Desde su fundación en 2001, la Corporación de Cine de Puerto Rico (CCPR) ha estado rodeada de controversia y cuestionamientos en el manejo de los fondos públicos que deberían ser dirigidos al desarrollo de una industria cinematográfica puertorriqueña sólida y estable.
Productores y cineastas consultados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) coinciden en que la política partidista durante los pasados 12 años ha sido factor determinante en la toma de decisiones en esa corporación pública. Las turbulencias operativas de la CCPR son indistintas a la administración de turno que la maneje. En la Corporación de Cine parece que la corrupción no tiene color.
La situación ha llegado a niveles alarmantes, según denuncias hechas por la Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (APCA). Se alega que millones de dólares han sido repartidos entre un pequeño grupo de favorecidos sólo por sus conexiones políticas.
Sólo en los últimos cuatro años se habla de que la industria de cine “movió” $147 millones en la Isla, pero nadie, en su sano juicio, puede decir que ese dinero se ha traducido en la creación de una industria cinematográfica local robusta.
La Corporación de Cine se creó con la Ley 121 de 2001, la Ley para el Desarrollo de la Industria Fílmica en Puerto Rico, que proveyó nuevas alternativas de financiamiento, con especial atención a los proyectos concebidos y desarrollados por cineastas puertorriqueños. La Ley 121 debió fomentar la actividad cinematográfica, con especial atención a las necesidades locales.
Ley 27
En marzo de 2011 se creó la Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico, la Ley 27. El interés de productores, abogados y contables más influyentes en la industria local, quienes conceptualizaron el nuevo estatuto, principalmente favorecedor del cine extranjero, era hacer “más competitivo y atractivo” al país como destino fílmico.
Muchos de los productores de APCA cuestionaron la Ley 27 desde su creación, aunque su desacuerdo no era categórico pues entendían que algunos de los preceptos de la ley, como mantener el equipo de técnicos trabajando debido a la actividad de producciones extranjeras, podían ser beneficiosos.
Sin embargo, la Ley 27 recibió una estocada el pasado 17 de diciembre cuando el Senado aprobó en un parpadeo el proyecto del Senado 2742, que enmienda dicha ley y extiende el alcance de los incentivos económicos a los técnicos extranjeros no residentes en Puerto Rico.
La ahora Ley 304, de la autoría del ex presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, fue aprobada en ambas cámaras y firmada por el gobernador Luis Fortuño el 21 de diciembre de 2012. Casi inmediatamente, tras su aprobación, buena parte de quienes originalmente la favorecieron se retractaron. Aludieron a posibles “laceraciones en la industria” o “aspectos muy técnicos que debían consultarse antes” o “dejar las riendas sueltas a que otros traigan a sus técnicos”, de afuera entre otras advertencias.
Los cambios hechos con “la 27” continúan recibiendo numerosas críticas por gran parte de los gerentes de producción, cineastas y productores del patio, nivelando las aguas que separan a unos de otros. El bienestar de los trabajadores técnicos y las decisiones que se toman en el campo sobre las contrataciones de trabajadores puertorriqueños y de la industria cinematográfica y audiovisual en general se ven amenazadas tal y como se aprobó la ley, aseguran de un lado y de otro.
El pasado 19 de diciembre, la APCA se alzó en “una sola voz” con la consigna “el cine nacional se levanta”. El Archivo Histórico de Puerto Rico, en donde se celebró la actividad, reportó asistencia descrita como “récord” donde se dieron cita figuras relacionadas al oficio desde actores, directores, técnicos, creativos, pero principalmente productores locales que repudiaban a viva voz la situación actual del cine en Puerto Rico.
Esquema de favoritismo según APCA
La Corporación de cine, según APCA, tiene el estigma de ser ineficaz al fiscalizar los intereses de la industria, tanto de los creativos como de los técnicos. APCA, creada hace 15 años, denuncia que se mantiene una tradición o “esquema de favoritismo” e irregularidades en etapas básicas conceptuales, de producción y distribución, y en las concesiones de los fondos de capital de inversión para el cine local. “Más transparencia en los procesos” fue otra consigna que se repitió durante la asamblea.
El pasado 11 de enero el abogado y cinematógrafo Demetrio Fernández Manzano asumió la dirección ejecutiva de la CCPR. Un nombramiento apoyado en su mayoría por los miembros de APCA y otros miembros de la industria de cine.
