy importante que el director, líder religioso y enlace… sea portavoz de esta actividad”.
En la página del Departamento de la Familia además, se puede encontrar un documento preparado por Heredia que orienta sobre cómo diseñar una propuesta para obtener fondos para operar estas organizaciones sin fines de lucro.
Las gestiones desde el gobierno se desarrollan muy cuidadosamente sobre el límite de la línea fina que divide la separación de Iglesia y Estado. Pero, a más de un año de estar en vigor la Ley 5 febrero de 2011, no hay reglamento ni junta asesora para cumplir con los parámetros de la Orden Ejecutiva OE-2009-012.
Por otro lado, el CPI obtuvo copia de unas invitaciones enviadas por algunas de estas organizaciones comunitarias de base de fe en las que claramente se nota el proselitismo religioso. Desde la OICBF de Trujillo Alto, dirigida por el reverendo Harry Carrillo Cruz, se invitó a la comunidad a tres actividades, entre enero y febrero de 2012, cuyos títulos eran: “Alza tu voz Puerto Rico”, que era una invitación a orar, “porque una oración puede cambiar un país”. Otra comunicación invitaba al “Servi-carro de oración: alimento espiritual a tu alcance”, y otra a un concierto llamado: “Un regalo de amor pro fondo operación del pastor Edgardo Ortiz”.
No todo es “divino”
Aunque la oficina tiene como parte de su nombre el calificativo “comunitarias”, para algunos prima el aspecto de la fe religiosa en sus funciones.
La directora de Proyecto Matria, Amárilis Pagán, destacó que “el concepto es artificialmente creado porque cuando incorporas una organización en el Departamento de Estado esa categoría (de base de fe) no existe. Lo que lo convierte en (una de) base de fe es por la propia organización que practica alguna creencia religiosa”.
Pagán, abogada de profesión, aseguró que “cuando entró Heredia a la oficina en Fortaleza y luego al Departamento de la Familia, agencias de gobierno que nos invitaban a las actividades, ya no nos invitan. Ya esas invitaciones no llegan aquí, no llegan porque a esas actividades se han incluido actividades religiosas, casi como culto, y no estamos de acuerdo con incorporar esas actividades o aplaudirlas”.
“La organización dice que es de base de fe, ya envías un mensaje que lo cristiano es mejor que lo laico y lo ateo”, opinó Pagán.
Heredia aseguró claramente reconocer que la Constitución del Estado Libre Asociado establece la total separación de Iglesia y Estado, y ante las denuncias de que se esté incorporando el proselitismo religioso en el Gobierno, aseveró que “esto no se trata de religión”.
Según su visión, el proyecto es una oficina “para asuntos sociales que trabaja para el tercer sector, que incluye grupos de fe”. Pero en su defensa dijo que “es para todas las personas que tengan una fe, no se puede discriminar contra ninguna fe y se trabaja con el tercer sector que son las organizaciones sin fines de lucro que incluye a las iglesias”.
Sin embargo, Pagán advirtió sobre la posible tendencia hacia el rechazo de los laicos al enfatizar que “si el gobierno comienza a financiar proyectos de un pensamiento religioso, las organizaciones que no entran (en asuntos religiosos) quedarán excluidas totalmente”.
Asimismo, Sara Benítez, del Movimiento Amplio de Mujeres, identificó como un problema el que cada vez se haga “más difusa la separación de Iglesia y Estado”.
“El Estado está siendo influenciado por ciertos sectores religiosos, promueve proyectos religiosos influenciados por creencias conservadoras y anti muchas cosas”. Por separado, Benítez y Pagán coincidieron en que con esta tendencia “se puede ir en el camino de la discriminación”.
Pero Heredia insistió en que la tarea fundamental del movimiento de organizaciones de base de fe es ser inclusivos porque pone a todos los componentes del tercer sector a competir por los fondos disponibles para el servicio social en igualdad de condiciones.
“Con esto no se ha impuesto ninguna religión. No puedo discriminar, el problema era que había discriminación con los religiosos”, reiteró.
Rompiendo el corillo
Para Gladys Colón, las iniciativas comunitarias de base de fe rompieron con lo que llamó un “fan club” o grupito favorecido que había en las agencias de gobierno al momento de repartir los fondos. La portavoz del Hogar Posada la Victoria destacó que la oficina creada bajo la administración Fortuño le ha dado las herramientas y los conocimientos para lograr ayudas económicas que antes no lograban. Negó que las orientaciones y talleres ofrecidos por la oficina de enlace incluyan temática religiosa. “Nos tenían relegados por ser de base de fe”, aseguró.
El Hogar Posada la Victoria, según confirmó el CPI, viene recibiendo fondos públicos desde por lo menos 2008 cuando recibió $70,000 en donativos legislativos. Recibió además $70.000 en 2009; $80,000 en 2010, $70,000 en 2011 y $80,000 en 2012, para un total de $370 mil en los últimos cinco años que fueron los revisados por el CPI.
Portavoces del Concilio de Iglesias de Puerto Rico expresaron preocupación que detrás de la iniciativa gubernamental a favor de las organizaciones comunitarias de base de fe se esconda un intento de ganar favores político-partidistas de esas comunidades.
