Senado Académico del RUM condena a su rector y le pide la renuncia

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El Senado Académico del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) pidió la renuncia al rector Jorge Rivera Santos tras acusarlo, entre otras cosas, de no haber protegido la finca de Gurabo como parte de los haberes agrícolas de la institución, y “auspiciar proyectos incoherentes y engañosos” que han degradado la oferta académica.

La discusión de esta resolución es el cúmulo de una vieja pugna con Rivera Santos, quien ha sido incapaz de ganarse la confianza de la comunidad académica del recinto que dirige, como rector interino y en propiedad.

Rivera Santos cuestionó la presentación de la resolución sin haberse circulado previo a la reunión ordinaria del 27 de noviembre, en violación al reglamento de dicho Senado. Además, denunció la irregularidad de la reunión, donde se le impidió rebatir las “imputaciones ilegítimas y difamatorias (…) con las debidas evidencias de su falsía”.

Sobre el proceso, los senadores académicos informaron que “una vez presentada la resolución, el Rector pretende pasar moción para dejar el asunto pendiente. Tras un receso, reanuda la reunión para indicar que no reconoce la presentación de la resolución, al momento en que se presenta moción para apelar la decisión del Presidente, declara cumplida la agenda y da por concluida la reunión. Acto seguido abandona el salón, seguido por los nueve senadores ex oficios (empleados de confianza del Rector)”.

La resolución se presentó como asunto nuevo ante 33 senadores académicos claustrales y estudiantiles presentes, del total de 51 que forman el Senado Académico del RUM. Se aprobó en votación 29-1, con tres abstenciones, según informó el propio organismo oficial.

“El rector del RUM, doctor Jorge Rivera-Santos, en el ejercicio de sus funciones como

rector interino y como rector en propiedad, le ha fallado al Recinto”, comienza la declaración de los senadores que enumera siete faltas sustentadas con varios anejos abundando sobre diferentes aspectos, incluyendo la aprobación de la controvertible permuta de una finca de alto valor agrícola en Gurabo.

La referida finca estaba vinculada a proyectos de investigación que reciben fondos externos. La misma fue pedida por la alcaldía de Gurabo para desarrollar proyectos municipales; se facilitó el proceso mediante Orden Ejecutiva del gobernador Luis Fortuño, pasó por la Asamblea Legislativa hasta convertirse en ley y entonces la Junta de Síndicos de la UPR avaló la permuta a pesar de cuestionamientos de varios de sus miembros. (Ver artículo anterior del CPI)

“El rector Rivera Santos no protegió la finca de Gurabo de la Estación Experimental Agrícola, ni en palabras, ni en acciones personales. El rector Rivera Santos falló en proteger la infraestructura académica del Recinto al no organizar a la comunidad académica del RUM para defender, con todos los argumentos racionales necesarios y disponibles, los terrenos de investigación agrícola de Gurabo”, reza la resolución. (Ver documento original.)

Los senadores también recriminaron la participación del recinto en los “proyectos incoherentes y engañosos” CIME, que es un programa comprensivo de desarrollo profesional para maestros de Ciencias, Inglés, Matemáticas y Español altamente cualificados; y CRECE-21, del Departamento de Educación (DE), que a un costo de $49 millones busca certificar o recertificar maestros de nivel elemental y secundario en las materias de Español, Matemáticas, Inglés, Química, Física y Biología.

Reacción del Rector

El rector Rivera Santos informó directamente a la comunidad universitaria mediante carta circular sobre la resolución del Senado Académico alegando que no se circuló con anterioridad a la reunión del cuerpo claustral como requiere su reglamento.

“Considero prudente informar a la comunidad universitaria sobre una resolución que se presentó en la reunión ordinaria del Senado Académico en la tarde del martes, 27 de noviembre de 2012. Al concluir todos los trabajos en la agenda, una senadora solicitó dar lectura a la mencionada resolución. Dicha resolución no fue circulada con anterioridad a la reunión, como requiere el Reglamento Interno del Senado. En la resolución presentada se hacen varias acusaciones en contra de mi desempeño como rector y, a su vez, me solicita la renuncia inmediata como Rector del Recinto Universitario de Mayagüez”.