El CPI supo que Fernández Manzano ya ha recibido varias peticiones de la comunidad cinematográfica para que investigue los “dobles estándares” que se han utilizado en la CCPR para otorgar beneficios del fondo cinematográfico a proyectos locales, asimimo de las subvenciones otorgadas por el Departamento del Trabajo (DT) y otras agencias gubernamentales a algunos productores.
Una mirada aguda al panorama cinematográfico devela un entramado complejo y voluble. A pesar de que sus antiguos directivos reportan cifras llamativas que sobrepasan los $43 millones en el último año para la economía local, y la creación de 19,841 empleos directos e indirectos, las inversiones netas al cine local podrían catalogarse como sucesos episódicos: cuando se logran son moderadamente buenas pero no se sostienen.
Los personajes
La alusión a “personajes” para referir la situación actual del cine puertorriqueño no es una factura gratuita. De acuerdo a la investigación que realiza el Centro de Periodismo Investigativo estos individuos son figuras recurrentes en casi todas las ejecutorias del séptimo arte nacional a través de los últimos años.
Algunos han sido señalados por el Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor, pero se mantienen activos en el circuito de las producciones cinematográficas. Ya sea porque su influencia tiene peso en las altas esferas público- privadas, o porque se han ido coligando entre ellos.
Luis Riefkohl, ex director ejecutivo de la CCPR, que fue obligado a renunciar en el 2009 por alegada malversación de fondos públicos, encabeza el listado de los personajes que se mantienen en “cartelera”. Riefkhol aseguró al CPI que su renuncia fue efectiva dos semanas antes de que se hicieran públicos lo señalamientos en su contra y que nadie lo obligó a renunciar.
En conversación con el CPI, Riefkohl profirió que se está tratando de dañar su reputación. “Hay grupos en mi contra que han estirado el asunto éste de los señalamientos. Lo que me parece bien injusto. Insisten en hacerme ver como un corrupto y me pregunto si eso fuera verdad ¿por qué ninguno de los cuatro Secretarios de Justicia que han habido ha hecho nada?”, cuestionó.
El productor Luillo Ruíz Ruíz, director de la Casa Productora Pimienta, a quien asociados de APCA cuestionan públicamente sus contratos millonarios con el Departamento del Trabajpo (DT) y la CCPR, es otro de los “personajes”. APCA alega que las subvenciones otorgadas por el DT y la CCPR al productor puertorriqueño de las películas Maldeamores, The Caller y In the blood, entre otras, son cuestionables pues no ha habido una evidencia clara, “en blanco y negro”, sobre el proceso de las subvenciones, a pesar de que exempleados de la CCPR y miembros de APCA la han solicitado. Ruíz Ruíz niega las irregularidades en las que se le implica.
Otro personaje es Antonio J. Sifre, ex presidente del Consejo Asesor del Gobernador sobre Cine y Servicios Creativos. Sifre, es además, socio de Production Advisory Services of Puerto Rico (PAS), un consorcio entre la compañía de contabilidad de alto ranking mundial BDO Puerto Rico y la firma legal del propio Sifre (Toro, Colón, Mullet & Sifre, PSC), que “utiliza sus contactos” para financiar, dar consultoría y producir diversas gestiones de la industria del entretenimiento con entidades bancarias de Estados Unidos e internacionales.
Sifre también es avalista de la apertura de la oficina Puerto Rico Production Capital, LLC (PRPC, por sus siglas en inglés: http://www.filmproductioncapital.com/taxincentive.html, una de las principales firmas de financiamiento en la industria fílmica de los Estados Unidos, que ahora tiene oficina en San Juan.
Del análisis de cientos de documentos revisados por el CPI se extrae que las ejecutorias “del abogado de las películas” –como se le conoce a Sifre– están vinculadas con la transformación de la industria, y que además fue asesor en favor de la controvertible Ley 27.
A Sifre se le hizo un acercamiento para dialogar sobre estos temas pero se negó.
Bajo la dirección de Riefkohl, la CCPR otorgó a Sifre la promoción del desarrollo de uno de los proyectos más ambiciosos y necesitados del cine local: el Soundstage of Puerto Rico. Registrado por el propio Sifre en el Departamento de Estado en mayo de 2008 (con contrato núm. 2008-000048), por la cantidad de $100 mil dólares.
El CPI intentó a través de la CCPR obtener el estatus actual del desarrollo de la megainfraestructura no obstante no hubo correspondencia a la gestión.