Myriam Saraí Rodríguez, reverenda de la Iglesia Bautista, está convencida de que las OICBF realizan proselitismo religioso, en vez de funcionar como enlace para el sector religioso. “Yo creo que ninguna iglesia debe recibir un centavo para hacer na’, si quiere brindar un servicio social, pues que lo mantenga la iglesia”, sentenció.
Expresó la sospecha de que al establecerse estas oficinas desde el Gobierno, la ayuda puede ser cobrada con favores relacionados con la lealtad partidista.
“El problema es que nosotros sabemos que el que te da, te pide. Los políticos no dan nada gratis, siempre hay un propósito ulterior”, acotó.
De otro lado, el pastor Héctor E. Borges, de la Iglesia de los Hermanos, advirtió que “hay que tener mucho cuidado con el tipo de influencia que pueda hacer el Gobierno”.
También, el reverendo Felipe Lozada Montañez, obispo sínodo del Caribe de la Iglesia Evangélica Luterana en América, expresó que “lo que no queremos es la intromisión del gobierno en el estado de la Iglesia, ni la iglesia en la intromisión del gobierno del Estado”.
A modo ilustrativo de los peligros inminentes al borrarse la línea que separa la Iglesia y el Estado, Lozada Montañez contó que, tras oponerse totalmente a la iniciativa de Fortuño para que las iglesias fueran centros de acopio de armas como parte de la llamada Amnistía de Armas, supo que su nombre “había sido borrado de las listas y luego de eso yo no he vuelto a recibir una sola invitación a nada”. Catalogó la reacción a sus comentarios como muestra de la “intolerancia” del actual gobierno.
Todo se hace de buena fe
Según la Ley 5 de febrero de 2011, la OICBF que ha operado desde La Fortaleza, debe tener un reglamento que establezca el protocolo para la solicitud de fondos con actualizaciones cada año fiscal y con accesibilidad pública en portales de internet. No obstante, no existe un portal de internet donde acceder a la información de la oficina ni un registro de los miembros de la junta asesora.
El CPI indagó en La Fortaleza sobre el reglamento y Gloria Rodríguez, asistente de José Luis Castro, persona enlace allí, dijo que desconoce de la existencia de este documento. Por otro lado, Daisy Feliciano, esposa de Heredia, y quien dirige la OICBF desde OCAM, declaró que por ser el proyecto “relativamente nuevo”, ella misma se está encargando de la redacción del reglamento. Por su parte, Heredia, en entrevista por separado, despachó la ausencia del reglamento indicando que la Orden Ejecutiva funciona como el reglamento por tener en detalle las tareas propias de la oficina y las respectivas definiciones.
Con todo eso, en La Fortaleza están en una especie de limbo, pues la Orden Ejecutiva emitida por Fortuño detalla que debe crearse una junta asesora compuesta por miembros de la comunidad, del sector de fe, miembros de organizaciones adscritas a OCAM y representantes de diferentes agencias gubernamentales.
“Aquí no hay gran personal, solo estamos mi jefe (Castro) y yo. No hay mucha gente”, explicó Rodríguez al CPI.
Tras cuestionarse públicamente su labor de coordinador de las organizaciones comunitarias de base de fe desde La Fortaleza, Heredia pasó a trabajar como consultor en el Departamento de la Familia en el 2010. Según datos de la Oficina del Contralor, por sus funciones de servicios de consultoría administrativa para la Administración de familias y niños del Departamento de la Familia, Heredia devenga $120,000 anuales en contratos con efectividad hasta el 31 de diciembre de 2012.
Base de fe con base federal
La idea de la iniciativa de las organizaciones comunitarias de base de fe llega a nuestras costas desde el norte. El proyecto comenzó durante la administración del presidente George W. Bush, e inmediatamente llamó la atención de Heredia al punto de que realizó estudios graduados especializados que integraban la fe con proyectos sociales, como explicó al CPI. Tras regresar a Puerto Rico, y ejerciendo como pastor en Aguadilla, puso en práctica sus estudios y convicciones y se las mostró al entonces comisionado residente en Washington, Luis Fortuño. El hoy gobernador le “compró” la idea que ahora es parte fundamental de su administración de gobierno y, según algunos, de su organización político partidista. Aunque desde la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá en La Fortaleza y Bush en Washington existe esta estructura, en cambio la organización, como la conocemos hoy, es producto de la mente de Heredia.
“Somos los más organizados en esta área. Hemos tenido éxito”, dijo Heredia al hablar de la alianza de las organizaciones comunitarias de base de fe con el gobierno de Fortuño.
Complacido, Heredia proclama el “fin de la discriminación contra las organizaciones sin fines de lucro religiosas, simplemente por ser religiosas”. En cuanto a “la aportación” del trabajo del tercer sector, Heredia indicó que “lamentablemente no se ha visto como una institución de fuerza como los empresarios, los bancos, sino que el tercer sector se ha visto como un grupito que esta haciendo obra social y a veces lo que se le dan son las migajas, no se les da el reconocimiento.
Ley 5 del 17 de febrero de 2011
Orden Ejecutiva OE-2009-012
Tahani Shayeb colaboró en esta historia.