Rivera Santos alegó que solicitó sin éxito, “de manera respetuosa” a sus colegas, que le concedieran tiempo y la oportunidad de “contestar y rebatir las falsas acusaciones en la resolución con evidencia documentada, de tal manera que todos los senadores tuvieran la información suficiente para tomar una decisión responsablemente”.

Varios senadores se opusieron e insistieron en que respondiera verbalmente, pero el rector argumentó que las presuntas falsedades requerían ser evidenciadas con documentos y no solo argumentos.

El rector explicó: “Se presentó y se secundó una moción para que el Senado Académico me concediera tiempo para poder contestar con evidencia las expresiones y acusaciones falsas que se me hacen en el documento.  La posición expresada por varios senadores no permitió que se votara esta moción y se insistió que, en su lugar, abandonara la presidencia del cuerpo designando un presidente pro témpore y me defendiera de las acusaciones en ese preciso momento desde el pleno del Senado. Ante la oposición para que se concediera tiempo igual, luego de declarar un receso y en cumplimiento con las disposiciones del procedimiento parlamentario, se decretó terminada la reunión”.

La carta circular no abunda ni alega nada sobre las llamadas falsedades. Solo concluye prometiendo que “próximamente y por este medio, divulgaré a toda la comunidad universitaria mi respuesta a las imputaciones ilegítimas y difamatorias hechas por un grupo de senadores electos con las debidas evidencias de su falsía”.

Le imputan varias fallas al rector

Los senadores académicos principalmente acusan al rector de haber degradado la integridad de la oferta académica del RUM, que se ha caracterizado por ser de la mejor calidad con una tradición centenaria; de haberlos desoído ante reclamos de coordinar los programas de enseñanza y negarse a implantar sus determinaciones.

“El rector Rivera Santos ha sido incapaz de defender el prestigio institucional ante la

NSF (National Science Foundation), y de corregir prontamente irregularidades en la administración de subvenciones otorgadas por esta agencia, a pesar de tener conocimiento de los señalamientos planteados por la agencia a principios del año 2010”, señalaron.

Responsabilizaron al rector por la suspensión de pagos a proyectos de investigación vigentes y otras nuevas subvenciones que comprometen proyectos de investigación científica y los programas graduados en ciencias e ingeniería que dependen de fondos externos, así como no proveer de forma oportuna la información requerida y negarse a implantar las soluciones del Senado para atender los señalamientos de la NSF.

Del conflicto estudiantil pasado se le acusó a Rivera Santos de antidemocrático por haber tomado “acciones disciplinarias arbitrarias y sin sustancia” en contra de líderes estudiantiles, recurriendo a “la intimidación y persecución”, incluyendo a algunos funcionarios de su equipo de trabajo, contrario a los objetivos fundacionales de la Universidad y el Reglamento General de Estudiantes de la UPR.

El Senado asimismo argumentó que Rivera Santos fue capaz de defender los procesos institucionales internos sobre los ascensos del profesorado y por lo tanto ha contribuido a su éxodo; “ha fallado consistentemente en defender la autonomía académica y administrativa del RUM ante la Presidencia de la UPR” e ignorado prerrogativas y funciones del Senado, en perjuicio de la gobernanza de la institución.

Los senadores académicos del RUM pidieron “la renuncia inmediata” de Rivera Santos como rector, porque “no ha protegido la infraestructura académica del Recinto, no ha defendido la integridad académica ni el prestigio de la Institución, ha impuesto penalidades arbitrarias al estudiantado, no ha escuchado a la facultad ni ha sido capaz de inspirarles confianza, entonces ha sido incapaz de convocar a esta comunidad de académicos para continuar su trabajo productivo por el bienestar del País”, señala la resolución.

El CPI preguntó por una reacción del presidente de la UPR, Miguel Muñoz, en vista de que copia de la resolución sería enviada a la Junta de Síndicos y la Presidencia de la Universidad, pero una vocera informó que no la habría.