No es momento para revisar el botín “verde” de Santini

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“Lo prudente es que no se lleven a cabo como forma preventiva de que se cambie información o se amarren las manos a la administración entrante, porque los datos apuntan a que pudo haber un mal manejo del Programa de TDD”, añadió Rivera Santana. Éste mantiene conversaciones con la alcaldesa electa, Carmen Yulín Cruz, para dirigir la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial del Municipio de San Juan, que creó el Plan durante la administración Santini.

Entre los perjudicados por el Plan de San Juan se encuentran los dueños de 684 terrenos privados que tenían que conservarse, y la Alcaldía vendió a otros los derechos de desarrollar esas tierras,  sin consultarles y sin pagarles su dinero. Entre estos propietarios se hallan empresas como el Banco Popular de Puerto Rico y el Gobierno de Estados Unidos (vea la lista de los afectados abajo).

El Programa de Transferencias de Derechos de Desarrollo (TDD), uno de los componentes principales del Plan de Ordenación Territorial de San Juan, también afectó a cientos de ciudadanos a quienes le obligaron a pagar en conjunto más de $20 millones cuando fueron al Municipio a pedir su permiso de construcción, a cambio de supuestamente conservar los terrenos aludidos.

“Si se usa bien, este tipo de programa es bueno para proteger el ambiente. Yo lo vi con mis propios ojos en Curitiba, en Brasil. Pero si se usa mal, puede generar una corrupción brutal, con ese programa se puede hacer millonaria a mucha gente de forma ilegal.  Así que el Programa de TDD tiene que ser objeto de un escrutinio bien detallado”, advirtió Rivera Santana, ex candidato a representante por acumulación del MUS.

Las vistas públicas para la revisión del Plan de Ordenación Territorial comienzan el miércoles a las 9:00 a.m. en el edificio Roosevelt Plaza #185 de Hato Rey.

El saliente alcalde Santini convirtió el Programa de TDD, una herramienta opcional de planificación y conservación ambiental, en un impuesto obligado a cientos de ciudadanos. Todo bajo el alegato falso de que depositaba el dinero en una cuenta especial para conservar 3,000 cuerdas de valor ecológico, en 684 terrenos en los barrios de Caimito, Cupey, Quebrada Arenas y Tortugo, en el sur de la capital, según las investigaciones del CPI.

Más de 30 de estas tierras que están en el listado de las que se tenían que conservar, sin embargo, fueron destruidas, aunque el objetivo principal del Programa de TDD era su conservación.

El Municipio de San Juan no quiso suministrar al CPI la bitácora pública de los derechos de desarrollo vendidos desde que comenzó el plan. La investigación del CPI demuestra que esos derechos, equivalentes a 6,411 unidades básicas de vivienda que se podían vender, fueron agotados en 2007, lo que significa que el plan está extinto a pesar de que el Municipio sigue cobrando como si todavía estuvieran disponibles. El Municipio tampoco ha explicado qué ha hecho con los $20 millones que ha recaudado, y que no ha usado para pagar a los propietarios de las tierras.

“Ahora en la revisión de los documentos de transición, estoy seguro de que van a aparecer sapos y serpientes. Hay que ver qué pasó con el dinero”, dijo Marco Rigau, legislador municipal de San Juan por el PPD. “Los de la  minoría no sabíamos que estaban pasando estas irregularidades. Por la composición de la asamblea municipal dominada por el PNP, la rama ejecutiva era impenetrable. Nuestra fiscalización se limitaba a las cosas que sabíamos, por proyectos que llegaban a la legislatura municipal”.

Según el aviso de vistas públicas, entre los asuntos que se discutirán el miércoles se mencionan el Documento de Enunciación de Objetivos y el Plan de Trabajo de Revisión Integral, así como el Documento Memorial de la Revisión Integral. Ninguno de esos documentos que presenta el Municipio establece relación alguna entre los $20 millones cobrados y las fincas específicas que supuestamente “se conservaron”, ni cuantos derechos de desarrollo equivalentes a unidades básicas de vivienda se vendieron demás en los diez años de la puesta en vigor del plan. Las vistas públicas se llevan a cabo en momentos en que la alcaldesa entrante, Carmen Yulín Cruz, ha hecho señalamientos de que empleados de la actual administración están destruyendo documentos públicos.

El abogado Luis Rafael Rivera, profesor de derecho civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, explicó que hay cuatro escenarios de acciones legales que se pueden tomar contra el Municipio. Primero, existe la posibilidad de un referido al Departamento de Justicia porque el Programa de TDD, según lo implantó la administración de Santini, levanta cuestionamientos sobre aparentes violaciones al Código Penal. Luego se encuentran las posibles sanciones administrativas y disciplinarias. También están las acciones civiles, que podrían desembocar en un pleito de clase para que los afectados recuperen su dinero.


Comentarios a martinezelivan@gmail.com


Algunas de las fincas designadas para la conservación