Pimienta en el Departamento del Trabajo

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Mientras algunos cineastas puertorriqueños reciben poco o nada para sus proyectos, otros, los pocos, los favorecidos siempre, reciben todo el apoyo. No sólo reciben cantidades millonarias para su empresa sino también la complicidad y cierta indolencia de las autoridades al momento de fiscalizar.  Pimienta Films, es una empresa pequeña, pero ha recibido millones de dólares del Departamento del Trabajo para sus proyectos, mientras que cineastas como el actor y director Jacobo Morales, han recibido prácticamente migajas, si se comparan las cantidades de dinero.

Otros ni siquiera han recibido respuesta a sus propuestas presentadas ante  el Negociado de Fomento de Oportunidades de Trabajo (NFOT) del Departamento del Trabajo bajo la Ley 52 de promoción de empleos. Parece favoritismo y parece obvio.

La productora Blanca Eró, y su esposo Jacobo Morales,  han solicitado en varias ocasiones la subvención para la creación de empleos de la Ley 52 bajo el renglón de arte y cultura para proyectos teatrales y fílmicos. En 2002 solicitaron para la nómina de la película Dios los Cria 2 hecha en formato televisivo (para WIPR) y en 2005 para la película Ángel. En ambos casos se les aprobaron $89 mil y $46 mil dólares, respectivamente.

En 2010 y 2011 solicitaron nuevamente la subvención para otros proyectos, entre ellos una obra de teatro, pero en el primer caso “no se recomendó favorablemente” y luego se denegó por “agotamiento de fondos”.

“Nosotros continuamos haciendo nuestro trabajo independientemente de lo adverso que pueda parecer y a pesar de que es obvio que por razones ideológicas varias veces nos han negado los fondos”, declaró Morales en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El caso de Extraterrestre, que la productora Inés Mongil y la cineasta Carla Cavina gestionan desde hace cinco años para su compañía Pulsar Films, ejemplifica la falta de transparencia en el DT al momento de otorgar los fondos. El Departamento del Trabajo nunca respondió a las propuestas de Mongil y Cavina.

“¿Cómo voy a saber si a mi propuesta le faltaba algo o podía arreglarla por medio de una reconsideración si no recibí nunca una carta? Me consta que hubo varios proyectos de compañeros productores que les sucedió lo mismo aun cuando sus propuestas eran sólidas”, dijo Cavina.

Blanca Torres, la nueva directora ejecutiva del Negociado de Fomento de Oportunidades de Trabajo (NFOT) reconoció estar al tanto de las quejas en torno  a la falta de comunicación en los procesos de solicitud. “Sí, al parecer eso pasó [que no se les contestó al denegar los fondos]. No hay razón para que no se les haya respondido”, lamentó.

De acuerdo con Torres, en el año fiscal 2011-12 se recibieron 1,500 propuestas de las cuales unas 500 fueron aceptadas y se les honraron los fondos de un presupuesto de $59,647 millones.

Torres alegó desconocer los criterios que utilizó la Junta Consultiva del DT para otorgar o denegar dinero para los distintos proyectos. “Yo te puedo asegurar que de ahora en adelante los criterios que se estarán utilizando son los de política pública. No sé cuáles eran los de antes porque no estaba a cargo, pero ahora miraremos qué es lo que está haciendo falta allá fuera en términos de necesidades y sectores de creación de empleos”, sostuvo.

Lo que no es igual, es ventaja

Uno de los casos más polémicos en la industria de cine puertorriqueña es el de Pimienta Films, del productor Luillo Ruiz Ruiz, por más señas hijo de la ex representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Iris Miriam Ruiz, actual Ombudsman o Procuradora del Ciudadano en el gobierno de Puerto Rico.

Quizás es casualidad, pero desde finales del 2012, el CPI trató de conseguir los expedientes de los contratos otorgados a Pimienta entre agosto 2008 a junio 2012, pero no fue hasta que la nueva administración entró en funciones en enero del 2013 que la petición finalmente comenzó a rendir frutos.

Torres recibió al CPI en sus oficinas y confirmó  que existen señalamientos sobre la operación de Pimienta, pero que desconoce si hay evidencia de las irregularidades que todos mencionan. “Nosotros entramos en labores la semana pasada, al día de hoy no tengo en mis manos ninguna evidencia de malversación de fondos”, dijo.

No obstante, tras el análisis de decenas de documentos, el CPI encontró  evidencia de probables conflictos de intereses al menos durante el año fiscal 2011-2012 por parte de Ruiz Ruiz. Esto en cuanto al reglamento de la utilización de fondos.