Una fuente que exigió anonimato reveló al CPI que la CCPR realizó un desembolso de $50 mil dólares a Sifre, pero que el desarrollo del proyecto quedó detenido. Con la creación de la infraestructura se espera que se potencien tanto el fomento de cine local como las filmaciones foráneas.
El último personaje de la peña es Hiram Vázquez Botet, conocido en el ambiente como “el CPA de las películas”. Hermano de René Vázquez Botet, galeno convicto por su participación en el esquema de fraude y extorsión a los contratistas del Superacueducto, obra emblemática de la administración del ex gobernador Pedro Rosselló.
Los contratos por consultoria de Vázquez Botet con la CCPR suman más de $2 millones. Llama la atención que el desembolso a Vázquez Botet por los pasados ocho años constituye el 42% ($858,250.00) del total de gastos de contabilidad de la CCPR. El restante $1,187.750.00 ha sido repartido entre 12 firmas de contadores públicos y contables.
Fuentes relacionadas a la CCPR revelaron al CPI que la Corporación de Cine tuvo “como uso y costumbre dejar abiertos los contratos de Vázquez Botet”, con lo cual se dificultó fiscalizar la eficiencia de sus servicios de acuerdo a las necesidades reales de la industria fílmica.
Los contratos con el gobierno relacionados a servicios de consultoría administrativa suelen tener un máximo de horas mensuales. En el caso de Vázquez Botet se dice que facturaba el tope permitido aún cuando no cumplía con la cantidad total de las horas.
Pero Vázquez Botet fue categórico: “eso no es correcto: las auditorias de las películas se hacen con los mismos proyectos. Antes las auditorias eran pagadas por la CCPR, pero ahora son las mismas películas las que pagan. Es un disparate”, sostuvo.
“Y además ese dinero sale de las producciones que se filman o están por filmarse en Puerto Rico. Ellos pagan licencias del 1% a la Corporación y con ese [sustracto] nos pagaban a nosotros”.
“Supongamos que una película va a invertir $50 millones, pues aproximadamente un .03% del pago del 1% es lo que se me pagaba en un año por esa cantidad certificada”, informó el contador público.
Por último, pero no menos importante, está el personaje José Pérez Riera, ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) a quien se le adjudican numerosas movidas y manejos político partidistas. La Corporación de Cine está adscrita a la sombrilla del DDEC pero, aunque la CCPR cuenta con una dirección ejecutiva, quien tenía la última palabra era Pérez Riera, aseguraron fuentes del CPI cercanas a la Corporación de Cine.
Precisamente, entre lo que se rechaza de la Ley 27 se relaciona con la figura del Secretario del DECC pues toda decisión queda determinada por ese funcionario.
Tras la abrupta y comentada salida de la pasada directora de la Corporación, Mariella Pérez Serrano, Pérez Riera nombró a su asesor legal Carlos Amy como director interino de la agencia a finales de septiembre pasado. El CPI supo a través de varias fuentes relacionadas a la propia Corporación, y de algunos exempleados que prefirieron permanecer en el anonimato, que Amy ha participado desde el génesis conceptual de la Ley 27. También que tuvo que ver con las últimas enmiendas.
De la salida de Pérez Serrano se dijo oficialmente que se debió a la pérdida de confianza, porque alegadamente ésta anunció a destiempo que una película se iba a rodar en la Isla. Sin embargo, fuentes vinculadas a la industria expresaron que este tipo de “metida de pata” ocurre constantemente; que su sustitución fue el resultado de múltiples desavenencias con Pérez Riera.
Aparentemente Pérez Serrano cuestionaba las acciones concertadas sin su consentimiento y cuestionaba a los directivos y asesores del DDECC las ejecutorias y las insistentes solicitudes de dinero por parte de Ruiz Ruiz.
Se trató de conseguir a Pérez Riera para aclarar éste y otros puntos de la investigación pero al cierre de la edición no se había logrado.
En la próxima entrega de esta serie describiremos cómo algunas compañías locales se han beneficiado de manera alegadamente irregular de beneficios ofrecidos por el Departamento del trabajo para crear empleos.
Joel Cintrón Arbasetti colaboró en esta investigación.
*Actualizada para añadir aclaración de Luis Riefkhol ofrecidas al Centro de Periodismo Investigativo después de la publicación original de la historia.