Las evidencias de los cuadres y cheques cancelados del contrato número 067130062 entre Ruiz Ruiz y el Departamento del Trabajo (DT), demuestran que algunas de las personas contratadas por el productor pertenecen a la plantilla regular de operaciones de Pimienta, lo que contradice el propósito de la ley que es la creación de nuevos empleos o de mantenimiento de empleos en empresas en quiebra.

El nombre del ex director ejecutivo de la Corporación de Cine de Puerto Rico (CCPR) Luis Riefkohl, socio importante de Ruiz Ruiz en negocios relacionados al cine, y el de al menos cinco de las empleadas que figuran en la página oficial de Pimienta (http://pimienta-co.com/team/luillo-ruiz) como staff regular, aparecen en los cheques emitidos por Ruiz Ruiz por conceptos de reembolso que se depositan en la cuenta del Banco Popular Número 296-0670000-991-2013, entre julio 2012 a junio 2013.

La Ley 52, de subvención de empleos, no permite que gerenciales, socios, accionistas, asociados, asesores  o consultores, entre otros puestos, reciban subsidio salarial ni para el reclutamiento ni para el mantenimiento de sus empleos. También prohíbe beneficiar  un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de éstos. En el caso de Pimienta Films, Belinés Torres, pareja de Ruiz Ruiz hace ocho años y parte del staff regular, firma los acuerdos entre los empleados y la empresa, una suerte de contrato que estipula puesto, salario y condiciones (o crew deal memos) .

Riefkohl aparece en la posición de production staff con una tarifa mensual que fluctúa entre los $2,550 a 7,500 dólares, y Torres, como production cordinator aparece con un salario mensual de entre $6,000 a $7,000.

Riefkhol negó que sea socio de Ruiz Ruiz aunque explicó que trabaja en sus proyectos desde hace años en el área legal.

Pimienta favorecida

Pimienta, según contratos revisados en la Oficina del Contralor, ha sido beneficiada por el NFOT del Departamento del Trabajo con, por lo menos, $4 millones entre 2008 y 2013 bajo la Ley 52 (de 1991) y la Ley 9 (de 2009). Ambas leyes fueron creadas para la promoción  y mantenimiento de  empleos.

No obstante, hasta el momento, por obstáculos burocráticos, el CPI ha podido contrastar con el DT uno solo de los expedientes de la compañía. Los documentos demuestran que a la empresa se le concedieron $500 mil dólares y que luego Ruiz Ruiz solicitó una revisión para la reconsideración del incentivo aprobado y el 3 de julio de 2012 solicitó otros $250 mil para cinco puestos, lo cual se le concedió. En total recibió $750 mil dólares para la creación de 105 empleos durante el año fiscal 2012-13.

Los seis contratos de subvención otorgados a Pimienta (números: 2010-000177; 2010-000539; 2011-000226; 2012-000282; y dos correspondientes al 2013-000062) fueron durante la incumbencia del ex secretario del Trabajo, Miguel Romero, que luego pasó a Fortaleza como Secretario de la Gobernación.

“Es cierto, usamos el dinero del subsidio del Departamento del Trabajo para atraer capital nuevo. Tú ves tres millones pero yo traigo 30 millones a la economía del país. Generamos más empleos que los que estamos obligados a generar por el contrato”, argumentó Ruiz Ruiz rodeado de su equipo de producción en la sede de Pimienta en la Urbanización Floral Park de Hato Rey, donde, sin embargo, mostró sólo tres informes de los años fiscales 2009-10 y a 2011-12 de la División de Seguimiento y Servicio al Patrono.

El encuentro había sido pautado para aclarar con evidencias los señalamientos que miembros de la Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (APCA) le imputan al productor. Ruiz Ruiz tronó en contra del gremio al que pertenece por éstos no pronunciarse públicamente con nombres y apellidos.

Ruiz Ruiz mostró evidencia de que le aprobaron un total de 350 empleados y que la pequeña empresa generó 150 extras.

“Como son contratos de reembolso, ese dinero yo lo he tenido que conseguir, financiado o de distintas maneras de invertir para poder generar los empleos y después reclamarlos al Departamento del Trabajo. Aunque es un subsidio, al final te cuesta dinero y tienes que asumir las pérdidas. He tenido pérdidas de 150 mil dólares”, alegó.

Pero fuentes allegadas a la Corporación de Cine dijeron al CPI que Ruiz Ruiz además de financiar las operaciones de su empresa con fondos público, ha utilizado el dinero que se le ha otorgado para atraer capital de inversión para producciones extranjeras. De acuerdo con dos fuentes que exigieron anonimato, el productor utiliza la subvención como capital de inversión para iniciar negocios millonarios de películas extranjeras.

Según dichas fuentes, a través de este “esquema”, Ruiz Ruiz no compromete a los inversionistas de sus películas y obtiene dinero en efectivo para la fase de producción.

“The Caller no es una película puertorriqueña”

Las controversias en la industria de cine local cambiaron de castaño a oscuro cuando el film The Caller, de habla inglesa y producida por Ruiz Ruiz, fue públicamente cuestionado por su procedencia creativa ya que el director, el guionista, el director de fotografía, y la mayoría de los actores principales, entre otros, son extranjeros.

Ruiz Ruiz contó que bajo un programa beneficiario de la CCPR, nombrado 60-40, consiguió ser el inversor preferencial y explotador comercial del filme, además de dueño intelectual. La regla financiera 60-40 se empleó en el país por primera vez para Pimienta. En este programa el gobierno aporta 40% de la inversión y el productor el otro 60%.

¿Los beneficios de esta modalidad de contrato para la CCPR? Teoricamente las arcas de la Corporación ganarían intereses y participarían de las unidades con límites de explotación comercial (lo que se conoce como acciones). No obstante, The Caller aún no ha reportado una sola cifra en ganancias a la Corporación.

Ruiz Ruiz se defendió de estos señalamientos diciendo que “no es cierto que la película no haya reportado la entrada de dinero. Eso se ha estado cumpliendo”.

Detalló que la responsabilidad por la película es compartida a través de una cadena de propiedad intelectual y que tanto la CCPR como Pimienta son inversionistas. Ruiz Ruiz también dijo que existe un mecanismo conocido como Collection Agreement Management Account (CAMA), que en este caso se realiza a través de la compañía Freeway Entertainment, “que representan los intereses de todos los inversionistas y la responsabilidad de la inversión recae sobre todos. Me consta (que la Corporación) son parte de CAMA, pero no podría asegurar que estén recibiendo los reportes de venta”, aclaró.

En contraste, una fuente vinculada a la CCPR aseguró que Ruiz Ruiz hizo una falsa representación del tipo de inversión que se obtuvo por parte de los extranjeros para poder entrar en el acuerdo incial, pero que cuando llegó el contrato a las oficinas se observó que el mismo favorecía a los ingleses y no a la Corporación.

La fuente añadió que posterior a la firma de contratos para la película, la pasada directora de la CCPR, Mariella Pérez Serrano, “se vio comprometida a entrar con una inversión en efectivo por parte de la Corporación de Cine. Lo que que no se hubiese realizado de ese modo si Ruiz Ruiz no hubiese puesto en esa posición a la Corporación”, explicó la fuente.

Para convencerles de entrar en el acuerdo Ruiz Ruiz le dijo a la CCPR que el fondo cinematográfico de la CCPR recuperaría de modo equitativo.

El CPI identificó otro millón de dólares provenientes de tres contratos distintos (con números 2010-000024; 2010-000026; 2010-000031) y desembolsos del Fondo Cinematográfico por conceptos de préstamos y servicios de publicidad, representación o artísticos para The Caller.

Por su parte, Ruiz Ruiz reclamó ser “muy conciente de la laguna entre el costo de una película puertorriqueña, y la posibilidad de venta de esa película regional en español”. Por ello, dice haberse diversificado como empresario, y crear el concepto de películas crossover.

“No es lo mismo hacer cine profesional que hacer cine guerrilla. Hacer cine profesional, como mínimo, sin contemplar en el contenido de la película, cuesta dos millones, por todas las uniones [de los trabajadores en la industria]”, mencionó.

Se negó a aceptar que lo tilden de favorecido por las agencias gubernamentales pues se reconoce como “productor de manera científica”. “Lo mío es hacer negocios con potencial de recuperación, y películas de fácil exportación”, como según él ha sido The Caller. “Las hago con actores principales americanos y la hago en inglés, aunque trato de que el 90% de la producción sea puertorriqueña”, dijo.

Enfatizó en que es “el único productor que ha logrado que una de sus producciones llegue a ser la primera y única pieza que ha competido por un Palma de Oro en el prestigioso Festival de Cine de Cannes”. La referencia es al cortometraje Mi Santa Mirada de Álvaro Aponte Centeno que concursó en abril 2012.

En la próxima entrega se detallarán vínculos nepotistas recurrentes en la CCPR.

Joel Cintrón Arbasetti colaboró en esta investigación.

*Actualizada para añadir aclaración de Luis Riefkhol ofrecidas al Centro de Periodismo Investigativo después de la publicación original de la historia.